El Gobierno aprueba la reforma de la ley tributaria que permitirá publicar la lista de deudores

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes la Reforma de la Ley General Tributaria. Los tres objetivos básicos de la norma son potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica, según ha explicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Una de las principales novedades del texto es la publicación del listado de contribuyentes con deudas y sanciones pendientes de ingreso superiores al millón de euros. Montoro ha señalado que, siguiendo la recomendación planteada por el Consejo de Estado, la lista no contendrá las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Se concederá a los interesados un trámite de alegaciones previo a la publicación, y el acuerdo final se podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa.

El Gobierno prevé publicar la primera relación de deudores en el cuarto trimestre de este año; incluirá a los que se encuentren en esa situación a 31 de julio de 2015.

Lucha contra el fraude fiscal

Otra medida destacada en el terreno de la lucha contra el fraude es la "norma antiabusos", una nueva infracción tributaria que sancionará actos o negocios realizados con ánimo defraudatorio sustancialmente iguales a otros ya calificados previamente como abusivos por la Administración porque van en contra de criterios públicos. Además, la norma amplía las potestades de comprobación e investigación -el plazo para la comprobación de bases, cuotas o deducciones será de diez años-, potencia las actuaciones de los órganos de gestión tributaria y refuerza el régimen de infracciones y sanciones para combatir el contrabando.

Pool MoncloaCon el fin de incrementar la seguridad jurídica, el Proyecto de Ley fija nuevos plazos para el procedimiento de inspección: establece un periodo temporal más amplio (18 meses con carácter general y 27 meses en los supuestos de especial complejidad), pero a la vez se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración. También recoge medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos, como el impulso de los medios electrónicos.

Para reducir la conflictividad en este ámbito, la norma amplía la facultad de los órganos de la Administración Tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias y se exime de responsabilidad infractora a quienes se ajusten a esos criterios.

Lista de defraudadores

De manera complementaria, el Consejo de Ministros ha abordado el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto tiene que pasar ahora el trámite del Consejo General del Poder Judicial.

Cristóbal Montoro ha indicado que el Gobierno ha seguido en este punto también la recomendación del Consejo de Estado y que se trata de dar carácter público a datos personales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública (también por insolvencia punible y contrabando cuando la Hacienda Pública resulte perjudicada). Se aplicará a las sentencias que sean firmes tras la entrada en vigor de la Ley.

El ministro ha detallado que la publicación de la sentencia no será completa, sino solo aquellos aspectos estrictamente necesarios para la difusión del fraude fiscal, para así garantizar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como la protección de datos de carácter personal.

A juicio de Montoro, con estas iniciativas el Ejecutivo cumple su compromiso de publicar la lista de morosidad y también la relativa a los defraudadores y, al mismo tiempo, actualiza los procedimientos "para mejorar la relación entre la Administración y el contribuyente".

Futura Ley de Carreteras

Pool MoncloaLa ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley de Carreteras, un texto que adecúa la legislación vigente desde 1988 a la evolución de la red viaria.

El objetivo fundamental de la norma es mejorar la utilización de los recursos disponibles, por lo que "antes de construir una carretera se analizarán las necesidades y los tráficos esperados presentes y futuros de la red", según ha explicado la ministra.

Pastor ha destacado que la futura ley impedirá que las administraciones autonómicas o locales recalifiquen suelo durante el proceso de planificación de una carretera para "evitar actuaciones especulativas". La suspensión temporal cautelar será de un año prorrogable excepcionalmente seis meses más.

El texto establece que todo proyecto tiene que recoger previamente un plan de seguridad vial. Asimismo incluye iniciativas para proteger el patrimonio público viario. En este sentido, la ministra ha avanzado que Fomento podrá ordenar, incluso en las travesías urbanas, la retirada de publicidad que pueda afectar a la seguridad viaria o la explotación de la vía.

Ana Pastor también ha señalado que la norma permitirá que la promoción de las áreas de servicio se realice mediante la iniciativa privada, con el fin de dar "más servicios a los usuarios". Además, los denominados aparcamientos seguros o áreas de descanso dispondrán de servicios específicos para garantizar la seguridad de los conductores y sus vehículos.

El anteproyecto prevé la utilización de los sistemas inteligentes de transporte para ofrecer información en tiempo real a los usuarios sobre el estado de las infraestructuras y del tráfico mediante paneles informativos y dispositivos incorporados en el propio vehículo. La ministra ha comentado que en diversos tramos de las autovías A-52, A-55 y de la AP-9 se está llevando a cabo una prueba piloto con 20 vehículos equipados con estos nuevos sistemas.

La futura Ley de Carreteras incrementa las cuantías de las sanciones en las autopistas de peaje. La máxima se fija en 15.000 euros.

Nueva normativa para la contratación pública

El Consejo de Ministros ha analizado dos informes sobre los Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Contratos en los sectores específicos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que la nueva regulación en el sector público "va a suponer mayores garantías para evitar posibles casos de fraude en la contratación por parte de las administraciones, profundizando en la transparencia y en un mayor control".

Pool MoncloaSáenz de Santamaría ha subrayado que "la norma se puede aplicar también a organizaciones que se financien mayoritariamente con fondos públicos, como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones".

Las empresas de licitadores que acuden a contratos públicos tendrán que relacionarse obligatoriamente con la Administración por vía telemática. Para conseguir una mayor transparencia, se restringe el denominado procedimiento negociado (que no tiene publicidad). Sin embargo, como hay contratos que requieren gran agilidad se crea el procedimiento abierto simplificado, en el que la duración del proceso de contratación será muy breve (alrededor de un mes).

Por otra parte, se impulsa la competencia introduciendo un incentivo para que los contratos se dividan en lotes para que las pequeñas empresas puedan acceder a partes del contrato.

La vicepresidenta se ha referido a la nueva regulación de la responsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones. "Si por razones de interés público y causa no imputable al contratista, la Administración acuerda la resolución de la concesión, abonará al concesionario la inversión realizada. Sin embargo, si la resolución se produce por causa imputable al contratista, como ocurre en los casos de insolvencia o concurso de acreedores, la indemnización se determina por el valor de la concesión, no de la inversión", ha dicho.

Resolución de conflictos de consumo

El Gobierno ha analizado el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que facilitará a los consumidores resolver sus reclamaciones sin acudir a la vía judicial.

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que los procedimientos de resolución, cuyo resultado podrá ser vinculante o no, serán gratuitos o de bajo coste, transparentes, sencillos, rápidos, justos e imparciales. La norma establece un plazo máximo de resolución de 90 días naturales desde la presentación de la reclamación. El coste máximo para el consumidor se fija en 30 euros.

Nuevas licencias de TDT

Pool MoncloaEl Gobierno ha aprobado el pliego de bases y correspondiente concurso público para la adjudicación, mediante régimen de concurrencia, de seis licencias para la explotación en abierto del servicio de comunicación audiovisual televisiva mediante ondas hertzianas terrestres de cobertura estatal.

La vicepresidenta ha detallado que se convocan seis licencias audiovisuales, de las cuales tres son para emisión de canales de televisión en alta definición y otras tres para la emisión en calidad estándar. El plazo para la presentación de las ofertas terminará a finales del mes de mayo y se procederá a la adjudicación de las licencias en un plazo máximo de seis meses.

Sáenz de Santamaría ha indicado que "los ciudadanos podrán recibir los seis nuevos canales sin necesidad de ninguna adaptación en sus equipos ni antenas".

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha acordado renovar por un año la autorización concedida para el despliegue de una fuerza militar de Estados Unidos en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), en el marco de operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África para proteger a ciudadanos, instalaciones y personal designado en ese país.

Además ha acordado solicitar autorización al Congreso de los Diputados para el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas en la operación de asesoramiento de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUMAM RCA).

En el ámbito de la Cultura, el Gobierno ha aprobado la creación de la Comisión Nacional para la Conmemoración, en 2016, del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

Por otra parte, el Ejecutivo ha regulado la concesión directa de subvenciones por valor de 7 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015.

Asuntos de actualidad

Pool MoncloaEn relación con la operación abierta contra Rodrigo Rato, tanto la vicepresidenta del Gobierno como el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas han asegurado que se trata de un caso particular en el que se está siguiendo el procedimiento ordinario y en el que el "Gobierno ni interviene ni interfiere".

"La Ley es para todos", ha dicho Montoro, por lo que "da igual la pertenencia a un partido o no, da igual el relieve social o el relieve político o el poder político o el poder económico que uno se atribuya. Todos somos iguales ante la Ley".

Por su parte, la vicepresidenta ha anunciado que el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria comparecerá el próximo martes para informar sobre el particular.

Sobre el actual estado de las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, Soraya Sáenz de Santamaría ha calificado las últimas declaraciones de los responsables políticos venezolanos de "insultos inaceptables", que no contribuyen "mínimamente" al entendimiento entre los dos pueblos. Además, ha recordado que la proposición no de ley adoptada por el Congreso de los Diputados, reclamado la liberación en ese país de presos políticos, contó con el respaldo mayoritario de la Cámara.

La vicepresidenta también ha informado de que el funeral institucional por las víctimas del accidente aéreo de Germanwings en los Alpes se celebrará el próximo lunes 27 de abril, y ha puntualizado que se está organizando en coordinación con la Casa de Su Majestad el Rey y las autoridades catalanas y con atención a las sugerencias de los familiares de los fallecidos.