Referencia del Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

APORTACIONES REEMBOLSABLES PARA DESARROLLAR PROYECTOS TECNOLÓGICOS VINCULADOS A PROGRAMAS DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Industria y Turismo por importe de 2.819,17 millones de euros para financiar aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa.

El objetivo es potenciar la base industrial nacional asociada a los sectores de la seguridad y la defensa. En concreto, se pretenden apoyar grandes proyectos tecnológicos, considerados de alto valor estratégico en áreas y tecnologías de gran eficiencia científico-técnica, cuya dimensión industrial obliga a movilizar una gran cantidad de recursos materiales y humanos altamente cualificados.

Hacienda

FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO EN CANTABRIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 387,5 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, el endeudamiento se destinará a la refinanciación de operaciones existentes con la finalidad de conseguir ahorro financiero.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hacienda

CONVENIOS DEL ESTADO Y ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PRIVADOS

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe sobre los convenios vigentes del Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO), relativo al año 2024, donde se pone de manifiesto la importancia de estos instrumentos, que se manifiesta en la continuidad de su tendencia alcista, con un aumento del 15,05% de convenios y adendas inscritos y vigentes en 2024 respecto del acumulado de 2023.

Los convenios siguen siendo una herramienta fundamental de cooperación tanto con el resto de las Administraciones como con el sector privado.

Este informe destaca que disponer de un régimen autorizatorio y una obligación de inscripción de los convenios en un Registro como el REOICO está permitiendo mejorar la calidad de los convenios que se firman, a la vez que facilita información estadística fiable para la toma de decisiones públicas. De esta forma, la información de este Registro permite hacer seguimiento de cuántos convenios se suscriben, con quién, si llevan financiación asociada o a qué políticas sectoriales se destinan, entre otros extremos.

De esta forma, según el informe, en REOICO consta un total de 10.908 convenios y adendas (de modificación y de prórroga) inscritos y vigentes a 21 de diciembre de 2024. Esto supone un incremento del 15,05% respecto del acumulado del año anterior, cifrado en 9.481.

El informe apunta que los seis Ministerios con más convenios y adendas son el de Interior; Ciencia, Innovación y Universidades; Educación, Formación Profesional y Deportes; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transportes y Movilidad Sostenible; y Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, las seis comunidades autónomas con más convenios y adendas son Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Aragón.

Del total de 10.908 convenios y adendas (de modificación y de prórroga) vigentes a 31 de diciembre de 20245, 3.495 cuentan con financiación asociada, el 32,04% del total.

Convenios con CCAA y EELL

En cuanto a los convenios del Estado con las Comunidades Autónomas, a 31 de diciembre de 2024 éstos se cifran en 1.472, de los que el 30,03% (442) llevaban financiación asociada. Las cuatro comunidades que más financiación concentran son Cataluña, Madrid, Andalucía y Galicia.

Por otro lado, hay 6.451 convenios del Estado con Entidades Locales inscritos y vigentes a 31 de diciembre de 2024, de los que 366 llevan financiación asociada, el 5,67% del total de convenios con esas administraciones.

Asimismo, las seis Entidades Locales con más convenios son Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga, Bizkaia y el Cabildo Insular de Tenerife, según el informe, que apunta que las cuatro entidades locales con más financiación son Madrid, Barcelona, el Cabildo Insultar de Tenerife y la Diputación Provincial de Jaén.

Importancia de los convenios

Los datos expuestos revelan que los convenios siguen siendo una herramienta fundamental de cooperación tanto con el resto de las Administraciones Públicas (autonómicas y locales), así como con el sector privado, para la implementación de políticas públicas en prácticamente todas las áreas sectoriales de actividad de los distintos departamentos ministeriales y con movilización de recursos económicos públicos y privados.

Esas políticas públicas que se articulan a través de convenios son muy variadas y pueden clasificarse en temáticas transversales y estructurales, comunes al conjunto de los Ministerios y sostenidas en el tiempo, como por ejemplo, para prácticas de estudiantes (contar con becarios en distintas instituciones públicas) o para celebración de cursos, seminarios o encuentros (de distintas temáticas que varían según las competencias de cada Ministerio), así como temáticas coyunturales que van ligadas a momentos concretos, en los que los convenios responden a necesidades circunstanciales, como por ejemplo, convenios suscritos al hilo de la Presidencia española de la UE o para la reconstrucción y el acompañamiento a las víctimas de la DANA en Valencia.

Asimismo, de la lectura de los datos relativos a convenios que conllevan financiación asociada, cabe colegir que son un mecanismo útil para la redistribución de recursos económicos y la financiación de las políticas públicas en los diferentes ámbitos de actividad administrativa y territorial, movilizando para ello recursos financieros procedentes tanto del ámbito público como del privado.

Contar con información completa y fiable sobre los convenios administrativos coadyuva a una mejor toma de decisiones públicas a la vez que contribuye a un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia, así como de los principios de publicidad y transparencia que presiden el funcionamiento administrativo, y que son especialmente relevantes cuando hay recursos públicos económicos afectados.

El informe resalta que los convenios con financiación asociada constituyen un mecanismo útil para redistribuir recursos económicos y financiar políticas públicas, movilizando recursos del ámbito público y privado.

Hacienda

USO DE UN EDIFICIO DE LA PSA COMO SEDE DEL CONSORCIO EUROPEO DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN SOLAR

El Consejo de Ministros ha autorizado al Consorcio europeo de Infraestructura de Investigación (EU-SOLARIS ERIC) una autorización para el uso del inmueble situado en la Plataforma Solar de Almería del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), como sede del citado Consorcio.

En concreto, el edificio que funcionará como sede será el edificio SolarNOVA del CIEMAT, con un máximo de 3 despachos y zonas comunes. Se cederá a título gratuito y no supone carga ni gravamen sobre el inmueble.

Esta autorización durará durante el tiempo que España acoja la sede estatutaria del Consorcio. Dicho inmueble acogerá el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo.

Asimismo, la Administración General del Estado se reserva el uso gratuito para actos emblemáticos de interés de Ministerios u Organismos. Ello se hará a través del CIEMAT y no interferirá en el desarrollo de las actividades del Consorcio.

EU-SOLARIS ERIC, con participación de diversos Estados Europeos, está constituida jurídicamente como un Consorcio Europeo de Infraestructura de Investigación (ERIC, en sus siglas en inglés. El consorcio se estableció como ERIC el 24 de noviembre de 2022, con la publicación de la Decisión de ejecución (UE) 2022/2297 de la Comisión Europea de 19 de octubre de 2022 por la que se crea la Infraestructura de Investigación Solar Europea para la Energía Solar de Concentración EU-SOLARIS ERIC), así como la publicación de sus estatutos en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 24 de noviembre de 2022.

El edificio en el que se ubicará, la Plataforma Solar de Almería, es una infraestructura singular, de dominio público, y abierta al uso de toda la comunidad científico-tecnológica e industrial, nacional e internacional.

Es el mayor centro de I+D en tecnología solar de concentración y está reconocida como Instalación Científica y Tecnológica Singular (ICTS) por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y como 'Large-Scale Research Facility' por parte de la Comisión Europea

El CIEMAT es un organismo público de investigación, con el carácter de organismo autónomo, que tiene por finalidad la promoción y desarrollo de actividades de investigación básica, investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológicos.

Desarrolla un importante programa de I+D+i en el área de la energía, y una de sus principales líneas de actuación es el estudio, desarrollo, promoción y optimización de fuentes renovables. Este programa se encuadra dentro del Departamento de Energía.

Para la investigación, desarrollo y la aplicación de las tecnologías solares de concentración, el CIEMAT cuenta en su patrimonio con una infraestructura singular, la Plataforma Solar de Almería (PSA), un centro de referencia mundial ubicado en el Desierto de Tabernas.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza a Enresa la contratación del servicio de "Ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz", necesario para cumplir lo previsto en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Enresa está iniciando las labores previas al desmantelamiento de la planta, entre las que se incluye la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización correspondiente, y precisa de los servicios de ingeniería previstos en el contrato para cumplir el calendario establecido.

El importe máximo del contrato, cuya licitación se iniciará próximamente, es de 23,7 millones de euros, IVA excluido; abarca la elaboración de la documentación y herramientas de gestión del proyecto, la preparación de estudios iniciales e ingeniería de diseño, la preparación de especificaciones técnicas y proyectos de obra, y la elaboración de documentación para la autorización de desmantelamiento.

El de Almaraz es el primer proyecto de desmantelamiento en España de dos reactores nucleares situados en un mismo emplazamiento.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración institucional en defensa y promoción de los derechos de propiedad intelectual e industrial con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial de 2025, que se celebra el sábado 26 de abril.

A propuesta conjunta de los ministerios de Cultura y de Industria y Turismo se aprueba el siguiente texto:

"A lo largo de su historia, España ha destacado en los ámbitos de la innovación y la creación artística, literaria, científica, industrial y empresarial en innumerables ocasiones. Mujeres y hombres de nuestro país se han distinguido por su capacidad para idear y materializar obras y creaciones pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, escénicas, audiovisuales, literarias, arquitectónicas, así como invenciones tecnológicas, científicas e industriales, que han dejado su impronta en el mundo.

La existencia de un sistema desarrollado y avanzado de derechos de propiedad intelectual e industrial en nuestro país, en línea con el de los estados más innovadores del mundo, ha sido, sin duda, un elemento decisivo a la hora de consolidar estos logros, otorgando la necesaria protección a las creaciones, mediante derechos de autor, conexos, patentes, marcas o diseños.

Estos derechos contribuyen de manera directa al reconocimiento de la autoría, el mérito, el esfuerzo y el trabajo, protegen e incentivan la inversión y garantizan remuneraciones equitativas. Todo ello redunda en el crecimiento artístico, literario, cultural, tecnológico, científico e industrial, así como en el progreso económico, en la innovación, en el bienestar y la cohesión social de nuestro país.

De acuerdo con los resultados más recientes de la Cuenta Satélite de la Cultura en España (CSCE), el sector cultural, incluyendo el conjunto de las actividades vinculadas con los derechos de autor y conexos, supone para España el 3,3% del PIB y el 3,4% del VAB, siendo la propiedad intelectual el principal activo de este sector de futuro del que dependen, según el INE, 771 mil puestos de trabajo, un 3,6% del empleo total en 2024.

Además, las empresas que son usuarias intensivas de derechos de propiedad intelectual e industrial representan el 27,5 % del total de puestos de trabajo y el 43,2% del total de la actividad económica (PIB) de nuestro país y ofrecen salarios significativamente superiores a los de otros sectores, de acuerdo con los datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Según esas mismas fuentes, las medianas y pequeñas empresas que tienen derechos de propiedad industrial registrados generan un 44% más de ingresos por empleado que sus competidores sin derechos registrados.

Podemos afirmar, por tanto, que la defensa y la promoción de los derechos de propiedad intelectual e industrial contribuyen a construir y fortalecer un modelo artístico, cultural, tecnológico y empresarial más sostenible y más competitivo, que sitúa a España como un referente mundial en industrias culturales, tecnológicas e innovadoras, con efectos positivos para el conjunto de la ciudadanía y para la sociedad.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) instauró en el año 2000 el 26 de abril como el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial en conmemoración del aniversario del Convenio de Estocolmo, que fundó la OMPI en 1970 con el objeto de impulsar la defensa y promoción de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el mundo.

En línea con ello, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial este año, el Gobierno reitera su compromiso con estos objetivos, concretado en proyectos como la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, acciones de lucha contra las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial y el decisivo impulso de un nuevo marco regulatorio en indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, el impulso de los trabajos para la adecuada transposición de la Directiva europea de diseños industriales o el impulso y seguimiento de las distintivas que integran el paquete legislativo europeo de patentes.

En especial, en este año 2025 se quiere poner de relieve cómo la creatividad y la innovación, con el respaldo de los derechos de propiedad intelectual e industrial, contribuyen a la existencia de un panorama musical próspero, dinámico y diverso que beneficia a todas las personas, en todas partes. El 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, celebramos la aportación de las personas creadoras, inventoras y emprendedoras, que con su capacidad de innovación y su creatividad hacen posible la música.

Por ello, mediante la presente declaración institucional, el Gobierno de España expresa su firme determinación en la defensa, protección y el fomento de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para estimular la creatividad artística y literaria y la investigación e innovación, contribuyendo, de este modo, al crecimiento y desarrollo de la cultura, la economía, la sociedad y la democracia de nuestro país".

Defensa

PLAN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe sobre el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que supone una inversión adicional en dicha materia de 10.471 millones de euros hasta un total de 33.123 millones, incrementándose el gasto en seguridad y defensa del 1,4% del PIB en 2024 al 2% en 2025.

El Plan, que será remitido a Bruselas para que sus fundamentos técnicos y presupuestarios sean evaluados por la OTAN y la Unión Europea, tiene como objetivos garantizar la seguridad de España en un contexto geopolítico y tecnológico cambiante, consolidar a nuestro país como un miembro central de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica e impulsar una nueva ola de innovación y reindustrialización, de empresa y empleo, en torno a las tecnologías de doble propósito que sirva para acelerar la modernización del tejido productivo español.

Un Plan para la Seguridad y la Defensa con cinco pilares

Con el fin de lograr estos objetivos, el Plan se articulará en cinco grandes pilares.

• El primero, que va a concentrar el 35,45% de la inversión total, se destinará a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, así como la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
• El segundo pilar supondrá el 31,16% de la inversión e irá dirigido a desarrollar y adquirir nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad.
• El tercer pilar, se destinará a la fabricación y adquisición de nuevos equipos de defensa y disuasión y comprenderá un 18,75% del gasto total.
• El cuarto pilar, que abarcará un 16,73% de la inversión total, se destinará a reforzar las capacidades duales de las Fuerzas Armadas, para que también puedan ayudar en la gestión de emergencias y desastres naturales.
• El quinto pilar, que supondrá un 3,14%, irá destinado a mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz que actualmente España realiza en el exterior.
  

Financiación del Plan

La mayor parte de la financiación del Plan para la Seguridad y Defensa prevista para 2025 procederá de tres fuentes:

• En primer lugar, de la reorientación de algunas partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como por ejemplo la destinada a Ciberseguridad, dotada con más de 1.300 millones de euros.
• Segundo, de los ahorros generados por el buen desempeño de la economía española, que en 2024 superó las previsiones del Gobierno y de los principales organismos económicos.
• Y, por último, del margen que ofrecen ciertas partidas que se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2023 y que ya no son necesarias.

Con ello se logra financiar lo correspondiente a 2025 sin comprometer otros gastos, sin acometer subidas de impuestos y sin incurrir en un mayor déficit ni endeudamiento público. Además, se espera que la Comisión Europea ponga en marcha otros mecanismos de financiación adicionales, tal y como España ha solicitado.

Inversión en España

Otro de los compromisos del Plan es que alrededor del 87% de la inversión se destine a empresas y trabajadores españoles de sectores muy diversos y de todas las CCAA. El fin es que se convierta en un nuevo estímulo económico para España, basado en la industria, la formación y el desarrollo de aquellas tecnologías de doble uso que sirven al ámbito de la seguridad y la defensa, pero que también pueden servir para aplicaciones y oportunidades en sectores del ámbito civil.

Se estima que la inversión del Plan ayudará a incrementar el PIB español entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales, que permitirá aumentar la I+D+i estatal en un 18% y que creará más de 36.000 empleos directos y unos 60.000 indirectos, la mayoría de ellos con niveles de cualificación y salarios superiores a la media en nuestro país.

Transportes y Movilidad Sostenible

MEJORA DE LA INCORPORACIÓN DE LA A-30 A LA MU-30 EN MURCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por unos 12 millones de euros (IVA no incluido) las obras para mejorar la seguridad y capacidad del ramal de incorporación desde la autovía A-30 a la MU-30, al sur de la ciudad de Murcia.

En concreto, se incrementará la capacidad del tronco de la A-30 desplegando un cuarto carril en la calzada sentido Cartagena a lo largo de un tramo de 1,2 km, hasta la bifurcación en el enlace de conexión con la autovía del Reguerón (MU-30), en sentido Alcantarilla. Así, el tramo comprendido entre los km 144,900 y 146,100 pasará de una plataforma con tres carriles a una de cuatro carriles.

Esta actuación mejorará la fluidez del tráfico de la calzada dirección Cartagena, de forma que no se vea interrumpido el tráfico de largo recorrido por las esperas que se producen en la salida de la A-30 hacia la autovía de circunvalación MU-30, mediante un nuevo carril que actúe como zona de almacenamiento de los vehículos que desean acceder a la citada salida.

Además, la modificación del trazado de este ramal permitirá mejorar las condiciones de circulación con relación a un incremento de la velocidad del ramal y mejora de la seguridad viaria. Por último, los trabajos incluyen la ampliación del paso superior existente sobre el Camino de Salabosque.

Inversiones recientes en la autovía A-30, en Murcia

Esta actuación se suma a otras que el Ministerio ha movilizado en los últimos meses en la autovía A-30 en el entorno de Murcia, como:

• Los trabajos para reducir el ruido a su paso por la capital, recientemente adjudicados, por 14,6 millones de euros.
• Trabajos de repintado de marcas viales, adjudicados en febrero por 1,2 millones de euros.
• Obras de renovación del alumbrado, licitadas en diciembre por otros 3,2 millones de euros.
• Contratos de conservación y mantenimiento, como el licitado en diciembre por 10 millones de euros o el autorizado por Consejo de Ministros también a final de año, por otros 14,9 millones de euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

MEJORA DE LA MOVILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA A-2, EN MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por unos 15,4 millones de euros (IVA no incluido) las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la autovía A-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arturo Soria al enlace de San Fernando - Coslada, en Madrid.

Se prevén dos actuaciones independientes en la margen izquierda de la A-2, que corresponde al sentido entrada a Madrid, con una longitud conjunta de unos 4,2 km:

• Actuación 1: del km 7,800 al 8,650

Se ampliará el tramo trenzado ubicado en la margen izquierda a la altura del km 8,200 a dos carriles, desde el puente de la C/ Guadalajara hasta su unión con la C/ Peonías:

• El carril derecho se empleará para el tráfico circulante desde el enlace de Canillejas hacia la C/ Peonías.
• Y el carril izquierdo para el trenzado con el tronco de la autovía, evitando así interferencias entre los distintos flujos.

Adicionalmente, para mejorar el funcionamiento de las líneas de autobuses metropolitanos, se aumenta en 150 m la longitud de la vía de servicio bidireccional en margen la izquierda entre los km 8,500 y 8,650, diseñando también una glorieta para los giros a la izquierda en la intersección del km 8,500. Ello conllevará el cambio parcial en los sentidos de circulación en tramos de las calles Isla de Cuba y Estanislao Gómez, así como el traslado de una parada de autobús.

• Actuación 2: Entre el Nudo de Eisenhower y Nudo de San Fernando

Esta actuación se ubica entre los km 11,500 al 14,900 y comprende un carril adosado para uso exclusivo de vehículos de transporte colectivo junto al tronco de la autovía A-2.

Se ejecutará a lo largo de 2,7 km, desde la incorporación al tronco de la vía de servicio en el km 14,200 hasta la parada existente en el km 11,500, además de mejorar la salida hacia la M-40 con el diseño de una divergencia que sustituya el actual carril de deceleración.

El aumento de ocupación para el nuevo carril bus provocará la reposición de las calles aledañas para mantener su continuidad. Por ello, es necesario ampliar el paso inferior del km 12,750 ejecutando una nueva estructura con un único vano de 26 m, paralela a la actual.

Autovía A-2, principal eje viario al este de Madrid

La autovía A-2 es uno de los principales ejes de salida y entrada al este de la ciudad de Madrid, considerada como una vía que servir de cauce al tráfico de larga distancia y de conexión interurbana. El crecimiento de la ciudad alrededor de esta vía en este tramo ha hecho que, además de esta función inicial con la que fue concebida, adquiera otras funciones de carácter más urbano.

El objetivo de estos trabajos es mejorar la movilidad de todo el corredor viario del Henares y contribuir a alcanzar el objetivo de reducción de emisiones que el Ministerio se ha fijado para 2030.

Además, se reducirá el riesgo de accidentes con la mejora de la salida hacia M-14/M-40 y el desplazamiento de tres paradas de autobús del tronco de la A-2 al lateral del nuevo carril para autobuses.

A continuación, se muestra una imagen con la ubicación de los tramos objeto de actuación:

Agricultura, Pesca y Alimentación

VOLUNTARIEDAD DE QUE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DISPONGAN DE UN VETERINARIO Y DE UN PLAN SANITARIO INTEGRAL

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado sendos reales decretos sobre sanidad animal que establecen las obligaciones de vigilancia de los titulares de las explotaciones ganaderas y aprueban la voluntariedad de que éstas dispongan de un veterinario, un plan sanitario integral y un plan de bienestar de los animales.

Estos requisitos que tenían carácter obligatorio en el Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, pasan ahora a ser voluntarios para las explotaciones con el objeto de dar cumplimiento a los acuerdos sobre sanidad animal alcanzados por el Gobierno y las organizaciones agrarias Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para flexibilizar la actividad y restar carga burocrática al sector. Se trata de uno de los 43 puntos comprometidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para mejorar la situación de agricultores y ganaderos acordados en abril de 2024

El real decreto que desarrolla la normativa de la Unión Europea (UE) asigna a los titulares de las explotaciones ganaderas una serie de responsabilidades en aspectos como la bioseguridad, uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios y la prevención y control de enfermedades.

Así, las explotaciones deberán recibir visitas zoosanitarias por parte de un profesional veterinario con una frecuencia basada en el riesgo que presente la explotación. Estas visitas incluirán la supervisión del cumplimiento de los aspectos sanitarios en la explotación, recomendaciones para subsanar deficiencias, reducción del uso de antibióticos y la detección de signos clínicos indicativos de enfermedades.

Aunque se elimina la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral, se mantiene el compromiso con un alto estatus sanitario de la cabaña ganadera a través del establecimiento de una serie de requisitos sanitarios que deberán ser evaluados en las visitas zoosanitarias. Para ello, se determinan las funciones que debe llevar a cabo el veterinario que realice esa visita zoosanitaria.

Las explotaciones que voluntariamente cuenten con un veterinario de explotación serán consideradas con un menor riesgo sanitario. Además, salvo que la autoridad competente así lo decida en el marco de las actuaciones tras las visitas zoosanitarias, se establece la voluntariedad del plan de bienestar animal, que también deja de ser obligatorio.

Ordenación específica de las explotaciones porcinas, bovinas y avícolas

Con la finalidad de alcanzar la congruencia plena entre todas las normas de ordenación del sector ganadero con las obligaciones sanitarias generales establecidas en este nuevo real decreto, el Consejo de Ministros ha aprobado también hoy una segunda norma del mismo rango para modificar las tres específicas que rigen las explotaciones porcinas, avícolas y bovinas. Estas normas de ordenación incluirán a partir de ahora también la voluntariedad de disponer de un veterinario de explotación y eliminan la obligatoriedad del plan sanitario integral y del plan de bienestar animal. Además, se adapta el contenido del sistema integral de gestión de las explotaciones (SIGE) establecido en dichas ordenaciones para recoger las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación.

Así mismo, dado que actualmente está en tramitación una modificación del Real Decreto el Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, que regula las explotaciones porcinas relativa a las normas mínimas de protección de cerdos, en el texto aprobado hoy se incluye una disposición para extender en un año adicional el periodo de adaptación de las explotaciones a los requisitos establecidos en dicha ordenación.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDA A LOS PRODUCTORES DE FRUTOS DE CÁSCARA AFECTADOS POR LA SEQUÍA EN 2024

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado el real decreto que regula la concesión de una ayuda directa -por un total de 20 millones de euros procedentes de la reserva agrícola de la Unión Europea- a los productores de frutos de cáscara en secano ubicados en provincias que han sufrido una pérdida de producción importante debido a la sequía en 2024.

Estas provincias, ubicadas en el arco mediterráneo español, son: Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona. En esta última provincia también podrán percibir ayuda los productores de avellano en regadío por la falta de agua para riego durante 2024 proveniente del embalse de Riudecanyes y otros de la provincia que abastecen a la zona.

Los beneficiarios de esta ayuda directa serán los titulares de explotaciones agrícolas que han sido elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y que cuenten en su explotación con superficie de cultivo de frutos de cáscara cultivados en secano (almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho o una combinación de los anteriores).

Las provincias mencionadas anteriormente y recogidas en el ámbito de aplicación del real decreto son aquellas que han presentado una reducción de producción en 2024 respecto a la media de los últimos 5 años cercana al 30 %, y donde las precipitaciones fueron anormalmente bajas hasta el mes de mayo de 2024, momento crítico de desarrollo de los frutos.

Los importes máximos de ayuda establecidos son de 120 euros por hectárea para las superficies de frutos de cáscara en secano y de 240 euros para las superficies de avellano en regadío de la provincia de Tarragona.

Los beneficiarios no tienen que presentar solicitud

Esta ayuda no requiere solicitud por parte de los beneficiarios. Será el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) quien la gestione y se concederá en base a la información disponible en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De esta manera se garantizará una gestión rápida y eficaz de las ayudas porque el límite para el pago, según el reglamento de la Unión Europea, está fijado para el 30 de septiembre.

Los fondos provienen de la reserva agrícola que la Unión Europea (UE) concedió a España el pasado mes de marzo. Se trata de la ayuda financiera de emergencia que la UE aprobó para los sectores agrarios afectados por fenómenos climáticos adversos y catástrofes naturales en Croacia, Chipre, España, Letonia y Hungría.

En dicha normativa se aprobó para España una dotación de 68 millones euros. De dicho montante, la cuantía destinada a paliar los daños producidos por la sequía en los cultivos de frutos de cáscara en las zonas indicadas anteriormente asciende a 20 millones de euros. El resto, 48 millones de euros, se destinarán para ayudas relacionadas con los daños ocasionados por la DANA.