Referencia del Consejo de Ministros

2.4.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Transportes y Movilidad Sostenible

Industria y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Ciencia, Innovación y Universidades

ACUERDOS DE PERSONAL

Hacienda

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

DOS NUEVAS ÁREAS EN LA FASE II DEL 'SPENDING REVIEW' 2022-2026
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo para formalizar la segunda fase del proceso de revisión del gasto público ('Spending Review') del ciclo 2022-2026, que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), incorporando dos nuevas áreas de análisis.

En concreto, en el área de prestaciones, se abordará un análisis y estudio de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la incapacidad temporal. Por su parte, también se deberá abordar la evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

El siguiente paso será que la AIREF deberá aportar al Ministerio de Hacienda un Plan de Acción en el plazo de tres meses desde el presente acuerdo, que incorpore, entre otros aspectos, el detalle concreto de las áreas de gasto a analizar, así como el presupuesto y calendario de desarrollo.

Con esta medida el Gobierno avanza en el cumplimiento del compromiso del Plan de Recuperación sobre la eficiencia del gasto público. De hecho, el Consejo de Ministros adoptó el 28 de diciembre de 2021 el Acuerdo por el que se aprobó el ciclo de revisión del gasto público 2022-2026 y se formalizó la fase I de dicho proceso, que se llevará a cabo por áreas específicas de gasto y por fases.

En concreto, el Ministerio de Hacienda identificó las siguientes áreas para ser analizadas en este nuevo ciclo plurianual:

-Gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

-Prestaciones (ingreso mínimo vital y prestación por incapacidad temporal).

-Ayuda Oficial al Desarrollo.

-Instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos (complementario al 'Spending Review' 2018-2021).

-Políticas de empleo.

-Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

El Gobierno ya formalizó en diciembre de 2021 la primera fase del nuevo proceso de revisión del gasto ('Spending Review') 2022-2026, y seleccionó las dos primeras áreas de análisis: los instrumentos financieros a disposición del sector público para apoyar los sectores productivos (estudio complementario al encargado anteriormente en la tercera fase del anterior ciclo) y el gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, actualmente en proceso de elaboración y cuya finalización está prevista para los próximos meses.

Por tanto, ahora se inicia la fase de encargo para otras dos nuevas áreas como son la gestión del IMV y la incapacidad temporal, así como la evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De esta forma, el Gobierno mantiene su compromiso con la transparencia y la mejora de la calidad del gasto público.

Hacienda

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral de telecomunicaciones por lotes con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por un valor estimado de 80.473.777,26 euros.

El objeto de este nuevo contrato administrativo de servicios es la implementación del Servicio Integral de Telecomunicaciones de la Agencia Tributaria que abarque la totalidad de comunicaciones de sus sedes y dependencias entre sí y con el exterior.

Esa cifra de 80,4 millones de euros es el valor estimado del contrato e incluye los cuatro años que supone el contrato, así como posibles prórrogas y susceptibles modificaciones que se pudieran registrar.

Atendiendo a las características de las prestaciones requeridas y a la especialización de las empresas que operan en el sector de las telecomunicaciones, se ha efectuado una división del objeto del contrato en cuatro lotes diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, por considerarse que los servicios pueden ser prestados por empresas diferentes o por la misma empresa, bien por resultar la oferta más ventajosa en todos los lotes bien por ofertar una oferta integradora que resulte más ventajosa.

Los lotes

El Lote 1 comprendería los siguientes servicios:

-Los servicios de red privada virtual de interconexión de las aproximadamente 368 oficinas y los dos Centros de Proceso de Datos (CPDs) de la AEAT mediante fibra óptica, y de las conexiones de los dos CPDs de la AEAT con otros organismos externos.

-El servicio de acceso a Internet de la AEAT.

-Los servicios de seguridad en los accesos a Internet de la AEAT.

El Lote 2 comprendería los siguientes servicios:

-Los servicios de comunicaciones unificadas resilientes multidispositivo para sus trabajadores y sus accesos a la red telefónica pública.

-Los servicios de Contact Center y de red telefónica inteligente, y sus accesos a la red telefónica pública.

El Lote 3 incluiría los siguientes servicios:

-Los servicios de comunicaciones móviles.

El Lote 4 incluiría los siguientes servicios:

-Los servicios de envíos masivos de mensajes cortos a móviles SMS.

Esta división en lotes trata de favorecer la concurrencia de ofertas de las empresas, según la especialidad de los servicios que desarrollan en el mercado.

Los ofertantes podrán realizar una oferta integradora a todos los lotes, esto último siempre que hayan presentado una oferta individual a cada uno de los lotes.

Hacienda

INVERSIONES TECNOLÓGICAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de financiar diversos expedientes en el capítulo de inversiones de la Dirección General del Catastro, perteneciente al Ministerio de Hacienda.

La Dirección General del Catastro ha manifestado la necesidad de llevar a cabo los siguientes expedientes de gasto relativos al capítulo de inversiones reales, entre otros, que implican compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para los años 2025 y 2026, por unos importes totales de 2.520.190,26 euros y 590.619,70 euros, respectivamente:

-La plataforma de la Sede Electrónica del Catastro constituye el principal activo de la infraestructura informática del Catastro para la prestación de servicios web telemáticos a ciudadanos y otras Administraciones Públicas. Para garantizar la prestación de estos servicios es preciso continuar con el expediente de contratación actualmente vigente, cuya finalización tiene lugar el 25 de julio de 2024, relativo a servicios de alojamiento del Centro de Proceso de Datos corporativo del Catastro.

-Implementación de herramientas de análisis estadísticos urbana: La Dirección General del Catastro establece como objetivo estratégico el conocimiento permanente de los valores de mercado. Además, la mencionada Dirección General tiene encomendada, entre otras funciones, la gestión del Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario, que ejercerá directamente o, en su caso, a través de las Gerencias del Catastro. Por este motivo, está previsto licitar un contrato cuyo objeto es la programación de nuevas aplicaciones catastrales con herramientas de análisis estadístico integradas, que permita la conexión con su base de datos.

-Convenio para la mejora de información cartográfica del territorio con modelos digitales del terreno, cuyo objeto se centra en el desarrollo de acciones conjuntas para la generación de productos LIDAR básicos a partir de los datos obtenidos en los vuelos instrumentales sobre la geografía nacional.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:
20252026
Nuevas necesidades2.520.190,26590.619,70
Compromisos ya adquiridos18.618.466,646.086.355,09
Límite de compromiso máximo a adquirir21.138.656,906.676.974,79


Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado a elevar el límite de compromisos de gasto para la anualidad 2025.

Hacienda

INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRARIOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la tramitación anticipada de una convocatoria de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

Por Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de mayo de 2015, se aprobó el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 de España. Dicho programa contempla diversas medidas enfocadas a la mejora de la competitividad de los productos ofrecidos por las Entidades Asociativas Prioritarias, reguladas por el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, de manera que se beneficien los agricultores en ellas integrados, persiguiendo un aumento del valor añadido del producto objeto de dicha integración, a lo largo de la cadena de valor. Una de estas medidas consiste en fomentar inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios.

En este sentido, por Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, se establecieron las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Las ayudas se convocan anualmente mediante Resolución de la Presidencia del FEGA, organismo responsable de tramitar y aprobar la convocatoria, y competente para resolver la concesión y realizar los pagos.

El periodo de ejecución de los proyectos establecido en el proyecto de la convocatoria comprende desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda hasta el 1 de septiembre de 2025. La complejidad de los proyectos de inversión que se presentan en estas ayudas motiva la necesidad de solicitar la tramitación anticipada con el fin de posibilitar un amplio periodo de ejecución a los beneficiarios que así lo necesiten. Se pretende abrir el plazo de solicitudes de pago desde el 2 de septiembre de 2025, de forma que, los proyectos que ya hayan finalizado puedan recibir la ayuda correspondiente.

El presupuesto total para estas ayudas es de 39.939.897,11 euros, que se abonarán en 2025. La financiación de estas ayudas se realizará en un 53% con cargo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 47% con cargo al presupuesto nacional. La financiación del FEADER será hasta un máximo de 21.168.145,47 euros en 2025 y la financiación nacional se realizará hasta un máximo de 18.771.751,64 euros en 2025.

Al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, se ha autorizado al Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para la anualidad de 2025.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON ANGOLA SOBRE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Cooperación entre el Reino de España y la República de Angola en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo, cuya firma tuvo lugar en Madrid el 5 de noviembre de 2018, previa autorización del Consejo de Ministros, el 23 de marzo de 2018, y que responde a la preocupación que ambos países comparten por el alcance de los fenómenos delincuenciales y por los retos que plantean a la seguridad el tráfico de personas, el terrorismo, el narcotráfico y las nuevas manifestaciones de la delincuencia transnacional organizada.

Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, la ciberseguridad, trata de seres humanos, delitos contra el medio ambiente, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas. Desde el punto de vista de la repercusión económica, la aplicación del acuerdo no genera incremento del gasto público.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON CHILE SOBRE TRANSPORTE AÉREO
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Chile y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado acuerdo, rubricado en Nairobi (Kenia) el 12 de diciembre de 2018, que desarrolla y modifica el marco jurídico aplicable a la explotación de servicios aéreos regulares entre ambos países, adecuándolo a la normativa comunitaria. El acuerdo, autorizado por el Consejo de Ministros el 14 de junio 2022, fue firmado en Montreal el 1 de octubre de 2022. Con la entrada en vigor de este acuerdo, queda derogado el hasta ahora vigente, Convenio relativo a los servicios de transporte aéreo comercial, de 17 de diciembre de 1974, enmendado por el Canje de Notas de 29 de abril de 1992.

Al tratarse de un acuerdo de competencia mixta entre España y la Unión Europea (UE), para la conclusión del mismo se han cumplido todos los preceptos del Reglamento (CE) Nº 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004.

En lo que se refiere a su contenido, se han establecido unos principios flexibles en cuanto al régimen de explotación de servicios aéreos entre España y Chile, fortaleciéndose así las relaciones mutuas en el ámbito del transporte comercial aéreo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE ESPAÑA Y NIGERIA
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado, cuya firma tuvo lugar en Madrid el día 1 de junio de 2022, fue aprobada por el Consejo de Ministros, en su reunión del 7 de febrero de 2023, es fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones en el ámbito de la asistencia judicial penal, que hasta su entrada en vigor venían rigiéndose por el principio de reciprocidad internacional y se justifica por la necesidad de contar con un instrumento de cooperación jurídica en materia penal que facilite la prestación de asistencia judicial entre los dos países, aportando así seguridad jurídica a las relaciones mutuas.

El tratado regula, con carácter general, la prestación de asistencia jurídica mutua en procedimientos de índole penal, que tienen lugar en alguna de las partes, estableciendo las modalidades de dicha asistencia, así como las peculiaridades de su procedimiento.

Es necesario remitir nuevamente el expediente a las Cortes Generales ya que la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones paralizó su impulso.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE ESPAÑA Y NIGERIA
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Tratado de extradición entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado, que es fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones en el ámbito de la extradición, que hasta su entrada en vigor venían rigiéndose por el principio de reciprocidad internacional.

Su firma se justifica por la necesidad de contar con un instrumento de cooperación jurídica en materia penal que facilite la entrega de fugitivos entre los dos países, evitando así cualquier atisbo de impunidad que pueda existir especialmente en supuestos de criminalidad organizada y delitos transfronterizos. Cabe señalar que España puede solicitar y acceder a la entrega de personas con base en el principio de reciprocidad, conforme a la Ley de Extradición Pasiva, por lo que resulta muy conveniente contar con un instrumento que regule los pormenores de dicha asistencia.

En el marco de la visita a España los días 1 y 2 de junio de 2022 del presidente de Nigeria, se estimó, desde una perspectiva política, que era de interés proceder a la firma de este Tratado. Su firma, que tuvo lugar en Madrid el día 1 de junio de 2022, fue aprobada por el Consejo de Ministros, en su reunión del 7 de febrero de 2023.

Es necesario remitir nuevamente el expediente a las Cortes Generales y que la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones paralizó su impulso.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO CON NIGERIA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo, que es fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones en el ámbito del traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad a sus respectivos países de origen. Su firma se justifica por la necesidad de contar con un instrumento de cooperación jurídica en materia de traslado de personas condenadas que facilite el cumplimiento de las penas impuestas en el extranjero en el país de la nacionalidad del condenado, favoreciendo de esta forma la integración y combatiendo el desarraigo social producido por el internamiento en país distinto al de origen.

En el marco de la visita a España los días 1 y 2 de junio de 2022 del presidente de Nigeria, se estimó, desde una perspectiva política, que era de interés proceder a la firma de este Acuerdo. Su firma, que tuvo lugar en Madrid el día 1 de junio de 2022, fue aprobada por el Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de febrero de 2023.

Es necesario remitir nuevamente el expediente a las Cortes Generales pues paralizó su impulso la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones.

Desde el punto de vista de la repercusión económica, el acuerdo no supone incremento de gasto público, salvo en lo que se refiere a los gastos ocasionados por el eventual traslado de nacionales españoles condenados en la República de Nigeria y su estancia en cárceles españolas, que podrían verse compensados por el ahorro derivado del traslado de nacionales nigerianos a su país de origen.

Transportes y Movilidad Sostenible

MODERNIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO EN ASTURIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, tres contratos para la modernización de la señalización de los tramos Oviedo-Infiesto, Gijón-El Berrón y Ribadeo-Cudillero de la red de ancho métrico en Asturias, por un valor estimado global de 65 millones de euros (IVA no incluido).

En los tres contratos se implementarán nuevos elementos de señalización con el fin de gestionar su circulación en remoto, integrándola en el sistema de control de tráfico centralizado (CTC). Así, se refuerza la fiabilidad del servicio a través de la mejora de la infraestructura, aumentando la capacidad de la red y regularidad de los servicios.

En concreto, en el marco del Plan de Cercanías, se invertirán 29,4 millones de euros en el tramo entre Oviedo e Infiesto y 18 millones de euros en el que va de Gijón a El Berrón. La aprobación de la licitación de estas obras implica activar el refuerzo de los sistemas de señalización en los dos últimos tramos pendientes de la red de Cercanías del Principado.

En este sentido, los trabajos se suman a la modernización de la señalización que ya activada en otros cuatro tramos: entre Gijón y Pravia (en ejecución), Trubia-Collanzo, Trubia-Oviedo y Cudillero-Pravia (en fase de contratación), con una inversión global prevista de 128,57 millones de euros (IVA incluido), también incluidos en el Plan de Cercanías de Asturias.

Por su parte, el tercer contrato autorizado se destina a obras de igual naturaleza entre Ribadeo (Lugo)-Cudillero (Asturias), en la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia con un valor estimado de 17,4 millones de euros. Esta actuación no está incluida en el Plan de Cercanías.

En este caso, la actuación se desarrollará en 110 km y comprende la redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, las pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad, correspondientes a la instalación de bloqueos automáticos regulados por telemando desde el CRC de El Berrón.

Las operaciones de los tres contratos consistirán en la instalación y puesta en servicio de los enclavamientos (dispositivos que gestionan las señales de un tramo), los sistemas de detección y protección del tren, señales fijas y luminosas, telecomunicaciones fijas y otras dotaciones asociadas.

CRC de El Berrón

Las líneas con estos nuevos sistemas de señalización pasarán a ser gestionadas de forma remota desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) Multi-red de El Berrón, dotado de tecnología de vanguardia, que integra la gestión de la circulación de las redes de ancho ibérico y métrico en la región de Asturias.

El CRC de El Berrón gestiona 754 km de la red de ancho métrico de los tramos Ferrol-Cudillero, Oviedo-Unquera, Gijón Sanz Crespo-Cudillero y San Esteban de Pravia-Oviedo, Trubia-Collanzo y Gijón Sanz Crespo-Laviana.

Además, gestiona el tráfico ferroviario de los 222 km de la red de ancho convencional en la región, integrada por los tramos La Robla-Oviedo, Soto de Rey-El Entrego, Oviedo-Gijón Sanz Crespo, Villabona de Asturias-San Juan de Nieva y Tudela Veguín-Lugo de Llanera.

Todos estos proyectos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; 11 (ciudades inclusivas y sostenibles) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo).

Sotiello (Gijón-Laviana)

Apeadero Los Corros (Cotollo-Infiesto)


Industria y Turismo

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) ASCENSORES
El Consejo de Ministros ha aprobado la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores» que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

A finales del año 2019 estaban registrados en España más de un millón de aparatos elevadores. De ellos, alrededor de 400.000 llevan, hoy en día, más de 30 años en servicio. Todo este panorama exige la adaptación de la normativa vigente en materia de seguridad industrial de ascensores.

Para la puesta en servicio de los ascensores se presentará por parte del titular o representante, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, la siguiente documentación: ficha técnica de la instalación, declaración CE de conformidad, manual de funcionamiento, contrato de mantenimiento y certificado de inspección inicial favorable.

La norma define las responsabilidades del titular de la instalación y de las empresas de mantenimiento. Las inspecciones podrán ser: iniciales, periódicas, tras modificación o tras accidente. Las inspecciones periódicas serán cada 2 años para edificios industriales o pública concurrencia, cada 4 años para edificios residenciales de más de 20 viviendas o más de 4 plantas; y el resto cada 6 años. Se detalla la tipología de defectos (leve, grave, muy grave) y sus consecuencias (el ascensor puede quedar fuera de servicio hasta la subsanación).

La norma también incluye una serie de mejoras a implementar en todo el parque de ascensores, otorgando un plazo de siete años para la progresiva adaptación del parque:

-Mejorar la nivelación.

-Detección en puertas con cortinillas no solo por haz puntual, para evitar atrapamientos por las puertas de cabina.

-Protección del usuario contra los movimientos ascendentes incontrolados de la cabina y los movimientos incontrolados de cabina en reposo y puertas abiertas.

-Comunicación bidireccional en cabina. Rescate de usuarios atrapados.

-Sustitución de guías de madera o cilíndricas, siempre que no sean históricos.

-Dispositivos de control de carga.

-Modernizar contrapeso, para que las pesas no se salgan de la guía, siempre que no sean ascensores históricos.

Se calcula que las mejoras previstas para todo el parque de ascensores existente en España tendrán un impacto económico (coste) de unos 708 millones de euros a abordar en 7 años.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONVENIO ENTRE ENESA Y AGROSEGURO PARA PLANES DE SEGUROS AGRARIOS 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado el convenio de colaboración entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) para la ejecución del 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados y la liquidación de planes anteriores, así como para regular otros ámbitos de cooperación.

El acuerdo cuenta con un presupuesto para subvencionar la contratación de pólizas en el año 2024 de 284,5 millones de euros, dotación que ya fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre de 2023.

El convenio entre ENESA y Agroseguro constituye el marco jurídico que permite la ejecución del Plan de Seguros Agrarios Combinados, con la definición del procedimiento para la liquidación de las subvenciones descontadas en el momento de la contratación. Además, se establecen en él las bases de colaboración entre ENESA, que tiene la función de conceder las subvenciones a la contratación de las pólizas de seguros agrarios, y Agroseguro, a quién corresponde la gestión de los éstos, por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras que forman parte del pool de coaseguro.

Los seguros agrarios constituyen un instrumento fundamental para el sostenimiento de las rentas del sector, sobre todo ante la aparición cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos adversos.

El presupuesto aprobado en los sucesivos planes anuales de seguros agrarios para subvencionar la contratación de pólizas se ha incrementado progresivamente desde el año 2020, al pasar de los 211,3 millones de euros a los actuales 284,5 millones de euros. Se trata de la mayor dotación presupuestaria ordinaria en la historia del seguro agrario. En 2023 el plan tuvo una dotación suplementaria de 60 millones de euros como medida temporal extraordinaria de apoyo para paliar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Este mayor apoyo del Estado adquiere una gran relevancia para las explotaciones agrarias, especialmente en el actual contexto de cambio climático y de sucesión de fenómenos adversos que han hecho que en los dos últimos años se batieran los récords históricos de indemnizaciones.

El 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados mantiene en esencia las condiciones de apoyo a los colectivos preferentes, como son los agricultores jóvenes, los profesionales, los titulares de explotaciones prioritarias o los miembros de organizaciones de productores, quienes incrementan su subvención adicional en ocho puntos porcentuales.

Política Territorial y Memoria Democrática

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre la situación de la Memoria Democrática, el desarrollo de la Ley e incidencia en las comunidades autónomas.

Introducción

Desde la Transición hasta la actualidad, se han producido avances en la recuperación de la Memoria Democrática en nuestro país.

Desde la ley de Amnistía de 1977 hasta la actualidad, con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, unas 610.000 personas víctimas de la guerra y la dictadura franquista han sido reparadas, desde el punto de vista económico, por un montante económico que asciende a más de 25 mil millones de euros.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, conocida como la de Memoria Histórica, fue la que supuso un avance significativo.

Se alcanzaron logros como la publicación del mapa de fosas y se retiraron los vestigios franquistas de los bienes de la Administración General del Estado.

Durante las X y XI Legislaturas, se frenaron estas políticas, que tomaron un nuevo impulso a partir de 2018.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática ha supuesto un impulso decidido y definitivo a las políticas de Memoria. Incluye el repudio y condena al Golpe militar y el franquismo y pone a las víctimas en el centro, reconociendo expresamente el papel de las mujeres en la conquista de valores democráticos.

La Ley de Memoria Democrática se vertebra en torno a grandes principios del derecho internacional humanitario: Verdad, Justicia y Reparación, como garantías de no repetición, que la nueva ley recoge como Deber de Memoria.

Una importante novedad es que el Estado asume el liderazgo de la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, como una responsabilidad de Estado, y se crea un banco de ADN.

Además, la Memoria Democrática pasa a estar integrada en la Educación pública.

Entre los avances logrados, destacan la declaración de la nulidad de las sentencias de los tribunales de excepción franquistas por motivos políticos o ideológicos o la exhumación ya de 4.500 víctimas.

Entre las acciones que se llevarán a cabo en virtud de la ley, además de seguir con las exhumaciones, se trabaja en la resignificación del Valle de Cuelgamuros; y se llevará al Consejo de Ministros la creación de tres comisiones relativas al pueblo gitano, a la restitución económica de las víctimas y al estudio de posibles vulneraciones de los derechos humanos entre 1978 y 1983.

Normativa y disposiciones autonómicas de varias CCAA

Las comunidades autónomas de Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León han iniciado en el último mes y medio una revisión de la normativa sobre Memoria Democrática, derogando o intentando derogar las leyes y decretos autonómicos de Memoria Democrática.

Aragón promulgó la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley autonómica 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática.

Más tarde, el 21 de marzo, se presentó en la Comunitat Valenciana una proposición de Ley de la Concordia, para sustituir a la actual Ley Valenciana de Memoria Democrática que fue impulsada en 2017.

Por último, más recientemente, el 26 de marzo, en Castilla y León se presentó una proposición de Ley de Concordia, que pretende derogar el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática de 2018.

La Ley aragonesa que deroga la de Memoria Democrática contiene aspectos como negar cualquier homenaje a personas que fueron prisioneras y represaliadas en campos de concentración nazis; elimina el mapa de fosas y retira el inventario de lugares de Memoria que se estaba implementando en la comunidad. Los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática determinan que hay una vulneración de la Constitución y el Derecho Internacional.

Por otro lado, las proposiciones de ley de la Comunitat Valenciana y Castilla y León equiparan los años de la Dictadura con los de la II República y evitan condenar el franquismo.

Acciones del Gobierno

Ante estos hechos, el Gobierno de España ha determinado llevar a cabo las siguientes acciones:

Convocar, mediante el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), una Comisión Bilateral con la Comunidad de Aragón, para intentar alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Si Aragón no acepta la Comisión Bilateral para buscar un acuerdo, o aceptándola, no se alcanzara un acuerdo en los seis meses preceptivos, este Gobierno planteará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de Derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón.

Con respecto a las proposiciones de las llamadas leyes de la Concordia de Comunitat Valenciana y Castilla y León, al igual que con Aragón, se intentará llegar a un acuerdo con ambas comunidades, pero, si persiste la colisión con la Ley Estatal de Memoria Democrática, el Gobierno acudirá también al Tribunal Constitucional.

El Gobierno incorporará en la Ley estatal las cuestiones derogadas en las leyes autonómicas. El Gobierno considera que la reparación de las víctimas es justa, y hay que restituir la verdad de una parte de la población que murió y fue enterrada en fosas comunes por defender el régimen democrático. Esta reparación tiene que ser un pilar sobre el que no haya discusión y si no lo hace una comunidad autónoma, lo hará el Gobierno de España.

Cultura

LEGADO CAJAL Y TOQUES TRADICIONALES DE GUITARRA
El Consejo de Ministros ha aprobado sendos reales decretos por los que se declara Bien de Interés Cultural el denominado Legado Cajal, fondo patrimonial de indiscutible valor histórico y científico; y se reconoce a 'Los toques tradicionales de guitarra en las fiestas participativas' como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, por su papel de socialización y de fraternidad.

El Legado Cajal está formado por más de 28.000 bienes que Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) quiso que se conservasen en el Instituto Cajal tras su fallecimiento. Son objetos de tipo científico y técnico, como material de laboratorio y placas histológicas con inscripciones de su puño y letra, además de dibujos -de valor excepcional, porque con ellos mostraba las complejas texturas del sistema nervioso-, publicaciones y un gran archivo fotográfico.

El Legado Cajal también lo forman su silla y su mesa de trabajo y un interesante grupo de objetos personales, como sus últimas gafas, billetera, bastón y la toga de catedrático, además de importantes condecoraciones, entre las que destaca el Premio Nobel en Fisiología y Medicina (1906) por sus descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel de la neurona, galardón que compartió con Camillo Golgi.

En mayo de 2023, el Legado Cajal fue depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde está disponible para investigadores, exposiciones y divulgación. El Legado Cajal fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO en 2017 y está adscrito a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Con su declaración como Bien de Interés Cultural, recibe la máxima protección estatal en el 'Año de Investigación Ramón y Cajal', iniciado en 2022 y con extensión hasta mayo de 2025.

La guitarra, más que un instrumento

También el Consejo de Ministros ha reconocido el papel de los toques tradicionales de guitarra en las fiestas participativas como una manifestación ligada a las culturas rurales y a sus modos de expresión de tipo comunitario. A su valor musical se suman los valores sociales desde el punto de vista identitario, de pertenencia a una comunidad y de elemento socializador y de fraternidad entre personas de distintas edades, sexos y procedencias.

Los toques de guitarra participan del mantenimiento de repertorios autóctonos que son característicos de determinadas poblaciones y comarcas. Pero, más allá del material puramente musical (repertorios, técnicas, afinaciones, instrumentos), existe una forma de entender la fiesta en la que la guitarra es el elemento sustentador.

La declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial contribuirá decisivamente a la salvaguarda de los toques tradicionales de este instrumento, alrededor del cual han tenido lugar muchos momentos de la vida de los habitantes de España, como se puede comprobar en todo tipo de fuentes de los siglos XVII al XX, que testimonian su presencia en la vida diaria.

Ciencia, Innovación y Universidades

PROGRAMA NEOTEC 2024. PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS
Acuerdo por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E.(CDTI), la convocatoria correspondiente al año 2024 de ayudas por importe de 20.000.000 euros, destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC 2024), del Subprograma Estatal de I+D+I empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) la convocatoria correspondiente al año 2024 de ayudas por importe de 20.000.000 euros, destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC 2024), que tiene como objetivo financiar la creación de empresas de base tecnológica con vocación de crecimiento, contribuyendo al emprendimiento y acelerando la transferencia de conocimiento desde organismos de investigación públicos y universidades. Del presupuesto total, al menos 5 millones de euros estarán destinados para proyectos empresariales liderados por mujeres.

A través de esta convocatoria, se concederán ayudas para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
Asimismo, en las propuestas se primará la incorporación de personas con grado de doctor a la empresa para reforzar sus capacidades de absorción y generación de conocimiento.

El CDTI, en su condición de agente de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación conforme a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el organismo competente para gestionar los programas o instrumentos que le sean asignados por el Plan Estatal I+D+i.

Ciencia, Innovación y Universidades

CENTROS DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA Y UNIDADES DE EXCELENCIA MARÍA DE MAEZTU
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria del año 2024, de tramitación anticipada, para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas a «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y a «Unidades de Excelencia María de Maeztu» asociadas a dichas acreditaciones, del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar la calidad, la relevancia y el impacto internacional de la investigación realizada en España y potenciar el fortalecimiento institucional de los centros y unidades de excelencia existentes en nuestro país, así como su efecto tractor sobre el conjunto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ello se materializa mediante el reconocimiento a dichos centros y unidades, a través de un proceso competitivo basado en estándares internacionales, que recibirán adicionalmente financiación para las actuaciones incluidas en sus planes estratégicos o programas estratégicos de investigación de frontera. Estas actuaciones tienen por finalidad el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección internacional de los centros y unidades de investigación, pertenecientes o participadas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, existentes en España y que destaquen por la relevancia e impacto de sus resultados a nivel mundial.

Para la consecución de esta finalidad, la convocatoria promueve:

-La acreditación de centros de investigación como «Centro de Excelencia Severo Ochoa» y la financiación de sus planes estratégicos.

-La acreditación de unidades de investigación como «Unidad de Excelencia María de Maeztu» y la financiación de sus programas estratégicos de investigación.

Asimismo, se financiarán actuaciones encaminadas a la formación de personal investigador predoctoral asociadas a líneas prioritarias de investigación que se desarrollen en los planes y programas estratégicos.

BIOGRAFÍAS

Hacienda

Subsecretaria de Hacienda

Dª. LIDIA SÁNCHEZ MILÁN
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Funcionaria de los Cuerpos Superior de Administradores Generales y de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía.

En la Administración General del Estado: secretaria de Estado de Función Pública y directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la Junta de Andalucía: secretaria general para la Administración Pública, directora general del Instituto Andaluz de Administración Pública, secretaria general de Políticas Culturales y secretaria general técnica de la Consejería de Cultura. En Málaga: secretaria general de la Delegación de Cultura, coordinadora general de la Delegación del Gobierno, jefa de servicio de Juego y Espectáculos Públicos y jefa del Departamento de Régimen Jurídico de Industria, Energía y Minas.

Ha sido consejera de Imprenta de Billetes S.A. (IMBISA) y patrona en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y así como vocal del Consejo de la Agencia Tributaria de Andalucía, y miembro en los patronatos de la Alhambra y Generalife y de la Fundación Museo Picasso de Málaga.

Delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

D. DAVID REGADES FERNÁNDEZ
Técnico Especialista de la rama Administrativa y Comercial, en la especialidad de Contabilidad y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, posee el diploma del curso avanzado en Dirección de Asociaciones Empresariales por la Escuela de Negocios Caixanova.

Diputado a Cortes en la XV Legislatura, por la provincia de Pontevedra. Delegado Especial del Estado en el Consorcio entre 2018 y 2023. Segundo teniente de alcalde y concejal de Fomento, Contratación y Limpieza del Concello de Vigo.

Concejal de Fomento, Transportes y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Vigo entre 2011 y 2015, fue director del proyecto Vigo Smart City: transformación de una ciudad. Asimismo, fue jefe de gabinete de la Alcaldía Concello de Vigo. Fue diputado de la Diputación de Pontevedra y delegado en el área de Cooperación Municipal, Asistencia a los Municipios y Proyectos Europeos. Además, fue vicepresidente de la Fundación de la Energía de Vigo (Faimevi).