El Gobierno impulsa la lengua como factor de modernización y desarrollo económico

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) "Nueva Economía de la Lengua", que busca movilizar las inversiones públicas y privadas para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de transformación digital a escala mundial. El español es la segunda lengua materna por número de hablantes en el mundo -casi 600 millones- y la tercera más usada en Internet.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha afirmado que el valor económico, cultural y social de la lengua -"nuestro principal activo inmaterial"- y la disponibilidad histórica de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia suponen una oportunidad extraordinaria para modernizar la economía, fomentar la internacionalización de las empresas y reforzar la "marca país" y la posición de España como puente en Europa y América Latina.

El PERTE cuenta con una inversión pública de 1.100 millones de euros y aspira a movilizar otros 1.000 millones a través de la colaboración público-privada, que se articulará por medio de una Alianza para la Nueva Economía de la Lengua. Este instrumento de gobernanza estará presidido por la propia vicepresidenta Nadia Calviño y contará con una Comisionada Especial para impulsar el despliegue del PERTE, Cristina Gallach. Asimismo, se crearán un Consejo Consultivo con la participación de personalidades e instituciones relevantes vinculadas a la promoción de la lengua y su digitalización y un Foro de la Alianza para realizar actividades de encuentro y divulgación.

Inteligencia artificial, ciencia, aprendizaje e industria cultural

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa vicepresidenta ha explicado que diversos estudios estiman que hasta un 15% del PIB de un país se relaciona con la lengua y que el tratamiento de la lengua está siendo clave para el sector tecnológico de la digitalización y la inteligencia artificial, "que es cada vez más potente e influyente".

Por ello el eje transversal del PERTE se dedica a la formación de una base de conocimiento en español y lenguas cooficiales, una tarea que la vicepresidenta ha definido como la creación de "la materia prima en español para que funcionen las herramientas de la inteligencia artificial" y se pueda conseguir "una inteligencia artificial que piense en español, que nos entienda".

Existen además otros cuatro ejes estratégicos complementarios: Inteligencia artificial en español; Ciencia en español; Aprendizaje del español y en español en el mundo, e Industrias culturales. En ellos se agrupan catorce proyectos tractores.

Los dos primeros ejes contienen, entre otros proyectos, la puesta en marcha del Observatorio del Español, el impulso al Plan Nacional de Tecnología del Lenguaje, la creación de una red de excelencia en inteligencia artificial y un programa de lenguas accesibles para dar herramientas digitales en español a las personas con discapacidad o diversidad funcional.

En el eje sobre aprendizaje figuran la creación de una plataforma tecnológica única y segura para el aprendizaje y la certificación del español como lengua extranjera, la digitalización del Instituto Cervantes o la acción exterior educativa en español a través de centros docentes propios y en el marco de sistemas extranjeros. La vicepresidenta ha subrayado la importancia del sector educativo y de enseñanza del español al recordar que solamente las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares ya admiten cada año a 900.000 estudiantes extranjeros.

En Industrias Culturales se han incluido proyectos para la mejora funcional de la producción audiovisual y del sector de los videojuegos y la digitalización de contenidos y fondos documentales de museos y patrimonio.

Movilidad sostenible

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo adecuar las políticas de transporte y movilidad a las necesidades de los ciudadanos, a la protección del medio ambiente, al desarrollo económico y social y a la equidad territorial.

La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también ha destacado que la norma promueve la sostenibilidad en el transporte y la digitalización en un sector esencial para la economía.

La ministra ha subrayado que la futura ley supone un cambio radical de enfoque en las políticas de transporte porque reconoce la movilidad como un derecho y garantiza que cualquier ciudadano tenga las mismas oportunidades de desplazamiento con independencia de su nivel de renta, de género, de sus limitaciones físicas o de su lugar de residencia, sea una gran ciudad o el pueblo más pequeño.

Raquel Sánchez ha añadido que el texto responde a las dos caras de la movilidad en España: la que se deriva de la mayor concentración de la población en las áreas urbanas y metropolitanas, y la que atiende las necesidades de las áreas rurales, caracterizadas por la despoblación y el envejecimiento.

La norma aborda asimismo desafíos económicos, sociales, medioambientales y de salud pública, y contempla la urgencia de descarbonizar el transporte para paliar la crisis climática y la contaminación.

La futura ley establece los criterios para una planificación rigurosa de las inversiones en infraestructuras, de forma que tengan un retorno social. Además, según ha remarcado la ministra, "no define ningún modelo de pago por uso de las carreteras, que será fruto del consenso entre los agentes implicados".

Entre las novedades de la norma, figura la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, coordinado con todas las administraciones, que incluye varios instrumentos de planificación estratégica con prioridades y escenarios presupuestarios a diez años vista. Sánchez también ha indicado que la norma facilita el uso de soluciones de movilidad como el transporte a demanda, los viajes compartidos y el uso temporal de vehículos.

Por otra parte, la ministra ha anunciado que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se reordenará el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa de concesiones, que se revisarán cada cinco años. En cuanto al transporte de mercancías, se mantiene el régimen de libre concurrencia y la libertad de contratación, si bien se elaborará un registro de buenas prácticas para fomentar unas relaciones justas y equilibradas.

La nueva ley garantizará la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte público urbano en condiciones homogéneas en todo el territorio, para lo que se creará un fondo estatal.

Reducción del gasto en inversiones

La ministra ha concretado que las medidas contempladas en el anteproyecto de ley reducirán las ineficiencias en el gasto en inversiones públicas en unos 8.000 millones de euros y se incrementará la productividad de las empresas hasta un 3,3% en una década. Además, ha pronosticado que la ley tendrá efectos muy positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia, y es una "palanca imprescindible" para avanzar en las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Transporte de mercancías por carretera y precios de los contratos públicos

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera y las condiciones laborales de los conductores. De este modo, según ha explicado la ministra, se materializa el acuerdo alcanzado con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera el pasado 17 de diciembre.

Raquel Sánchez ha resaltado que la finalidad de las iniciativas es reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector para mejorar su competitividad y garantizar unas condiciones laborales adecuadas a los conductores. Como ejemplo, la ministra ha citado que se prohíbe la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía.

Revisión excepcional de los contratos públicos

Este mismo Real Decreto-ley, según ha indicado la ministra, también incorpora medidas extraordinarias para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de determinados materiales: bituminosos, metalúrgicos, aluminio y cobre. De esta manera, se pretende compensar a los empresarios que han contratado obras con la Administración antes del incremento de los precios.

Raquel Sánchez ha precisado que la revisión excepcional se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales mencionados exceda el 5% del importe certificado del contrato en el año 2021 y no podrá superar el 20% del precio de adjudicación de la obra. Se aplicará a todos los contratos del sector público estatal vigentes desde su entrada en vigor.

La ministra ha destacado que es un "acuerdo justo, equilibrado, excepcional y urgente por la necesidad de ejecutar en plazo los fondos de recuperación europeos.

Transporte marítimo

El Consejo de Ministros ha actualizado la normativa de Marina Mercante, Navegación Marítima y de Puertos del Estado para adaptarla a la regulación internacional y europea y a las nuevas necesidades del transporte marítimo. Además, según ha señalado la ministra, permitirá mejorar la competitividad de los operadores, y ofrecerá seguridad jurídica frente los nuevos retos, como la ciberseguridad.

Con esta medida, ha añadido Raquel Sánchez, se avanza en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente mediante el control de la contaminación atmosférica de los buques y la descarbonización progresiva del transporte marítimo. "Modernizamos y flexibilizamos también la gestión administrativa, tanto de la Marina Mercante como de la Portuaria, y anticipamos la navegación del futuro al regular los denominados buques sin tripulación o buques autónomos", ha dicho.

Investigación Técnica de Accidentes

El Gobierno ha impulsado la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte.

La nueva figura ejercerá las funciones que en la actualidad desarrollan las tres comisiones existentes para la investigación de los accidentes e incidentes que se producen en el transporte marítimo, en el transporte ferroviario y en la aviación civil. La autoridad tendrá personalidad jurídica propia, autonomía financiera y estará formada por profesionales de reconocido prestigio, que realizarán sus funciones con dedicación exclusiva.

La ministra ha explicado que la medida refuerza la independencia de las investigaciones técnicas de accidentes en la línea requerida por las instituciones europeas: "Las víctimas, sus familiares y sus asociaciones verán fortalecida su posición jurídica en todo este proceso de investigación técnica respecto a la situación actual".

Reparto de fondos para vivienda

El Ejecutivo ha aprobado la propuesta de distribución de 1.843 millones de euros entre las comunidades autónomas para el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda. En concreto, se distribuyen 400 millones de euros para el Bono Alquiler Joven y 1.443 millones para las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Sánchez ha informado de que la propuesta se aprobará definitivamente en la próxima conferencia sectorial convocada para el 9 de marzo, tras abordarse el 2 de febrero pasado.

Solidaridad con Ucrania

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su total compromiso y solidaridad con el pueblo ucraniano y el rechazo más absoluto por la acción bélica de Rusia en Ucrania.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha aseverado que "la unidad, sin duda, es la mejor arma que tenemos contra la guerra de Putin".

Rodríguez ha anunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para actualizar la información sobre la situación.

Asimismo, ha dedicado unas palabras de reconocimiento al trabajo de los periodistas que están cubriendo el conflicto bélico, que permite conocer "con veracidad" lo que está ocurriendo en el terreno garantizando el derecho a la información y a la libertad de expresión.