El Gobierno avanza en la reforma de la administración local y aprueba la Agenda Digital
Consejo de Ministros - 15.2.2013
1. Intervención de la vicepresidenta | 15.2.2013
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que supondrá un ahorro estimado de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que los objetivos de esta Ley son clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, fijar qué competencias presta cada administración, cómo las presta y con qué dinero.
La norma racionaliza la estructura de la administración local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo. Sáenz de Santamaría ha apuntado que la norma también establece un sistema de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la reforma de la administración local es una de las más ambiciosas realizada en España en términos de reorganización de las competencias propias del Estado de las autonomías.
"Estamos ante una reforma racionalizadora y ahorradora del gasto público que va a ayudar a que España vuelva a crecer sobre la base de la estabilidad del conjunto de sus administraciones públicas dando garantía a todos los ciudadanos del uso óptimo de los recursos que están pagando a través de sus impuestos", ha dicho.
Una administración, una competencia
Cristóbal Montoro ha afirmado que la norma supone un gran avance para que "cada administración se ocupe exclusivamente de una competencia". La no reiteración de cometidos supondrá un ahorro y una mejora de la eficiencia del servicio público.
La reforma, a juicio del ministro, supone "un avance en el municipalismo" y no implica reducir las competencias de los entes locales.
El Anteproyecto fija un coste estándar para cada servicio público. En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes que no lleguen a la cobertura exigida, la gestión estos servicios se trasladará a las diputaciones provinciales. "La diputación será un gran gestor de servicios públicos para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría", ha aclarado Montoro.
El ministro ha explicado que "queda prohibido crear nuevas empresas públicas, las existentes tendrán que sanearse o disolverse y se suprimen las que dependen de otras entidades". Además, ha señalado que se fortalece el papel de los interventores locales para dotarles de mayor imparcialidad y garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso".
Las mancomunidades y entidades locales menores deberán presentar sus cuentas en tres meses, si no desaparecerán. "No podemos admitir que se estén gestionando recursos públicos sin rendir cuentas", ha subrayado Montoro.
El 82% de los concejales no cobrará
El titular de Administraciones Públicas también ha resaltado que se limitará el número de concejales con dedicación exclusiva. De los 68.285 existentes en España, tendrán dedicación exclusiva 12.188, lo que significa que "el 82% de los concejales desarrollarán su actividad política sin cobrar".
Además, en función de la población de los municipios, se reducirá el número de asesores y los Presupuestos Generales del Estado fijarán los límites máximos de las retribuciones de los cargos electos, los empleados públicos y los directivos del sector público local.
Montoro ha explicado que los alcaldes no podrán cobrar más que un secretario de Estado y su salario dependerá del número de habitantes de su población. Los alcaldes de las localidades de menos de 1.000 habitantes no tendrán retribución.
Respecto a los salarios de los empleados públicos se establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios de las distintas administraciones.
Agenda Digital para España
El Consejo de Ministros ha aprobado la Agenda Digital para España con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la Agenda Digital europea e incorporar objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en nuestro país.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado los grandes ejes de la Agenda: fomentar el despliegue de redes ultrarrápidas; desarrollar la economía digital; mejorar la administración electrónica; reforzar la confianza y la ciberseguridad en el ámbito digital; impulsar la I+D+i en las industrias de futuro, y apoyar la inclusión digital y la formación de profesionales.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que "la Agenda Digital es una herramienta para mejorar, aumentar e impulsar la competitividad española a través de un impulso a la economía digital".
Soria ha explicado que hay unas 30.000 empresas en este ámbito que suponen una facturación anual de 80.000 millones y la generación de 445.000 empleos al año, lo que implica un 5,7% del PIB. "Con esta herramienta se pretende hacer llegar de una manera más nítida los beneficios de las tecnologías al conjunto de los ciudadanos, de las administraciones públicas y de las empresas", ha subrayado.
Articulación de la agenda
El ministro ha avanzado que el objetivo es que en 2015 haya un 50% de cobertura en redes con capacidad superior a 100 MB. Además, se aprovechará el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como industria de presente y futuro a través de herramientas como cloud computing, big data y smart cities.
Asimismo, el Gobierno pretende que, en 2015, el 70% de la población use TIC; el 85% de las empresas utilice la firma digital y el 75% tenga política de privacidad o certificado en su propia web.
También se aspira a que el 75% de la población use Internet de manera regular; el 35% utilice la telefonía móvil de tercera generación para acceder a Internet y un 75% de la penetración en banda ancha sea vía móvil.
Otro objetivo es aumentar el comercio electrónico para que, en 2015, el 40% de las empresas facturen electrónicamente y el 55% de las microempresas tengan web propia.
Para lograr una mayor internacionalización de las empresas españolas de base tecnológica, se aspira a que haya un aumento del 30% de exportaciones en el sector TIC.
Respecto a la industria de contenidos digitales, el fin es que, en 2015, se haya incrementado un 20% la facturación y aumenten los centros de formación. También se pretende que un 50% de la población use la administración digital, y se generalice la digitalización de los servicios públicos.
Asuntos de actualidad
La vicepresidenta, preguntada por los casos de espionaje político en Cataluña, ha afirmado que el Gobierno respeta y colabora con la investigación que se está llevando a cabo y que, si las informaciones divulgadas se confirman, se trataría de "delitos muy graves", "de conductas que deben ser debidamente sancionadas".
Sobre la futura Ley de Transparencia, como instrumento de la lucha contra la corrupción, ha reiterado la voluntad del Ejecutivo: "Nosotros queremos trabajar por el acuerdo" porque es "una responsabilidad compartida" y lo que los ciudadanos desean es que "de verdad adoptemos medidas eficaces, una estrategia de regeneración democrática". Además ha señalado que, en este campo, se está trabajando en medidas que "van mucho más allá" de la presentación de las declaraciones "de bienes y actividades" que actualmente registran los diputados en el Congreso.
Sáenz de Santamaría ha mostrado su agradecimiento a los agentes sociales y empresariales por su contribución a un asunto "crucial para este país": La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, firmada el jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social conjuntamente con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME. A su juicio contribuirá a mejorar la formación, el auto emprendimiento y la empleabilidad de los jóvenes.
En relación con la celebración del Debate del estado de la Nación acumulado con el correspondiente al del último Consejo Europeo, la vicepresidenta ha recordado que "existen precedentes sobre la coincidencia de debates" y que, dados los resultados favorables para nuestro país del Consejo Europeo, "a pocos debates se va más cómodo".