Referencia del Consejo de Ministros

4.3.2025

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para la reparación de las patologías que afectan al centro de coordinación policial y aduanera de Canfranc (Huesca), por importe de 865.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de retirada de lodo y escombros del acuartelamiento de la Guardia Civil de Paiporta (Valencia), como consecuencia de los graves daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre los días 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024, por importe de 20.908,80 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan Nacional de vigilancia sísmica, volcánica y de otros fenómenos geofísicos.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la salida de emergencia 2 del túnel de Somosierra, situada en el punto kilométrico 92+500 de la autovía del Norte (A-1), en la provincia de Madrid, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 401.312,84 euros.
  • ACUERDO por el que se declaran lesivos a los intereses del Estado los Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Murcia, de 6 de marzo de 2023, por los que se fijan los justiprecios de varias fincas afectadas por las obras del Proyecto arco Noroeste de Murcia. Tramo C: desde el punto kilométrico 14+050 al 21+700 (Enlace A7-MU-30).
  • ACUERDO por el que se declara la reserva, a favor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de unos 104,31 m2 de dominio público marítimo-terrestre con destino a la ejecución del Proyecto de construcción de la estación de cercanías de Astigarraga y sus accesos, en los términos municipales de Astigarraga y San Sebastián (Gipuzkoa).

Industria y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Cultura

  • REAL DECRETO por el que se crea el Centro de producción y de residencias artísticas Tabacalera.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de ticketing, soporte técnico y mantenimiento para la venta y reserva de entradas, control de acceso seguro y gestión de espectadores (CRM) de los recintos y unidades del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A., entre los días 10 de febrero y 10 de abril de 2025, por un importe de 72.555,10 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años durante el periodo 2025-2026.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Agència Catalana del Patrimoni Cultural para la museografía del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) la celebración de la contratación del servicio de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de prevención de las situaciones de dependencia en Ceuta, cuyo valor estimado asciende a 18.533.999,81 euros.
  • INFORME sobre evolución de indicadores de pobreza, desigualdad y exclusión social.

Juventud e Infancia

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria para el año 2025 a la Asociación del Carnet Joven Europeo - European Youth Card Association (EYCA), por importe de 50.000 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se nombra consejera permanente de Estado y presidenta de la Sección Segunda del Consejo de Estado a Dª. MAGDALENA VALERIO CORDERO.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República de Albania a D. GABRIEL CREMADES VENTURA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en el Reino de Arabia Saudí a D. JAVIER MARÍA CARBAJOSA SÁNCHEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República Islámica de Mauritania a D. PABLO BARBARÁ GÓMEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en el Estado de Qatar a D. ÁLVARO RENEDO ZALBA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en Antigua y Barbuda a D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DE TURISO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la Commonwealth de Dominica a D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DE TURISO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajadora en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho a Dª. MIRIAM ÁLVAREZ DE LA ROSA RODRÍGUEZ.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA DANA
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 6.800.000 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con objeto de financiar las medidas para el fomento de la internacionalización dirigidas a empresas y autónomos afectadas por la DANA y previstas en el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre.

La Secretaría de Estado de Comercio ha solicitado un crédito extraordinario con la finalidad de financiar las medidas para el fomento de la internacionalización dirigidas a empresas y autónomos previstas en el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, por el citado importe.

Este Real Decreto-ley establece un marco normativo de actuación urgente para la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas. En el ámbito específico del comercio internacional recoge dos medidas principales: la exención de cuotas para la participación en ferias y actividades de promoción internacional organizadas por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. (ICEX) hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la convocatoria, por parte de la referida entidad, de un programa específico de ayudas para la internacionalización.

Para el ejercicio 2025, la cuantía prevista que puede suponer la citada exención de cuotas asciende a 800.000 euros. Respecto a las ayudas del programa ICEX internacionalización, se estima necesario un importe máximo de seis millones de euros.

Por ello, es preciso autorizar por el Consejo de Ministros la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario con alta en la aplicación 'Transferencias al ICEX para las medidas de fomento de la internacionalización dirigidas a empresas y autónomos afectados por la DANA, por importe total de 6.800.000 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Hacienda

FINANCIACIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS EN MATERIA DE VIVIENDA DERIVADOS DE LA DANA
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 35 millones de euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar los gastos extraordinarios en materia de vivienda, en relación con los daños causados por la DANA, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre.

Las intensas lluvias acaecidas provocaron numerosos daños personales y materiales, miles de viviendas en condiciones de inhabitabilidad, así como infraestructuras públicas y privadas gravemente afectadas. Como respuesta a esta situación, el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, aprobó un primer paquete de medidas de ayudas dirigidas a la población afectada.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, aprobó un segundo paquete de medidas urgentes. Así, su Título V contempla dos medidas en materia de vivienda:
  • Subvención destinada a la adquisición de viviendas por SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) con el fin de posibilitar el alojamiento con carácter temporal de las personas afectadas por la DANA.
La Administración General del Estado va a colaborar directamente en la financiación de alojamientos alternativos, a través de una iniciativa singular orientada a salvaguardar tanto la seguridad de las personas como el entorno urbano y rural.

Con tal fin se solicita una cuantía de 25 millones de euros en la aplicación 'Subvención destinada a la adquisición de viviendas por SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo'.
  • Dotación de ayudas para identificar actuaciones prioritarias en los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana. Esta dotación estará destinada a las Entidades Locales afectadas por la DANA, con el objetivo de elaborar, actualizar o ampliar los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana que permitan identificar proyectos y actuaciones concretas susceptibles de ser abordadas con carácter prioritario. Entre dichas actuaciones podrá estar la actualización de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico. La gestión de estas ayudas se realizará mediante la firma de convenios con las Entidades Locales afectadas, incluyendo la Diputación Provincial de Valencia. El reparto se hará de manera igualitaria entre los 78 municipios afectados y la Diputación de Valencia.

A tal fin se solicita una cuantía de diez millones de euros en la partida 'Ayudas a Entidades Locales para trabajar la identificación de actuaciones prioritarias y la elaboración de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana'.

Por ello, y al objeto de poder atender los gastos extraordinarios en materia de vivienda, en relación con los daños causados por la DANA, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de
Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por importe de 35 millones de euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Hacienda

REPARACIÓN DE ACUARTELAMIENTOS AFECTADOS POR LA DANA
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 9.872.922,22 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior con objeto de atender gastos del Capítulo 6 'Inversiones Reales', del programa 'Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024'.

La Dirección General de la Guardia Civil ha sido el centro directivo que ha solicitado un suplemento de crédito por el citado importe.

Con objeto de remediar los daños causados por la DANA en diferentes acuartelamientos es preciso acometer obras de reparación por importe de 7.706.143,41 euros.

Asimismo, con la finalidad de reponer el material dañado, se requiere una dotación de 3.985.850 euros para satisfacer gastos de equipamiento policial, vehículos, mobiliario, enseres y material informático.

Dado que se ha incorporado el remanente de crédito procedente de 2024, por importe de 436.463,16 euros en el capítulo 6 'Inversiones reales' y que se está tramitando un expediente de transferencia de crédito que incrementa la dotación en 1.382.608,03 euros, se pone de manifiesto una insuficiencia de crédito cifrada en 9.872.922,22 euros.

Por ello, hay que autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior, por importe total de 9.872.922,22 euros, con alta en la aplicación 'Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios', de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Hacienda

AYUDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe de 13.652.810,28 euros, para financiar ayudas en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural y del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC).

El FEGA ha sido el centro directivo que ha solicitado un suplemento de crédito en las aplicaciones presupuestarias 'Programa nacional de desarrollo rural' y 'Financiación AGE a familias e instituciones sin fines de lucro', por el citado importe.

Los créditos que figuran en los citados subconceptos del Presupuesto de 2023 prorrogado para 2025, son insuficientes para atender las necesidades de pago en el ejercicio 2025 de las siguientes ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER):
  • Subvenciones para la realización de proyectos de inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
  • Subvenciones para la preparación y ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos supraautonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España.
  • Subvenciones de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.
  • Subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023- 2027.
  • Subvenciones para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) en el marco del PNDR.

Teniendo en cuenta las necesidades para 2025 y el crédito disponible, es necesario incrementar la dotación de dos subconceptos, por valor de 6.563.773,04 euros y 7.089.037,24 euros, respectivamente.

Por consiguiente, el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por importe de 13.652.810,28 euros, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del Organismo.

En consecuencia, y con la finalidad indicada, se ha propuesto la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Hacienda

FINANCIACIÓN DE GASTOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 16.792.180,69 euros para atender gastos destinados a la prevención, investigación y persecución de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

La asignación del Fondo de Contingencia que se contempla en este Acuerdo tiene por finalidad financiar una modificación de crédito, en concreto la incorporación de crédito en el Ministerio de Sanidad, destinado a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, por el citado importe.

Los recursos del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados están afectados a la realización de determinadas actuaciones fijadas en la propia Ley, entre las que se encuentran la prevención de toxicomanías; asistencia y reinserción de drogodependientes; actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de delitos relacionados con el narcotráfico y cooperación internacional en la materia.

Asimismo, la disposición adicional cuarta de la referida Ley 17/2003 establece que el importe del crédito no utilizado al fin de cada ejercicio en la aplicación correspondiente al fondo a que se refiere el artículo 1.2 y la disposición adicional primera de esta Ley se incorporará al presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente.

Según pone de manifiesto el centro gestor, existen remanentes de crédito originados por el Fondo en 2024, por importe total de 16.792.180,69 euros. Por todo lo anterior y con objeto de financiar la presente incorporación, se requiere disponer de ese importe con cargo al Fondo de Contingencia.

Por tanto, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la aprobación del Consejo de Ministros de la aplicación del Fondo de Contingencia.

Hacienda

ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria, para permitir al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadiana, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la formalización de dos convenios, con la Diputación Provincial de Badajoz, en el primer caso, y con dicha Diputación y la Junta de Extremadura en el segundo, para la tramitación de sendos proyectos de acondicionamiento de carreteras.

El citado Organismo Autónomo tiene previsto la formalización de los siguientes convenios para la realización de sendos proyectos de acondicionamiento de carreteras:
  • Convenio con la Diputación Provincial de Badajoz para la financiación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de 'Acondicionamiento de la carretera de Barbaño a la EX-328', siendo la citada Diputación Provincial la encargada de la licitación, adjudicación, ejecución y dirección de las obras.
  • Convenio con la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura para la financiación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de 'Acondicionamiento y Rehabilitación Estructural de la Lanzadera, en dos tramos, uno desde Guareña a Valdetorres a través del camino C-5 y el otro desde el final de la C.P. BA-142, entre la acequia XXVI-J, a Santa Amalia'.

A través de los convenios citados, se determinan las condiciones de colaboración entre las partes para la financiación y ejecución de los proyectos descritos. En concreto, en lo que respecta a la financiación, el gasto que conlleva para el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través de las transferencias de capital que se compromete a realizar a la Diputación Provincial de Badajoz, se desglosa del siguiente modo (importe en euros):

Convenio202520262027Total
Carretera de Barbaño a la EX-328174.612,151.392.982,00178.527,301.746.121,45
Carretera de la Lanzadera Guareña a Valdetorres25.000,001.265.000,00947.279,122.237.279,12
Total199.612,152.657.982,001.125.806,423.983.400,57

En consecuencia, teniendo en cuenta que no existen compromisos de gasto asumidos, la situación en la aplicación presupuestaria afectada, según nivel de vinculación, es la siguiente (importe en euros):

(Importes en euros)
20262027
Compromisos adquiridos0,000,00
Compromisos por adquirir2.657.982,001.125.806,42
Compromisos totales2.657.982,001.125.806,42


Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto para los años 2026 y 2027.

Hacienda

EJECUCIÓN DE OBRAS EN SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros y el número de anualidades, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria, para posibilitar la ejecución de obras en sedes de la Biblioteca Nacional de España por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura ha sido el centro directivo que ha solicitado autorización para modificar los límites y el número de anualidades establecidas en la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', que cuenta con un crédito inicial a nivel de vinculación de 23.685.000 euros, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados en 2025.

La GIEC precisa llevar a cabo obras en la Biblioteca Nacional de España, en sus dos sedes, situadas en el Paseo de Recoletos en Madrid y en su sede de Alcalá de Henares (Madrid). Se trata de obras de reforma integral de las bajantes y el saneamiento horizontal, extendiéndose a lo largo de dos ejercicios, 2025 y 2026, por un importe total de ocho millones de euros, cuyo coste será repartido entre las dos anualidades.

A este importe hay que añadirle la retención adicional del crédito de 10% del importe de adjudicación, que establece el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria en relación con los contratos de obra de carácter plurianual, con lo que el importe total a considerar es de 8.800.000 euros distribuyéndose en las siguientes anualidades e importes, en euros:

Año 20252.800.000,00
Año 20265.200.000,00
Año 2027800.000,00 (*)
TOTAL8.800.000,00
(*) Incluye RC adicional 10% artículo 47.2 L.G.P.

A la fecha, está retenido crédito en ejercicios posteriores en varias aplicaciones, por importe de 18.358.148,66 euros en el ejercicio presupuestario 2026, 16.350.948,33 euros en el ejercicio presupuestario 2027, 23.146.585,62 euros en el ejercicio presupuestario 2028, 23.265.228,59 euros en el ejercicio presupuestario 2029 y 12.939.201,39 euros en el ejercicio presupuestario 2030, derivados de la aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre de 2024, para la ejecución de las obras de construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.

Por todo lo anterior, los límites de compromisos máximos a autorizar en la aplicación 'Inversiones reales', según el nivel de vinculación, para atender los compromisos derivados de la ejecución del proyecto señalado, y teniendo en cuenta los compromisos que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura tiene asumidos, son los que se detallan a continuación:

AnualidadCrédito retenidoNuevas necesidadesNuevo límite solicitado
Año 202618.358.148,665.200.000,0023.558.148,66
Año 202716.350.948,33800.000,0017.150.948,33
Año 202823.146.585,6223.146.585,62
Año 202923.265.228,5923.265.228,59
Año 203012.939.201,3912.939.201,39
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria se ha sometido este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros.

Hacienda

FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a otorgar garantías durante 2025 por un importe máximo de 84 millones de euros, destinados a financiar la construcción de viviendas de protección pública.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta autorización se lleva a cabo en el marco del convenio de reafianzamiento suscrito el 19 de diciembre de 2024 entre la Comunidad de Madrid y Avalmadrid S.G.R., en operaciones de financiación de compra de suelo finalista para la construcción de viviendas de protección pública de la Comunidad de Madrid

Los beneficiarios de las garantías son promotores inmobiliarios y cooperativas que sean socios partícipes de Avalmadrid S.G.R. que tengan su domicilio o estén establecidos en la Comunidad de Madrid, y que hayan solicitado financiación para la compra de suelo finalista para la construcción de viviendas de protección pública en dicha Comunidad Autónoma.

La Comunidad de Madrid ha solicitado con fecha 20 de diciembre de 2024 autorización para la concesión durante 2025 de las garantías reseñadas. Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Hacienda

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO Y CORTO PLAZO EN CASTILLA-LA MANCHA
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo, por un importe máximo de 2.832,5 millones de euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.832.500.000 euros. En concreto, el endeudamiento se destinará a la refinanciación de operaciones existentes con la finalidad de conseguir ahorro financiero.
Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hacienda

ACTUACIONES EN M. DE VIVIENDA Y EN LA CASA DE LA ARQUITECTURA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan y modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria para permitir al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la adquisición de diversos compromisos de gasto con cargo a su presupuesto de gastos, para atender obras y actuaciones en la sede del Ministerio y en el museo 'La Casa de la Arquitectura' entre otras acciones.

La Subsecretaría de Vivienda y Agenda Urbana ha sido el centro directivo que ha solicitado autorización para fijar y modificar los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, en su programa presupuestario 'Dirección y Servicios Generales de Vivienda y Agenda Urbana', en el capítulo 6 del programa 'Ordenación y fomento de la edificación', en los capítulos 2, 4 y 6 del programa 'La Casa de la Arquitectura', y en el capítulo 2 del programa 'Gestión de datos en materia de programación y planificación estatal de la vivienda', definidos a nivel de vinculación, al objeto de poder llevar a cabo diversos expedientes de gasto.

De acuerdo con la memoria justificativa que remite el centro proponente, las necesidades a satisfacer son, entre otras, las que se detallan a continuación:

Servicio 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales

Con cargo al programa 'Dirección y Servicios Generales de Vivienda y Agenda Urbana', es necesaria la realización de los siguientes gastos:
  • Actuaciones de mantenimiento, reparación y conservación del edificio sede del ministerio, por un importe de 95.000 euros en 2026.
  • Se precisa la adquisición de material de oficina no inventariable, además de la formalización de un contrato para proporcionar atención a los ciudadanos que soliciten información, contratos de seguridad del Ministerio, de soporte audiovisual para eventos realizados por el área de comunicación del departamento, de servicios de mantenimiento de equipos informáticos y de suministro de prensa.
  • Con el objetivo de cumplir con el Plan de publicaciones del Ministerio se van a tramitar distintos contratos en materia de edición, maquetación y producción, por un importe que asciende en 2026 a 200.000 euros.
  • Se va a adquirir el mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de los centros de trabajo. Adicionalmente, en el área TIC se prevé la realización de una serie de actuaciones esenciales para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios TIC del Ministerio. Por otra parte, se va a llevar a cabo la contratación de servicios de diseño, creatividad y difusión en diferentes canales y soportes para las acciones comunicativas del departamento.

Servicio 07 'La Casa de la Arquitectura'


Con cargo al programa 'La Casa de la Arquitectura', es necesaria la realización de los siguientes gastos:
  • Es precisa la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles por una cuantía de 50.000 euros para las anualidades 2026 y 2027, respectivamente.
  • Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la programación expositiva del museo, se va a proceder a la contratación de licencias de programas, de servicios relacionados con el marketing y la publicidad, de limpieza y seguridad, así como la realización de gastos relativos a la celebración de reuniones, cursos y conferencias vinculados con la actividad de la Casa de la Arquitectura, por un importe de 1.409.460 euros en 2026 y 1.085.460 euros en 2027.
  • Para la concesión de los premios de la Casa de la Arquitectura, destinados a reconocer la calidad de la arquitectura, se va a tramitar la correspondiente convocatoria, que se corresponde con un importe de 90.000 euros en el ejercicio 2026.
  • Se van a realizar, entre otros, diversos contratos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura del museo, ascendiendo la cuantía requerida para llevar a cabo estas actuaciones a 994.000 euros en 2026 y a 434.000 euros en 2027.

Servicio 10 Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura


Con cargo al programa 'Ordenación y fomento de la edificación', es necesaria la realización de los siguientes gastos:
  • La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura va a ejecutar una serie de contratos de obras relacionados con la rehabilitación, mantenimiento, intervención y conservación de edificios.

Servicio 11 Dirección General de Planificación y Evaluación

Con cargo al programa 'Gestión de datos en materia de programación y planificación estatal de la vivienda', es necesaria la realización de los siguientes gastos:
Esta Dirección General va a realizar trabajos y estudios consistentes en analizar, evaluar y gestionar los datos sobre el impacto de las políticas públicas en la consecución de los objetivos en materia de vivienda y agenda urbana, para lo cual se requiere la cantidad de 200.000 euros en 2026 y 200.000 euros en 2027.
A la vista de cuanto antecede, según el centro proponente, el importe de las necesidades de gasto mencionadas para las próximas anualidades, para las aplicaciones que no cuentan con crédito inicial, es el que se detalla a continuación:
Aplicaciones presupuestarias (sin crédito inicial) Compromiso máximo a adquirir (2026) Compromiso máximo a adquirir (2027) Compromiso máximo a adquirir (2028) Compromiso máximo a adquirir (2029)
25.01.261M.21 95.000,00 0,00 0,00 0,00
25.01.261M.22 860.824,76 300.191,82 30.000,00 30.000,00
25.01.261M.24 200.000,00 0,00 0,00 0,00
25.01.261M.6 4.202.924,82 2.626.556,56 2.499.713,37 2.489.751,43
25.07.261R.21 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
25.07.261R.22 1.409.460,00 1.085.460,00 0,00 0,00
25.07.261R.481 90.000,00 0,00 0,00 0,00
25.07.261R.6 994.000,00 434.000,00 0,00 0,00
25.11.261S.22 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Por su parte, en el caso de la aplicación 25.10.261O.6, que cuenta con un crédito inicial de 24.450.000 euros, a nivel de vinculación, partiendo de los nuevos compromisos a adquirir y teniendo en cuenta las retenciones de crédito ya existentes en dicha aplicación, se obtiene el siguiente cuadro de necesidades totales:
Año

Compromiso máximo a adquirir

25.10.261O.6

202631.801.636,79
202722.680.198,09
2028 19.411.580,40
2029 5.117.968,94

Por todo ello, conforme al artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se requiere la aprobación del Consejo de Ministros para autorizar los compromisos de gasto con cargo a las anualidades 2026 a 2029.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CON LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado acuerdo, cuyo texto se rubricó en Madrid el 2 de octubre de 2018. Posteriormente, se autorizó por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2024 y fue firmado en Kuala Lumpur (Malasia), el 22 de octubre de 2024.

Este acuerdo desarrolla y modifica el marco jurídico aplicable a la explotación de servicios aéreos regulares entre ambos países, adecuándolo a la normativa comunitaria.

El acuerdo recoge la fórmula habitual de este tipo de convenios bilaterales sobre servicios aéreos y recoge en su articulado las cláusulas administrativas que la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) recomienda incluir en los acuerdos sobre servicios aéreos a sus Estados miembros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ANEXO DEL CONVENIO CONTRA EL DOPAJE DEL CONSEJO DE EUROPA
El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento del texto enmendado del Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa, relativo a la lista de sustancias y métodos prohibidos de 2025, que se actualizan anualmente por el Grupo de Seguimiento.

El Convenio contra el Dopaje se elaboró en el seno del Consejo de Europa. Se abrió a la firma el 16 de noviembre de 1989. Entró en vigor el 1 de marzo de 1990. Su objetivo es la reducción y posterior eliminación del dopaje en el deporte. En la actualidad son partes de este Convenio 52 Estados. España lo firmó ad referéndum el 16 de noviembre de 1989 y lo ratificó el 20 de mayo de 1992, estando vigente para nuestro país desde el 1 de julio de ese año.

El texto enmendado del Anexo del Convenio contra el Dopaje entró en vigor el 1 de enero de 2025, y el consentimiento de España se entiende ya prestado en virtud del procedimiento simplificado previsto en el propio Convenio.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CREACIÓN DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES EN SEÚL
El Consejo de ministros ha acordado autorizar la creación de una entidad sin ánimo de lucro, al amparo de la legislación local, para el cumplimiento de los fines del Instituto Cervantes en Seúl (República de Corea). En la redacción de sus estatutos se intentará mantener la mayor homogeneidad posible con el diseño y funcionamiento de los restantes centros del Instituto Cervantes.

Mediante Real Decreto 955/2022, de 15 de noviembre, se creó un centro del Instituto Cervantes en Seúl (República de Corea), con el fin de reforzar la presencia del Instituto Cervantes y dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la enseñanza del español y atender al interés por la cultura en español.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FINANCIACIÓN A COLOMBIA CON CARGO AL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la concesión de una financiación combinada a la República de Colombia con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, para la financiación del "Proyecto de Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales Sostenibles, Ruralidad para la Vida", consistente en un crédito, por un importe máximo de 35.000.000 de dólares estadounidenses y una donación para asistencia técnica de hasta 2.000.000 de euros.

Además, el Consejo de ministros ha acordado autorizar el pago de hasta 445.000 dólares estadounidenses al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del "Proyecto de Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales Sostenibles, Ruralidad para la Vida", en la República de Colombia.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE.

En el primero de estos acuerdos, se propone la concesión de una financiación combinada a Colombia para el "Proyecto de Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales Sostenibles, Ruralidad para la Vida". El objetivo es fortalecer de manera sostenible y resiliente la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población rural en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El Proyecto prevé desarrollarse en 214 municipios, de 12 departamentos de Colombia.

Mediante el segundo Acuerdo, el FONPRODE abonará hasta 445.000 euros, por los gastos de diseño y supervisión del mencionado proyecto.

La operación se ajusta a las prioridades geográficas y estratégicas de la Cooperación Española y contribuye principalmente a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1: "Fin de la pobreza"; ODS 2: "Hambre Cero" y ODS 5: "Igualdad de género".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRADORES Y COMPRADORES DE CRÉDITOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por el que se transpone la Directiva europea sobre la materia y se modifica la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011/ y la Ley de contratos de crédito inmobiliario /Ley 5/2019). El proyecto una vez aprobado por el Gobierno será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica garantizando que se respetan sus derechos, y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas. Asimismo, se favorece la estabilidad financiera, facilitando que las entidades financieras puedan vender sus carteras de créditos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia.

Con este objetivo, el Proyecto de Ley regula la compraventa de créditos dudosos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito estableciendo unas reglas comunes con el resto de la Unión Europea para regular la operativa de este mercado.

El proyecto normativo regula, en primer lugar, la actividad de administración de créditos dudosos, que consiste en el cobro o la renegociación de créditos dudosos, que pasa a ser una actividad reservada y requiere de la autorización previa del Banco de España. Con el fin de proteger a los consumidores, se establecen como requisitos para obtener esta autorización la necesidad de disponer de un sistema interno adecuado de gestión de reclamaciones, así como una política que garantice la protección y trato justo de los prestatarios.

Asimismo, se regula la compraventa de créditos dudosos, asegurándose el mantenimiento de las condiciones y derechos de los prestatarios y trasladándose al comprador de los créditos las obligaciones de transparencia, protección e información, incluyéndose el cumplimento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estuviera adherido.

Más protección para los consumidores financieros

El proyecto normativo establece garantías adicionales para la protección de los prestatarios, que obligan tanto a los compradores como a los administradores a dar un trato adecuado e información suficiente, además de contar con un servicio de atención al prestatario y de reclamaciones extrajudiciales adecuado.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones el Banco de España supervisará a los administradores, así como el respeto de estas obligaciones por parte de los compradores de crédito, estableciéndose, el correspondiente régimen de infracciones y sanciones.

Asimismo, se modifican las normativas sectoriales de crédito al consumo y de crédito inmobiliario para introducir la obligación de que los prestamistas cuenten con una política de renegociación de deudas. Esto supone que los prestamistas deberán ofrecer a los clientes medidas encaminadas a alcanzar acuerdos de renegociación, antes del inicio de acciones judiciales o la exigencia del pago total de la deuda.

La norma establece condiciones especiales para los clientes deudores de un crédito no hipotecario en situación de vulnerabilidad económica, que son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En estos casos la entidad prestamista que venda el crédito dudoso a un tercero deberá ofrecer al prestatario un plan de pagos para proteger a los colectivos más endeudados sin menoscabar la cultura de pago.

Se introducen, además, en la Ley de Crédito al Consumo medidas adicionales de protección de los deudores, dirigidas a mejorar la información y protección de estos clientes. Así, con este objetivo, se limitan los intereses de demora a cobrar en casos de impagos por parte del consumidor a un máximo de la suma del interés de ordinario más tres puntos porcentuales.

Además los gastos por reclamación de saldos vencidos deberán ser por una cuantía acorde a los costes efectivamente soportados por el prestamista y, en todo caso, tras una comunicación al cliente con carácter previo en la que se haya indicado el saldo deudor impagado, el plazo disponible para regularizar la situación y el importe que se va a adeudar en caso contrario; se definen los supuestos de modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida (como en el caso de las tarjetas revolving), permitiendo a los clientes no aceptar las subidas o cancelar el contrato, en cuyo caso el cliente podrá reembolsar la deuda pendiente de acuerdo con las condiciones de reembolso y tipo de interés vigentes en el momento de la comunicación, sin coste adicional para el prestatario. Finalmente, se clarifican las condiciones de las indemnizaciones por amortización anticipada en el caso de financiaciones ligadas a la compra de bienes o servicios.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CURSO 2025-2026
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2025-2026 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Se trata de una nueva inversión histórica destinada a becas de 2.544 millones de euros; 1.100 millones de euros más que en 2017-2018.

La principal mejora es el incremento de la beca de residencia en 200 euros hasta los 2.700. En la convocatoria 2023-2024 ya se incrementó de 1.600 a 2.500 euros y ahora se alcanza esa cifra de 2.700 euros. Las previsiones son que cerca de 101.000 alumnos y alumnas, la mayor parte de zonas rurales, puedan desplazarse fuera de sus municipios para continuar con sus estudios gracias a esta ayuda. Entre las novedades de esta convocatoria también está la equiparación de los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores a los universitarios, que beneficiará a unos 7.000 jóvenes.

A estas mejoras hay que añadir el incremento del 25% en las cuantías fijas para aquellos alumnos universitarios o de enseñanzas artísticas superiores que acrediten una discapacidad del 25% al 65%; medida que complementa a la que ya se aplica al alumnado con discapacidad igual o superior al 65%.

Además, para los alumnos de las zonas afectadas por la DANA, no se tendrán en cuenta en el cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones estatales recibidas por este motivo.

Por último, se flexibilizan los requisitos académicos a aquellas personas mayores de edad que acrediten la condición de víctimas de violencia sexual, para equipararlas a las personas menores de edad en igual situación y a las víctimas de violencia de género.

Presupuesto récord

Todo esto se llevará a cabo gracias a un presupuesto récord de 2.544 millones de euros, que sube por octava convocatoria consecutiva, marcando un nuevo máximo histórico y con una dotación de más de mil millones de euros más respecto al curso 2017-2018. Esto ha permitido que la beca media en la convocatoria general haya aumentado un 60% tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.

Además de este incremento presupuestario, la apuesta del Gobierno por las becas como herramienta para garantizar la equidad educativa y la igualdad de oportunidades se refleja también en las mejoras introducidas año tras año en la convocatoria, que están permitiendo que más estudiantes accedan a estas ayudas y que estas sean de mayor cuantía.

Por ejemplo, la subida del 5% en los umbrales de renta introducida en la pasada convocatoria ha permitido la entrada de al sistema de becas de unos 18.000 estudiantes. O los cambios en la convocatoria dirigida a los estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, que ha permitido duplicar el número de beneficiarios.

Todo esto ha permitido que el número total de becarios haya pasado de 784.422 en el curso 2017-2018 a rozar casi el millón de jóvenes en la convocatoria 2024-2025.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Dada la evolución de la técnica y de los marcos normativos nacional y europeo, se hace conveniente revisar y actualizar los requisitos establecidos en el anterior reglamento del año 2004 para adaptarlo a las necesidades y soluciones constructivas actuales, y al mismo tiempo, alinearlo con el resto de normativa de productos, instalaciones y edificación.

El ámbito de aplicación son los establecimientos industriales: actividades industriales, almacenes industriales, talleres de reparación de vehículos y actividades auxiliares.

Entre las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, el reglamento establece las siguientes: el diseño minimizará la propagación tanto exterior como interior de posibles incendios. Se dispondrá de los medios adecuados de evacuación de ocupantes. Se contará con las instalaciones de detección, control, extinción y alarma que sean adecuadas en cada caso. Se facilitará la intervención de los bomberos y se garantizará la resistencia estructural suficiente (medida en tiempo de resistencia al fuego), para que se pueda llevar a cabo la evacuación y la extinción.

Los equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección activa contra incendios cumplirán con lo dispuesto en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el RD 513/2017.

Los establecimientos industriales nuevos, así como los que sufran modificaciones significativas, requerirán la elaboración de un proyecto firmado por un técnico competente, que será preceptivo para la obtención de las licencias o autorizaciones.

Para la puesta en servicio, se requiere la presentación ante el órgano competente en materia de industria de la correspondiente Comunidad Autónoma de los siguientes documentos para su registro: proyecto, certificado de adecuación de la obra al proyecto, acta de inspección inicial (en su caso) y documentación de los equipos sujetos al reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Con independencia de la función inspectora asignada al órgano competente en materia de industria, los titulares de los establecimientos industriales deberán solicitar la inspección periódica de sus instalaciones a un organismo de control habilitado para dichas tareas, al menos, cada 5 años.

Por último, el titular del establecimiento deberá comunicar al órgano competente en materia de industria, en el plazo máximo de 15 días hábiles, cualquier incendio relevante que se produzca en el establecimiento industrial.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
En 1977, las Naciones Unidas declararon el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En este 2025, bajo el lema: "Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento" la comunidad internacional reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas las mujeres. En el núcleo de esta transformación se sitúan las mujeres jóvenes y las niñas, quienes serán las protagonistas del cambio hacia una sociedad igualitaria y justa. El Gobierno de España ratifica su firme compromiso con la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Con este motivo, el Consejo de Ministras y Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"Como cada 8 de marzo, el Gobierno de España celebra los avances conseguidos y renueva su compromiso con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia sexual y de género y la plena autonomía personal de las mujeres.

Este 2025 se conmemora, además, el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 gobiernos durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995. Este documento sigue siendo la hoja de ruta fundamental para el avance de los derechos de las mujeres en todo el mundo.

La Plataforma establece las bases para el desarrollo de políticas, programas e inversiones en áreas que impactan en las vidas de las mujeres, como la educación, la salud, la paz, los medios de comunicación, la participación política, la independencia económica y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Además, desde Naciones Unidas se orienta a los Estados a abordar las prioridades relacionadas con la justicia climática, así como el impacto de las tecnologías digitales, que sufren especialmente las más jóvenes.

Tal como señala Naciones Unidas, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing cumple 30 años en un panorama de creciente inseguridad, incertidumbre, retrocesos y crisis acumuladas, que genera cada vez más desconfianza en la democracia y reduce la participación cívica.

Solo en el último año, 612 millones de mujeres y niñas vivieron la realidad brutal del conflicto armado, lo que representó un preocupante aumento del 50 por ciento en solo una década.

La agresión a Ucrania, las gravísimas violaciones de derechos humanos en Palestina, el grave drama humanitario de la franja de Gaza, o la sistemática violación de derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, privadas de educación, libertad y participación en la vida pública, son algunos de los más lacerantes ejemplos de esta dolorosa realidad.

Ante ello, el Gobierno de España quiere mostrar tanto su consternación como su solidaridad con todas las víctimas, al tiempo que reitera su compromiso tanto por proteger y proporcionar asistencia a colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres y niñas migrantes, como por el establecimiento de una política exterior feminista que sitúe los derechos de las mujeres dentro de la agenda internacional.

Este año 2025, en el que conmemoramos 50 años de libertad en España, queremos reconocer las contribuciones del feminismo al fortalecimiento de nuestra democracia y la mejora de nuestro país. La dictadura en España supuso un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres, relegándolas al ámbito doméstico, sometiéndolas a un sistema opresivo y negándoles la autonomía que con esfuerzo apenas habían comenzado a conquistar.

Las mujeres fueron consideradas menores de edad y despojadas de los derechos de civiles y políticos, en contraste con los avances que se habían producido durante la Segunda República.

Hoy, España es referente de igualdad entre mujeres y hombres y en avances en derechos. El Índice de Igualdad de Género 2024 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha confirmado que España se mantiene como el cuarto país más avanzado en igualdad de género dentro de la Unión Europea.

El Gobierno celebra los logros conseguidos, pero continúa trabajando para acabar con las desigualdades que todavía nos atraviesan como sociedad. El Gobierno de España pone de manifiesto su firme apuesta por la defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres.

Las políticas públicas de igualdad son el instrumento para mejorar no solo las vidas de las mujeres, sino de toda la ciudadanía. Porque cuando avanzan las mujeres, avanza la sociedad y avanza la democracia. Y en este ámbito no podemos olvidar la contribución y la riqueza que, a pesar de las dificultades que puedan encontrar, suponen las mujeres extranjeras a la sociedad española, así como las mujeres españolas residentes en el exterior. No podrá haber una verdadera transformación social si no se cuenta con la presencia y contribución de más de la mitad de la población.

Sin embargo, en la actualidad persisten brechas en el ámbito laboral que se reflejan en las diferencias salariales, en las menores opciones de introducirse y de promocionarse en el mercado de trabajo, y en los tipos de empleos a los que se opta. También en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones, que continúan masculinizados, y en los cuidados, que siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres.

En todos esos ámbitos, el compromiso del Gobierno por la igualdad entre mujeres y hombres ha logrado que en 2024 se hayan alcanzado cifras históricas en el empleo femenino en nuestro país, superando por primera vez los diez millones de mujeres trabajadoras, de las que 7,4 tienen contratos estables, al tiempo que, con la aprobación de normas sobre igualdad en el trabajo o la subida del Salario Mínimo Interprofesional -que ha experimentado un incremento del 61% desde 2018 y beneficia especialmente a las mujeres (el 65,8% del total de personas beneficiarias)-, se ha logrado reducir la brecha salarial de género en 6,83 puntos en la década 2012-2022.

En aras de avanzar en una democracia paritaria, esto es, en la integración plena de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, a todos los niveles y en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos, el Gobierno de España impulsó, y el Congreso aprobó, la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Esta ley introduce sustanciales modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico a fin de ahondar en esa realización efectiva de la igualdad de mujeres y hombres, esencialmente en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, dando concreción al principio de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En el ámbito de la vida económica hemos avanzado mucho desde el año 2007 y las empresas españolas han asumido con ejemplar naturalidad el principio de igualdad, si bien la composición de algunos consejos de administración son el mejor reflejo de lo que todavía nos queda por hacer en este frente. Avanzar en este ámbito es crucial no solo por razones de justicia, sino de eficiencia. La economía española no se puede permitir desaprovechar el talento del cincuenta por ciento de la población. El apoyo a la implantación de las políticas de igualdad en nuestro tejido productivo es, por tanto, irrenunciable.

Unas políticas que ya tienen impacto en nuestra realidad empresarial, como muestran numerosos estudios, traduciéndose en resultados tangibles, como una mejor gobernanza, transparencia o una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

Por su parte, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global consagró como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española para el desarrollo sostenible la promoción de la igualdad de género desde un enfoque feminista para contribuir a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestros países socios, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las adolescentes, así como afianzar sus derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de derechos humanos y de salud pública universal.

La seguridad de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias es una condición sine qua non para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos vitales y ejercer su plena ciudadanía. En la desigualdad entre mujeres y hombres, en la asimetría de poder, está la raíz de la violencia de género, en todas sus manifestaciones.

Por ello, el Gobierno de España celebra la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el gran consenso que existe en España para luchar de manera unánime y firme contra esta violencia estructural, y que para su erradicación requiere del compromiso de todas las instituciones.

Mediante esta Declaración, el Gobierno también quiere reconocer el trabajo activo del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, que ha sido y es esencial para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres no es un acto de solidaridad, sino de eficiencia y de justicia social e histórica: ninguna democracia puede considerarse completa si la mitad de su población, a pesar de contar con derechos iguales, no puede ejercerlos y hacerlos efectivos de igual modo. La igualdad es una exigencia ética de la democracia".

Transportes y Movilidad Sostenible

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA SÍSMICA, VOLCANOLÓGICA Y OTROS FENÓMENOS GEOFÍSICOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de Otros Fenómenos Geofísicos que contempla el desarrollo de 58 medidas para reforzar las redes de vigilancia y detección de fenómenos naturales destructivos, como los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o tormentas espaciales, y para mejorar los sistemas de comunicación y respuesta, ahondando en la coordinación entre las distintas administraciones.

El Plan, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), nace impulsado por la erupción del volcán de la isla de La Palma ocurrida en 2021 y otras crisis sismo-volcánicas precedentes, con una vigencia cuatrienal.

Los beneficios del Plan para el periodo 2025-2028 serán múltiples ya que se impulsarán mejoras tecnológicas, la densificación de redes de vigilancia, se reforzará la eficiencia en la gestión de recursos y la atención a riesgos emergentes, así como la comunicación de alertas y el progreso en resiliencia comunitaria.

El buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia y alerta con lo sucedido en La Palma permitió una óptima gestión de la emergencia. Al mismo tiempo, se constató la importancia de fortalecer la colaboración de todas las instituciones competentes.

Elaboración del Plan

El Ministerio creó un grupo de trabajo presidido por el IGN para preparar la propuesta del Plan que constituyó, a su vez, cinco subgrupos para abordar los cinco peligros considerados: sísmico, volcanológico, tsunami, inestabilidad del terreno y meteorología espacial (tormentas y eventos geomagnéticos). En la elaboración han participado un total de 54 entidades académicas, científico-técnicas y administraciones públicas en la materialización del Plan.

Este hecho ha supuesto un esfuerzo sin precedentes de planificación con el fin de reforzar la seguridad nacional, ya que España es un país con un nivel de actividad sísmica y vulcanológica que exige vigilancia y control. Se espera que el Plan tenga impacto en los siguientes ámbitos:

Reducción del riesgo y los daños asociados: al proporcionar sistemas de vigilancia y de alerta temprana mejorados que permitan fortalecer la capacidad de anticiparse a los desastres naturales.
  • Por ejemplo, en el marco de del Plan, la Red Sísmica Nacional prevé desarrollar herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) para mejorar las alertas tempranas en caso de terremotos, que son mucho más difíciles de gestionar o predecir.
  • Se trata de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia, de forma que actúen como uno solo, haciéndolos más eficaces para mejorar los tiempos de las alertas tempranas y reducir riesgos.

Fortalecimiento de la gestión de emergencias, seguridad y resiliencia: se promueve la reparación y la respuesta eficiente a través de la mejora en la coordinación interinstitucional.

Fortalecimiento de las políticas públicas: recoge los recursos técnicos y normativos existentes en materia de vigilancia y alerta de geopeligros; también se aporta información de valor para la puesta en marcha de futuras políticas públicas en gestión de desastres.

Contribución a la sostenibilidad: al incorporar la prevención en la gestión de riesgos como pilar del desarrollo sostenible.

Con la elaboración de este plan, finaliza el encargo que el Gobierno de España realizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través del Real Decreto-ley 2/2022 para su redacción, que ha sido ejecutada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).



Industria y Turismo

AMPLIACIÓN PLAZOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican el RD 1118/2021, de 21 de diciembre; el RD 449/2022, de 14 de junio; y el RD 1011/2022, de 5 de diciembre, por los que se regula la concesión directa de subvenciones en materia turística, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Estos tres reales decretos regulan la concesión directa de subvenciones a territorios extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) en materia turística, en el marco del componente 14 "Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico" del PRTR.

Los tres RRDD recogían, en su redacción original, un plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables hasta el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo fue modificado por el RD 519/2024, de 4 de junio, hasta el 30 de junio de 2025, plazo que el presente RD viene a ampliar por segunda vez. El plazo para terminar las actuaciones queda ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AMPLIACIÓN ÁMBITO AYUDAS ASOCIADAS A LA PAC
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado una ampliación en el ámbito de aplicación de la ayuda asociada de la Política Agraria Común (PAC) para los productores de frutos seco de secano en áreas con riesgos de desertificación, que pasan de 11 a 27 comarcas.

Esta ampliación se realiza mediante una modificación al Real Decreto 1048/2022 de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023 de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la PAC y la regulación de la Solicitud Única del Sistema Integrado de Gestión y Control. La ayuda asociada a los frutos secos presenta unos requisitos que permiten focalizar el esfuerzo presupuestario en aquellos modelos productivos que presentan más dificultades de competitividad.

Con esta medida se da respuesta a una reivindicación del sector, que solicitaba considerar más zonas como susceptibles de ayudas, dado que en aquellas donde las precipitaciones tienen un carácter torrencial, el agua no es aprovechable por el cultivo, lo que condiciona su desarrollo y rendimiento y compromete su rentabilidad.

De hecho, los productores de almendro, avellano y algarrobo en secano en la península perciben la ayuda si el cultivo se realiza en una pendiente superior al 10 %, o bien, en aquellos recintos con una pendiente inferior pero ubicados en una comarca con una precipitación anual media en los últimos 10 años menor a 300 milímetros (mm). En el caso de Baleares, el ámbito se amplió el año pasado a la totalidad de su territorio.

La modificación consiste en descontar de las medias anuales de precipitaciones que se consideran para establecer el derecho a la ayuda las lluvias de carácter torrencial por encima de 30 mm diarios. Para ello se ha considerado la información de precipitaciones diarias aportada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre los últimos 10 años.

El importe de la ayuda queda dentro de los niveles establecidos en el Plan Estratégico de la PAC, por lo que se mantiene su objetivo. Esta ayuda se podrá solicitar ya para la campaña 2025, cuyo plazo de presentación comenzó el pasado 1 de febrero, ya que la modificación tiene carácter retroactivo.

El listado resultante de comarcas donde se aplicará esta ayuda es el siguiente:
  • Albacete: Hellín
  • Alicante: Meridional, Central y Vinalopó.
  • Almería: Campo Nijar y Bajo Andarax, Rio Nacimiento, Bajo Almanzora, Campo de Tabernas, Alto Almanzora, Campo Dalias, Alto Andarax, Los Vélez.
  • Castellón: La Plana y Litoral Norte.
  • Granada: Baza, La Costa y Guadix
  • Lleida: Segriá
  • Murcia: Suroeste y Valle Guadalentin, Campo de Cartagena, Río Segura, Centro y Nordeste.
  • Tarragona: Ribera de Ebro.
  • Valencia: Sagunto, Huerta de Valencia y Campos de Liria.

El Consejo de Ministros también ha aprobado sendas modificaciones en la regulación sobre el potencial de producción vitivinícola (Real Derceto 1308/2024, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre). Por un lado, se amplía el plazo para la presentación de autorizaciones de replantaciones de viñedos hasta el final de la quinta campaña vitícola siguiente a aquella en que haya tenido lugar el arranque, con el fin de adaptarlo a la nueva normativa de la Unión Europea.

En segundo lugar, se introduce en el Anexo XXI la mención correcta a la variedad de uva "xarello" dentro de las variedades clasificadas en Extremadura.

Cultura

CREACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y RESIDENCIAS ARTÍSTICAS TABACALERA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de creación del Centro de Producción y Residencias Artísticas Tabacalera. La institución nace con el objetivo de impulsar la creación artística en toda su diversidad y de estimular la interacción entre los creadores y la sociedad.

Mientras que su sede, la antigua fábrica de Tabacalera ubicada en el madrileño barrio de Lavapiés, se encuentra en proceso de habilitación arquitectónica, el centro ya ha empezado su línea de acción con una novedosa línea de ayudas a las residencias artísticas publicada el pasado diciembre. Con esta iniciativa, cumple uno de sus primeros objetivos: promover la conexión entre las distintas autonomías y favorecer la movilidad de los creadores.

La convocatoria de estas ayudas, dotadas con dos millones de euros y enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha recibido más de 800 solicitudes, con proyectos provenientes de todas las comunidades autónomas y de todas las disciplinas. La resolución está prevista para junio de 2025, mientras se trabaja ya en la puesta en marcha de la siguiente convocatoria que se publicará a finales de este año.

El Centro de Producción y Residencias Artísticas Tabacalera dependerá de la nueva Subdirección General de las Artes Visuales y la Creación Contemporánea, cuya creación supone uno de los primeros pasos en la reorganización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, de cara a reforzar su apoyo al ecosistema artístico en sus distintas facetas, a partir del diálogo y la colaboración con los agentes del sector y de la convicción del impacto del arte en la sociedad.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Consejera Permanente de Estado y Presidenta de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Dª. MAGDALENA VALERIO CORDERO
Es licenciada en Derecho (UCM, 1985). Profesora y coordinadora del área de Derecho Laboral y Seguridad Social en el Centro de Estudios Velázquez-ADAMS (1986-1990). Funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM: jefa de Negociado de Personal en el INSERSO Guadalajara (1991-1994), subdirectora de Gestión Económica Administrativa y Secretaria Provincial en el INSALUD Guadalajara (1994-1999), secretaria provincial de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha en Guadalajara (2016-2018).

Ha sido concejala del Ayuntamiento de Guadalajara (1999-2005 y 2011-2015): portavoz del Grupo Municipal Socialista, segunda teniente de Alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Patrimonio y Participación Ciudadana. (2003-2005), presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (2003-2005). Ha sido delegada Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (1999 a 2003 y de 2010 a 2011). Ha sido miembro del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha: consejera de Trabajo y Empleo (2005-2007), consejera de Turismo y Artesanía (2007-2008), consejera de Administraciones Públicas y Justicia (2008-2010). Ha sido ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2018-2020), participando de manera importante en la negociación, elaboración y aprobación de: RDL 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, RDL 6/ 2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo y en la ocupación y RDL 8/2029, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en jornada de trabajo. Ha sido presidenta del Consejo de Estado de 2022 a 2024.

Ha sido diputada regional de las Cortes de Castilla -La Mancha (2007-2010), diputada en el Congreso X-XIII-XIV Legislaturas participando en diversas tareas parlamentarias: vocal de la Diputación Permanente, de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones. (actualmente también de Inclusión), de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Pacto de Toledo (portavoz adjunta del PSOE en la X legislatura y presidenta desde el 13/02/2020), de la Comisión de Justicia (vocal y secretaria segunda de la Mesa en la X Legislatura y Adscrita en la XIV Legislatura), de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad (vocal en la X Legislatura), de la Comisión para la auditoria de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales (vocal en la X Legislatura), de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo (vocal en la X Legislatura), secretaria general adjunta y portavoz adjunta en la dirección del Grupo Socialista (2014-2016).

En la Comisión de Pacto de Toledo y en la de Trabajo y Seguridad Social fue ponente de la Ley 13/ 2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, de la Ley 23/2013 de 23 de diciembre reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Asimismo, forma parte del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Consejo Asesor de la Fundación Pablo Iglesias y del Consejo Científico de la Fundación Avanza.

Ha sido condecorada con la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III (2021), la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (2023) y la Gran Cruz de la Justicia Social (2023).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Albania

D. GABRIEL CREMADES VENTURA
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia e ingresó en la Carrera Diplomática en 1999.

En el exterior ha estado destinado en la Embajada de España en Nicaragua, en la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York y como segunda jefatura en las Embajadas en Serbia y Malta. Asimismo, fue cónsul adjunto en el Consulado General de España en Miami entre 2018 y 2021.

En Madrid fue jefe de servicio de Sudeste Asiático, Filipinas y Asuntos del Pacífico, vocal asesor en dos ocasiones en el Departamento de Política internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y jefe del Departamento de Cooperación con África Subsahariana en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde agosto de 2021 era subdirector general de Europa Oriental y Asia Central en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ha sido condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Embajador de España en el Reino de Arabia Saudí

D. JAVIER MARÍA CARBAJOSA SÁNCHEZ
Es licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 1985.

Ha servido en las Embajadas de España en Mauritania, Bélgica, Ecuador y Estados Unidos. Ha ocupado igualmente la segunda jefatura en las Embajadas de España en Reino Unido y Argelia. En los servicios centrales de Madrid, ha estado al frente de diversas responsabilidades: subdirector general para Oriente Medio, asesor del Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, y embajador en Misión Especial para Cuestiones Migratorias. Ha desempeñado también el puesto de embajador en Pakistán (2012-2015), y en Trinidad y Tobago (2017-2020), acreditado igualmente como embajador en Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y Granadinas, Guyana y Surinam.

Posteriormente, fue nombrado cónsul general de España en Sídney antes de ser designado embajador de España en Qatar en el verano de 2022, donde ejercía sus funciones en la actualidad.

Dispone de las siguientes condecoraciones: comendador de número de la Orden de Isabel la Católica (24-06-2008), comendador de la misma Orden (6-12-2000), oficial de la Orden de Isabel la Católica (24-6-1991), oficial de la Orden del Mérito Civil (5-1-1988), y oficial de la Orden del Rey Leopoldo, de Bélgica.

Embajador de España en la República Islámica de Mauritania

D. PABLO BARBARÁ GÓMEZ
Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, ingresó en la Carrera Diplomática en el año 2000. Desde 2022 era consejero para Relaciones Exteriores en la Representación Permanente de España ante la UE, a cargo de las relaciones con el Norte de África y Oriente Medio, desde donde participó en la gestión de la Presidencia española de la UE de 2023. Con anterioridad ha ocupado la segunda jefatura de las Embajadas de España en Egipto (2017-2020), Turquía (2014-2017) y Honduras (2004 y 2007), y ha estado destinado en Colombia (2011-2014) y Angola (2001-2004).

En los servicios centrales del Ministerio de AAEE, UE y Cooperación ha ocupado diversas responsabilidades como, entre otras, subdirector general para Oriente Próximo (2020-2022), subdirector general de Programas y Convenios Culturales y Científicos (2008-2010), jefe del Depto. de Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas de AECID (2010-2011) y vocal asesor en la DG de Asuntos de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la UE (2007-2008).

Está en posesión de varias condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica (Cruz y Cruz de Oficial) y de la Orden del Mérito Civil (Cruz de Oficial y Encomienda).

Embajador de España en el Estado de Qatar

D. ÁLVARO RENEDO ZALBA
Es licenciado en Derecho y diploma en Derecho Empresarial (E-1) por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE). Doctor en Seguridad Internacional por la UNED y por European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (European Security and Defence College, European External Action Service), con Premio Extraordinario de Doctorado. Es diplomático de carrera desde 2007.

Embajador de España en la República de Albania desde noviembre de 2021. Con anterioridad, fue cónsul general de España en Argel, fellow en Harvard University (Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs), vocal asesor en el Gabinete del Secretario de Estado para la UE, director del Departamento de Asuntos Europeos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y vocal asesor en dicho departamento. Previamente, fue adjunto al director general de Asuntos Generales y Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la UE, asesor para Asuntos Parlamentarios en el Gabinete del Secretario de Estado para la UE, jefe de área y jefe de servicio en el Gabinete del Secretario de Estado para la UE.

Es profesor en el Programa de Doctorado en UE y en el Máster de Paz, Seguridad y Defensa de ambos de la UNED. Fue profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de diversos estudios y artículos en revistas indexadas. Sus últimas publicaciones son The Lisbon Treaty and Transatlantic Dialogue (EU Publications Office, 2024) y Albania and EU CFSP: Strengthening Integration (Revista de Estudios de Seguridad Internacional, 2024).

Embajadora en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho

Dª. MIRIAM ÁLVAREZ DE LA ROSA RODRÍGUEZ
Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna (1987-1992) y obtuvo un máster en Derecho de las Comunidades Europeas en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica (1992-1993).

Ingresó en la Carrera Diplomática en noviembre de 1999 y desde julio de 2021 era embajadora de España en Mauritania.
Previamente, estuvo destinada en la Embajada de España en Quito, en la Delegación de España en la OTAN, en la Embajada de España en Estocolmo, en la Embajada de España en Rabat y en la Embajada de España en Lisboa.
En Madrid, ha ocupado varios puestos en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, en el Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la Dirección General de Política Exterior.

A lo largo de su carrera profesional ha sido condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.