El Gobierno prohíbe la suspensión del suministro eléctrico a los hogares especialmente vulnerables

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y diversas medidas de protección de los consumidores, con especial atención a los más vulnerables.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha destacado que el texto, que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, procede del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas para solucionar "un problema de gran complejidad".

En primer lugar, la norma garantiza la financiación del bono social, que en la actualidad consiste en un descuento del 25% en la factura final de la electricidad del que se benefician 2,3 millones de hogares: familias con todos sus miembros en situación de desempleo, perceptores de pensiones mínimas, familias numerosas y consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios.

Como ha explicado el ministro, el bono social lo pagaban las empresas matrices de las comercializadoras de la electricidad que estuvieran integradas en un gran grupo, el 94% de ese mercado, pero el Tribunal Supremo dictaminó el pasado octubre que ese sistema era discriminatorio porque no incluía al otro 6%. La norma aprobada hoy incluye al 100% del mercado de las comercializadoras que actúan en nuestro país, de manera que su matriz o, si no la tienen, ellas mismas se harán cargo del bono. Por tanto, ha subrayado Nadal, será el sector eléctrico el que siga pagando ese descuento.

Consumidores más vulnerables

Una vez asegurada la financiación, el Decreto-ley introduce diversas novedades para que el Gobierno, a través del desarrollo reglamentario, refuerce la protección de los consumidores eléctricos.

Pool Moncloa/JM CuadradoEn primer lugar, posibilita una definición más variada del consumidor vulnerable. Si los siete millones de personas que forman parte de esta categoría reciben ahora la misma bonificación del 25% en la factura, en el futuro podrán dividirse en diferentes grupos, en función de su renta, y recibir de ese modo ayudas distintas. El cambio entrará en vigor, según ha apuntado Nadal, "en cuanto aprobemos el reglamento, que tendrá que ser discutido y dialogado con las fuerzas políticas porque es un tema enormemente sensible".

En segundo lugar, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro eléctrico a determinados consumidores, "en las categorías que se determinen", ha señalado el ministro. En el caso de los hogares en situación de especial vulnerabilidad, aquellos que están atendidos por los servicios sociales, la norma establece la prohibición de cortar el suministro.

Nadal ha detallado que cuando una compañía eléctrica se encuentre con un impago, tendrá que comunicárselo inmediatamente al consumidor, algo que en la actualidad no es obligatorio. A partir de ahí, habrá un plazo de dos o cuatro meses, dependiendo del tipo de consumidor, para hacer efectivo el corte. Las compañías tendrán que contactar con los servicios sociales de las comunidades autónomas para saber si se trata de un consumidor extremadamente vulnerable; si es así, no podrán interrumpir el suministro. La comunidad autónoma o la corporación local se hará cargo de los pagos y las deudas, que serán cofinanciados por el bono social.

El Decreto-ley mejora, además, las condiciones de comercialización al conjunto de los consumidores, particularmente a través de la creación de un indicador que les facilitará comparar las distintas ofertas, como ocurre en el sector financiero con las hipotecas.

Álvaro Nadal ha recordado que en el proceso de tramitación de estos aspectos hay que contar con la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y el Consejo de Estado. El Gobierno, ha remarcado, intentará "discutir con las fuerzas políticas esos desarrollos a la mayor velocidad posible y que cuanto antes el sistema opere a pleno funcionamiento".

Garantía Juvenil

Pool MoncloaJM CuadradoEl ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado que el Ejecutivo ha continuado con el plan de trabajo acordado en la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los interlocutores sociales el 24 de noviembre. Este diálogo se ha traducido en la aprobación de un Real Decreto-ley de medidas urgentes para impulsar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las medidas, que también han sido consensuadas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 19 de diciembre, están dirigidas a mejorar la captación e inscripción al Sistema Nacional de Garantía Juvenil e incentivar la empleabilidad y la ocupación de los jóvenes.

Méndez de Vigo ha informado de que hay algo más de 400.000 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil frente al más de un millón de potenciales beneficiarios, y de que la norma aprobada hoy pretende simplificar el proceso de inscripción: "Bastará no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud para estar incluido".

El ministro también ha apuntado que el Real Decreto-ley "establece la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal".

España fue uno de los países europeos en aprobar el plan de implantación de la Garantía Juvenil. La Comisión Europea le asignó 2.360 millones de euros hasta el año 2020. Méndez de Vigo ha anunciado que el Parlamento Europeo podría aprobar una asignación adicional de 900 millones: "Estamos hablando de una cantidad muy notable, 3.260 millones de euros".

El portavoz del Ejecutivo ha subrayado que la lucha contra el desempleo juvenil va en la buena senda: "Entre todos hemos conseguido reducir la tasa de paro juvenil en 15 puntos, según EPA; que el empleo juvenil crezca el 7,4%, más del doble que la media nacional; que uno de cada tres jóvenes europeos que abandona el paro lo haga en España, según Eurostat. Además, la contratación indefinida de jóvenes se ha incrementado un 30% con respecto al año 2011".

Objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas

Pool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha ratificado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las comunidades autónomas para 2016 y para el periodo 2017-2019 acordados ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Íñigo Méndez de Vigo ha recordado que el objetivo individual de déficit para 2016 ha quedado establecido en el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional de las comunidades. Asimismo se fija la senda del déficit para las comunidades autónomas en el 0,6% del PIB para 2017, en el 0,3% para 2018 y en el 0 para 2019. A su juicio, "es un buen acuerdo para reforzar la credibilidad de España ante las instituciones financieras y ante nuestros socios de la Unión Europea".

Por otra parte, las comunidades autónomas recibirán un total de 4.547 millones de euros de liquidez a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y casi 120 millones del Fondo de Ordenación a las entidades locales, según acordó ayer la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Ayudas a las zonas afectadas por las inundaciones

El Consejo de Ministros ha declarado "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil" a la Comunidad Valenciana, a la Región de Murcia y a Illes Ballears, así como a las provincias de Almería y Albacete, con motivo de las inundaciones que se han producido desde el 17 de diciembre.

El portavoz del Gobierno ha precisado que se trata de "ayudas económicas por daños personales, en vivienda habitual y enseres, por daños en establecimientos industriales y mercantiles, en producciones agrícolas y ganaderas, además de líneas de préstamos preferenciales subvencionadas por el ICO, beneficios fiscales o medidas de carácter laboral y de Seguridad Social".

Méndez de Vigo ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo similar para los afectados por las inundaciones en otras zonas. Las mejoras que introduce el acuerdo adoptado hoy se extenderán a ellas.

Conferencia de Presidentes

Pool Moncloa/JM CuadradoEl portavoz del Ejecutivo ha resaltado que esta legislatura del diálogo se está concretando en acuerdos parlamentarios importantes, como la convalidación por el Congreso de los Diputados del Decreto Ley de ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El diálogo territorial, ha indicado, continuó el miércoles con la reunión preparatoria de la VI Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 17 de enero, a la que asistieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los consejeros de Presidencia de las Comunidades Autónomas.

Méndez de Vigo ha explicado que la Conferencia de Presidentes tendrá dos partes. Una de carácter deliberativo con la intervención del presidente del Gobierno sobre temas nacionales y relacionados con la Unión Europea. La segunda parte tendrá carácter decisorio y abordará asuntos relacionados con la sostenibilidad del Estado del bienestar, evolución demográfica, educación, protección civil, unidad de mercado, tarjeta y bono social, proyectos europeos y la propia regulación futura de las conferencias de presidentes.

El ministro ha anunciado que la agenda no está cerrada y se celebrará una nueva reunión preparatoria el próximo 11 de enero: "Queremos hacerlo con el consenso de todos".

Cláusula suelo de las hipotecas

El Gobierno ha analizado un informe presentado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la devolución de las llamadas cláusulas suelo de las hipotecas.

Méndez de Vigo ha manifestado que "el Gobierno respeta las decisiones judiciales" y que las relaciones entre las entidades financieras y sus clientes son "privadas". No obstante, ha aclarado que "el sector bancario en España es sólido" y que la voluntad del Gobierno es "ayudar a resolver estos temas de forma rápida". En este sentido, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un código de buenas prácticas el próximo 30 de diciembre.

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2017 la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional. También ha autorizado la firma y la aplicación provisional del acuerdo entre España y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular relativo al establecimiento de una subsede en Barcelona. Además, ha aprobado la concesión de 21 Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, correspondientes al año 2016.

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa/JM CuadradoEl portavoz del Gobierno ha iniciado la rueda de prensa con un recuerdo al Ejecutivo y al pueblo alemán por el atentado perpetrado el pasado lunes 19 de diciembre en un mercado navideño en el centro de Berlín, en el que perdieron la vida 12 personas y 48 más resultaron heridas.

El objetivo del terrorismo, ha dicho Méndez de Vigo, es "imponer el miedo en la sociedad, que esta se divida y se fragmente, que dude de sus ideas y de sus principios y se radicalice". En ningún caso el terrorismo, ha añadido, "puede hacernos ni retroceder ni renunciar a los principios y valores que han forjado nuestra civilización y constituyen la señas de identidad del sistema político institucional europeo basado en la democracia y en el Estado de derecho".

Preguntado por las últimas decisiones del Tribunal Constitucional sobre determinadas iniciativas de la Generalitat de Cataluña, el portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo "siempre respeta y acata" las decisiones de los tribunales y ha pedido a los demás que actúen igual "porque es lo que hay que hacer en un Estado de derecho".

A propósito de las posibilidades de celebración en Cataluña de un referéndum por la independencia, ha asegurado que "no va a haber referéndum porque va contra la Constitución" y ha añadido que el objetivo del Ejecutivo es "resolver los problemas de la gente" mediante el diálogo -"que es y va a ser una constante del Gobierno"- y mantener "la puerta abierta y la mano tendida" a todos.