El Gobierno deroga la norma que ampara el despido por bajas médicas justificadas

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que deroga el actual artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la extinción por causas objetivas del contrato de trabajo, que permite el despido por falta de asistencia continuada a pesar de tener justificación médica.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que este precepto constituye una anomalía respecto a la normativa laboral europea, como han puesto de manifiesto distintos tribunales en nuestro país e incluso el Tribunal de Justicia Europeo, que en 2018 alertó de la necesidad de modificarlo por ser causa de discriminación.

Pool Moncloa/JM CuadradoDíaz ha asegurado que, con su derogación, se da seguridad jurídica a los trabajadores -especialmente quienes padecen discapacidad, enfermedades crónicas y de larga duración o se dedican al cuidado de personas dependientes- y se pone fin a la alarma social generada por la posibilidad de perder el empleo en un momento de gran vulnerabilidad, "cuando además de la preocupación por curarse pesa la enorme losa real de poder ser despedido".

La ministra ha señalado que la medida, contenida en el acuerdo del gobierno de coalición, preserva el derecho a la salud, promueve la salud y la seguridad en el trabajo y cumple con el objetivo de promoción del trabajo decente de la Agenda 2030.

La derogación entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y no tendrá carácter retroactivo.

Nuevos tributos para modernizar el sistema fiscal

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de los proyectos de ley que contemplan la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de que España avance hacia un sistema fiscal "más justo y redistributivo", en la línea iniciada por los países de nuestro entorno y avalado por las autoridades comunitarias. En este sentido, ha subrayado que "España, como país moderno y avanzado, no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado".

Montero ha incidido en que la evolución tecnológica ofrece nuevas oportunidades de negocio, que requieren que la fiscalidad se adecúe para evitar la competencia desleal entre los negocios tradicionales y los digitales. El Gobierno, ha afirmado, hará esta transformación al sistema digital "teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a las clases medias, ni a los trabajadores, ni a los autónomos ni a las pymes".

El Ejecutivo defiende que "sin justicia fiscal no puede haber justicia social", por lo que, a juicio de la portavoz, hay que mantener un sistema tributario en el que "los que tienen más, aporten más".

Impuesto sobre transacciones financieras

Pool Moncloa/JM CuadradoMaría Jesús Montero ha manifestado que este impuesto refuerza el principio de equidad del sistema tributario y grava operaciones que en la actualidad no pagan impuestos. Además, ha precisado, afecta al sector financiero, que durante la crisis recibió una inyección económica por parte de las Administraciones Públicas: "Es de justicia social que ahora contribuya de forma más enérgica al mantenimiento de los servicios públicos".

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, por lo que no va a afectar al campo de acción de las pymes.
El impuesto, ha concretado Montero, recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición. El Gobierno estima que recaudará unos 850 millones de euros anuales.

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales tiene como objetivo gravar operaciones propias de la economía digital que, en la actualidad, están fuera del sistema tributario.

Montero ha reiterado que el Ejecutivo apuesta por lograr un consenso internacional sobre esta figura -en el marco de la OCDE y del G-20- y trabaja para que, una vez alcanzado, España adapte su legislación. A su vez, ha resaltado que países como Francia, Italia o el Reino Unido, han aprobado o presentado gravámenes a algunos servicios digitales.

La finalidad del impuesto es gravar con un 3% servicios en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios. Se aplica a tres conceptos: prestación de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea, y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Esta figura impositiva afectará a las empresas que tienen un negocio superior a 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España, con independencia del origen de la compañía.

La ministra ha añadido que la liquidación de este impuesto, permitirá recaudar unos 968 millones de euros. Durante el primer año la declaración de ingresos no se realizará hasta, al menos, el 20 de diciembre del año 2020. Esta decisión, ha aclarado, da un mayor margen para que se pueda alcanzar un acuerdo internacional sobre el tributo y facilita que las empresas se puedan adaptar a él.

Transformación digital del sistema financiero

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley para la creación de un "sandbox", o espacio controlado de pruebas, con el propósito de acompañar la transformación digital del sistema financiero con su pleno acomodo en el marco legal y supervisor.

María Jesús Montero ha informado de que la iniciativa asegura que los cambios tecnológicos no afectan a la protección del consumidor de estos servicios, a la estabilidad del propio entorno financiero y a la integridad de los mercados.

Servicios electrónicos de confianza

El Gobierno también ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, con el fin de adaptar el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario y reforzar la seguridad jurídica.

La titular de Hacienda ha señalado que la norma se refiere a servicios como la firma y sello electrónicos de personas físicas y jurídicas, o el sello de tiempo electrónico, que son utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

Además, ha indicado que España es el país de la Unión Europea con mayor número de proveedores de prestadores de servicios cualificados, entre los que destaca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Declaración por la igualdad retributiva

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día en Defensa de la Igualdad Retributiva que se conmemora el sábado 22 de febrero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado que mujeres y hombres cobren lo mismo por el mismo trabajo y se ponga fin a la discriminación que supone la brecha salarial para las mujeres.

Montero ha explicado que las diferencias retributivas actuales no se circunscriben al periodo de vida laboral activa, sino que se trasladan a las pensiones de forma aún más acusada, ya que son las mujeres las que realizan mayoritariamente las tareas de cuidados, "invisibilizadas y no remuneradas", por las que no cotizan o cotizan menos para su jubilación. Por ello, ha continuado, no solo debe abrirse un debate sobre la redistribución de la riqueza sino también sobre los cuidados y los usos del tiempo.

Violencia machista

La ministra ha expresado el pesar del Gobierno por el nuevo caso de violencia machista confirmado hoy en Alicante, que eleva a once el número de víctimas mortales en lo que va de año. Montero ha reiterado el compromiso firme del Ejecutivo para emplear todos los recursos de las instituciones públicas con el fin de que no haya "ni una mujer asesinada más".

Montero ha expresado su confianza en que el 8 de marzo, Día de la Mujer, las mujeres vuelvan a salir a la calle contra las violencias machistas y por un país más justo, más sostenible y más feminista.

Pacto de Toledo

La portavoz del Gobierno se ha referido a la reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del pacto de Toledo celebrada en el Congreso de los Diputados.

Sobre este asunto, ha reiterado que el Gobierno cree firmemente en la viabilidad del sistema de pensiones y apuesta por alcanzar un acuerdo de base amplia que garantice que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo y que los trabajadores tendrán una pensión digna en el futuro.

Consejo Europeo: PAC y fondos de cohesión

El Gobierno defenderá en Europa que la futura Política Agrícola Común (PAC) mantenga en el futuro el mismo presupuesto que en el periodo 2015-2020. La portavoz ha explicado que así lo trasladará el presidente Pedro Sánchez al Consejo Europeo Extraordinario que se reúne este jueves en Bruselas.

Montero ha señalado que "la política agrícola es una prioridad absoluta para España", ya que el 30% de la renta media de los agricultores y ganaderos de nuestro país proviene de estos fondos europeos, por lo que resultan cruciales para su estabilidad y sostenibilidad.

La segunda prioridad para España en el Consejo será la defensa de los fondos de cohesión, para que permitan una convergencia real de las regiones europeas, ya que "una Europa de dos o tres velocidades sería el fin del proyecto europeo", ha dicho la portavoz.

Montero ha señalado que el presidente del Gobierno expresará también la necesidad de que Europa contemple en sus cuentas aspectos necesarios para convertirse en referente a nivel mundial, como el empleo juvenil, la formación para la digitalización, la transición justa, el apoyo a la investigación, o la innovación.

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa/JM CuadradoLa portavoz ha afirmado que el Gobierno "escucha" las reivindicaciones del sector primario y que está trabajando para sentar las bases que les permitan obtener precios justos y que su trabajo sea socialmente reconocido. Entre las iniciativas anunciadas en los últimos días, ha repasado la modificación de la Ley de Cadena alimentaria; la reforma del sistema de peonadas para los trabajadores eventuales agrarios, o la defensa de la aplicación estricta, a productos de terceros países, de la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria, utilización de productos fitosanitarios, residuos o control de plagas.

Montero también se ha referido a los datos de cierre de 2019 de la Deuda Pública ofrecidos hoy por el Banco de España y se ha felicitado por los resultados: España ha acabado 2019 con un nivel de deuda equivalente al 95,5% de su PIB, una disminución superior al objetivo del 95,9% que se comunicó a Bruselas en octubre. Entre 2018 y 2019, se ha producido, la mayor reducción en más de una década, un 2,1%.

La portavoz de Hacienda ha afirmado que el Gobierno está demostrando que es posible reducir el déficit y la deuda pública a la vez que se fortalece el Estado del bienestar y se recuperan derechos para los trabajadores.