​El Gobierno presenta el Informe Progreso 2020 sobre la implementación de la Agenda 2030

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha analizado el 'Informe Progreso 2020', que examina la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos en la Agenda 2030.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que el documento presentado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, supone "una especie de rendición de cuentas ante el conjunto de la ciudadanía".

El informe recoge las medidas adoptadas por el Ejecutivo, por las comunidades autónomas y por las entidades locales, durante los últimos doce meses, para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En él se incluyen medidas ya aprobadas, como la prohibición del despido por baja médica justificada y la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y otras impulsadas en las últimas semanas, como el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El documento también incluye las actuaciones para paliar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus, entre las que Montero ha citado la prohibición del corte de suministros esenciales o suspensión de desahucios, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la prestación por cese de actividad para los autónomos o la regulación de los ERTE por fuerza mayor, algunas de ellas contempladas en el acuerdo de diálogo social.

María Jesús Montero ha resaltado que el informe constata que la salida a la crisis derivada del COVID-19 pasa por poner en funcionamiento políticas públicas que se alinean con la Agenda 2030. Esto significa, ha añadido, apostar por la inversión y por el blindaje de los servicios públicos como la sanidad, fortalecer el sistema de cuidados, básicamente dirigidos a las personas más vulnerables, o fortalecer la industrialización impulsando medidas como la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años.

Plan de respuesta temprana

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado al Consejo de Ministros sobre el borrador del "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por el COVID-19", que resume, recoge y ordena las medidas adoptadas para hacer frente a la enfermedad en el escenario actual y ante un posible aumento de los rebrotes en el futuro.

El plan fue trasladado ayer a las comunidades autónomas para que hagan sus aportaciones antes de su aprobación definitiva en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Salvador Illa ha incidido en que "el protagonismo en el control de la pandemia corresponde a las comunidades".

El objetivo del plan es doble: reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un posible incremento de la transmisión.

Ejes del documento

El titular de Sanidad ha explicado que si la situación epidemiológica lo exige, se podrán adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias comunidades, que serán discutidas y aprobadas en el Consejo Interterritorial.

Illa ha mantenido que la detección y respuesta tempranas son claves. Para posibilitarlas, las comunidades deben garantizar recursos humanos suficientes; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante un posible aumento de la demanda diagnóstica, e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos.

El plan establece que las comunidades autónomas dispondrán de una reserva de productos críticos para combatir la enfermedad que pueda cubrir las necesidades durante ocho semanas. El Gobierno tendrá una reserva equivalente al 25% del consumo medido total declarado por las comunidades durante dos meses.

El documento contempla que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) realizará una evaluación de riesgo en coordinación con la comunidad autónoma correspondiente para evaluar la posibilidad de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.

El texto también incluye cómo actuar en entornos específicos, como centros educativos, sanitarios, laborales, en poblaciones socialmente vulnerables y en lugares con alta concentración de personas.

El ministro ha precisado que, desde que empezó el periodo de desescalada, se han comunicado 171 brotes, de los que 120 están activos y afectan a 2.139 personas: "Estamos trabajando de forma fluida con las comunidades autónomas y la mayoría de los brotes están controlados".

Atención a la familia y a la pobreza infantil

El Ejecutivo ha aprobado la distribución de créditos destinados a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la realización durante este año del Programa de Protección a la Familia y atención a la pobreza infantil, por un valor total de cien millones de euros distribuidos en tres bloques.

La portavoz del Ejecutivo ha detallado que un bloque de 45 millones, que no requiere cofinanciación de las comunidades, se destina a proyectos que contribuyan a mejorar la situación sociolaboral de familias con menores a cargo, familias que presentan situaciones de privación material severa, o riesgo de pobreza y/o exclusión.

Otro bloque de 15 millones se dirige a programas que garantizan el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes, durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida laboral y familiar. Tampoco conlleva cofinanciación.

El tercer bloque, dotado con 40 millones de euros, se asigna a prestaciones básicas de servicios sociales a través de corporaciones locales. En este caso, las comunidades autónomas aportarán a la financiación de los proyectos seleccionados, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la que aporta el ministerio.

Inclusión de la población gitana

El Gobierno también ha aprobado la distribución de 412.500 euros a la prevención, atención de la marginación e inserción del pueblo gitano, en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la población gitana en España 2012-2020.

Subvenciones en materia de extranjería

El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por valor de 24.650.000 euros, para desarrollar actuaciones en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social.

María Jesús Montero ha detallado que estos fondos permitirán promover proyectos de investigación, sensibilización y lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.

Mejora del Gobierno corporativo de las empresas cotizadas

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, que modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras.

La norma, según ha explicado María Jesús Montero, transpone una directiva comunitaria dirigida a mejorar el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar así sus posibilidades de financiación en el largo plazo.

El proyecto de ley establece que las sociedades cotizadas podrán identificar a sus accionistas para facilitar su participación activa e implicación en el desarrollo de la sociedad. Obliga a las instituciones de inversión colectiva a hacer pública la estrategia de inversión en sociedades cotizadas. Asimismo, regula la información que se debe incluir en la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

La norma también incrementa la transparencia de todas las operaciones con partes vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses, e incorpora otras medidas orientadas a mejorar la competitividad de los mercados de valores.

A juicio de la portavoz del Gobierno, el texto tendrá repercusiones positivas en la sostenibilidad de las empresas, el bienestar de los trabajadores y la competitividad de los mercados.

Traspaso de funciones y servicios al País Vasco

El Gobierno ha aprobado tres reales decretos sobre el traspaso de funciones y servicios a la comunidad autónoma del País Vasco.

María Jesús Montero ha indicado que se traspasan las funciones y servicios de ejecución de la legislación laboral en materia de gestión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por procesos de extinción de las relaciones laborales fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, derivados de expedientes de despido colectivo, que se asumen por parte de la comunidad autónoma.

En segundo lugar, se traspasa la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos en lo referente a la evaluación y el control de la publicidad y la inspección de laboratorios.

También se traspasan los medios adscritos a la gestión de prestaciones sanitarias del seguro escolar.

Asuntos de actualidad

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que el próximo jueves tendrá lugar la ceremonia de Estado en memoria de las víctimas del COVID-19 en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid.

Respecto a las elecciones autonómicas celebradas en Galicia y el País Vasco, María Jesús Montero ha felicitado a los vencedores, Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu, respectivamente, a los que ha tendido la mano para "colaborar en todas las actuaciones que resulten necesarias al objeto de perseguir la reconstrucción social y económica".

Montero también ha destacado que el presidente del Gobierno está desplegando una intensa agenda internacional "para forjar los consensos necesarios" antes del Consejo Europeo, de los próximos 17 y 18 de julio, que abordará el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el fondo de recuperación tras la pandemia. De hecho, ayer mantuvo un encuentro con el primer ministro de Países Bajos, hoy se reunirá con la canciller alemana, y mañana se entrevistará con el primer ministro sueco y, posteriormente, con el presidente de Francia.

El Gobierno, ha dicho Montero, ha defendido desde el primer momento que la salida a esta crisis excepcional requería medidas excepcionales y urgentes, y sostiene que la reactivación económica se tiene que sustentar en los grandes vectores que siempre han marcado su agenda, como la transformación climática, la agenda digital o los valores europeos.

Por otra parte, la portavoz ha informado de que ha firmado la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. "Queremos que nos ayuden a reactivar la economía, que la hagan más competitiva, innovadora, sostenible, favoreciendo la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades de la digitalización y de la transición ecológica", ha afirmado. Montero también ha defendido que las cuentas públicas aumentarán la cohesión, la justicia social y la igualdad de oportunidades, y reforzarán el sistema sanitario público con recursos suficientes para afrontar cualquier situación futura.