El Gobierno restablece el regulador de los mercados energéticos, que incorporará el objetivo de la descarbonización

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación legislativa para recuperar la Comisión Nacional de la Energía como autoridad regulatoria independiente en materia energética.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que el objetivo es restablecer este organismo tal y como existía ante de la fusión, en el año 2013, de todos los reguladores en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Ribera ha destacado que la Comisión Nacional de la Energía incrementará su especialización y su ámbito de actuación ante la profunda transformación de los mercados energéticos. Además de velar por el correcto funcionamiento de los mercados y la libre competencia, este organismo incorporará el objetivo de la descarbonización.

Esta comisión tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, de hidrógeno verde y otros gases renovables. Además, asumirá funciones regulatorias, la función consultiva que ahora desempeña la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de asesoramiento y resolución de los conflictos que se puedan producir entre operadores y funciones de inspección y sanción.

La nueva entidad deberá estar constituida y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses después de la aprobación de la ley, cuyo anteproyecto, analizado hoy, saldrá a audiencia e información pública y tendrá que volver al Consejo de Ministros para su remisión como proyecto de ley a las Cortes.

Por otra parte, la vicepresidenta ha anunciado que el anteproyecto de ley prevé la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas para facilitar la transparencia y la gestión de los flujos económicos que proceden de las actividades reguladas que aparecen en las facturas de los consumidores.

Sistema de comercio de derechos de emisión

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno también ha analizado otro anteproyecto de ley tiene como finalidad incorporar a la legislación nacional las modificaciones del sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que viene aplicándose en el conjunto de la Unión Europea desde hace casi 20 años.

Teresa Ribera ha apuntado que el objetivo es lograr una reducción de emisiones del 55% en el conjunto de la Unión antes del año 2030.

Para alcanzar este fin, se actualiza la senda de reducción de emisiones para el conjunto de los sectores implicados. Además, los sectores industriales que quieran colocar productos procedentes de terceros países en el mercado europeo podrán hacerlo, pero deberán demostrar que han sido producidos con los mismos controles de emisión de gases de efecto invernadero que tiene Europa.

La vicepresidenta también ha apuntado que el sector marítimo se incorporará al nuevo sistema de comercio de derechos de emisión este año y se revisará la aplicación del sistema al sector de la aviación, que tendrá que reducir las emisiones utilizando combustibles sintéticos y biocombustibles.

Otra novedad, apuntada por Teresa Ribera, es que los proveedores energéticos de movilidad terrestre y de edificios deberán monitorizar la intensidad de gases de efecto invernadero del servicio energético que proporcionen a partir de los años 2027 o 2028. "La Unión Europea ha creado un fondo social para el clima, precisamente para favorecer que el dinero que se recaude a través de esta vía pueda destinarse explícitamente a la mejora la rehabilitación de los edificios", ha dicho la ministra.

Autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que de esta manera se unifican las tres comisiones que investigan ahora este tipo de sucesos, ya que el nuevo organismo asumirá en exclusiva sus funciones.

Puente ha resaltado que el Ministerio cumple así una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, que desde hace años reclaman que un entidad multimodal e independiente asuma las investigaciones. La ley también responde al compromiso del Gobierno con la seguridad y la transparencia y a los requerimientos de distintas instituciones y organismos europeos.

El texto del proyecto que se remite ahora a las Cortes es el mismo que se aprobó en Consejo de Ministros en marzo de 2023 y cuya tramitación decayó por el adelanto electoral. El ministro ha señalado que la norma ya se enriqueció entonces con las aportaciones de asociaciones y entidades de los organismos involucrados y fue sometida a los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, por lo que no tenía sentido reiniciar el proceso. "Esperamos aprobar tanto esta ley como su estatuto orgánico de desarrollo para que la Autoridad pueda entrar en funcionamiento en esta misma legislatura", ha afirmado.

El proyecto se aprueba coincidiendo con el Día Internacional del Recuerdo y Memoria de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, que se conmemora cada 20 de febrero desde 2022. "Queremos expresarles nuestra estima y nuestro reconocimiento en una jornada tan simbólica como la de este día", ha manifestado Óscar Puente.

Independencia funcional, orgánica y financiera

El ministro ha destacado que las tres comisiones de investigación técnica actuales están adscritas a su departamento, pero ya funcionan de manera independiente. "Lo que hacemos ahora es englobarlas en una autoridad administrativa, que es la figura con mayor grado de independencia que existe en nuestra legislación", ha dicho Puente, que también ha recalcado que ninguna investigación en curso quedará paralizada por la puesta en marcha del nuevo organismo en el tiempo que medie entre la aprobación de la ley y su constitución efectiva.

La nueva Autoridad tendrá un estatus similar al de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la Agencia Española de Protección de Datos. Contará con independencia funcional, orgánica -poseerá personalidad jurídica diferenciada- y financiera, ya que va a obtener sus ingresos de su participación en la recaudación de tasas ya existentes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El ministro ha sostenido que el sistema de designación de los miembros del organismo y su régimen de funcionamiento y de incompatibilidades reforzarán igualmente su autonomía. La Autoridad contará, en concreto, con un Consejo de Gobierno compuesto por un presidente o presidenta y seis consejeros o consejeras (dos del ámbito aéreo, dos del marítimo y dos del ferroviario). Todos serán profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional.

Los nombrará el Ministerio de Transportes tras un periodo de consulta con entidades e instituciones, pero tendrán que pasar el "filtro" del Congreso de los Diputados, que deberá dar su conformidad al presidente y dispondrá de capacidad de veto sobre los consejeros. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años, sin posibilidad de reelección ni remoción. Trabajarán con dedicación exclusiva e incompatibilidad absoluta; cuando cesen, tendrán prohibido ocupar puestos en la actividad privada que estén relacionados con la actividad de la Autoridad durante un período de dos años.

Informar a las víctimas y prevenir nuevos accidentes

El ministro ha apuntado que el proyecto establece los accidentes e incidentes que debe investigar la Autoridad, el procedimiento, el régimen de información y las relaciones con otras instituciones como las Cortes, el Poder Judicial y los organismos de otros países.

La norma -ha subrayado Puente- consagra el principio de "cultura justa": nadie debe ser castigado por sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y su capacitación, pero no se toleran la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los actos destructivos.

Uno de los mandatos de la Autoridad será atender mediante un régimen específico las necesidades de información de las víctimas y sus familias y las de las asociaciones, que verán así fortalecida su posición jurídica. Para los miembros del Consejo regirá el deber de reserva sobre las declaraciones de las personas que participen en las indagaciones, su identidad y cualquier otra información especialmente sensible, con excepciones como el requerimiento de los jueces, la Fiscalía o las comisiones parlamentarias.

El responsable de Transportes y Movilidad Sostenible ha recordado que la investigación técnica no determina las culpas y responsabilidades que se depuran en sede judicial, sino que su objetivo principal es analizar los accidentes, aclarar sus causas y, sobre todo, elaborar recomendaciones que mejoren la seguridad y la prevención. "Hemos vivido tragedias por todos conocidas, que están en la mente de todos, que han truncado muchas vidas y que no deberían volver a repetirse", ha concluido.

Día para la Igualdad Salarial

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial que se celebra el próximo 22 de febrero.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que la declaración recoge todos los avances realizados para reducir la brecha salarial, como el incremento del 54% del Salario Mínimo Interprofesional, que "ha beneficiado especialmente a las trabajadoras", o la aprobación de la reforma laboral que "ha provocado que hoy haya más de 9.400.000 trabajadoras, una cifra histórica".

Pilar Alegría ha añadido que también se han producido avances para reducir la brecha salarial en materia de pensiones, dado que en el año 2013 se situaba en el 26,3% y en la actualidad, gracias a la aprobación del complemento para la reducción de la brecha de género, está en un 21,09%.

Además, la portavoz ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de diciembre la Ley de Paridad, que comienza el próximo jueves en el Congreso su tramitación parlamentaria.

Asuntos de actualidad

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha señalado que el Gobierno está impulsando la transformación digital con importantes inversiones y mediante la colaboración público-privada. Al respecto, se ha referido al anuncio de Microsoft de invertir hasta 1.950 millones de euros en España, lo que permitirá la creación de numerosos empleos digitalizados y de calidad.

Por otra parte, la portavoz ha felicitado a Araceli Hidalgo, la primera vacunada en España contra el covid-19, que hoy cumple 100 años: "Es una mujer comprometida que traslado su ejemplo a todo nuestro país y a todo el mundo".