El Gobierno modifica el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas para cumplir la senda del déficit público

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado, a través de un Decreto Ley, una serie de medidas tributarias para cumplir la nueva senda fiscal acordada con la Unión Europea, que permite un plazo más largo para alcanzar los objetivos de déficit público.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha subrayado que el fin es aumentar los ingresos correspondientes al Impuesto de Sociedades, pero que no se trata de una subida fiscal, sino de un cambio en la metodología de los pagos fraccionados que deben realizar las empresas.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha destacado que el nuevo sistema solo afecta a las empresas cuya facturación supera los diez millones de euros, en total unas 9.000.

El Real Decreto fija un tipo mínimo en el pago fraccionado del 23% sobre el resultado contable; el porcentaje será del 25% en el caso de las entidades de crédito y de las que se dediquen a la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

La norma entrará en vigor una vez que se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma, ha detallado Montoro, en los dos pagos fraccionados que quedan este año, los de octubre y diciembre, las empresas afectadas tendrán que ingresar las cantidades correspondientes. El nuevo régimen de pagos no se aplicará solo en 2016, sino hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3% del Producto Interior Bruto.

El ministro ha explicado que la meta es que el Impuesto de Sociedades mantenga el mismo ritmo de ingresos de los últimos años, en el entorno de los 20.000 millones de euros. También ha remarcado que no supone un incremento de este Impuesto, ya que equivale al anticipo que realizan las personas físicas por el IRPF y que se les descuenta al presentar la declaración al año siguiente.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Pool Moncloa/J.M. CuadradoLa vicepresidenta ha informado de que el Ejecutivo está analizando medidas legislativas y administrativas para paliar la situación de bloqueo institucional ligada a la imposibilidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Estas iniciativas, ha dicho, evitarían algunos efectos negativos del incumplimiento del déficit público ante Bruselas, así como daños a los ciudadanos, y permitirían a las administraciones mantener el nivel de servicios públicos que vienen prestando hasta la fecha.

En este sentido, Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que su grupo está negociando con el resto de formaciones parlamentarios la propuesta de modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de cumplir con la senda fiscal aprobada por la Unión Europea.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha concretado que la modificación de la Ley, que necesitaría la mayoría absoluta de la Cámara, permitiría al Gobierno en funciones llevar a las Cortes "los nuevos objetivos de déficit para todas las administraciones y para las comunidades autónomas".

Al respecto, ha manifestado que están encontrando una "respuesta positiva" y un "buen eco" en las conversaciones que están manteniendo con todos los grupos parlamentarios y con los gobiernos de las comunidades autónomas para modificar la norma.

Mejorar el pago a los proveedores de las CCAA

Pool Moncloa/J.M. CuadradoLa portavoz del Ejecutivo ha recordado que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó ayer la distribución del cuarto trimestre del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para el pago de vencimientos de deuda de las comunidades autónomas y de su déficit público. El objetivo fundamental, ha apuntado, es mejorar los tiempos de cobro de los proveedores de las Administraciones.

Cristóbal Montoro ha indicado que los 10.489 millones de euros repartidos ayer entre esas comunidades corresponden a la financiación del 0,3% de déficit público. El cambio de la Ley de Estabilidad permitiría elevar el objetivo hasta el 0,7% y, por tanto, financiar la diferencia: "Estamos hablando de más de 4.000 millones de euros que necesitaríamos utilizar y de los que disponemos, porque los 10.000 habilitados ayer todavía quedan claramente por debajo del umbral del total del FLA previsto para este ejercicio".

Para el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se trata de un cambio "urgente" para no perjudicar a los proveedores de la sanidad y la educación públicas y de los servicios sociales.

Extensión de la Justicia digital

El Consejo de Ministros ha hecho una excepción a la orden del pasado 14 de julio que regula el cierre de ejecución presupuestaria con el fin de permitir la tramitación de varios contratos de suministros imprescindibles para el proyecto de Justicia digital.

Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se invertirán 1,7 millones de euros "en la compra de 1.450 portátiles ultraligeros y equipos complementarios para que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia puedan trabajar en ese entorno digital" con independencia de su ubicación física. Además, ha precisado que serán medios de última generación imprescindibles para trabajar en el expediente digital, emitir dictámenes, sentencias y acceder a la jurisprudencia o a cualquier otra información.

Pool Moncloa/ J.M. CuadradoLa vicepresidenta ha destacado que desde el 1 de enero se han practicado de manera electrónica casi 50 millones de comunicaciones y ya hay 600 juzgados en los que "no se mueve un papel y todo es electrónico". "Ello ha permitido la reducción de 60 a 19 los días de presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios y un ahorro de más de 390 millones de euros".

La justicia digital también ha favorecido, según ha apuntado Sáenz de Santamaría, que hayan aumentado un 472% los escritos enviados en días festivos a los juzgados y tribunales y un 547% los mandados en horario de tarde y noche: "Se está permitiendo a los profesionales de la justicia el envío de trámites procesales las 24 horas al día, todos los días de la semana. Eso mejora y agiliza la justicia".

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que, según los datos de la OCDE, "España se encuentra, entre los países europeos y en el conjunto de los países más avanzados, en los niveles más altos de digitalización de su administración".

Elaboración normativa a través de las web ministeriales

El Ejecutivo ha acordado dictar instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración de normas a través de los portales web de los departamentos ministeriales.

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el objetivo de la medida es que los ciudadanos no tengan que cambiar el esquema de participación según se trate de una orden ministerial o de un ministerio u otro, y que el proceso sea homogéneo en las distintas web. También se establecerá en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado un enlace a estos portales, de manera que los ciudadanos puedan dirigirse a cualquier ministerio para solicitar una modificación normativa o remitir su opinión sobre un asunto.

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa/J.M. CuadradoRespecto a si se prevé en las próximas semanas una nueva sesión de investidura de Rajoy, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que siempre "hemos defendido y seguiremos defendiendo que la opción de un Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones, es la que más respeta el resultado de las urnas y la que daría más estabilidad a nuestro país", pero depende de que se logre el acuerdo con otros partidos.

En cuanto a la situación del PSOE y a la posibilidad de que el Rey convocara una nueva ronda de consultas con todos los partidos de cara a una investidura, Sáenz de Santamaría no ha querido entrar a valorar la situación interna de otros partidos y ha comentado que la convocatoria de una nueva ronda de consultas es una "prerrogativa regia en plena interlocución con las Cortes y sus portavoces".

Sobre cómo se va a solventar la situación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando el próximo 6 de octubre venza el mandato de su presidenta y de su vicepresidenta, la vicepresidenta ha explicado que, a diferencia de lo que sucede en otros organismos, la CNMV no prevé un sistema de prórrogas cuando finaliza el mandato de alguno de sus miembros. Por esta razón, el Ministerio de Economía y Competitividad ha estudiado diferentes opciones tanto legales como meramente administrativas. Estas últimas las puede adoptar la propia Comisión dentro de sus competencias de régimen interno, solventando así la situación de bloqueo que derivaría del fin del mandato.

Preguntada por la negociación de modificaciones en el referéndum planteado por el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta ha aclarado que ni el Gobierno, ni el Congreso, ni el Senado, ni Carles Puigdemont pueden negociar al respecto porque es un asunto cuyo propietario es "el conjunto de los españoles".