El Gobierno aprueba el Proyecto Estratégico de microelectrónica y semiconductores

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apuntado que "probablemente es el proyecto más ambicioso del plan de recuperación" por su cuantía (12.250 millones de euros de inversión pública), su impacto transformador para la industria y su contribución a la autonomía de España y de la Unión Europea en materia tecnológica.

El objetivo del PERTE Chip, ha añadido Calviño, es desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y de producción de la industria española de microelectrónica y semiconductores, abarcando toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación de los chips, y generar un efecto multiplicador, no solo en los sectores tecnológicos, sino sobre el conjunto de la industria y de la economía.

Nadia Calviño ha recordado que la escasez de producción de semiconductores en Europa implica una dependencia de actores situados en Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China, situación que hay que revertir. Europa ha lanzado distintos proyectos para alcanzar el 20% de la producción mundial en el año 2030.

En este contexto, España apuesta por reforzar los activos estratégicos en los que está mejor posicionada: desarrollo de arquitecturas alternativas como RISC-V; fotónica integrada; desarrollo de chips cuánticos y red de salas de micro o nano fabricación. Además, dispone de empresas líderes que demandan semiconductores en sectores tractores como la automoción, la fabricación de máquinas herramientas, las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, el transporte ferroviario, la defensa y la construcción de infraestructuras.

Ejes fundamentales del PERTE

Nadia Calviño, durante su intervención en la rueda de prensa | Pool Moncloa

El PERTE Chip tiene una orientación a largo plazo, irá avanzando por fases, se construirá con la colaboración público-privada, y de forma integrada y alineada con la estrategia europea de chips, según ha expuesto la vicepresidenta primera.

El primer eje supone el refuerzo de la capacidad científica, con actuaciones para fortalecer la I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas y la fotónica integrada, desarrollar chips cuánticos y participar en los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación (IPCEI ME-TC).

El segundo se refiere a la estrategia de diseño e incluye iniciativas que potenciarán la capacidad española en el diseño de microprocesadores de vanguardia mediante la creación de empresas fabless, líneas de pilotos de pruebas y redes de capacitación en materia de semiconductores.

El tercer eje se orienta la construcción de plantas de fabricación en España con capacidad tanto superior como inferior a los 5 nanómetros.

El cuarto implica la dinamización de la industria de fabricación de Tecnologías de la Información y Comunicación europeas, con un esquema de incentivos a la industria manufacturera para la creación de un fondo de chips.

Nadia Calviño ha detallado que el presupuesto total del PERTE Chip asciende a 12.250 millones de euros hasta el año 2027. La principal fuente de financiación provendrá de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Ejecutivo presentará en la segunda parte del año.

La ejecución del PERTE se articulará a través de distintos instrumentos de gestión, como subvenciones, aportaciones de capital, contratos, encargos y otras formas de colaboración público-privadas.

Para articular el proyecto se creará un Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores dirigido por Jaime Martorell Suarez, experto en el sector.

La vicepresidenta primera ha concluido señalando que el Gobierno quiere que España tenga un papel relevante en el ámbito tecnológico y los fondos europeos proporcionan una oportunidad extraordinaria: "Tenemos el plan de recuperación, una hoja de ruta para la transformación de los sectores tractores de nuestra economía, tenemos la financiación para hacerla realidad y la determinación de aprovecharla".

Oferta de Empleo Público 2022: 44.787 plazas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su intervención | Foto: Pool Moncloa/César P Sendra

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2022, que incluye 44.787 plazas, un 12,2% más que en 2021.

"Es la mayor oferta de la historia", ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha reiterado el compromiso del Gobierno con el empleo público de calidad y un personal "cualificado, eficiente y comprometido con el servicio a los ciudadanos".

Montero ha advertido que no se pueden fortalecer las políticas públicas si las Administraciones no cuentan con los trabajadores necesarios y la estabilidad laboral suficiente para poder realizarlas.

Por eso, ha recordado, desde 2018 el Gobierno ha aprobado un total de 143.869 plazas, un 126% más que las que se aprobaron entre 2012 y 2017, y ha previsto en los vigentes Presupuestos Generales del Estado tasas de reposición del 110 al 125% según sectores.

La ministra también ha subrayado que las plazas ofertadas son coherentes con las prioridades del Ejecutivo. El 27,5% están vinculadas a la cohesión social y servicios a la ciudadanía, el 19% a la economía verde y sostenible y el 14,6% a la transformación digital y la innovación. Además, se potencian los perfiles STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para las plazas de acceso libre.

Ingreso libre, promoción interna y estabilización

La OPE 2022 incluye 34.151 plazas en la oferta ordinaria y 10.363 en la de estabilización de empleo temporal.

En la ordinaria se incluyen las plazas de ingreso libre y las de promoción interna para la Administración General del Estado (AGE), el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.

En la oferta de estabilización se ofrecen 4.691 plazas en AGE y 5.945 para la Administración de Justicia.

La ministra ha puntualizado que a estas dos ofertas habrá que sumarle próximamente otras 18.149 plazas correspondientes al sector público empresarial y entes instrumentales.

Plazos para la estabilización de empleo temporal

Montero ha recordado que, con la aprobación de la oferta de empleo de estabilización, el Gobierno cumple el calendario establecido en la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, según el cual todas las Administraciones Públicas deben haberla autorizado antes del 1 junio de 2022: "Hoy lo hacemos nosotros y espero que en los próximos días lo hagan el resto de administraciones, comunidades autónomas y corporaciones locales".

Los procesos selectivos en el Estado se convocarán antes de diciembre de este año y tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2024.

Medidas de ahorro en la AGE y el sector público estatal

El Gobierno ha aprobado el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética previsto en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania.

Montero ha señalado que se han incluido en este Plan, dirigido a la Administración General del Estado (AGE) y a las entidades del sector público estatal, aquellas medidas que pueden tener un efecto de ahorro energético en el corto plazo.

Para la racionalización del uso de las instalaciones y de los edificios públicos se establecerán, por ejemplo, horarios de apagado y encendido de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático, y se controlarán las condiciones de temperatura de los locales. También se regulará el nivel luminoso del alumbrado exterior y se identificarán zonas susceptibles de albergar instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo.

Entre las medidas de carácter organizativo, Montero ha resaltado el refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia para reducir los desplazamientos y el consumo de energía en los centros de trabajo. Las subsecretarías de los diferentes ministerios determinarán los puestos de trabajo susceptibles de acogerse a esta modalidad, que podrá prestarse tres días a la semana, mientras que los otros dos días serán de trabajo presencial.

Todos los empleados públicos recibirán formación sobre el uso eficiente de la energía y la movilidad. En este sentido, se incentivará el uso del transporte público y de la bicicleta y se habilitarán aparcamientos seguros.

Proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas

El Ejecutivo ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, que "va a permitir dar un salto cualitativo en términos de calidad y eficacia de las políticas públicas", ha afirmado María Jesús Montero.

La ministra ha explicado que la nueva norma permitirá sistematizar en la administración pública la cultura de la evaluación continua, la implantación de indicadores que aseguren el uso eficiente de los recursos públicos, la consecución de los objetivos planteados y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual

Isabel Rodríguez y María Jesús Montero, durante la rueda de prensa | Foto: Pool Moncloa/César P Sendra

El Gobierno distribuirá entre las comunidades autónomas 46,2 millones de euros para que pongan en marcha centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual. El reparto se concretará en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que el objetivo es que exista un centro en cada provincia abierto las 24 horas del día y los 365 días del año para ofrecer atención psicológica y jurídica a las víctimas.

Respecto a la violencia de género, el Consejo de Ministros ha conocido el informe anual del Observatorio Estatal de Violencia en el que se recoge que quince mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, que el teléfono 016 ha atendido casi 70.000 llamadas y que más de 13.500 mujeres han solicitado órdenes de protección. Desde que existen estadísticas se han contabilizado 1.145 víctimas.

Rodríguez ha hecho un llamamiento a los poderes públicos, los medios de comunicación y la ciudadanía para "combatir sin paliativos" tanto las agresiones sexuales como la violencia de género.