El Gobierno aprueba el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas

Luis de Guindos ha repasado las medidas adoptadas por el Gobierno para alcanzar la consolidación presupuestaria. Entre ellas ha citado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el proyecto de ley de Transparencia, la creación de una Línea ICO-vencimiento y el fondo de financiación y pago a proveedores, así como otras iniciativas de la Administración Central para hacer sostenible el gasto público.

Además, ha anunciado que en el año 2013 se proyecta un incremento del IRPF por importe de 1.000 millones de euros. "Estamos planteando reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo e incrementar la imposición sobre el consumo con un incremento neto de recaudación que estaría en el entorno de 8.000 millones de euros", ha dicho.

El esfuerzo de consolidación fiscal en el año 2012 superará ligeramente los 30.000 millones de euros y en el año 2013 se acercará a los 20.000 millones, según ha cuantificado el ministro.

El Programa Nacional de Reformas de España 2012 incluye los siguientes objetivos: consolidación fiscal; fomento del crecimiento y la competitividad; lucha contra el desempleo; reactivación del crédito; mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y racionalización de las Administraciones Públicas para evitar duplicidades, según ha expuesto el ministro Luis de Guindos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que también contempla la liberalización de determinados servicios para que entre la participación del capital privado, así como la reforma de los sectores inmobiliario y del mercado de alquiler.

En este sentido, el ministro de Economía y Competitividad ha anunciado que el Gobierno presentará un plan de privatizaciones en las próximas semanas que pretende racionalizar y simplificar los diferentes entes administrativos.

Luis de Guindos ha resaltado que el conjunto de medidas acordadas para los años 2012-2020 supondrá un incremento de la economía española de 8,6 puntos, cerca de 100.000 millones de euros de renta nacional, lo que supone un crecimiento potencial de un punto por año. Además, se podrían crear dos millones de puestos de trabajo en ocho años.

Báñez, en su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha repasado los diferentes aspectos que contempla el plan como son las actuaciones que comprende, el impulso a la colaboración institucional y las modificaciones normativas que habrán de acometerse.

Además, la ministra ha anunciado la aprobación de unas medidas complementarias en materia de Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la prolongación de la vida activa para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En esta línea, ha señalado, que las empresas de más de 100 trabajadores (antes eran las de 500), que tengan beneficios, deberán realizar aportaciones al Sistema si incluyen a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos. También, se prohíbe la inclusión de la jubilación obligatoria en convenios colectivos, ha añadido.

Objetivos del Plan

Fátima Báñez ha citado como objetivos del Plan el afloramiento de la economía sumergida, corregir la percepción fraudulenta de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, particularmente en los supuestos de empresas ficticias, y combatir la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales.

Para ello, el Gobierno llevará a cabo una serie de actuaciones como son la organización más eficaz de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores a sus efectivos, la vigilancia, control y seguimiento de las situaciones de fraude detectado, así como la potenciación de la colaboración institucional.

Además, a fin de dar cumplimiento a este Plan, el Ejecutivo tendrá que llevar a cabo los cambios normativos necesarios entre los que se encuentran la modificación del Código Penal, de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y del Estatuto de los Trabajadores.

El Consejo de Ministros ha acordado establecer un arbitraje obligatorio para solventar el conflicto entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla. La medida, según la vicepresidenta del Gobierno, busca poner fin a un conflicto que está costando una pérdida de ingresos importante y perjudicando a los ciudadanos.

Las partes deberán nombrar un árbitro y, en el caso de que no se pongan de acuerdo, lo designará el Ministerio de Fomento. La decisión será obligatoria para las partes y ejecutiva.

Preguntada sobre la supresión de las diputaciones y la fusión de municipios pequeños, la vicepresidenta ha señalado que España tiene un número de ayuntamientos muy superior a otros países europeos, por lo que habrá que introducir medidas de racionalización, eficiencia y reducción del gasto público. Estas medidas, ha dicho, serán dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda en las próximas semanas.

En cuanto al plan de reinserción de presos de ETA, Sáenz de Santamaría ha dicho que "este Gobierno no negocia ni va a negociar con la banda terrorista ETA. Los presos no pueden esperar nada, su situación en nada va a depender de la situación de la banda terrorista". Ha añadido que se darán tratamientos individualizados a aquellos terroristas que, de una manera clara, decidan abandonar la banda terrorista, pero "no va a haber ninguna negociación, no esperen nada de eso".

Sobre la situación económica y la evolución del empleo, la vicepresidenta ha dicho que este Gobierno tiene tres elementos muy importantes: estabilidad política, con una mayoría que lo sustenta, tiempo para hacer reformas y una voluntad decidida de llevarlas a cabo.