Consejo de Ministros
El Gobierno presenta la futura Ley de Seguridad Ciudadana
Consejo de Ministros - 29.11.2013
10. De Guindos: Novedades en el funcionamiento de las entidades de crédito | 29.11.2013
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que actualizará la normativa vigente desde 1992.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que tras 22 años de vigencia "es necesario, conveniente y oportuno" actualizar y mejorar el marco jurídico que regula esta materia con el doble objetivo de garantizar las libertades públicas y responder de manera más eficaz a nuevas conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana.
Fernández Díaz ha subrayado que la futura ley es consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno, que considera que la respuesta más apropiada a ciertos comportamientos antijurídicos y antisociales no es el Código Penal sino sanciones administrativas.
Novedades del texto
El titular de Interior ha destacado que "por primera vez en la historia de nuestro ordenamiento jurídico se define el concepto de seguridad ciudadana con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se enumeran los fines y los principios rectores que deben presidir cualquier intervención pública en esta materia". "Singularmente el principio de proporcionalidad, de forma que al delimitar estos fines y estos principios el texto gana en garantías", ha explicado.
Jorge Fernández Díaz ha indicado que en el caso de identificación de personas, registros, cacheos y restricción del tránsito en vías públicas, el nuevo texto "incrementa las garantías con respecto a la ley vigente, reduce el ámbito de discrecionalidad administrativa y será más garantista en la defensa de las libertades individuales".
Otro de los aspectos más novedosos citados por el ministro es el principio de responsabilidad solidaria de los padres, tutores, o guardadores legales por los daños o perjuicios ocasionados por los menores de edad a su cargo. Al respecto, Fernández Díaz ha aclarado que "no son responsables solidarios de las eventuales sanciones que se les impongan por los actos que cometan los menores sino responsables solidarios por los daños o perjuicios que esas conductas comporten".
Sanciones
El ministro ha afirmado que "las sanciones persiguen un único objetivo: erradicar la violencia, los comportamientos incívicos y el vandalismo, permitiendo diferenciar nítidamente lo que es el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, como son el derecho a reunión, manifestación, información y libertad de expresión, de otras conductas violentas".
Asimismo, ha reiterado que "queda plenamente garantizado el derecho fundamental de manifestación con el único requisito de su comunicación previa a las delegaciones del Gobierno", tal y como se hace en la ley vigente. "El mero incumplimiento de ese requisito llevará aparejado una sanción leve. De manera que sólo serán los comportamientos violentos los que serán sancionados como infracciones graves. Esta regulación parece más justa y proporcionada", ha manifestado.
Como infracciones graves, el ministro ha señalado aquellas conductas que causen desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos, así como la provocación de incendios en las vías públicas cuando representen un peligro para las personas o bienes y no sean constitutivas de delito. También lo serán las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, cuando no sean delitos.
Fernández Díaz ha resaltado como nueva infracción grave el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de los servicios sexuales en zonas públicas próximas a lugares destinados a menores o donde supongan un riesgo para la seguridad vial.
El texto también convierte en infracción grave los daños o deslucimiento de bienes e inmuebles de uso público, así como la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos y otros objetos con la finalidad de perturbar gravemente la seguridad ciudadana.
El ministro ha indicado como infracción leve las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el uso de imágenes o datos personales o profesionales de los mismos cuando estas conductas no sean constitutivas de delito, sin menoscabo del derecho constitucional a la información.
Solvencia para el sistema financiero
El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas normas de supervisión y solvencia para el sector financiero mediante un Real Decreto Ley que contiene medidas urgentes y ha elaborado un Anteproyecto de Ley para su posterior tramitación parlamentaria.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que España culmina así la transposición de la normativa europea en la materia y "da respuesta a las deficiencias y errores que están en el origen de la crisis".
El Real Decreto, que entrará en vigor en enero de 2014, amplía y adapta las funciones supervisoras del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado que la norma introduce nuevos requerimientos en materia de retribuciones: "No se puede tener una retribución variable superior a la fija y sólo podrá ser dos veces dicha retribución variable cuando lo autorice la junta de accionistas".
De Guindos también ha anunciado que se deroga el requisito de capital principal, del 9%, que se había introducido en el Memorándum de Entendimiento (MOU) suscrito con las autoridades europeas: "Nuestra definición de capital anterior y este 9% son superiores a lo que nos exige la nueva directiva. Por lo tanto, se habilita al Banco de España para que las entidades, a pesar de que hay unos requisitos menos estrictos, no puedan disponer de ese capital".
En cuanto a los activos fiscales diferidos (DTAs), el ministro ha dicho que se modifica la normativa contable del Impuesto de Sociedades para facilitar que los DTAs sigan siendo capital de la máxima calidad. "Si no hubiéramos hecho esto, la banca española estaría en una situación de desventaja en relación con sus competidores porque nuestra normativa fiscal es más estricta y porque las previsiones genéticas han sido muy importantes".
El ministro de Economía y Competitividad ha aclarado que la nueva regulación de las DTAs tendrá un impacto "no relevante en la deuda y en el déficit público" español.
Por otra parte, Luis de Guindos ha explicado que el Anteproyecto de Ley establece que el presidente del consejo de administración no podrá ejercer simultáneamente el cargo de consejero delegado, salvo que así lo autorice el Banco de España, y fija las incompatibilidades de los consejeros que estén en varias entidades de crédito.
Además, el texto recoge que todos los bancos deberán contar con un comité de retribuciones y con un comité de nombramientos. Exige a las entidades que publiquen las retribuciones totales de los miembros de su consejo de administración y las obliga a aprobar sus políticas de remuneración.
El anteproyecto de ley, según De Guindos, también fija la obligación de que el Banco de España publique, al menos una vez al año, un programa supervisor con una prueba de esfuerzo. Asimismo, incorpora un requisito de solvencia mínimo y diferentes colchones de capital en función de las características de las entidades y de las necesidades que se vayan definiendo.
Derechos de las personas con discapacidad
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que unifica toda la normativa existente en esta materia.
De esta manera, ha asegurado la vicepresidenta, se destaca la protección "singularizada que requiere el ejercicio de los derechos por parte de las personas que tienen distinta capacidad y lo hacemos mejorando y simplificando nuestra normativa".
Sáenz de Santamaría ha resaltado que por primer vez se refunden en una sola norma, "se armonizan y se articulan las tres principales leyes sobre discapacidad existentes en nuestro ordenamiento jurídico".
La vicepresidenta ha destacado que España es pionera en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y fue de los primeros en suscribir la convención internacional al respecto. Además ha señalado que con esta norma se supera "ese concepto asistencial de décadas pasadas".
A partir de ahora existe "un compromiso de futuro para trabajar coordinadamente por la plena inclusión de las personas que tienen capacidades diferentes, por el ejercicio real y efectivo de sus derechos y por cumplir con esta ley y hacerla de verdad efectiva", ha concluido Sáenz de Santamaría.
Asuntos de actualidad
La vicepresidenta del Gobierno, preguntada por el cierre de la televisión de la comunidad valenciana, Canal Nou, ha dicho que en el Gobierno existe preocupación por las personas que pierden su puesto de trabajo y, en consecuencia, actúa a fin de sentar las bases para que pueda crearse empleo y se dejen de cerrar empresas.
Respecto a las celebraciones y homenajes sucedidos tras la puesta en libertad de algunos etarras por la anulación de la doctrina Parot, el ministro del interior ha afirmado que si la competencia de actuación hubiera correspondido a la Policía o la Guardia Civil, "no se habrían producido", y ha señalado que las delegaciones del Gobierno y la Fiscalía tienen conocimiento puntual de estas excarcelaciones y están en condiciones de "garantizar la seguridad de la gente".