El Gobierno aprueba la reforma de la Formación Profesional para el Empleo

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que es una de las reformas estructurales más importantes de esta legislatura porque favorecerá el acceso al empleo de mayor calidad y contribuirá a la lucha contra la desigualdad. Además, ha resaltado que fortalecerá la transparencia y el control contra el fraude, que en algunos casos ha estado ligado a la formación y a los fondos para el empleo.

En el mismo sentido, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que "habrá tolerancia cero contra el fraude" y que cada euro que vaya a formación se tendrá que destinar a este fin.

La ministra ha apuntado que el modelo de Formación Profesional para el Empleo vigente es un sistema "consolidado en el tiempo" que hoy utilizan 475.000 empresas. Sin embargo, a su juicio, adolece de falta de planificación estratégica, calidad y transparencia. Además, existe un desajuste entre la oferta de contenidos formativos y las demandas de empleo, por lo que "estamos ante un modelo mejorable", ha afirmado.

Nuevo modelo de formación

EFEFátima Báñez ha recordado que la reforma ha sido fruto de un amplio proceso de diálogo y participación y responde al Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita firmado por el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) el 29 de julio de 2014.

La ministra ha anticipado que sus objetivos son claros: favorecer la creación de empleo estable y de calidad; mejorar la competitividad empresarial; garantizar el derecho a la formación; ofrecer garantías de mejora de la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores y consolidar en el sistema productivo una cultura de la formación.

Además, la reforma pretende lograr una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos y que el sistema sea evaluable. "Queremos que la evaluación sea también una de las claves y que se incremente la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno", ha dicho Báñez.

El nuevo modelo, ha explicado, se aplicará a todas las Administraciones Públicas y los agentes sociales seguirán teniendo un papel trascendente, sobre todo en la planificación y programación de la formación, ya que "son los que mejor conocen el tejido productivo". "Queremos que detecten las necesidades de ese tejido con anticipación. Un país con tanta tasa de paro como la que tiene España no puede tener vacantes y se producen vacantes", ha añadido.

Otra novedad es que se hará una planificación estratégica plurianual para que la formación sea coherente con las necesidades actuales y futuras. También se implantará una cuenta-formación asociada a cada trabajador que certificará los conocimientos recibidos durante toda su vida laboral. Se apostará por la teleformación y por la formación permanente dentro de la empresa; en especial, se impulsará en las de tamaño pequeño y mediano.

Fátima Báñez ha destacado que "hay un cambio radical" en el modelo de formación de oferta o subvencionada. La gestión se realizará en régimen de concurrencia competitiva en un cien por cien, de tal manera que "los centros accederán a las convocatorias de formación en igualdad de condiciones y será el mercado el que elija a aquellos de mayor calidad".

En relación con los desempleados, la novedad es la implantación del cheque-formación mediante el que la persona parada elegirá el centro donde se quiera formar y la administración correspondiente pagará a esa entidad la formación directamente. La ministra ha argumentado que cuando se trate de formación subvencionada sólo se anticipará un 25% de los fondos a los centros: "Hasta ahora se podía hacer un anticipo del cien por cien y eso ha dado lugar en muchas comunidades autónomas a irregularidades que en el futuro queremos evitar".

El proceso de evaluación será permanente para conocer el impacto de la formación. Y para evitar el fraude, se creará una unidad especial, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se elevarán las sanciones para aquellas empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos. No podrán trabajar para la administración pública en el ámbito de la formación durante cinco años.

Oferta de Empleo Público

EFEEl Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2015, descrita por la vicepresidenta del Gobierno como "un esfuerzo muy destacado por mejorar algunos de los servicios públicos que dependen de la Administración General del Estado". Sáenz de Santamaría ha resaltado entre esos objetivos la lucha contra el fraude en los servicios públicos, el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y la mejora de la Administración Local, así como el refuerzo de la Policía y la Guardia Civil.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que como consecuencia de la crisis económica el Gobierno aplicó "una congelación muy estricta de plantillas" desde el comienzo de la legislatura. El conjunto de las Administraciones Públicas, ha apuntado, cuenta hoy con una plantilla similar a la de 2003-2004.

La situación ha cambiado a partir de la Ley de Presupuestos para el año 2015: la tasa de reposición pasa del diez al cincuenta por ciento y puede sobrepasar ese porcentaje en los ámbitos donde el Ejecutivo considere que los refuerzos son más necesarios. Como ya ocurrió en 2014, junto a la oferta ordinaria, el Gobierno ha aprobado otra extraordinaria destinada a las áreas prioritarias. "No se trata de que la plantilla del sector público continúe reduciéndose como lo ha hecho hasta ahora, ni mucho menos, sino al contrario: el Estado tiene que tener la dotación de recursos humanos para prestar servicios públicos de calidad", ha sostenido el ministro.

Nuevas plazas y promoción interna

El número total de plazas ofertadas es de 11.250. De ellas, 7.416 son nuevas (lo que representa un aumento del 340% respecto al año anterior) y el resto, 3.834, se destinan a la promoción interna.

La oferta ordinaria de nuevas plazas incluye 3.098 en la Administración General del Estado (AGE) y 50 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, "los garantes del funcionamiento de nuestras administraciones locales", en palabras de Montoro. Otras 1.350 plazas permitirán reforzar los efectivos y reducir la interinidad en el ámbito de la Administración de Justicia. Este apartado se completa con 1.374 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y 820 para la Guardia Civil (frente a las 314 y las 159 del año pasado, respectivamente).

En cuanto a la oferta extraordinaria, la mayor parte de los puestos se destinan a fortalecer la lucha contra el fraude, fundamentalmente en el área de la Agencia Tributaria.

El ministro ha detallado que, sumando ambas convocatorias, el incremento de efectivos para combatir el fraude supondrá un total de 784 personas: inspectores de Hacienda, 50; cuerpos técnicos, 323; agentes de la Hacienda Pública, 50; lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, 264, entre otros cuerpos.

Cristóbal Montoro ha subrayado igualmente el aumento de las plazas destinadas a la promoción interna respecto al año 2014 (un 79% más), ya que es muy importante que el funcionario vea que "realmente tiene futuro en su puesto de trabajo". En términos porcentuales, las mayores subidas en este apartado corresponden a la Administración de Justicia, la AGE y el Cuerpo Nacional de Policía.

Voluntariado y Tercer Sector

EFEEl Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes los proyectos de ley de Voluntariado y del Tercer Sector, dos normas enmarcadas en la Agenda Social del Gobierno, "uno de los elementos clave que impulsamos en este último año de la legislatura", según ha recordado Soraya Sáenz de Santamaría.