El Gobierno eleva los umbrales de renta de las becas para que lleguen a más estudiantes

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha establecido los requisitos de la convocatoria de becas del curso 2024-2025. Una decisión que avanza hacia la igualdad de oportunidades y busca impedir que los estudiantes abandonen la formación por razones socioeconómicas, según ha afirmado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La ministra ha destacado que la convocatoria beneficiará a más de un millón de alumnos gracias a una "inversión histórica" estimada en 2.535 millones de euros, un 72% más que en 2018.

Mejoras en la convocatoria de becas

Entre las novedades, Pilar Alegría ha señalado que los umbrales de renta se incrementan un 5% para acompasarlos a la subida del IPC y los salarios "y que, por tanto, más familias, más hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras puedan acceder a estas becas".

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Además, el porcentaje de discapacidad necesario para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo acceda a la beca se reduce del 33% al 25%. De esta manera, los jóvenes con discapacidad moderada podrán beneficiarse también de las ayudas.

La convocatoria del curso 2024-2025 consolida dos cambios introducidos en la anterior, según ha apuntado la ministra: el incremento de la cuantía de la beca para alojamiento y residencia de 1.600 a 2.500 euros, y la ayuda de 400 euros para todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo.

40.000 millones en préstamos del Plan de Recuperación

El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para movilizar hasta 40.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Esos recursos van a ser fundamentales para seguir modernizando la economía española y ayudar a las empresas en la doble transición que deben hacer en materia climática y de digitalización, según ha indicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El ministro ha subrayado que los préstamos permitirán financiar hasta el 100% de los proyectos de autónomos, pymes y empresas de todos los tamaños y en cualquier lugar de España.

Red de seguridad para las inversiones

Carlos Cuerpo ha recordado que el Plan de Recuperación se compone de dos fases muy diferenciadas. La primera etapa suma 70.000 millones en transferencias de la UE y su ejecución se encuentra muy avanzada. "Estamos más o menos a la mitad del partido y se ha ejecutado más o menos la mitad de los fondos", ha dicho el ministro, que ha remarcado que si los fondos han incrementado el Producto Interior Bruto en 0,4 puntos de media en la UE, el aumento llega a los 1,9 puntos en el caso de España.

La segunda fase del Plan supone otros 93.000 millones, la mayor parte -83.000- en forma de préstamos. Estos presentan una doble utilidad: apoyar a las empresas en un contexto de tipos de interés más altos que dificultan la financiación y promover la continuidad de las inversiones con una red de seguridad que se extenderá más allá del 2026. De los 83.000 millones de préstamos, 40.000 son los que se van a canalizar a través de cinco líneas del ICO que comenzarán a estar disponibles próximamente.

Líneas ICO e instrumentos financieros

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La línea con más dotación -22.000 millones de euros- será la ICO-Verde, dirigida a fomentar el transporte sostenible, la eficiencia energética y la economía circular.

La línea ICO-Empresas y Emprendedores contará con 8.150 millones para ayudar a que las empresas crezcan en tamaño y productividad. Cuerpo ha señalado que se reservarán 1.000 millones para el ámbito turístico: "Somos líderes a nivel mundial, pero tenemos que seguir trabajando, modernizando y haciendo que el sector sea más competitivo".

Incrementar el parque de vivienda en alquiler social o asequible es el fin de una tercera línea, dotada con 4.000 millones y concebida como un elemento complementario a las actuaciones del Ejecutivo para facilitar el acceso a la vivienda, como la reciente aprobación de los avales para adquisición de vivienda por parte de jóvenes.

Por último, se dotará de más dinero a dos fondos preexistentes: con más de 1.700 millones al 'Spain Audiovisual Hub', que busca dinamizar un sector clave desde el punto de visto económico y cultural; y con 4.000 millones al 'Fondo ICO-Next Tech', que impulsa la innovación de empresas punteras en tecnología.

Cuerpo ha detallado que los préstamos se ofrecerán a través de diversos instrumentos financieros del ICO, particularmente con la participación de los bancos. El ministro ha calificado esta colaboración público-privada como "uno de los elementos fundamentales de éxito de toda la respuesta a la pandemia y de la recuperación en estos años". Esa capilaridad bancaria permitirá canalizar en torno a la mitad de los 40.000 millones de euros, en condiciones ventajosas en cuanto a tipos de interés, plazos de amortización y porcentaje de financiación. Además, aquellos proyectos que no alcancen los 10 millones disfrutarán de una simplificación administrativa.

Protección a las familias y a los consumidores

El Consejo de Ministros ha acordado remitir de nuevo a las Cortes la Ley de Familias y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, dado que la convocatoria electoral frenó su tramitación.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que las dos iniciativas legislativas, que fueron impulsadas en la legislatura pasada, "materializan el compromiso del Gobierno con la protección del bienestar colectivo y la democratización de la vida económica y social en España".

Ley de Familias

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Pablo Bustinduy ha resaltado que la Ley de Familias supondrá un hito en la política social y tiene como objetivos garantizar la protección económica y social a las familias, profundizar en su derecho a la conciliación y avanzar en el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia.

El ministro ha indicado que la protección de las familias y la infancia ha sufrido tradicionalmente un déficit de inversión pública de aproximadamente un punto porcentual del Producto Interior Bruto en relación con la media europea, que se agravó con los recortes de la década pasada. Esto se ha traducido en una mayor carga para las familias y, en especial, para las mujeres, que asumen gran parte de las tareas vinculadas al cuidado de la vida.

El Gobierno considera que es una tarea democrática garantizar que las carencias materiales y de tiempo no sean un escollo para que cada cual pueda desarrollar planamente su proyecto de vida. El ministro ha explicado que "la Ley de Familias sale al paso de esta tarea estableciendo un marco ambicioso y coherente de políticas públicas que incide, especialmente, en la protección económica y social de las familias, fomentando la corresponsabilidad y la conciliación y adecuando nuestro ordenamiento a la realidad familiar de nuestro país, que la ley pasa a reconocer y a proteger".

Bustinduy ha destacado que la futura ley reconoce por primera vez la existencia y las necesidades específicas de los dos millones de familias monoparentales, de las cuales el 81% son 'monomarentales' porque las encabeza una mujer. A partir de ahora, dispondrán de un título de acreditación oficial de familia monoparental y podrán disponer de 16 semanas de educación infantil gratis dentro de los primeros 24 meses de vida de sus hijos. Tendrán acceso prioritario a vivienda protegida, alquiler social, becas, ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio. Además, se equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas.

Por otra parte, la norma formaliza la equiparación de los derechos, como a las pensiones y a otras prestaciones, entre las parejas de hecho y los matrimonios, a través de la creación de un registro estatal de parejas de hecho.

El titular de Derechos Sociales ha avanzado que la ley formaliza la existencia de una prestación de ayuda a la crianza. Asimismo, recoge la posibilidad de disfrutar de los permisos de nacimiento diez días antes del parto para el segundo progenitor e incorpora supuestos de acogida permanente.

La norma también amplía el umbral de acceso al Fondo de Garantía de Pago de alimentos y su cuantía, que podrá alcanzar los 500 euros mensuales frente a los 100 actuales. Se reconocerán como familias numerosas de categoría especial las integradas por cuatro o más hijos, tres en caso de parto múltiple. Se equipararán a las familias numerosas las compuestas por dos hijos que tengan un progenitor con un 33% de discapacidad.

Ley de Servicios de Atención a la Clientela

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha expuesto que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela ampliará los derechos de los consumidores en dos ámbitos: el del tiempo y el de la calidad de la atención recibida.

La futura ley acortará a la mitad el plazo para la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos, que pasa de un mes a quince días. Además, fija un tiempo máximo de tres minutos para que las compañías atiendan las llamadas de sus clientes, que, en cualquier momento, podrán solicitar hablar con un operador especializado, según ha detallado Bustinduy.

La ley establece que las empresas tendrán que ofrecer prestaciones personalizadas a sus clientes atendiendo a consideraciones como su edad o su discapacidad. Como ejemplo, el ministro ha anticipado que las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a ser atendidas en un formato accesible y las mayores de manera presencial en el ámbito de los servicios financieros.

Además de favorecer la accesibilidad universal y de mitigar la brecha digital, la ley también prevé que la atención a la clientela esté disponible las 24 horas, los 365 días al año en servicios básicos, como la energía, el agua, los transportes, los servicios financieros o las telecomunicaciones.

Asimismo, la norma recoge el derecho a que el consumidor sea atendido en las lenguas cooficiales del Estado.

Pablo Bustinduy ha añadido que para garantizar el cumplimento de estos requisitos, el texto obliga a las empresas a someterse a auditorías externas.

"Los derechos de las personas consumidoras son derechos sociales y democratizar las relaciones de consumo, paliar las desigualdades que las atraviesan a menudo y garantizar el respeto y equidad en esas relaciones para toda la ciudadanía es y debe ser uno de los principales compromisos de los poderes públicos", ha remarcado el ministro.

Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, con el objetivo de que entre en vigor en el menor plazo posible.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que la propiedad intelectual es el principal activo de las industrias culturales y creativas, que representan alrededor del 3,2% del Producto Interior Bruto en España. A su juicio, la futura ley supondrá un avance muy importante en la defensa de los derechos de autor en el nuevo mundo digital y de la inteligencia artificial.

Urtasun ha afirmado que este organismo autónomo ofrecerá un servicio público mejor y más ágil. La normativa de derechos de autor, ha argumentado, viene marcada por las negociaciones que se producen tanto a nivel europeo como internacional, y este organismo es necesario para estar representados y defender los intereses del sector. Además, proporcionará una mayor supervisión y control de las propias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y de los operadores de gestión independientes.

La oficina se encargará del registro, la defensa y observancia de los derechos de la propiedad intelectual, la resolución de conflictos, el arbitraje y de combatir la piratería.

Además, con la creación de la oficina, el Gobierno tendrá una nueva herramienta para proteger a los creadores españoles frente a la inteligencia artificial. Una de las preocupaciones de los creadores, ha apuntado el ministro, es que la inteligencia artificial generativa utilice obras y creaciones sin respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual.

"Hoy damos un salto importante para que nuestro país se dote de un organismo fuerte para seguir defendiendo los derechos de autor, la propiedad intelectual, que es un grandísimo sector, no solo económico sino cultural en nuestro país", ha concluido.

Agilización de trámites y gratuidad de Renfe para las víctimas del incendio de Valencia

Al inicio de la rueda de prensa, Pilar Alegría ha expresado las condolencias del Ejecutivo por el incendio en el barrio de Campanar, en Valencia. La portavoz ha agradecido la labor de todos los servidores públicos, así como la del portero del bloque de viviendas, cuya rápida actuación facilitó la evacuación de muchos vecinos. También ha destacado la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico y la movilización "desde el primer segundo" de efectivos y medios materiales.

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Ejecutivo ha adoptado hoy medidas adicionales "que ayuden a esa difícil vuelta a la normalidad de los ciudadanos que han visto cómo las llamas del fuego arrasaban sus viviendas y sus hogares", ha señalado Alegría. En concreto, ha agilizado todos los trámites que dependen de la Administración General del Estado, como la expedición del carné de identidad y el de conducir y la certificación de las propiedades. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, se ha establecido una ventanilla única para que todos los afectados por el incendio puedan usar los servicios de Renfe de manera gratuita.