Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C12 y C15). ACUERDO por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de microelectrónica y semiconductores.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica contra el lavado de activos (GAFILAT o GAFISUD) durante el año 2022, por importe de 130.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución a la Red Internacional de Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico correspondiente al año 2022, por importe de 8.000 euros.

Trabajo y Economía Social

• ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 15.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional nonagésima novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 15.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la organización del "Segundo Foro de Alto Nivel sobre Diálogo Social del Global Deal" en Madrid, en el ejercicio 2022, por importe de 61.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptadas en la 53.ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.

Defensa

• ACUERDO por el que se resuelve sobre la desclasificación y sobre la habilitación para declarar contenidas en el suplicatorio de 10 de mayo de 2022 y en su ampliación de 12 de mayo de 2022, del Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número 4, en las diligencias previas procedimiento abreviado 68/2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el sostenimiento de los bancos automáticos de mantenimiento (SAM) del Ministerio de Defensa, por un valor estimado de 32.295.751 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de repuestos de vehículos acorazados, de vehículos mecanizados, de vehículos de ruedas y de vehículos autopropulsados de artillería del Ejército de Tierra, por un valor estimado de 29.504.132,22 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de material de protección individual para apoyo exterior, por un importe de 3.315.462,90 euros.

Hacienda y Función Pública

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, R1). PROYECTO DE LEY de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.
• REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022.
• REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
• REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2022.
• REAL DECRETO por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2022.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.
• ACUERDO por el que se autoriza la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia correspondiente al año 2022.
• ACUERDO por el que se autoriza la oferta de empleo público de personal de administración y servicios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia correspondiente al año 2022, así como la oferta de empleo público de consolidación de empleo temporal prevista en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministros correspondientes al suministro, transporte y premontaje de aparatos de vía para la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla. Fase 2. (2 lotes). Lote 1: renovación de los aparatos de vía entre las estaciones de La Sagra y Majarabique. Fase 2. Lote 2: renovación de los aparatos de vía de la estación de Puertollano. Valor estimado del contrato: 34.890.767,34 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: GU-03. Guadalajara. Valor estimado del contrato: 13.969.700,25 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la ejecución de las obras necesarias de reconstrucción o restitución de infraestructuras de carreteras en la isla de La Palma, con motivo de la erupción volcánica de septiembre de 2021, por importe de 38.096.360 euros, subsanando la situación catastrófica producida, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los viaductos de O Castro, puntos kilométricos 430+000 a 430+585 de la Autovía A-6, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de León, por importe de 14.827.317,34 euros.

Educación y Formación Profesional

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C20, R1). REAL DECRETO por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del currículo, y el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
• ACUERDO por el que se autorizan diversas contribuciones voluntarias correspondientes a cuotas del ejercicio 2022, por un importe global de 52.990,05 euros.

Industria, Comercio y Turismo

• REAL DECRETO por el que se modifican los Estatutos generales de los Colegios de Agentes Comerciales de España y de su Consejo General, aprobados por Real Decreto 118/2005, de 4 de febrero.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo a efectuar convocatoria para la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030, por un importe de hasta 244.000.000 de euros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la primera Adenda al Convenio celebrado con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la constitución del Consorcio para el impulso de la construcción en España de la Infraestructura científico-técnica "International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source" (IFMIF - DONES).
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de las contribuciones voluntarias del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a la entidad Asociación de Residencias Reales Europeas, por importe de 22.000 euros.

Política Territorial

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Decreto-ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor.
• ACUERDO por el que no se autoriza al Ayuntamiento de Cuenca a realizar una consulta popular sobre la línea del tren convencional Aranjuez - Cuenca - Utiel.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Vilar de Canes (Castellón) a realizar una consulta popular sobre los aspectos urbanísticos y, en general, las actuaciones de competencia municipal necesarias para la aprobación del Plan Eólico "La Selleta".

Cultura y Deporte

• REAL DECRETO por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Torre de Señales del Aeródromo de Cuatro Vientos, en el término municipal de Madrid.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe correspondiente a las anualidades 2016, 2019 y 2022, por un importe de 240.000 dólares estadounidenses.

Sanidad

• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica a la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud correspondiente al periodo 2022-2023, por importe de 244.969 dólares estadounidenses.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al proyecto internacional de construcción del radiotelescopio Square Kilometre Array (SKA) correspondiente a 2022, por importe de 1.800.000 euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C17, I2). ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España, en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, al proyecto de construcción de los subreflectores de las antenas parabólicas de la Organización SKA, que se instalarán en la República de Sudáfrica, por importe de 700.000 euros, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Igualdad

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la ejecución de créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, por importe de 46.200.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del XIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

ACUERDOS DE PERSONAL

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear a D. PABLO MARTÍN GONZÁLEZ.

Derechos Sociales y Agenda 2030

• REAL DECRETO por el que se nombra directora del Gabinete de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 a Dª. SANDRA ESTELA ASTETE MUÑOZ.

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

APROBACIÓN DEL PERTE DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES

El Consejo de Ministros ha acordado la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España, desde una perspectiva integral, y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips recientemente propuesta por la Comisión Europea.

El PERTE Chip se desarrollará en torno a cuatro ejes estratégicos, abarcando toda la cadena de valor de la industria en distintas fases: concepción, diseño y producción de chips y dinamización de la industria electrónica y de tecnologías de la información y comunicación (TIC), para que actúe como generadora de demanda de los microchips producidos, e impulso al ecosistema emprendedor de semiconductores. Esta visión integral ejercerá un efecto multiplicador para el conjunto de la economía española.

Está previsto que este proyecto estratégico movilice una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027, financiado con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, y activará a su vez un importante volumen de inversión privada.

También desplegará mecanismos de colaboración público-privada para promover las inversiones necesarias y se desarrollará de forma coordinada entre las administraciones públicas, la industria, las universidades y los centros de investigación.

Potenciación de las fortalezas

La escasez de semiconductores a escala mundial desencadenada por los cuellos de botella en el suministro derivados de la pandemia ha puesto de manifiesto en Europa la necesidad de acelerar la autonomía en la fabricación de chips.

España está muy bien posicionada en diversos activos estratégicos: en el desarrollo de arquitecturas alternativas como RISC-V, donde el Centro Nacional de Supercomputación - Barcelona Supercomputing Center, es un centro de referencia internacional; en fotónica integrada, donde nuestro país es considerado a nivel mundial a través del papel que desempeñan las Universidades Politécnica de Valencia, Vigo y Madrid; en el ámbito del desarrollo de chips cuánticos, con el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como con el proyecto Quantum Spain, en el que participan 25 centros ubicados en 14 Comunidades Autónomas, como las universidades de Granada, Sevilla, Zaragoza, País Vasco o Islas Baleares, por señalar algunas.

Además, el crecimiento de la demanda de semiconductores en sectores tractores como la automoción (en el que España es el segundo productor de vehículos de la UE), la fabricación de máquinas herramientas (somos el tercer productor y exportador de UE y noveno del mundo) o los electrodomésticos, justifican las economías de escala necesarias para desarrollar estas actuaciones. Este incremento se acelerará en los próximos años y se sumarán otros ámbitos como las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, el transporte ferroviario, defensa y la construcción de infraestructuras.

Las medidas del PERTE

Con el objetivo de impulsar la capacitación, diseño y producción de la industria de semiconductores y microelectrónica en España, se pondrán en marcha once actuaciones en torno a cuatro ejes estratégicos, que engloban toda la cadena de valor para la producción de microchips:

Refuerzo de la capacidad científica. Con actuaciones para fortalecer la I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas y la fotónica integrada, desarrollar chips cuánticos y lanzar una línea de financiación para reforzar el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación. Se prevé una inversión de 1.165 millones de euros para el periodo 2022-2027.

Estrategia de diseño. Incluye actuaciones que potenciarán la capacidad española en el diseño de microprocesadores mediante la creación de: empresas fabless de diseño de microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas; líneas de pilotos de pruebas; red de capacitación en materia de semiconductores. Se destinarán 1.330 millones de euros para este eje.

Construcción de plantas de fabricación. Para dotar la capacidad de producción nacional de semiconductores en la fabricación de tecnología de vanguardia (por debajo de 5 nm) y de gama media (de más de 5 nm). La inversión pública presupuestada es de 9.350 millones de euros.

Dinamización de la industria de fabricación TIC. Contempla actuaciones como la creación de un fondo de capital centrado en los chips para financiar startups, scaleups y pymes innovadoras del sector de semiconductores nacional, con una dotación pública inicial de 200 millones de euros. También se dirige a fortalecer la producción interna de productos electrónicos -que utiliza los microchips como input- para que ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su producción. El presupuesto estimado asciende a 400 millones de euros.

Creación de un Comisionado Especial para la gobernanza del PERTE

Para asegurar la coordinación, efectividad y coherencia de las actuaciones, en las que participan varios departamentos (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entre otros) se ha articulado un sistema de gobernanza liderado por el Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores, de nueva creación.

Esta unidad, de perfil directivo y técnico, se encargará de impulsar y coordinar las acciones del PERTE. Entre sus funciones, destacan: establecer un contacto permanente con la industria nacional y extranjera; valorar la viabilidad de los proyectos, en coordinación con las comunidades autónomas y los municipios; o ayudar a constituir las iniciativas empresariales en el marco de la Ley Europea del Chips.

La gobernanza se completa con una comisión interministerial, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y un grupo de expertos del mundo científico, académico y empresarial de referencia.

El Comisionado estará dirigido por Jaime Martorell Suarez, experto en el sector de la Microelectrónica y de las Telecomunicaciones. Fue uno de los pioneros en Silicon Valley al fundar en 1983 la empresa de semiconductores Logic Devices. En 1987, volvió a España como director general de ATT Microelectrónica, en la fábrica de chips de Tres Cantos, en Madrid. Ha sido presidente de Motorola en España y Director General de ONO, sólo por mencionar algunos de los cargos que ha ocupado. Cuenta con una experiencia de más de 40 años en el lanzamiento y gestión de empresas tecnológicas a nivel internacional.

Hacia una mayor soberanía digital y autonomía estratégica de España y la UE

La puesta en marcha del PERTE de Microelectrónica y Semiconductores se produce como respuesta del Gobierno a la necesidad de incrementar la capacidad de producción de semiconductores con el objetivo de lograr autonomía estratégica en España y en la UE.

Dada la elevada demanda actual en la sociedad digital y la alta dependencia a un número limitado de actores localizados fuera de la UE, como se ha puesto de manifiesto en el complejo contexto geopolítico actual, la Comisión Europea publicó una Comunicación en la que se ha fijado el objetivo de lograr que la producción de semiconductores de vanguardia en la UE alcance el 20% de la producción mundial en 2030.

El pasado mes de febrero propuso la Ley de Europea de Chips, que establece el marco para alcanzar esa meta que contribuirá a incrementar la autonomía estratégica y la soberanía digital entre los 27 Estados Miembros.

En este contexto, con la puesta en marcha del PERTE Chip, el gobierno pretende situar a España como país de referencia a la vanguardia en la industria de semiconductores y avanzar posiciones en la investigación, diseño, fabricación y suministro de estos componentes clave.

ANEXO Inversiones públicas por actuaciones.

Trabajo y Economía Social

FINANCIACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE OFICINAS DEL SEPE

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal por importe de 15.000.000 euros. Este importe se ejecutará en el ejercicio de 2022.

El objeto de estas subvenciones será la realización de obras de renovación, adecuación y/o reparación total o parcial de las instalaciones, centros y dependencias de las oficinas de empleo ya existentes o de nueva planta.

Criterios de concesión de las subvenciones

Para distribuir el importe de la subvención, se tendrá en cuenta el número de puestos de trabajo del SEPE que se ubican en cada oficina, la superficie por empleado disponible en el local y el proyecto de las obras que se van a realizar en la oficina subvencionada.

Relación de oficinas subvencionables en el Plan 2022

Trabajo y Economía Social

FINANCIACIÓN PARA EL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE EXTREMADURA

El Consejo de Ministros ha aprobado autorizar la concesión de una subvención de 15.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo (PIE) de Extremadura tal y como recoge la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

El desempleo en Extremadura resultó muy afectado por el impacto de la pandemia COVID 19. Los fondos ahora aportados por el Estado se destinarán a la adopción de medidas encaminadas a reforzar las políticas de empleo de la comunidad autónoma, mediante el desarrollo de un Plan de Empleo, poniendo el foco fundamentalmente en los colectivos de desempleados especialmente vulnerables.

Además, teniendo en cuenta las propuestas trasladadas por los agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma, las Políticas Activas de Empleo se centrarán fundamentalmente en la recuperación del tejido productivo.

Las medidas concretas y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse durante 2023, se instrumentarán mediante un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Objetivos del PIE de Extremadura

Tal y como prescribe la Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial 2020-2025 de Extremadura, la dotación económica aprobada hoy permitirá adoptar medidas para impulsar un empleo estable y de calidad apostando por sectores estratégicos como la agroindustria, las energías renovables, el turismo, la logística y el comercio, y fomentar el emprendimiento y autoempleo. También establecer medidas eficaces que contribuyan a la conciliación laboral y familiar y reforzar los proyectos de economía social; prestar atención especial a actuaciones centradas en la atención a los parados de larga duración, a los jóvenes y a las mujeres; mejorar la calidad de los contratos laborales, propiciando la mejora en la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras; promover la innovación y la digitalización de las empresas y consolidar el Diálogo Social como eje central del diseño, planificación y ejecución de las Políticas de Empleo.

Trabajo y Economía Social

PROTECCIÓN FRENTE A LOS AGENTES CANCERÍGENOS EN EL ÁMBITO LABORAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite modificar el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

De esta manera, se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, trasponiendo el contenido de la Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE actualizando su anexo III, para añadir los nuevos agentes de la directiva junto con su correspondiente valor límite.

Nuevos agentes carcinógenos

Se incluye la mención de cinco agentes carcinógenos que cumplen los criterios para ser clasificados como tales:

Cadmio y sus compuestos inorgánicos, berilio y compuestos inorgánicos de estos elementos al que se asigna también una observación de «sensibilización cutánea y respiratoria», ácido arsénico y sus sales, así como compuestos inorgánicos del arsénico, formaldehído, también con referencia de "sensibilización cutánea" y 4,4′-metilenbis (2 cloroanilina) (MOCA) con observación «piel».

Con la modificación del real decreto aumentará el nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras ya que la implantación de valores límite para determinados agentes cancerígenos o mutágenos contribuye a reducir de manera significativa los riesgos derivados de estas exposiciones.

Los valores límite de estas exposiciones se establecen de acuerdo con los nuevos datos científicos conocidos. Asimismo, aportan mayores dosis de claridad y seguridad a los agentes económicos en la exigencia y cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Estas medidas se conciben como un componente fundamental en la de protección de las personas trabajadoras, sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones.

Establecer valores límite en el lugar de trabajo con carácter vinculante contribuye a una reducción significativa de los riesgos derivados de este tipo de exposición y avanza hacia los objetivos de protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras.

ANEXO: Valores límite

• Cadmio y sus compuestos inorgánicos. Se establece el siguiente valor límite de exposición diaria, medido en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas: 0,001 mg/m3. Se prevé un periodo transitorio hasta el 11 de julio de 2027, durante el cual se aplicará un valor límite de 0,002 mg/m3, como fracción respirable, que se aplica conjuntamente con un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina.
• Berilio y compuestos inorgánicos del berilio. Se establece el siguiente valor límite de exposición diaria, medido en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas: 0,0002 mg/m3; y se asigna una observación de «sensibilización cutánea y respiratoria».
• Ácido arsénico y sus sales, así como compuestos inorgánicos del arsénico. Se establece el siguiente valor límite de exposición diaria, medido en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas: 0,01 mg/m3.
• Formaldehído. Se establecen los valores límite de exposición diaria, medidos en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas, que a continuación se indican: 0,37 mg/m3 y 0,3 ppm. Asimismo, se establecen los valores límite de exposición de corta duración, en referencia a un período de quince minutos, que a continuación se indican: 0,74 mg/m3 y 0,6 ppm. Además, se asigna una observación de «sensibilización cutánea».
• 4,4′-metilenbis (2 cloroanilina) (MOCA). Se establece el siguiente valor límite de exposición diaria, medido en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas: 0,01 mg/m3, con observación «piel».

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLAN DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética, dirigido a la Administración General del Estado (AGE) y a las entidades del sector público estatal.

Este plan tiene como objetivos principales racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, así como el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos que redunden en ese ahorro energético, a la vez que garanticen la plena prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos.

El plan de medidas de ahorro energético es uno de los compromisos contemplados en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado en Consejo de Ministros el 29 de marzo. Este conflicto bélico ha hecho elevar el precio de los combustibles en Europa en niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética.

La AGE como ejemplo

Con este plan la Administración General del Estado asume un papel de liderazgo y ejemplaridad y afronta el reto de impulsar actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia en este ámbito en el sector público estatal en las actuales circunstancias.

De esta forma, otro de los objetivos es servir como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas para que se sumen a esta iniciativa, todo ello con la idea de obtener, en el corto plazo, un ahorro en la factura eléctrica, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país.

Principales medidas

Entre las principales medidas que contempla el plan, relativas a la racionalización en las instalaciones y uso de los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional, destacan las siguientes:

• Establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles.
• Mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles.

• Control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas.
• Impulso de la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo.
• Inclusión en los expedientes de contratación administrativa de cláusulas que establezcan como criterio de valoración la aplicación de medidas que impliquen un ahorro energético.
• Optimización del alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas.
• Seguimiento del uso de consumibles: papel, plásticos y otros materiales de oficina.

Medidas organizativas

En cuanto a las medidas que hacen referencia al fomento de fórmulas organizativas que deben adoptar los empleados públicos, garantizando plenamente la atención a la ciudadanía, el plan contempla, entre otras:

•Refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, garantizando siempre la prestación y calidad del servicio público.

De esta forma, cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un Plan de Trabajo que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello.

El Plan aprobado en Consejo de Ministros contempla, con carácter general, que aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia reconocidos podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos presencialmente.

Por razones organizativas debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia. Asimismo, con carácter excepcional, se podrán establecer otros sistemas de trabajo a distancia.

La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.

El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal.

Esta medida organizativa se aplicará independientemente del decreto que regulará de manera específica el teletrabajo, cuya elaboración se está ultimando y que el Gobierno espera aprobar en breve.

•Se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible.

Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos.

El Plan asimismo incluirá una serie de medidas de formación y sensibilización, que se concretarán, por ejemplo, en la impartición de cursos gratuitos a empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en el uso del automóvil, a través de la plataforma e-learning del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial entre ambos departamentos (Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), con el apoyo técnico del IDAE.

El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética se realizará por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado (SIGEE AGE). Todos los edificios e infraestructuras afectadas por este Plan deberán estar dadas de alta en esta plataforma.

Otras medidas

Este nuevo plan complementará y redundará en la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno en materia de eficiencia y ahorro energético. Así, desde 2021 la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes.

De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad.

En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley de cambio climático y transición energética, se está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado, con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes al Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la 'Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España' y el 'Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030'.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptadas en la 53ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptado en Washington el 19 de junio de 1970, es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). España se adhirió al PCT el 16 de agosto de 1989, entrando en vigor sus disposiciones para nuestro país el 16 de noviembre de ese mismo año.

El PCT es un importante eslabón para conseguir un Derecho internacional uniforme en materia de patentes. El tratado facilita la tramitación de las solicitudes de protección de invenciones cuando dicha protección es deseada en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el interesado.

El artículo 58 del PCT prevé un reglamento que regule las modalidades de ejecución del tratado y faculta a la Asamblea de la Unión Internacional del PCT, integrada por los Estados parte en el tratado, para modificar dicho reglamento sin necesidad -para su validez- de acto alguno de conformidad o ulterior aceptación interna por parte de los Estados Miembros.

Sobre la base de esa disposición, la Asamblea de la Unión Internacional del PCT, en su 53ª Sesión, celebrada en Ginebra del 4 al 8 de octubre 2021, adoptó las siguientes modificaciones al reglamento:

• Se modifican las reglas 5, 12, 13ter, 19 y 49, todas ellas relativas a la "Norma recomendada para la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos mediante el lenguaje extensible de marcado (XML)".
• Se modifica la regla 82 quater, que se refiere al fortalecimiento de las salvaguardias destinadas a los solicitantes y terceros en caso de perturbación generalizada (incluida una pandemia) que obstaculice el cumplimiento de los plazos previstos en el reglamento.

Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2022 directamente, en virtud del procedimiento previsto en el tratado.

Defensa

ADQUISICIÓN URGENTE DE MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA APOYO EXTERIOR

El Consejo de Ministros ha acordado la toma de razón de la declaración de emergencia para la adquisición de equipos de protección individual (uniformes, guantes y cubrebotas NBQ, cascos y chalecos antifragmentos-antibalas), destinados al Ejército de Tierra, por un importe de 3.315.462, 90 euros.

Esta adquisición urgente ha permitido reponer el material entregado por el Ejército de Tierra en el marco de la petición de asistencia técnica en apoyo de Ucrania, formulada a España el 25 de febrero de 2022 por el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta de Desastre.

La razón de la urgencia ha sido la necesidad de mantener los niveles que el Estado Mayor del Ejército tiene establecidos en relación a los stocks de equipos de protección individual, para garantizar su capacidad operativa, especialmente en el contexto de situación de crisis e incertidumbre internacional consecuencia del conflicto en Ucrania.

Defensa

ACUERDO MARCO ADQUIRIR REPUESTOS DE VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de repuestos de vehículos acorazados, vehículos mecanizados, vehículos de ruedas y vehículos autopropulsados de artillería del Ejército de Tierra, por un valor estimado de 29.504.132,22 €.

La duración del acuerdo marco será desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de prórroga de un año adicional.

La finalidad del acuerdo marco, que consta de seis lotes, es dar continuidad al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ejército de Tierra IVECO/PEGASO (Lote 1), RG-31 (Lote 2), BMR/VEC (Lote 3), carros de combate LEOPARDO (Lote 4), Obuses Autopropulsados ATP (Lote 5) y obuses LIGHT GUN (Lote 6).

El acuerdo incluye la adquisición de repuestos necesarios para garantizar la operatividad de estos vehículos, tanto en relación con las unidades en territorio nacional como de las destacadas en zona de operaciones, como por ejemplo, en Letonia, Líbano, Turquía y Mali.

Defensa

ACUERDO MARCO PARA LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE MANTENIMIENTO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el sostenimiento de los bancos o Sistemas Automáticos de Mantenimiento (SAM) para diversas unidades del Ministerio de Defensa, por un valor estimado de 32.295.751,00 €.

Los SAM son sistemas capaces de diagnosticar los equipos electrónicos, principalmente de aeronaves de las Fuerzas Armadas. Constan de un "'banco de pruebas" con diferentes instrumentos de prueba y medida que diagnostican el sistema hasta detectar y aislar el elemento en el que se encuentre el fallo.

Este sostenimiento comprende el conjunto de actividades logísticas necesarias para mantener y reparar los sistemas de armas complejos (especialmente equipos de comunicación y de guerra electrónica) y sus elementos asociados, de forma que se garantice su correcta operatividad y el mantenimiento y la actualización de sus capacidades a lo largo de su ciclo de vida.

El acuerdo marco en vigor finaliza el 13 de enero de 2023, por lo que resulta necesario celebrar uno nuevo que lo sustituya. Al igual que los anteriores, el presente Acuerdo marco se tramitará por el procedimiento negociado sin publicidad, en concreto con la empresa INDRA SISTEMAS S.A.

INDRA SISTEMAS S.A. es una empresa altamente reconocida en el sector nacional e internacional de la Defensa y, de forma particular, dentro del campo de los Sistemas Automáticos de Mantenimiento. Mantiene acuerdos de colaboración con firmas relevantes de ámbito internacional del sector, y no solo ha fabricado y desarrollado un gran número de modelos de los SAM (gran parte en base a acuerdos que posee con las empresas fabricantes), sino que también ha realizado durante los últimos 25 años el sostenimiento de los SAM para el Ministerio de Defensa. Por ello, se considera que INDRA es la única empresa capaz de prestar el servicio, debido a criterios de autoridad de diseño, propiedad intelectual y capacidad técnica.

El plazo de vigencia será de cuatro años, con posibilidad de prórroga de hasta un máximo de 2 años adicionales.

Hacienda y Función Pública

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2022 compuesta por un total de 44.787 plazas, cifra que supone el mayor refuerzo de la plantilla de la Administración General del Estado en toda su historia.

En esta oferta se suman las plazas de la OEP ordinaria y los puestos de la oferta de estabilización. Con esta última, la Administración General del Estado cumple con la ley para la reducción de la temporalidad, promovida por el Ejecutivo y aprobada a finales del año 2021 por el Congreso de los Diputados y que a su vez es un compromiso adquirido con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de una Oferta de Empleo Público ambiciosa, que responde a la apuesta del Gobierno por la prestación de unos servicios públicos de calidad, por la excelencia del Estado del Bienestar, por el empleo y por las personas.

También es una oferta acordada con los sindicatos en el seno de la Mesa General de Negociación que tuvo lugar este lunes. Es la primera vez desde 2018 en que los términos de la OEP se pactan con los representantes de las personas trabajadoras de la Administración General del Estado.

Oferta de Empleo Público ordinaria

La OEP de 2022 incluye, por tanto, por un lado, la Oferta de Empleo Público ordinaria para el ejercicio, que alcanza un total de 34.151 plazas, lo que supone un incremento del 12,17% con respecto a la OEP del año 2021, que había sido la oferta más amplia hasta la fecha con 30.445 nuevos puestos.

La de 2022 es una OEP ordinaria que, sumada a las cuatro anteriores efectuadas con Pedro Sánchez como presidente, suman un total de 143.869 nuevas plazas públicas. Se trata de una cifra un 126% superior a la de los gobiernos conservadores previos entre 2012 y 2017.

La oferta ordinaria para 2022 incluye 25.471 plazas para la Administración del Estado, de las que 15.880 son de ingreso libre y 9.591 plazas corresponden a la promoción interna.

A los puestos para la Administración del Estado hay que sumar que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponden 4.992 efectivos más en esta OEP, 4.342 de acceso libre y 650 de promoción interna.

La oferta para las Fuerzas Armadas se compone de 1.951 plazas, 842 de ingreso directo y 1.109 de promoción interna. También en este caso se supera la oferta de 2021, cuando ascendió a 1.920 puestos.

La Administración de Justicia, por su parte, crece en 1.732 plazas, cifra que supone un volumen de incorporaciones superior a la de 2021, cuando la oferta se componía de 1.468 nuevos puestos. Las plazas para 2022 se reparten entre las 940 de nuevo ingreso y las 792 de promoción interna. A ello hay que sumar las cinco nuevas plazas para el Consejo General del Poder Judicial.

En la Oferta de Empleo Público Ordinaria destaca la apuesta por la promoción interna, a la que corresponden 12.142 plazas, para aprovechar e incentivar el talento interno existente y para garantizar la carrera profesional de las empleadas y empleados públicos.

Con estos objetivos, además del elevado número de plazas de promoción interna, también se contemplan cambios en los procesos selectivos para evitar que las personas que se presenten por este turno tengan que ser examinadas de conocimientos que ya han acreditado.

Oferta de estabilización

A esta OEP ordinaria se suma la oferta de estabilización de 10.636 plazas, de las que 4.691 corresponden a la Administración del Estado y 5.945, a la Administración de Justicia. Con ello, el Gobierno cumple con el compromiso adquirido con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recogido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En virtud de esa norma, antes del 1 de junio todas las Administraciones Públicas tienen que publicar las ofertas de empleo derivadas de los procesos de estabilización de empleo temporal.

Esta Oferta de estabilización supone el tercer y definitivo proceso de estabilización y completa los previstos en 2017 y 2018, dando cumplimiento al Acuerdo de la Mesa General sobre el tercer Plan de Choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, de 5 de julio de 2021.

A estas dos ofertas, la ordinaria y la de estabilización, hay que añadir otras 18.149 plazas correspondientes a las tasas de reposición ordinaria y de estabilización ya aprobadas para las empresas y entidades del sector público institucional estatal tras el proceso de coordinación y seguimiento iniciado el pasado 23 de febrero.

Prioridades políticas y criterios de elaboración

En la Oferta de Empleo Público de 2022 se pueden leer las prioridades políticas del Gobierno. De esta manera, el 61,05% del empleo público se destina a tres de las políticas más relevantes del Ejecutivo, que son: cohesión social y servicios a la ciudadanía, actuaciones a las que va el 27,53% de la OEP; economía verde y sostenible, con un 18,95% del total de nuevas plazas; y transformación digital e innovación, con un 14,57% de los puestos.

Además, en la Oferta de Empleo de este año se incluyen 3.267 plazas STEM (ciencia, tecnológica, ingeniería y matemáticas), cifra que supone casi el 20% de la oferta de libre acceso. Este volumen de puestos implica, asimismo, un incremento del 3% sobre el del año 2021 para este tipo de plazas.

Para elaborar la OEP de este año, se ha efectuado el estudio de las bajas registradas en el ejercicio anterior, se han identificado las necesidades ciudadanas y su previsible evolución y se han considerado también las políticas prioritarias del Gobierno y las necesidades de personas ligadas a éstas, así como los nuevos requerimientos de personal derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, se han evaluado las necesidades de personal presentadas por los diferentes departamentos ministeriales.

También se ha realizado un estudio de la evolución de las cinco últimas OEP, su grado de ejecución y la cantera de personas opositoras existentes por cada cuerpo, escala o categoría profesional. Además, se han analizado las plazas cubiertas por personal interino en cada departamento ministerial por cuerpo, escala o categoría profesional. Y, por último, se ha realizado una previsión de nuevos servicios amparados en nuevas normas aprobadas.

La OEP se ha efectuado siguiendo los criterios establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que marca una tasa de reposición general del 110%, del 120% para los servicios considerados esenciales y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Seguridad Social

La Ley de Presupuestos Generales del Estado presenta también una serie de reglas de flexibilización de la tasa de reposición que han ampliado los supuestos que no computan en dicha tasa, como por ejemplo las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios amparados en normas con rango legal.

Ello permite el refuerzo de la plantilla de la Seguridad Social con 1.150 plazas para hacer frente a sus necesidades estructurales y garantizar la prestación de nuevos servicios a la ciudadanía, como la gestión y control del Ingreso Mínimo Vital o de los nuevos ERTES establecidos en la reforma laboral.

El Gobierno también apuesta por la protección de los derechos laborales. Con esta finalidad, la Oferta de Empleo Público de este año duplica el número de plazas para Inspectores de Trabajo y Seguridad Social con respecto al año pasado.

La OEP de la Agencia Tributaria, por su parte, ha pasado de 1.412 plazas en 2021 a 1.836 en 2022, lo que supone un incremento del 30%, por el hincapié que hace el Gobierno en la lucha contra el fraude y en la preservación de la justicia fiscal para el mantenimiento de los servicios públicos.

Reforma en los procesos selectivos

El Real Decreto de OEP para el año 2022 introduce novedades también en materia de selección, derivadas del documento de Orientaciones para el cambio en materia de selección, presentado oficialmente en mayo de 2021 y que es fruto de las aportaciones de los sectores más representativos del empleo público (todas las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y las personas que preparan oposiciones). También se incluyen las previsiones contenidas en el Plan Ejecutivo 2022-2024 en el que se concretan las medidas para modernizar y agilizar los procesos selectivos, profesionalizar los órganos de selección y democratizar el acceso al empleo público.

Esas reformas contemplan diferentes medidas para modernizar y agilizar los procesos selectivos en la Administración General del Estado, profesionalizar los órganos de selección y consolidar un modelo de planificación estratégica de recursos humanos.

Algunas reformas que se contienen en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público son: las convocatorias posibilitarán la realización de pruebas selectivas coincidentes en el tiempo; los órganos de selección deberán contar con un número de personas que permita la existencia de varios tribunales para un mismo proceso selectivo; en los procesos de promoción interna se eximirá la realización de pruebas cuyo conocimiento se haya acreditado previamente y se fomentará la realización de ejercicios prácticos y de respuesta breve o alternativa.

Destacan, asimismo, medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, entre las que destacan la elaboración y puesta a disposición de manera gratuita de materiales de ayuda a la preparación de oposiciones, como los códigos normativos elaborados por el Boletín Oficial del Estado; la elaboración de un estudio de ayudas económicas para la preparación de oposiciones; y la descentralización de los procesos selectivos en todo el territorio para evitar que las personas opositoras tengan que desplazarse a Madrid para examinarse.

Todas estas acciones se enmarcan en el Plan de Captación de Talento de la Administración General del Estado, con el que se persigue la incorporación de nuevo personal al empleo público para abordar los grandes retos que abordan las Administraciones en los próximos años, tales como el envejecimiento de las plantillas, la falta de efectivos y la revolución tecnológica y digital.

En aras de la agilidad y la eficiencia, se acumularán todas las OEP 2020 y 2021 aún no convocadas a las convocatorias de la OEP 2022, que tendrán que llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2022.

Oferta de empleo público para la UNED

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes los Acuerdos que autorizan la oferta de empleo público de personal docente e investigador, así como de administración y servicios, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia correspondiente al año 2022.

De esta manera, la tasa de reposición de personal docente e investigador se ha fijado en 75 plazas, que se convocarán a concurso en las figuras de Profesor Titular de Universidad (29 plazas), para su cobertura por el procedimiento de promoción interna, y Profesor Contratado Doctor (46 plazas).

En cuanto al personal de administración y servicios de la UNED, la tasa de reposición se ha fijado en 50 plazas. De ellas 35 corresponden al personal de administración y servicios funcionario; y 15 al personal de administración y servicios laboral.

Hacienda y Función Pública

PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, una norma con la que se pretende promover una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas adoptadas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.

Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 19 de abril, ha pasado todos los trámites de audiencia pública y ahora será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

La pretensión del Gobierno con este proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado es reforzar el valor de las evaluaciones de políticas públicas, avanzando en el proceso de institucionalización del análisis de tales políticas, promoviendo una verdadera cultura de la evaluación en la administración y sistematizando las evaluaciones 'ex ante' de las políticas públicas.

La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo en las evaluaciones de políticas públicas y se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía, con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto. Todo ello, con el objetivo de mejorar la formulación de las políticas públicas, así como su implementación.

Con esta ley se pretende implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, dotándola de estabilidad, calidad en su desempeño y universalidad en su ejercicio.

De esta forma, se cumple con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea de avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas y de dotar a España de un marco normativo que regule la materia.

La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas.

La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía. En este sentido, no se parte de cero, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la revisión del gasto público. Sin embargo, con la nueva norma se trata de ampliar esta evaluación con un enfoque más transversal.

Novedades de la ley

La ley contempla una serie de elementos novedosos que conforman un mecanismo estable de planificación para toda la Administración General del Estado:

-Se diseñará un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento, aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.

-La evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.

-Se pretende reforzar la evaluación 'ex ante', previo a la aprobación de las políticas públicas.

-Se emplearán los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.

-Se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.

-Se establecen dos tipos de instrumentos para llevar a cabo la evaluación de políticas:

• Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal y que será aprobado por el Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.
• Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio. Tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación 'ex ante' y 'ex post' de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar un análisis intermedio en las políticas que duren cuatro años o más. Este Plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.

-La nueva norma contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.

Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública: un servicio web común para todos los Departamentos para hacer el seguimiento de los indicadores de los proyectos; y un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio de datos, así como de transparencia.

-Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado.

-Se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán a la cultura evaluadora.

Objetivos finales

De esta forma, con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales.

Se pretende asimismo que la evaluación de las políticas públicas permita el control de responsabilidades y la rendición de cuentas; y contribuya a mejorar la situación de los retos de la sociedad, tales como la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, entre otros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO VASCO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Vasco, con el objetivo de actualizarlo y adaptarlo a las últimas modificaciones incorporadas en el Concierto, introduciendo mejoras de carácter técnico, organizativo y procedimental en el funcionamiento de la Junta Arbitral.

El vigente Concierto Económico con el País Vasco prevé la existencia de una Junta Arbitral, que tiene por objeto resolver los conflictos entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre estas últimas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados.

Esta Junta también tiene competencia para resolver las discrepancias que puedan generarse en cuanto a la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido; y en cuanto a la interpretación y aplicación del Concierto a casos concretos o respecto a la domiciliación de contribuyentes.

La Junta Arbitral, cuyos miembros son designados en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE), vio aprobado su Reglamento en 2007. Posteriormente, dicho Reglamento ha sido objeto de una única modificación, en mayo de 2014.

El 29 de julio de 2021, las administraciones representadas en la Comisión Mixta del Concierto Económico aprobaron una actualización sobre determinados aspectos del Reglamento.

Modificaciones y actualizaciones

De esta forma, este Real Decreto incorpora esas modificaciones del texto reglamentario pactadas en el seno de la Comisión Mixta, entre las que destacan las siguientes:

- Se adapta la regulación de las funciones de la Junta Arbitral a lo previsto en el nuevo artículo 47.ter del Concierto, introducido por la ley 10/2017, de 28 de diciembre. En dicho artículo se establece un nuevo procedimiento para la coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras entre administraciones en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas y en supuestos de regularización de impuestos indirectos. Se prevé la intervención de la Junta Arbitral en caso de desacuerdo entre Administraciones.

- Se introducen modificaciones en la regulación del procedimiento para el inicio de los conflictos que se plantean entre administraciones, con el objeto de garantizar una mayor seguridad jurídica en los trámites que implican la ratificación de la competencia o el rechazo de la misma, así como en los supuestos de planteamiento automático de conflicto negativo.

- Se modifica la regulación del procedimiento a seguir para el planteamiento de conflictos en los supuestos de falta de acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, para adaptarlo a la normativa vigente

- Se incorpora un nuevo capítulo V, que regula los procedimientos especiales previstos en el artículo 68 del Concierto, introducido por la ley 10/2017, de 28 de diciembre.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA REABRIR LA CARRETERA SEPULTADA POR EL VOLCÁN DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha acordado la toma de razón de la declaración de emergencia que se formuló por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el pasado 22 de marzo, que tiene el objetivo de restablecer la conexión viaria en la vertiente occidental de la isla de La Palma, afectada por la erupción volcánica de 2021.

La inversión se estima en el entorno de 38 millones de euros e incluye aproximadamente 9,3 millones de euros previstos en concepto de expropiaciones.

Esta nueva vía que se ejecuta atravesará las coladas volcánicas expulsadas por el volcán, en concreto, se procede a la restitución de forma provisional de la carretera LP-213.

Adicionalmente, se prevé acondicionar un tramo de carretera no afectada por el volcán entre Tazacorte y Los Llanos de Aridane, para conectar los nodos de la red de carreteras actual que permitan absorber y distribuir el tráfico que ahora se desplaza a la franja Oeste de la zona afectada y así la funcionalidad de la obra de emergencia sea completa.

Esta actuación ha sido acordada en el marco del grupo de trabajo establecido Dirección General de Carreteras de Mitma, la Dirección General de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de La Palma y los Ayuntamientos afectados, así como la propia Delegación del Gobierno en Canarias.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Guadalajara.

Dicho contrato tiene un valor estimado de 14 millones de euros y una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años.

Este contrato se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Minsterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), y permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector indicado es el nº 3, que incluye las siguientes carreteras:

•N-211, del p.k. 0,720 al p.k. 91,550 (Límite Provincial con Teruel).

•N-211A, del p.k. 3,730 al p.k. 4,250.

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.

A continuación, se muestran algunas imágenes del sector:

Educación y Formación Profesional

NUEVO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRONES

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un nuevo curso de especialización en Aeronaves pilotadas de forma remonta-Drones. Hasta la fecha, el Gobierno ha puesto en marcha 19 cursos de especialización y 10 nuevos títulos dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando desde 2020.

Este curso de Formación Profesional de grado superior y 500 horas de duración, prepara para la construcción y mantenimiento de aeronaves pilotadas de forma remota, siguiendo las características de diseño y adaptación al sector donde se vayan a prestar estos servicios.

La formación aprobada está destinada a personas que ya poseen una titulación superior en Formación Profesional y que apuestan por una mayor especialización. Está orientada a perfiles laborales relacionados con la programación de la producción en fabricación mecánica, desarrollo de proyectos en instalaciones térmicas y de fluidos, automoción, administración de sistemas informáticos en red, diseño de fabricación mecánica o energías renovables, entre otros.

El diseño de este nuevo curso de especialización responde a la necesidad de contar con perfiles profesionales altamente cualificados en esta tecnología dentro del sector emergente de la aeronáutica. Este perfil es exportable a otras áreas, tales como la agricultura de precisión, la construcción o el mantenimiento de infraestructuras. Cabe destacar que, en todos ellos, la utilización de aeronaves no tripuladas o drones ha facilitado el desempeño de determinadas funciones, permitiendo la mejora de la productividad y minimizando costes.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional sigue inmerso en la elaboración de nueva oferta formativa de Formación Profesional, especialmente la vinculada a la digitalización y a las nuevas tecnologías. Para ello, cuenta con la colaboración de profesionales de empresas punteras de los sectores productivos implicados.

Nuevos cursos de especialización

1. Cultivos Celulares
2. Autodescripción y subtitulación
3. Fabricación Inteligente
4. Ciberseguridad en entornos de tecnologías de la operación
5. Ciberseguridad en entornos de tecnologías de la información
6. Digitalización de mantenimiento industrial
7. Panadería y bollería artesanales
8. Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias
9. Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario
10. Videojuegos y realidad virtual
11. Implementación de redes 5G
12. Modelado de la información de la construcción (BIM)
13. Inteligencia artificial y Big Data
14. Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
15. Fabricación aditiva
16. Materiales compuestos en la industria aeroespacial
17. Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos
18. Instalación y mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet
19. Aeronaves pilotadas de forma remonta-Drones
    

Industria, Comercio y Turismo

AYUDAS PARA LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

El Consejo de Ministros ha autorizado dedicar 244 millones de euros para apoyar a la industria electrointensiva a través de la concesión de subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes a la convocatoria de 2022. Este año se han incrementado las ayudas un 36% respecto al año pasado, alcanzando el nivel máximo autorizado por la Comisión Europea. En 2021 el Gobierno adjudicó 179 millones de euros por este concepto, de los que se beneficiaron 170 empresas.

Estas ayudas promueven el compromiso con los sectores industriales electrointensivos y permiten mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo. La incertidumbre provocada por la guerra está generando tensiones en las cadenas de valor a nivel mundial y un encarecimiento de los precios energéticos que están afectando a la industria. Para garantizar su competitividad se ha aprobado un paquete de medidas de apoyo a los sectores industriales afectados para garantizar un precio de energía competitivo por un importe cercano a los 500 millones de euros.

La Comisión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Estas ayudas vienen a complementar un paquete de apoyo energético a la gran industria, como la compensación de los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. El importe máximo autorizado es de 73,6 millones de euros.

También se aprobó hace unas semanas ayudas directas a empresas gasintensivas, por un valor de 125 millones de euros. Y la aplicación de un mecanismo de reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad. Esta medida tiene un coste de 225 millones de euros.

En total, 488 millones de euros destinados a mejorar la competitividad de los sectores industriales de gran consumo energético.

Industria, Comercio y Turismo

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LOS COLEGIOS DE AGENTES COMERCIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican los Estatutos Generales de los Colegios de Agentes Comerciales de España y de su Consejo General, aprobados por Real Decreto 118/2005, de 4 de febrero.

Desde 2005, se han producido multitud de cambios en las estructuras ministeriales. Se hace necesario actualizar la mención al órgano, a través del cual se realiza la actividad de impulso y apoyo a las asociaciones profesionales de Agentes Comerciales, que justifica su intervención en la obtención del título de Agente Comercial.

En concreto, el RD 998/2018, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), hace depender de la Secretaría de Estado de Comercio, a través de la Subdirección General de Estrategia de Internacionalización, las relaciones con las asociaciones profesionales de Agentes Comerciales y el impulso a su actividad.

Es necesario actualizar el art. 3 de los Estatutos Generales de los Colegios de Agentes Comerciales, que versa sobre el procedimiento de expedición del título de Agente Comercial, para adaptar dicho procedimiento a los cambios antes citados.

El párrafo segundo del artículo 3.2 de los Estatutos generales de los Colegios de Agentes Comerciales de España y de su Consejo General, queda modificado de la siguiente manera:

"Cumplidos los requisitos anteriores, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política Comercial, y a propuesta del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, expedirá el título de Agente Comercial que se exige para la colegiación."

Se modifica:

"Cumplidos los requisitos anteriores, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, y a propuesta del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, expedirá el título de Agente Comercial que se exige para la colegiación".

Política Territorial

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA NORMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MENOR

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto Ley 5/2021, de 27 de agosto, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

El Gobierno adopta esta decisión porque considera que, lejos de reforzar la protección del Mar Menor, la norma autonómica reduce y limita dicha protección. La razón radica en que la norma de la Región de Murcia condiciona la restitución de las explotaciones de regadío ilegales a su estado natural a que exista una actuación administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Segura de prohibición y sanción.

Justificación del recurso

El Gobierno considera que la normativa autonómica no solo dificulta la restitución de terrenos ilegales al exigir una actuación concreta del Estado, sino que también hace dejación de sus responsabilidades y competencias en los ámbitos agrario y ambiental, pues desiste injustificadamente de actuar de oficio en muchos otros supuestos de ilegalidad en los que las explotaciones se asientan en suelos forestales, de secano o protegidos, entre otros motivos.

El ejemplo más claro lo ofrece la propia ley (art. 33.5, no impugnado): Si hay una explotación de regadío que es ilegal por tener la condición de monte, la Ley establece que la Comunidad es la competente para ordenar la restitución del cultivo a su estado anterior. Sin embargo, para hacer efectiva esa restitución se exige (artículo 33.1, impugnado) una actuación previa de la Administración del Estado (Resolución de la Confederación Hidrográfica), cuando las competencias involucradas son únicamente autonómicas y nada tienen que ver con el Estado.

En definitiva, el diseño que realiza la normativa murciana y que impugna el Estado dificulta, reduce y dilata los procesos autonómicos de restitución de los terrenos a su estado natural y, en consecuencia, no actúa con la suficiente diligencia contra las explotaciones ilegales, con el consiguiente impacto negativo sobre el Mar Menor.

Atendiendo a la necesidad de que cada Administración ejerza eficazmente sus competencias, siempre de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, en una situación de crisis ambiental que puede aún agravarse, el Gobierno adopta la determinación de presentar este recurso para asegurar y blindar la protección del Mar Menor, dejando en manos del Tribunal Constitucional la valoración sobre la inconstitucionalidad de la norma y los términos en que deben interpretarse las cuestiones objeto de la discrepancia.

El Gobierno, sin embargo, además de sus decisiones en relación con el Mar Menor, mantendrá abierto el diálogo y la cooperación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en esta cuestión y en el resto de actuaciones para su protección ambiental.

Política Territorial

DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA POPULAR EN CUENCA SOBRE LÍNEA DE TREN ARANJUEZ-CUENCA-UTIEL

El Gobierno ha acordado no autorizar una consulta popular del Ayuntamiento de Cuenca, porque no se trata de un asunto de competencia propia municipal y excede del ámbito local, no cumpliéndose por tanto los requisitos del artículo 71 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La pregunta planteada es la siguiente: ¿Quiere usted que se mantenga la línea del tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel o quiere que la línea del tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel se sustituya por un plan de movilidad por carretera, aumento de trenes avant y avlo y eliminación de la barrera ferroviaria en nuestra ciudad?

Al objeto de determinar el cumplimiento de la citada Ley de Bases del Régimen Local, se solicitaron informes a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial.

Todos los informes son desfavorables y concluyen que no procede la autorización de la citada consulta popular.

Política Territorial

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE VILAR DE CANES (CASTELLÓN) PARA CELEBRACIÓN DE CONSULTA POPULAR SOBRE URBANISMO Y PLAN EÓLICO

El Consejo de Ministros ha autorizado una consulta popular en el Ayuntamiento de Vilar de Canes (Castellón) sobre urbanismo y actuaciones de competencia municipal.

La pregunta de la consulta, es la siguiente: "¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento se pronuncie favorablemente en los aspectos urbanísticos y, en general, en las actuaciones de competencia municipal necesarias para la aprobación del Plan Eólico "La Selleta"?".

Para determinar si se cumplen los requisitos del artículo 71 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, se solicitaron informes a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, a la Comunitat Valenciana y a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, siendo todos favorables, al tratarse de un asunto de competencia propia municipal, de carácter local, de especial relevancia para los vecinos y no ser relativo a la Hacienda Local, concluyendo que procede autorizar la citada consulta popular.

Cultura y Deporte

DECLARACIÓN DE LA TORRE DE SEÑALES DE CUATRO VIENTOS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de la Torre de Señales del Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. La edificación de principios del siglo XX obtiene así el grado máximo de protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español.

El expediente de declaración, iniciado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, a instancias del Ministerio de Defensa, e incoado el 16 de diciembre de 2021, pone de manifiesto que la Torre de Señales del aeródromo de Cuatro Vientos constituye un bien integrante del patrimonio histórico español, de interés histórico y científico (artículo 1.2 de la Ley de PHE 16/1985, de 25 de junio), valores culturales suficientes para su declaración como BIC.

La antigua Torre de Señales del aeródromo de Cuatro Vientos es una edificación de principios del siglo XX (1919 y 1920) que adopta la forma de un faro marítimo, cuya imagen se proyecta al carecerse de otra referencia de torres de control en la época, radicando así su importancia en ser la primera Torre de Señales de España y una de las primeras del mundo, siendo incluso anterior a la londinense del aeródromo de Croydon (1920). La Torre se encuentra ubicada en el aeródromo militar de la base de Cuatro Vientos del Ejército del Aire, de titularidad estatal y adscrita al Ministerio de Defensa.

La edificación tiene un valor excepcional por ser una obra testigo de la historia de la aviación militar en España, destacando también el papel jugado por el propio aeródromo en el plano político, militar y de las comunicaciones nacionales e internacionales.

Historia del monumento

La Torre de Señales del aeródromo de Cuatro Vientos, denominada también como Torre de Mando y Torre de Control por las funciones desempeñadas, se alza como una edificación testigo de un momento histórico de gran auge de la aeronáutica española, suponiendo también un homenaje a una era de avances tecnológicos y constituyéndose como un reconocimiento a científicos e ingenieros, estando también íntimamente ligada a las escuelas de pilotos, de observadores de aeroplanos y de mecánicos.

El 11 de enero de 1911 se seleccionó una franja de terreno de 200 metros de largo en el páramo conocido como "A los Cuatro Vientos" para la construcción del primer Aeródromo Militar de España. Ese mismo año, en el mes de marzo, se realizaría el primer vuelo oficial y se iniciarían las clases de la primera promoción de pilotos de aeroplano.

A fin de cumplir con las pruebas de la Federación de Aviación Internacional y tener un punto de referencia y observación para el desarrollo de las mismas, se decide edificar una estructura elevada que finalmente adopta la forma de un faro marino. Esta estructura se presenta como el "Proyecto de Torre de Señales en el Aeródromo de Cuatro Vientos".

Los primeros testimonios gráficos de su construcción se datan en 1919, siendo su finalización en 1920. Sobre los planos originales del proyecto se produjeron modificaciones en base a las necesidades operacionales de cada época. Dicho proyecto se debe al comandante de Ingenieros Leopoldo Jiménez García, siendo la obra ejecutada por Enrique Sierra.

Desde el punto de vista técnico, la construcción de la torre resultó innovadora debido al empleo de hormigón armado pues éste no se había desarrollado en España hasta principios del siglo XX garantizando una vida larga a la edificación.

La Torre de Señales perdió sus últimas funcionalidades en 1982 al registrarse el tráfico civil por la nueva torre del aeropuerto y entrar en servicio la línea de teletipos.

Sanidad

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Consejo de Ministros ha aprobado la autorización para que el Ministerio de Sanidad pueda efectuar el abono de una contribución voluntaria a la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT de la OMS), correspondiente al período 2022-2023, por un importe de 244.969 dólares estadounidenses (contravalor aproximado en euros: 221.091,16 - según Resolución de 11 de marzo de 2022, del Banco de España).

La contribución es por importe idéntico a la que se viene pagando en períodos anteriores.

Igualdad

DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN A LAS AUTONOMÍAS PARA LA CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

El Consejo de Ministro ha aprobado un acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución territorial y la distribución resultante para la ejecución de los créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual por importe de 46.200.000 euros, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La inversión consiste en la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Se implantará al menos uno en cada provincia. En España hay 52 provincias y únicamente dos provincias cuentan actualmente con este tipo de centro: el primero fue implementado en Madrid en 2019; el segundo, en Asturias en 2020.

Estos centros de crisis ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año. Cumpliendo con criterios de atención permanente y actuación urgente, los centros facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, mediante personal suficiente y cualificado.

Además, la entrada en funcionamiento del centro de crisis 24 horas tendrá que estar precedida de la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación de las personas profesionales que integran el centro y de estas con los demás profesionales implicados (por ejemplo, personal sanitario).

El importe total de esta inversión es de 66.000.000 euros y será ejecutada, por razón de competencias, por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. En 2021 se repartieron el 30% de los fondos a las Comunidades y Ciudades con Estatuto de Autonomía (19.800.000 euros). En 2022, 46.200.000 euros con la autorización mediante acuerdo del Consejo de Ministros para someter a la Conferencia Sectorial de Igualdad los criterios de distribución y la distribución resultante del 70% de los fondos.

En 2023, se podrán en condiciones de funcionamiento del servicio en todas las provincias y ciudades autónomas.

La presente distribución territorial de créditos permitirá extender y hacer accesible los centros de atención integral a las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Dicho objetivo se encuadra en la medida prevista en la inversión nº 4 del Componente 22 (C22.I04) "Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión" del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

La consecución del objetivo se cuantificará por los indicadores de medición establecidos y que quedan asociados al reparto de fondos, siendo de obligatorio cumplimiento el suministro de la información de seguimiento que establezca la Administración General del Estado, tanto de ejecución de gasto como de consecución de objetivos y el logro de los indicadores en las cuantías asignadas de manera individualizada cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía.

El cumplimiento del objetivo definido (la implementación de los centros a 31 de diciembre de 2023) es obligatorio para que la Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía pueda retener finalmente los fondos transferidos.

BIOGRAFÍAS

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear

D. PABLO MARTÍN GONZÁLEZ.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada en el año 1996, es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha estado destinado en los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Ciencia e Innovación, de Ciencia, Innovación y Universidades, de Educación, Cultura y Deporte, del Interior de Sanidad Política Social e Igualdad, de Sanidad y Política Social, de Sanidad y Consumo, de Cultura, y de Agricultura, Pesca y Alimentación ocupando distintas responsabilidades.

En la actualidad es vocal asesor del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.

Desde enero de 2020 hasta marzo de 2022, fue subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, fue vocal del Comité de Seguimiento y Control del Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Previamente, desde el 18 de junio de 2018 hasta enero de 2020 fue subsecretario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Igualmente, ha sido vicepresidente del Patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y patrono de la Fundación de la Residencia de Estudiantes y del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

Entre enero de 2015 y junio de 2018 ostentó el cargo de director del Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De octubre a diciembre de 2014 fue director del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, adscrito al mismo Ministerio.

Anteriormente fue director del Gabinete Técnico del Subsecretario del Interior y director de los Gabinetes Técnicos de los Subsecretarios de Sanidad y Consumo, de Sanidad y Política Social, y de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En el Ministerio de Sanidad y Consumo fue secretario de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, y secretario general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y posee las Cruces de la Orden Civil de Sanidad y la del Mérito Policial, y la Insignia de Oficial de las Palmas Académicas de la República Francesa.

Derechos Sociales y Agenda 2030

Directora del Gabinete de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030

Dª. SANDRA ESTELA ASTETE MUÑOZ.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Lima, máster en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, y Especialista en Derechos Humanos y diplomada en Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos, la incidencia política y la promoción de políticas públicas en el ámbito del desarrollo sostenible y la cooperación internacional en instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones y redes sociales de Perú, Costa Rica y España.

Entre 2014 y 2020 desempeñó el cargo de especialista en políticas de infancia y responsable de la Agenda 2030 en UNICEF Comité Español; y de enero de 2020 a mayo de 2022 ocupó el cargo de directora de Gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.

Autora y coautora de múltiples informes sobre la implantación de la Agenda 2030 por parte de España y una decena de artículos sobre desarrollo sostenible, cambio climático y cooperación para el desarrollo. Además, desde 2009 ha llevado a cabo tareas de docencia en posgrados y cursos universitarios sobre igualdad de género, derechos humanos y Agenda 2030 en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, así como en otras instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) o la Escuela Diplomática, entre otros.