Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes acompañado del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital para informarles de los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Ésta ha sido una semana marcada por el atentado perpetrado el pasado lunes 19 de diciembre en un mercado navideño en el centro de Berlín, en el que han perdido la vida 12 personas y donde 48 más han resultado heridas; atentado que se produce en fechas cargadas de simbolismo para millones de personas que celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret. Las primeras palabras del Gobierno transmitidas por el Presidente a la canciller Merkel fueron de condolencia y de respeto a los familiares y amigos de las víctimas, y de solidaridad con el Gobierno y el pueblo alemán, que ha sido esta vez el objetivo del terrorismo yihadista.

El objetivo del terrorismo es imponer el miedo en la sociedad, que ésta se divide y se fragmente, que dude de sus ideas y de sus principios y se radicalice. En España sabemos muy bien lo que es la lacra del terrorismo y éste, en ningún caso, puede hacernos, ni retroceder, ni renunciar, a los principios y valores que han forjado nuestra civilización, y constituyen las señas de identidad del sistema político institucional europeo basado en la democracia y en el Estado de Derecho.

Para hacer frente al terrorismo es necesaria la cooperación, cooperación con información y con coordinación, y tomar medidas jurídicas en la lucha contra el terrorismo. Y quiero recordar aquí que en la lucha contra el terrorismo de ETA la orden de detención europea, la llamada euro-orden, contribuyó de forma decisiva a la victoria del Estado de Derecho sobre ETA.

Las medidas de cooperación internacional incluyen las acciones en origen y quiero recordar también aquí cómo el Congreso de los Diputados autorizó este martes la ampliación de la participación española en la coalición global contra el Daesh, que se concreta en el refuerzo de la misión con el envío de 150 personas más a Irak. Igualmente, el presidente del Gobierno habló en Naciones Unidas de reforzar la cooperación internacional contra el terrorismo.

Dentro de España, en esta semana se han producido otros hechos significativos que quiero destacar. El Gobierno ha continuado ejerciendo la iniciativa política, tanto en al ámbito nacional, como en el internacional. En el internacional, ya me he referido a la presencia del presidente del Gobierno en Naciones Unidas; en el nacional, esta Legislatura del diálogo se está ya concretando en acuerdos parlamentarios importantes, como los que se han producido esta semana que se refieren, por ejemplo, a la convalidación del Real Decreto Ley de ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, con una amplísima mayoría, y que viene a sumarse a los acuerdos de hace dos semanas, también en el Congreso de los Diputados, respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el llamado "techo de gasto" y los objetivos de déficit.

Hoy mismo, y el ministro Nadal hablara de ello después, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, que es fruto de un acuerdo con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con otros más. El Ministro informará más adelante del mismo.

El diálogo territorial continuó también el miércoles 21 de diciembre con una reunión preparatoria de la VI Conferencia de Presidentes que, como saben ustedes, se celebrará el próximo 17 de enero; reunión presidida por la Vicepresidenta a la que asistió también el señor Montoro y donde se quedó en lo siguiente: la Conferencia de Presidentes tendrá dos partes: una parte de carácter deliberativo, en la que habrá una intervención del presidente del Gobierno sobre temas españoles y también sobre temas relacionados con la Unión Europea; luego, habrá una segunda parte de carácter decisorio donde se van a tratar en principio los siguientes temas… La agenda todavía no está cerrada; va a haber una reunión posterior el 11 de enero para cerrarla y queremos hacerlo de consuno con todos; pero los temas que están sobre la mesa se refieren a la sostenibilidad del Estado del Bienestar, a la evolución demográfica, a temas de educación, de protección civil, de unidad de mercado, de la tarjeta y el bono social, de proyectos europeos y también de la regulación futura de estas Conferencias. Como he dicho, el día 11 volverá a reunirse la Vicepresidenta con los consejeros de Presidencia.

Asimismo, también ayer se reunieron la Vicepresidenta y el ministro de Hacienda con las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con objeto de adecuar los objetivos de estabilidad presupuestaria, para el año 2016 a las Comunidades Autónomas. Los aprobó y hoy el Consejo de Ministros ha ratificado esos acuerdos, y ha aprobado, por tanto, esos cuatro acuerdos, que, en síntesis, adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas --régimen común o foral-- para 2016 y para el período 2017-2019.

En síntesis, el objetivo individual de déficit para el año 2016 ha quedado establecido en el 0,7 por 100 del PIB regional y, asimismo, se establece la senda del déficit para las Comunidades Autónomas para ese período 2017-2019: 0,6 por 100 para el año 2017, 0,3 por 100 para el año 2018 y 0 por 100 para el año 2019. Este acuerdo es un buen acuerdo para reforzar la credibilidad de España ante las instituciones financieras y ante nuestros socios de la Unión Europea.

Igualmente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado hoy la distribución de 4.547 millones de euros de liquidez a las Comunidades Autónomas a través del FLA y 120 millones de euros del Fondo de Ordenación, a las Entidades Locales.

En el ámbito del diálogo social --diálogo político, diálogo territorial y diálogo social-el Gobierno ha continuado el plan de trabajo acordado en la reunión que tuvo lugar el 24 de noviembre entre el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales. Ha habido varias reuniones de la ministra de Trabajo con ellos y esto se ha traducido hoy en su plasmación con la aprobación de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ya saben ustedes, porque el presidente del Gobierno lo dice una y otra vez, cómo la lucha contra el desempleo es la principal prioridad del Gobierno y, dentro de ésta, el empleo juvenil. En el debate financiero europeo --el Ministro y yo algo sabemos de eso en las anteriores responsabilidades que teníamos-- se consiguió, gracias al protagonismo del presidente del Gobierno, el que se creara un plan de empleo juvenil, la llamada Garantía Juvenil, en Europa dotado con seis mil millones de euros. España fue, por su propio interés, uno de los primeros países en aprobar el plan de implantación de la Garantía Juvenil. La Comisión Europea ha asignado a España ya un total de 2.360 millones de euros hasta el año 2020 y hoy nos ha informado la ministra de Empleo de que es posible que el Parlamento Europeo lo amplíe en 900 millones; por tanto, estamos hablando de una cantidad muy notable, de 3.260 millones de euros.

En este Real Decreto Ley, que sigue la senda de los acuerdos con los interlocutores sociales como, por ejemplo, al acuerdo tomado en subir el Salario Mínimo Interprofesional, lo que se persigue es introducir mejoras en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil; mejoras que han sido acordadas en la Conferencia Sectorial de Empleo. En la actualidad hay algo más de cuatrocientos mil jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantís Juvenil frente al más de un millón de potenciales beneficiarios y lo que pretende este Real Decreto Ley es simplificar el proceso de inscripción para ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil --bastará con no haber recibido formación y haber estado empleado el día anterior a la solicitud para estar incluido-- y, además, se establece la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

Estamos en esta lucha contra el desempleo, especialmente contra el desempleo juvenil, en la buena senda: entre todos hemos conseguido reducir la tasa de paro juvenil en quince puntos, según el informe de la EPA; que el empleo juvenil crezca al 7,4 por 100 --más del doble, por tanto, que la media nacional--; que uno de cada tres jóvenes europeos que abandonan el paro lo hacen en España según Eurostat y, además, la contratación indefinida de jóvenes se ha incrementado un 30 por 100 con respecto al año 2011.

Entre otros acuerdos que ha tomado el Consejo de Ministros, uno de ellos se refiere a la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" y a la adopción de ayudas para reparar los daños causados por las recientes inundaciones en las Comunidades Autónomas Valenciana, Región de Murcia y de las Illes Balears, así como en las provincias de Almería y de Albacete. Se adoptan medidas también para reparar los daños causados: se trata de ayudas económicas por daños personales, por daños en vivienda habitual y enseres, por daños en establecimientos industriales y mercantiles, y en producciones agrícolas y ganaderas, así como de líneas de préstamos preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, beneficios fiscales o medidas de carácter laboral o de Seguridad Social.

Este Acuerdo tiene una peculiaridad. Como saben ustedes, hace unas semanas se adoptó un Acuerdo similar referido a las inundaciones en Andalucía y, concretamente, en Málaga. Las mejoras que introduce este Acuerdo se extenderán también a las inundaciones en Andalucía.

El Consejo de Ministros ha tomado también un Acuerdo para el establecimiento en Barcelona de una subsede del Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Este Laboratorio, cuya sede central está en Heidelberg, tiene otras subsedes. No había abierto ninguna subsede más desde hace veinte años y supone un hito importante para la ciencia española por el prestigio de este Laboratorio dedicado a la investigación y promoción de la ciencia europea en el ámbito de la biología molecular y celular, y tecnologías asociadas. Ha sido, insisto, fundamental para el desarrollo de la investigación biomédica.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2017 la participación de unidades en operaciones fuera de territorio nacional. El objeto de este acuerdo es mantener los efectivos desplegados en las mismas operaciones, de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Igualmente, ha habido dos Acuerdos de excepciones al cierre del ejercicio presupuestario: uno se refiere a la autovía de acceso al puerto del Musel, en Gijón --56 millones de euros--, y otro, a una subvención al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y al CENER del Gobierno de Navarra.

Asimismo, el Gobierno ha escuchado un informe realizado por el ministro de Economía, aunque han intervenido también otros ministros, respecto a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida a las "cláusulas suelo" en los préstamos hipotecarios. Al respecto, el Gobierno respeta las decisiones judiciales y manifiesta que esta situación para los deudores hipotecarios no se hubiera producido si se hubiera aprobado años antes la Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que aprobó el Gobierno en el año 2013 y donde, como saben ustedes, el que contrae un préstamo hipotecario tiene que manifestar por escrito que conoce el alcance de esas cláusulas; por tanto, dota de transparencia plena a ese contrato.

Además, el Gobierno quiere declarar que el sector bancario en España, y más después de la reformas del sector financiero, es sólido y, asimismo, ha tomado la decisión de aprobar en el próximo Consejo de Ministros, por tanto, en el Consejo de Ministros del día 30 de diciembre, un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria para resolver esta cuestión con celeridad.

Igualmente, el Gobierno ha aprobado una serie de nombramientos: don Cristóbal Torres Albero, catedrático de Universidad, que hasta ahora era el director del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, es el nuevo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas; en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, doña María García Rodríguez es la nueva secretaria de Estado de Medio Ambiente, y en el ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el nuevo subgobernador del Banco de España es don Javier Alonso Ruíz-Ojeda.

Como saben ustedes, los nombramientos de Gobernador y Subgobernador iban siempre juntos. En este caso, por la renuncia anticipada del anterior Subgobernador, han ido separados; pero hay un compromiso por parte del señor Alonso Ruiz-Ojeda a cesar en su cargo a mediados del año 2018, creo que es, cuando cese el Gobernador, de tal manera que reanudaremos esa costumbre de que el Gobernador y Subgobernador sean elegidos al mismo tiempo.

Asimismo, doña Cecilia Yuste, a la que ustedes conocen sin duda bien porque hasta hoy era la directora general de la Oficina de Información Diplomática, es la nueva embajadora de España en el reino de Bélgica.

Permítanme decir también que el Consejo de Ministros ha concedido hoy las Medallas de Oro del Mérito a las Bellas Artes correspondientes al año 2016, que han recaído en Martha Argerich, la gran pianista argentina de ascendencia catalana; don Manuel Borrás, el editor de la editorial Pretextos; don María Rosa Calvo-Manzano, conocida arpista; don Lorenzo Caprile, diseñador de moda; don José Coronado, actor; don Ricardo Darín, también actor; doña Gloria María Milagrosa Fajardo García, que no les dirá a ustedes gran cosa pero, si les digo que es Gloria Estefan, seguramente sí lo hará; don José Fernández Torres, más conocido como "Tomatito"; la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica; don Jesús Rafael García Hernández, más conocido como "Rafael Amargo"; don José Iranzo Bielsa, el "Pastor de Andorra" --éste a título póstumo--, un cantante de jotas muy conocido y muy querido en Aragón; don Julián López Escobar, "El Juli"; don Miguel Martín, director del Festival de Jazz de San Sebastián; don Miquel Milà y Sagnier, gran diseñador industrial; doña Magüi Mira Franco, actriz y directora teatral; don Philippe de Montebello, director durante muchos años del Metropolitan y hoy patrono del Museo del Prado; el Orfeón Pamplonés, que cumple 150 años; doña Helena Pimenta, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; don Pedro Subijana, presidente de Euro-Toques y gran profesional de la gastronomía; doña Julia Uceda, poetisa; y don Leopoldo Zugaza, editor y promotor cultural en el País Vasco.

Ahora voy a dar la palabra al ministro Nadal y luego, por supuesto, estaremos a su disposición para las preguntas que tengan por conveniente hacer.

Sr. Nadal.- Como ha dicho el Ministro Portavoz, lo que voy a tratar de hacer es explicarles el contenido del Real Decreto Ley que ha aprobado hoy el Gobierno y que se tendrá que convalidar posteriormente por los diferentes Grupos Parlamentarios para su tratamiento ordinario en el Congreso de los Diputados.

Éste es un Real Decreto Ley que surge de un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas y que ha incluido las diferentes visiones que cada uno teníamos para tratar de solucionar un problema de gran complejidad, que es tratar la cuestión del bono social y su financiación, y cómo ampliar de alguna manera este bono social y dar más cobertura, solucionando o ayudando a solucionar una cuestión que se está tratando a nivel autonómico y local, y que compete también a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en gran medida o en mayor medida, puesto que es una política social. Pero era importante tener un cierto grado de coordinación y actuación a nivel nacional, que es el tema de la prohibición de interrupción de suministro en el caso de los consumidores más extremadamente vulnerables.

Voy a ir por partes, porque el Real Decreto Ley tiene muchas cuestiones.

En primer lugar, la que tiene un efecto inmediato a partir del día de mañana es garantizar la financiación del bono social. Sin financiación es imposible que tengamos un bono social, un apoyo a los consumidores vulnerables. Esa financiación quedó en entredicho después de una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de este año y gracias a este Real Decreto Ley vamos a tener esa financiación.

Para resumirles básicamente lo que es esto, el bono social surge de una Directiva comunitaria del año 2009 que se aplica en nuestro país. Este bono social supone un descuento, que en su día era un descuento fijo, a una serie de consumidores que cumplen una serie de características. Éstas, por ahora, se mantienen igual. En su día se dijo que lo tenían que financiar las generadoras eléctricas y hay países de la Unión Europea en que esto sigue siendo así, por ejemplo, en el caso de Portugal; pero en el año 2012 el Tribunal Supremo dijo que esto era relativamente discriminatorio o discriminatorio respecto a otros actores que actúan en el sistema eléctrico.

Con posterioridad, en el año 2013 se regula el bono social y lo que se hace es decir que lo van a pagar aquellas matrices de las comercializadoras que están vendiendo la electricidad a los consumidores que estén integradas dentro de un gran grupo. Para que se hagan ustedes idea, son las comercializadoras de las compañías eléctricas que prácticamente todos conocemos y que suponen el 94 por 100 del mercado.

En esta última sentencia del Tribunal Supremo se dijo que, como no incluía al otro 6 por 100 del mercado, también había un cierto trato discriminatorio. Lo que hace este Real Decreto Ley es incluir ya al 100 por 100 del mercado, al 100 por 100 de las comercializadoras que actúan en nuestro país, y bien su matriz o, si no tienen matriz, ellas mismas se harán cargo del bono social y su financiación. Es decir, no se altera gran cosa la situación que hay presente en cuanto a financiación del bono social, lo sigue pagando el sector eléctrico tal y como estaba previsto, pero se amplía a ese 6 por 100, esa pequeña parte del mercado que no estaba participando en su financiación.

Una vez que tenemos la financiación, lo que hace este Real Decreto Ley es hacer varias habilitaciones para que el Gobierno, a través de Real Decreto, a través de Reglamento, pueda hacer una serie de cuestiones.

En primer lugar, se amplía la posibilidad de que haya una definición más variada de consumidor vulnerable. Hasta ahora, consumidor vulnerable es aquel que cumple una serie de características, como les decía anteriormente, pero podemos hacer diferentes tipologías. Esto ¿qué va a permitir? Va a permitir intensidades de ayuda diferentes. Hasta ahora todos los consumidores vulnerables son 2,3 millones de hogares, aproximadamente siete millones de personas, y reciben todos la misma bonificación: un 25 por 100 del precio de su factura eléctrica. Gracias a esta habilitación reglamentaria se podrá hacer un Reglamento en el cual podemos tener consumidores de diferentes tipos en los que las ayudas podrán variar, evidentemente, en función de su poder adquisitivo, en función de su renta.

Es una cosa compartida por todos los Grupos Parlamentarios en la que se hizo mucho hincapié y, a partir de ahora, esto va a poder ser así en cuanto aprobemos el Reglamento. Por supuesto, tendrá que ser discutido y dialogado con las fuerzas políticas, porque es un tema enormemente sensible, qué se define como consumidor vulnerable y qué diferentes categorías de consumidor vulnerable queremos introducir.

En segundo lugar, se introduce una habilitación reglamentaria para que el Gobierno mejore las condiciones de comercialización al conjunto de los consumidores; en este caso, no sólo a los vulnerables, sino al conjunto de los consumidores. Hay determinadas prácticas comerciales que requieren un mayor grado de transparencia. La más relevante, para que se hagan ustedes una idea, es la que permita crear un indicador o algún tipo de índice que permita comparación entre las distintas ofertas.

Ustedes con conscientes de que los consumidores pueden elegir estar en el PVPC, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, o irse a cualquiera de las ofertas que los comercializadores en el mercado están haciendo. Son ofertas complejas. Unas garantizan más estabilidad de precio, otras garantizan determinados contratos de suministro o de mantenimiento con una rebaja; son muy variadas. Lo que queremos hacer es, a través de un Real Decreto, crear una especie de TAE, como existe en el sector financiero, que permite comparar hipotecas; crear un indicador o una serie de indicadores que permitan mucho más fácilmente comparar las distintas ofertas, además de dar mayor protección en determinadas prácticas comerciales a los consumidores.

En tercer lugar, se establece la habilitación reglamentaria para que determinados consumidores vulnerables, en las categorías que se determinen, en lugar de tener dos meses de preaviso antes del corte de electricidad pasen a cuatro. Eso se hará reglamentariamente. Nuevamente, es un tema que se tendrá que discutir y de alguna manera implementar y hablar con las distintas fuerzas políticas.

Por último, el elemento que probablemente más atención ha causado y se tiene más expectación sobre el mismo, pero digo que todo el paquete en su conjunto es un paquete muy interesante porque afecta y beneficia a todos los consumidores eléctricos, es la prohibición del corte de suministro en determinados supuestos.

Básicamente, para que se hagan una idea, el sistema que se va a aplicar, cuando se ponga en marcha, será parecido a esto: una compañía eléctrica se encuentra con un impago y la compañía eléctrica tendrá la obligación de decirle al consumidor: tenemos un impago. Aunque sorprenda, esto ahora no es obligatorio; alguien puede no estar pagando la electricidad y no saberlo. Luego, vendrá un aviso de corte; pero lo que vamos a pedir primero es que en el momento inicial del impago la compañía eléctrica inmediatamente le diga al consumidor: "tengo un impago".

A partir de ahí, se tienen dos o cuatro meses --ya les he dicho que depende del tipo de consumidor-- para hacer efectivo el corte. Previamente, tendrá que haber contactado con los servicios sociales de las Comunidades Autónomas para preguntar si están procediendo a una tramitación de un corte de electricidad sobre un consumidor extremadamente vulnerable. En caso de ser así, no se puede proceder a la interrupción del suministro y la Comunidad Autónoma o Corporación Local procederán a la atención de esta persona o de este grupo de personas, atendiendo al pago de la deuda que será cofinanciado --esto también es una novedad-- en parte por el bono social. El bono social ya no sólo es una rebaja sobre el precio para determinados consumidores, sino que además destinaría una parte de este fondo a cofinanciar esa deuda que se genera por los consumidores extremadamente vulnerables, a los cuales no se puede cortar la electricidad.

Por decirlo así, habrá, al menos, cuatro tipos de consumidores: Los consumidores ordinarios, que se ven beneficiados por una mejora del tratamiento de su comercialización de prácticas comerciales y van a tener una mayor capacidad de comparación entre ofertas; después, los consumidores vulnerables que hasta ahora teníamos, que van a tener una definición más precisa, más clara, más acorde con su realidad económica y social, y a los que se les dará una ayuda sobre el precio, que es lo que es compatible, además, con el nuevo "paquete de invierno" de la Comisión Europea; habrá otra tercera categoría, al menos, de un consumidor que también pagará, pero con un descuento mayor porque tiene una situación de renta inferior; y, luego, ya los casos de aquellas personas que están atendidas por servicios sociales, atención que supone que una administración social se está haciendo cargo de los pagos y de su deuda. Esa administración social, que es la competente para hacerlo y la que tiene los trabajadores sociales para poder evaluar estos casos, va a recibir una aportación adicional por parte del sistema eléctrico para atender a estos casos.

Esto, en su conjunto, da un sistema bastante cerrado, en el cual tenemos, por distintos niveles de situación social, un tipo de ayuda. Hay alguna que recibirán, como decía antes, del orden de siete millones de personas y otras que son aquellos que de manera muy directa, el otro caso extremo, están siendo ahora mismo atendidos por los servicios sociales.

Y esto es, en su conjunto, lo que se pretende. Son habilitaciones reglamentarias, esperemos que cuanto antes podamos tener textos para poder discutir con las fuerzas políticas y entiendan ustedes que va a haber un proceso de tramitación, como siempre ocurre con la normativa eléctrica y energética, que tiene su complejidad, porque esto requiere información a la Comisión Europea. Todas las cuestiones que tenga que ver con la intervención en precios o mercado eléctrico tienen que tener información de la Comisión Europea, tienen que tener informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y, al ser de transposición comunitaria, también informa el Consejo de Estado.

Nosotros querremos ir a la mayor celeridad posible, discutir estos desarrollos con las fuerzas políticas a la mayor velocidad posible y que cuanto antes el sistema opere a pleno funcionamiento.

P.- Para el Portavoz. Querría una valoración del Gobierno ante las últimas decisiones de hoy mismo del Tribunal Constitucional respecto a la anulación de las ponencias del Parlamento catalán de las leyes de desconexión y también la advertencia que ha realizado de que la acción exterior de la Generalitat no puede invadir competencias del Estado. ¿El Gobierno teme que todo ello pueda endurecer la posición que salga esta tarde de la cumbre sobre el referéndum que ha convocado el presidente de la Generalitat?

Portavoz.- El Gobierno siempre respeta y acata, y pide a los demás que respeten y acaten porque es lo que hay que hacer en un Estado de Derecho. Y a mí me gustaría que en cualquier decisión que se tomara en esa cumbre a la que usted ha hecho referencia, en esa reunión, que no se dejaran llevar por los radicales, porque los catalanes, la inmensa mayoría de los catalanes, son moderados y adoptar la agenda radical, como la unilateralidad, no es una buena medida.

El Gobierno está abierto al diálogo y creo que la Conferencia de Presidentes autonómicos es un buen ejemplo. Les he pasado revista a los temas que preocupan a la gente, de verdad, porque afectan a sus vidas y que vamos a tratar a nivel multilateral con todas las Comunidades Autónomas. Ahí es donde se discuten problemas reales y se buscan soluciones reales para la gente, y ahí es donde se hacen cosas positivas para la gente.

P.- Quería preguntarle al Ministro Portavoz sobre el código de buenas prácticas que van a aprobar en el próximo Consejo de Ministros. ¿Qué supondrá para los bancos adherirse a ese código? ¿Queda claro al cien por cien que después de la sentencia europea los bancos se harán cargo de devolver el dinero?

Y una pregunta que ya le hicimos al ministro Nadal, ya que nos invita el Portavoz a hacerla, es: ¿cuándo los ciudadanos empezarán a beneficiarse de las ventajas del bono social y de este acuerdo alcanzado por el Gobierno?

Portavoz.- En el tema de las cláusulas hipotecarias, se trata de una relación privada, personal, entre los bancos y sus clientes. Eso queda claro y, por tanto, es una relación personal. Lo que el Gobierno quiere hacer, y lo quiere hacer además para dar seguridad, tranquilidad, certidumbre, es ayudar a resolver estos temas de una forma rápida. Por tanto, el acuerdo que ha tomado hoy es aprobar en un plazo de tiempo muy corto… Fíjese que éste es un tema no fácil, es un tema complicado que tiene muchas derivadas; pero el presidente del Gobierno ha dicho que le gustaría ver adoptado ese código de buenas prácticas el 30 de diciembre. Por lo tanto, es una acción, una iniciativa que toma el Gobierno, para resolver esa cuestión que, insisto, afecta en principio a las entidades de crédito y a sus clientes.

El Gobierno quiere con esto demostrar que quiere resolver los problemas de la gente. Ahora bien, no me pregunte usted cuál va a ser el contenido, porque hoy el acuerdo es realizarlo; pero sobre el contenido, evidentemente, no hemos hablado.

Sr. Nadal.- Respecto a la aplicación, de entrada ya tenemos siete millones de consumidores en bono social que se están beneficiando del descuento y lo que permite este Real Decreto Ley es que el año que viene sigan beneficiándose del descuento. Sin este Real Decreto Ley habríamos tenido un problema para la financiación de ese bono social. Es decir, el bono social que ya existe, que viene desde el año 2009 y que supone un alivio financiero para aquellas familias vulnerables… Ahí la casuística es amplia pero, para que se hagan una idea, son familias numerosas o familias que tienen todos sus miembros en paro, por poner ejemplos de a quien está beneficiando ya este bono social.

A partir de ahí, estamos hablando de ampliarlo, de ampliar la intensidad de ayuda y de hacer una definición mejor de ese tipo de consumidor. Y estamos hablando también de establecer un sistema de actuación entre las compañías eléctricas, las comercializadoras eléctricas, y las Comunidades Autónomas.

Aquí tenemos que trabajar todos rápido y, además, con generosidad. Este tema va a ir a la Conferencia de Presidentes porque tiene que haber mucha colaboración de las Comunidades Autónomas para diseñar ese sistema, que sea eficiente y actúe correctamente. Además, como le he dicho anteriormente, tiene que llevar el visto bueno de la Unión Europea, tiene que tener informe d de la CNMC y tiene que tener también un informe por parte del Consejo de Estado.

Por lo cual, ¿cuándo? Pues cuanto antes mejor. Cuanto mejor trabajemos, cuanto mejor nos coordinemos y cuanto más consenso político y territorial entre las diferentes Administraciones haya, antes estará este sistema en marcha.

Este sistema lo que viene es a mejorar y a clarificar lo que ya existe. Es decir, el bono social, como le decía anteriormente, ya está operando para siete millones de personas y, por otro lado, Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas ya tienen sus propios convenios con las compañías eléctricas. Esto lo que hace es hacer un marco general igual para todos, bien clarificado, en el que no haya inseguridad jurídica y en el que el sistema opere perfectamente bien, sin esas dudas o esos problemas que de vez en cuando surgen.

P.- ¿Hay alguna posibilidad de que la prohibición de los cortes al suministro a familias extremadamente vulnerables llegue antes del final del invierno? ¿Técnicamente, digamos, es posible esto? ¿Puede pasar? Porque estamos ya a las puertas de las vacaciones de Navidad.

Sr. Nadal.- Esto ya está ocurriendo. Ahora mismo en cuanto a una familia muy vulnerable atendida por servicios sociales normalmente esas Administraciones ya tienen algún tipo de convenio con las compañías eléctricas. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en alguna ocasión y ustedes lo saben? Que estos protocolos no estaban bien definidos, tenían problemas de interpretación y no se sabía muy bien quién tenía que informar a quien. Ahora sí hay más conciencia en el sector. He hablado con diferentes compañías y están mucho más concienciadas de que este tipo de problemas no deben de ocurrir.

Si hay algo bueno de todo lo que está ocurriendo y de ese consenso político es que también hay una mayor concienciación por parte del sector de que deben extremarse los cuidados en aplicar adecuadamente lo que ya existe, y lo que ya existe es importante y hay que poner en valor ese trabajo de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que ya llevan tiempo, porque son las competentes, atendiendo a estas cuestiones.

Lo que va a permitir estos desarrollos que le he dicho anteriormente es tratar de eliminar problemas, fallos, ambigüedades, cuestiones interpretativas, que han generado problemas en el pasado, por lo cual va a ser extraordinariamente útil para conseguir que lo que ya se está haciendo todavía mejore y sea un sistema ya mucho más compacto y que funcione adecuadamente bien.

P.- Me gustaría saber si el Gobierno da por finalizado el diálogo o si cree que finalmente no va a llegar a buen puerto ese intento de acercarse a Cataluña después de que esta tarde se celebre la cumbre por el referéndum, de que se haya hablado de un pacto nacional por el mismo y de que el presidente Puigdemont no vaya a ir a la Conferencia de Presidentes. También me gustaría saber cuál va a ser el siguiente paso que va a tratar de dar el Gobierno.

Portavoz.- El diálogo es y va a ser una constante del Gobierno. Nosotros tenemos la mano tendida para hablar con todos, hemos manifestado nuestra voluntad y serán los ciudadanos los que tengan que juzgar quienes están en la unilateralidad y no quieren dialogar y aquellos que estamos dispuestos a hacerlo. Por tanto, la puerta evidentemente sigue abierta y la mano tendida, y seguiremos en esa línea.

P.- Tenía dos preguntas para el ministro Portavoz. Una es sobre el diálogo, porque decía antes que el Gobierno está ofreciendo diálogo para resolver los problemas reales de la gente; pero yo quería saber si en Cataluña esperan otro resultado de esa oferta de diálogo. Es decir, ¿esperan resolver con diálogo lo que es el desafío independentista y la convocatoria de un referéndum el año que viene?

Por otra parte, estamos viendo aquí el resultado del último acuerdo entre el Gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista. Se suma a otros acuerdos que ha habido ya entre estas dos partes. En Asturias también ha habido un acuerdo de Presupuestos. ¿Estamos asistiendo aquí al principio de lo que puede ser el gran acuerdo de los Presupuestos de 2017 o lo desvinculan por completo?

Portavoz.- Yo creo que la labor del Gobierno, el objetivo del Gobierno, es resolver los problemas que tiene la gente y ahora que hemos dejado atrás la crisis y que las cifras de crecimiento económico son buenas yo creo que tenemos que procurar resolverlo.

Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va contra la Constitución que garantiza el autogobierno de Cataluña. Por lo tanto, más claro no se puede decir. Ahora bien, dialoguemos, hablemos, resolvamos los problemas de la gente y yo creo que donde tienen que estar todos es en la Conferencia de Presidentes autonómicos. Pero, en fin, esto es la voluntad del Gobierno, es la invitación del Gobierno; pero usted ya sabe que las invitaciones se hacen, pero a lo mejor no se aceptan. Insisto, tendrán que ser los ciudadanos los que tengan que decidir si esa disposición del Gobierno es la correcta o no. Nosotros pensamos que lo es y por eso vamos a continuar con ella.

Respecto a su segunda pregunta, el presidente del Gobierno lo ha dicho con claridad: esta Legislatura haremos acuerdos a acuerdos, negociando y hablando mucho. A mí me gusta recordar esa frase de don Antonio Machado de "preguntar primero, escuchar después" y le añado: y actuar. Y ya ha visto que estamos actuando. Este Real Decreto Ley que ha presentado el ministro Nadal es fruto de un acuerdo; de un acuerdo no solamente con el Partido Socialista, sino con otros grupos políticos de la Cámara. Le recuerdo también que la convalidación del Real Decreto Ley sobre la LOMCE tuvo muy pocos votos en contra. Votaron a favor 252, hubo muchas abstenciones, fundamentalmente en el grupo de Unidos Podemos, y muy pocos votos en contra.

Con lo cual, estamos escuchando, preguntando y actuando. Y, evidentemente, en esas negociaciones, en esos diálogos en los que estamos ahora, los Presupuestos Generales del Estado son un objetivo. El Gobierno lo ha dicho siempre: después de la investidura, después de esa noticia que ha sido saludada muy positivamente en Europa por nuestros socios y en todo el mundo, tenemos que concretarla en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; pero eso seguirá exigiendo diálogo y el Gobierno está, desde luego, dispuesto a ello.

P.- Yo quería preguntarle al ministro Nadal que me confirme si el criterio de renta para determinar qué familias son vulnerables y cuáles no lo son queda fuera del Real Decreto Ley y queda pendiente para el desarrollo reglamentario.

Para el ministro Portavoz. Quiero que me diga si el Gobierno ha tomado ya una decisión acerca de los vetos, si va a recurrir o no al Tribunal Constitucional esos dos vetos que levantó la Mesa del Congreso, si ha tomado esa decisión y, si no la ha tomado, cuándo tiene previsto hacerlo.

Sr. Nadal.- Esto ya está en la Ley. Lo que usted me pregunta ya está en la propia Ley y el actual bono social, evidentemente, tiene en cuenta criterios de renta. Lo que va a permitir este Real Decreto Ley es que hace más flexible la Ley y, por tanto, el Reglamento podrá actuar de una manera mucho más acompasada y teniendo con mayor intensidad en cuenta el criterio de renta, no sólo para ser elegible como consumidor vulnerable, sino también por la intensidad de ayuda que se le pueda dar. Es decir, flexibilizamos lo que ya existía y permite que su modulación a través del Reglamento pueda ser, con toda la intensidad que queramos, discutido entre las fuerzas políticas y, evidentemente, que sea viable, que eso es lo que siempre tenemos que hacer.

Portavoz.- Respecto a su segunda pregunta, todavía no hay una decisión. Yo he tenido conocimiento por los medios de comunicación de la decisión de la Mesa del Congreso; pero todavía no he visto, no conozco, el traslado de esa decisión. No la he visto hoy en el Consejo de Ministros pero, sin duda, lo trataremos próximamente.

P.- Mi pregunta es para el ministro de Energía. Ha mencionado que este bono social, la garantía de la financiación volverá a ser a cargo del sistema eléctrico. Quería saber si han conocido el parecer, puesto que quieren ampliar la cobertura o ampliar el número de personas a las que se alcance, y si esa financiación va a pesar sobre el primer grupo, los consumidores ordinarios.

Sr. Nadal.- No, no. Se mantiene el sistema tal y como está. Antes lo financiaba el 94 por 100 del sistema eléctrico y ahora va a ser el 100 por 100. Es el único inconveniente que puso el Tribunal Supremo para decir que no estaba la financiación; pero se va a mantener tal y como estaba, ahora al 100 por 100 de las comercializadoras. Por tanto, no son el resto de los consumidores los que lo financian, son las comercializadoras, bien integradas dentro de un grupo como era antes, o bien no integradas dentro de un grupo como también va a ser ahora. 94 por 100 frente a 100 por 100 del sector de comercialización.

Portavoz.- Muchísimas gracias a todos. Déjenme decirles dos cosas: primera, anunciarles que la próxima semana, el próximo viernes, 30 de diciembre, tendrán ustedes la suerte de tener al presidente del Gobierno y no a mí. Y ayer el Congreso de los Diputados decidió pedir la celebración del fallecimiento de Miguel Hernández. "Me voy, me voy, me voy, pero me quedo", que es lo que me pasa a mí. Yo no estaré el 30 de diciembre aquí, con ustedes; pero sí lo estará el presidente del Gobierno.

Y déjenme también darles una noticia de ultimísima hora que es que la fragata "Navarra", que es una fragata española desplegada en la misión de la Unión Europea en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, ayer recogió a 217 personas frente a la costa de Libia y dentro de esas 217 personas había una madre en avanzado estado de gestación que acaba de dar a luz a una niña en la fragata "Navarra". Por tanto, fragata "Navarra", barco español, suelo español: ¡bienvenida a España, niña! Creo que es un buen augurio de estas Navidades que les deseo a todos ustedes que pasen con su familia y con sus amigos.

Muchas gracias.