El Gobierno aprueba un plan de empleo para los municipios afectados por la DANA

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de empleo para la recuperación de los daños causados por la DANA en los municipios más afectados (75 de la Comunitat Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía). El plan, diseñado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, reparte 50 millones de euros entre esos municipios para la contratación de personas que no pueden desempeñar su trabajo por culpa de la DANA y para el refuerzo de las labores de construcción de esas zonas.

Plan de empleo específico para las zonas afectadas por la DANA

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha enmarcado el plan en la nueva Ley de Empleo y ha agradecido la colaboración de los municipios y los agentes sociales. Las zonas beneficiadas suman más de un millón de personas y representan en torno a un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana y un cuarto de la población trabajadora de la región. La vicepresidenta ha explicado que el plan se adapta a la singularidad de esas localidades, cuya actividad mercantil y productiva se centra en el comercio al por menor, la agricultura, el caucho y los plásticos, la construcción y la industria de la alimentación.

El principal criterio para repartir los fondos son las necesidades de cada municipio para reparar los daños. En la distribución también se han tenido en cuenta otros criterios como la población y el paro registrado. Los ayuntamientos se encargarán de la selección de las personas contratadas, con las competencias y los datos de los servicios públicos de empleo de la Generalitat Valenciana.

El proceso se articulará a través del contrato de activación para el empleo, con una duración de entre 3 y 6 meses. Yolanda Díaz ha destacado que el plan se dirige de manera especial a dos colectivos, en coherencia con las políticas aprobadas en la Conferencia Sectorial de Empleo para el conjunto del país: las personas mayores de 52 años y los jóvenes menores de 30.

Despliegue de la reforma laboral y creación de los permisos climáticos

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La vicepresidenta segunda ha defendido que el Ejecutivo está desplegando "un escudo laboral sin precedentes" desde que se produzco la catástrofe de la DANA y, además, ha incorporado "nuevos planteamientos legislativos" para abordar las emergencias climáticas. "Las normas son muy importantes para la vida de la gente, lo que hemos hecho desde el 29 de octubre en Valencia es desplegar la reforma laboral", ha señalado.

Yolanda Díaz ha citado, en concreto, la aplicación de los ERTE de Fuerza Mayor, la nulidad de los despidos, el trabajo a distancia, la protección a las trabajadoras del hogar, la prestación por cese de actividad a los autónomos y el complemento del Plan "Me cuida". También ha remarcado la creación de los permisos climáticos, "que garantizan el preservar a los trabajadores y las trabajadoras y dar certidumbre a las empresas", una figura que solo se ha legislado en España y Canadá, según ha indicado la vicepresidenta. "La política útil es esto", ha concluido.

Derecho de rectificación

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia que impulsa el Gobierno y que tiene como objetivo reforzar tanto el derecho a la información veraz como el derecho al honor.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación vigente data de 1984, por lo que hay que modernizarla y adaptarla al entorno digital. A juicio del ministro, la futura norma mejorará el debate público y garantizará que los ciudadanos ejerzan el derecho a la rectificación con mayor facilidad: "Queremos promover una mayor calidad en el debate público. Queremos facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos cuando se vean afectados por una información que sea falsa, sea inexacta o sea un bulo, es decir, que sea una mentira".

Además, la norma favorecerá que los medios de comunicación "amplifiquen las buenas prácticas a otros que con demasiada frecuencia, publican hechos e informaciones que son inexactas o que son directamente falsas", ha remarcado Bolaños.

Novedades en la futura ley

Las dos innovaciones clave de la futura ley son que contempla las nuevas formas de información y de comunicación y que introduce ajustes para facilitar y agilizar el derecho a rectificación. "Agilizamos procedimientos, nos adaptamos a la realidad actual y regulamos expresamente los entornos digitales y las plataformas digitales que hoy dan información y difunden información", ha reiterado el ministro.

Félix Bolaños ha detallado que la norma afecta a los medios de comunicación tradicionales y a los medios digitales y plataformas en línea que difunden información. Asimismo, incorpora a los usuarios relevantes de redes sociales (influencers), es decir, a aquellos que tienen más de 100.000 usuarios en una única plataforma o más de 200.000 en el conjunto de sus redes.

El ministro ha argumentado que estas personas difunden informaciones que se propagan más ampliamente que las de muchos medios tradicionales, y ha mantenido que "hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades". Los ciudadanos también podrán ejercer el derecho de rectificación contra ellos.

La norma recoge que los medios de comunicación y plataformas deberán establecer un mecanismo fácilmente accesible para falicitar el ejercicio del derecho de rectificación. También establece en qué términos y plazo se difundirá la rectificación, que se hará de forma íntegra y con una relevancia similar a la de la publicación original. Además, fija la obligación de avisar de que la información ha sido rectificada en plataformas y medios digitales y de enlazar la rectificación y el texto original.

La norma agilizará el procedimiento judicial en el caso de que el derecho a la rectificación no sea satisfecho. El ministro ha resaltado que "se suprime el requisito de la contestación por escrito de la demanda, de tal manera que los trámites del juicio verbal continuarán y podrá ser mucho más rápida la sentencia judicial".

Bolaños también ha avanzado que la norma amplía el plazo para presentar la solicitud de rectificación. La ley vigente establece 7 días, el anteproyecto lo fija en 10 días. Además, la ley actual exige que la remisión del escrito de rectificación vaya dirigida necesariamente al director del medio de comunicación, ese requisito en la futura ley será potestativo porque, según ha apuntado el ministro, hay seudomedios de comunicación en los que es difícil identificar quién es el director.

El texto también amplía las personas legitimadas para poder ejercer el derecho a la rectificación, de tal manera que las personas cercanas a ciudadanos fallecidos sobre los que se difundan noticias falsas podrán solicitarla y no sólo sus herederos.

Autorizada nueva licitación de Muface 2025-2027

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha autorizado a Muface a publicar una nueva licitación antes de fin de año para el concierto sanitario del período 2025-2027 con condiciones mejoradas para las aseguradoras. La nueva licitación, ha explicado la ministra, se produce después de que las aseguradoras dejaran desierta la anterior convocatoria y permite una subida del 33,5%.

"Estamos hablando de un concierto de 4.478 millones de euros para estos próximos tres años, concretamente, 957 millones más que el actual", ha apuntado Alegría, que ha asegurado que con esta licitación el Gobierno cumple con su compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de que finalice 2024. La ministra ha trasladado, además, un "mensaje de tranquilidad" a todos los mutualistas: "van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad hasta que ese contrato se resuelva".

Subvención para Teruel y transferencia para transportes en Cataluña

Durante su intervención en la rueda de prensa Pilar Alegría ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo para transferir 283 millones de euros a la Generalitat de Cataluña con el objetivo de financiar el déficit de explotación de los servicios de transportes de viajeros por ferrocarril, cercanías y servicios regionales. Una transferencia que, recalca Alegría, da cuenta de los compromisos y acuerdos del Gobierno con las distintas fuerzas políticas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado una subvención de 30 millones de euros para la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel, que atiende proyectos que promueven la actividad económica en esta provincia. "Es una inversión importantísima y muy bienvenida en Aragón", ha señalado Alegría, que afirma que esta dotación "seguirá posibilitando el apoyo al desarrollo económico y empresarial, la cohesión social, la innovación, la cultura o el patrimonio en la provincia de Teruel".

Nuevos anteproyectos de ley

La titular de Educación, Formación Profesional y Deportes ha informado de que el Consejo de Ministros ha abordado dos nuevos anteproyectos de ley en el ámbito económico. Por una parte, el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sistema Financiero, un texto que, según Pilar Alegría, va a permitir impulsar la innovación tecnológica, fomentar la competencia y garantizar, a su vez, la seguridad de los clientes financieros. El objetivo de esta futura norma es asegurar el aprovechamiento de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de servicios financieros, a la vez que se mitigan los posibles riesgos.

También se ha analizado el anteproyecto de Ley para el desarrollo del régimen de infracciones y sanciones aplicables a productos paneuropeos de pensiones individuales. Esta iniciativa legislativa, que permitirá el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea 2019/1238, garantizará un alto nivel de protección a los consumidores en España de este tipo de productos de otras jurisdicciones en la Unión Europea. La armonización con el reglamento comunitario facilitará que los consumidores saquen el mayor provecho de estos productos transfronterizos, al mismo tiempo que se asegura un nivel elevado y constante de protección a los ahorradores en España.

Actualidad de las ayudas DANA: solicitudes cobradas

La portavoz del Gobierno ha recordado durante su intervención que, en estos momentos, más de 19.000 efectivos del Estado, entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros miembros de la Administración Pública, trabajan en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.

Alegría se ha referido, además, en este contexto, al montante total de ayudas y la situación del cobro por parte de los afectados. De acuerdo con la ministra, se han movilizado más de 16.600 millones de euros destinados a la reconstrucción de los municipios afectados, con más de 10.000 millones de euros que corresponden a ayudas directas. "A fecha de hoy, el Consorcio de Seguros ha abonado ya a los afectados más de 311 millones de euros, más del 10% de todas las solicitudes registradas", ha explicado, a lo que ha añadido el abono ya realizado por parte de la Agencia Tributaria de más de 250 millones de euros. "Con estas ayudas directas estamos por encima de los 600 millones de euros que ya han llegado a las personas afectadas", ha concluido.