El Gobierno aprueba el Marco Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Marco Estratégico en Política Pyme 2030 Pequeña y Mediana Empresa, un sector que engloba al 99% del tejido empresarial y representa casi el 62% del Valor Añadido Bruto -cifra superior a la media europea- y el 66,5% del empleo empresarial total.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que el objetivo de esta medida es "mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas" para que afronten con éxito retos como la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización, y contribuir a su crecimiento.

Maroto ha señalado que "España es un país de pymes" porque nueve de cada diez empresas lo son, y, además, la mitad de ellas son micropymes. La mayoría (73,82%) se concentra en el sector servicios y en tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid y Andalucía), lo que les resta competitividad. Esta situación, según ha expuesto la ministra, supone un desafío para el crecimiento económico porque las empresas tan pequeñas y tan atomizadas tienen más dificultades para atraer talento, acceder a financiación, invertir en innovación y exportar.

Propuestas de actuación

El marco aprobado propone siete palancas -emprendimiento; gestión empresarial y talento; marco regulatorio; financiación; innovación y digitalización; sostenibilidad, e internacionalización- y contempla 50 líneas de actuación.

La ministra ha resaltado que es necesario crear un entorno favorable para que se creen empresas, así como profesionalizar a los gestores empresariales para atraer y retener el talento. Además, hay que crear un marco regulatorio que elimine las trabas para el crecimiento y la consolidación de las empresas.

Pool Moncloa/JM CuadradoEn cuanto a la financiación, Maroto ha avanzado que el marco propone seguir avanzando en instrumentos alternativos al crédito bancario y en dotarnos de mejores mecanismos para reducir la morosidad: implantar un régimen sancionador o un sistema arbitral de morosidad y promover códigos de buenas prácticas.

Reyes Maroto ha afirmado que la innovación y la digitalización tienen que acompañar a las pymes, así como la sostenibilidad, necesaria para seguir creciendo y generando empleo. "Es necesario avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono. También aprovechar los elementos que nos da la economía circular e incorporar algunos elementos que tienen que ver con el cálculo de la huella de carbono y elaborar planes para la reducción de emisiones", ha dicho.

Respecto a la internacionalización, la ministra ha manifestado que supone creación de riqueza y empleo, por lo que hay que poner a disposición de las empresas los instrumentos financieros adecuados a sus necesidades.

El Consejo Estatal de la PYME será el órgano de seguimiento de este marco.

Acompañamiento financiero a las pymes

El Ejecutivo ha aprobado un total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pymes.

La ministra ha anticipado que la Empresa Nacional de Innovación gestionará tres líneas de préstamos participativos: Línea Pymes, Línea de Empresas de Base Tecnológica y Líneas Jóvenes Emprendedores, que suman 98,5 millones de euros. Se estima que impulsarán proyectos innovadores con una inversión inducida de 220 millones de euros y un impacto de 1.600 empleos directos.

Además, el Gobierno ha creado la línea FIEM-Pyme, dotada con 50 millones de euros y orientada a proyectos de internacionalización de menos de tres millones de euros. Asimismo, ha destinado 307,6 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía final en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas del sector industrial.

Reyes Maroto ha concretado que las ayudas se destinarán a la tecnología en equipos y procesos industriales y a la implantación de sistemas de gestión energética que "nos van a permitir avanzar en el gran desafío de combatir el cambio climático y preservar nuestro medio natural alineándolos de nuevo con la Agenda 2030".

Más unidades judiciales y fiscales para la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos para la creación de 75 nuevas unidades judiciales y 80 plazas para la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado que las nuevas unidades judiciales se distribuirán por todas las comunidades autónomas conforme a criterios "organizativos y de necesidades reales" acordados tras un proceso de diálogo constante con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones y corporaciones judiciales.

Pool Moncloa/JM CuadradoEn concreto, se crean 22 plazas de magistrado en órganos colegiados y 21 juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción (mixtos), 6 de lo penal, 11 de lo social, 4 de lo mercantil y un juzgado decano. En la Comunidad Valenciana se ponen en funcionamiento dos juzgados pendientes desde 2011 y se crea la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Respecto a las 80 plazas para fiscales, Delgado ha resaltado las destinadas a la lucha contra la corrupción. La Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada tendrá nueve fiscales más, "absolutamente necesarios por el volumen de trabajo" y "para garantizar la estabilidad de la plantilla", mientras que se dota de una plaza más al Tribunal de Cuentas.

La ministra también ha destacado, dentro del compromiso de la justicia con "los derechos de los más vulnerables", la creación de la figura del Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.

Delgado se ha referido al hecho de que en la base de la pirámide judicial hay más mujeres que hombres, pero no así en la cúpula, debido a "un cuello de botella a la hora de los ascensos". Por ello, ha señalado, se han creado más plazas intermedias que de base en el Ministerio Fiscal "para permitir el acceso paulatino de las mujeres a plazas de categoría superior".

Estrategia de modernización de la Justicia

El Consejo de Ministros ha autorizado dos contratos, por valor de 164 millones de euros, para desarrollar, hasta el año 2022, parte de la Estrategia para la Modernización de la Administración de Justicia.

El primer contrato es un encargo a la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El segundo permitirá dar continuidad operativa a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Además, hasta la fecha se han renovado más de 8.000 ordenadores y se han entregado 2.600 tabletas en centros judiciales, se ha procedido a la digitalización de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y se han implantado sistemas de textualización de las declaraciones, que subtitulan las imágenes de forma automática.

Para explicar la importancia de estas medidas de modernización, la ministra ha puesto como ejemplo un dato extraído del informe realizado por el Ministerio tras visitar más de 30 oficinas judiciales y fiscales: "Hemos determinado un ahorro de 550 horas de trabajo solamente con la reducción del tiempo de arranque de los ordenadores".

Dolores Delgado ha concluido que es necesario contar con "herramientas informáticas adecuadas" para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo y se ofrezca un servicio de calidad que permita superar a la ciudadanía "una cierta desafección" por la justicia.

Impulso a las Unidades de Igualdad en la Administración General del Estado

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha establecido la composición, adscripción orgánica, funciones y coordinación de las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha señalado que esta nueva regulación permitirá que todas las Unidades de Igualdad, en los Ministerios o en sus Organismos Públicos dependientes, sean "homogéneas" respecto a sus competencias y atribuciones "para ejercer el principio de transversalidad en la igualdad de trato".

Celaá ha considerado necesario dar ejemplo desde la Administración General del Estado, ya que de otra manera "sobra pedir planes de igualdad a empresas u otras entidades privadas".

100 millones contra la violencia de género en las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla contarán en 2019 con cien millones de euros para desarrollar en sus territorios las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La distribución de dichos fondos ha sido aprobada por el Consejo de Ministros aplicando los criterios de reparto acordados el pasado 3 de abril en la Conferencia Sectorial de Igualdad "por unanimidad", ha destacado Celaá.

Asimismo, se han aprobado 6,5 millones para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; un millón de euros para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados, y dos millones para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable

El Consejo de Ministros ha acordado el Plan para el impulso de contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017 para contratos del Sector Público.

Pool Moncloa/JM CuadradoLa portavoz del Gobierno ha explicado que su fundamento es que el sector público contrate con empresas que cumplen con cláusulas sociales, como el disponer de planes de igualdad y conciliación o reservar puestos para personas con discapacidad. "El Plan pretende que las autoridades públicas, con sus decisiones de compra, influyan en el mercado e incentiven a las empresas que estén desarrollando una gestión socialmente responsable", ha subrayado.

Celaá ha destacado el impacto de la medida para la mejora de las condiciones de los trabajadores, ya que en 2017 la contratación pública representó el 9,53% del PIB español y el 13,1% del de la Unión Europa.

Otros acuerdos

• Real Decreto de adaptación a la legislación de la Unión Europea para distinguir entre la normativa de medicamentos de uso humano y de investigación.
• Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la red de asistencia al personal y seguridad para el personal militar desplegado en zona de operaciones.
• Acuerdo para la convocatoria de 20 millones de euros en ayudas para financiar costes derivados de la clausura de instalaciones mineras y para rehabilitar el espacio natural donde se localizó su actividad.

Balance semanal

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo se ha referido a la decisión del Consejo Europeo de ofrecer al Reino Unido una prórroga, como máximo, hasta el 31 de octubre para ratificar el Acuerdo de Retirada.

Isabel Celaá ha recordado que España ha mantenido en todo momento una actitud constructiva para facilitar una salida ordenada y confía en la lealtad del Reino Unido para cumplir su compromiso.