Referencia del Consejo de Ministros
8.3.2024
La Moncloa
SUMARIO
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA integral contra la trata y la explotación de seres humanos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- REAL DECRETO por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.
- ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
- ACUERDO por el que se insta a la adopción de medidas de refuerzo de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, con ocasión del Día Internacional de las Mujeres.
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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ASUNTOS GENERALES
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE SERES HUMANOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto De Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El anteproyecto adopta por primera vez un enfoque integral de la trata. Así, la respuesta de los poderes públicos va más allá de la respuesta penal y aborda también la prevención y la sensibilización de la sociedad, la detección temprana y la asistencia y protección a las víctimas.
Entre las novedades, la ley reconoce los derechos sin necesidad de interposición de denuncia. Además, contempla un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijas o hijos o personas dependientes a su cargo.
El texto iniciará ahora un proceso de audiencia pública para recoger aportaciones, además de recabar los informes preceptivos.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL EN LA AGE Y ORGANISMOS PÚBLICOS
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de sus organismos públicos.
El protocolo llega al Consejo de Ministros tras haber sido consensuado previamente con los representantes de los empleados públicos en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado y, en concreto, en la Comisión Técnica para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. Además, da cumplimiento a las obligaciones adquiridas en dos leyes orgánicas: La LO 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.
Respecto a su ámbito de aplicación, el protocolo se aplicará a todo el personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos y también a las personas que prestan servicios o colaboran con la AGE o con algunos de sus organismos, como las personas en formación, las que realizan prácticas no laborales, etcétera.
El objetivo general del protocolo es evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y en los organismos vinculados o dependientes de la misma, y afrontarlas de manera efectiva en caso de que éstas lleguen a producirse. Para ello, se desarrollan ocho objetivos específicos:
- Fomentar la cultura preventiva del acoso sexual y/o por razón de sexo en todos los ámbitos y estamentos de la Administración General del Estado.
- Manifestar la tolerancia cero de la Administración General del Estado frente a las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo que puedan detectarse en cualesquiera estamentos de la organización.
- Facilitar la identificación de las conductas constitutivas de acoso en sus distintas modalidades de acoso sexual y por razón de sexo.
- Implantar un mecanismo sencillo, rápido, accesible y confidencial que permita a las víctimas de acoso realizar una notificación de la situación que está sufriendo.
- Informar, formar y sensibilizar a las empleadas y empleados públicos en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, dando pautas para identificar dichas situaciones, prevenirlas y evitar que se produzcan.
- Esclarecer internamente, de manera ágil, rápida y confidencial, las comunicaciones de acoso en aras a precisar si se ha producido una situación de acoso sexual y/o por razón de sexo.
- Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas implicadas, la aplicación de las medidas que en cada caso procedan para la protección de las víctimas en todo momento, apoyando a la persona que ha sufrido el acoso para evitar su victimización secundaria.
- Realizar un seguimiento de las actuaciones derivadas de la activación del protocolo.
Entre los principios que consagra el Protocolo está el de la obligación de los empleados públicos de poner en conocimiento los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozcan, para lo que debe establecerse un mecanismo sencillo y confidencial; la obligación para la administración de atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima; y la necesidad de acometer las actuaciones con celeridad, garantizando -salvo excepciones justificadas- que se elaborará un informe sobre el caso en un plazo no superior a 10 días desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.
La entrada en vigor del protocolo tendrá lugar en el plazo de seis meses desde la publicación de este RD en el BOE. En ese tiempo, cada departamento ministerial y organismo público deberá adaptar el protocolo a sus necesidades específicas y garantizar su efectiva implantación, mediante procedimientos de trabajo, instrucciones u otras herramientas que resulten adecuadas.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
El Día Internacional de las Mujeres empezó a conmemorarse por Naciones Unidas en 1975 y dos años más tarde, el día 16 de diciembre de 1977, fue formalmente proclamado como tal por su Asamblea General, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad.
Según esa organización, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen el 8 de marzo, forman parte de una tradición de más de cien años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Un año más, el Gobierno feminista de España celebra los logros de las mujeres y renueva su compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género y la autonomía plena de las mujeres.
A través de esta Declaración Institucional, el Gobierno de España reafirma su firme compromiso con la lucha por la igualdad real y efectiva.
Con este motivo, el Consejo de Ministras y Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
"Este 8 de marzo el Gobierno desea reiterar su consternación por los conflictos armados que se están multiplicando y enquistando en distintas partes del mundo. Continuamos exigiendo a Rusia que cese su agresión a Ucrania y pedimos el alto al fuego en la franja de Gaza, queriendo transmitir nuestra empatía y solidaridad con una población cuyos derechos humanos están siendo grave y sistemáticamente vulnerados. Estos conflictos se han cobrado la vida de miles de civiles, si bien a día de hoy las mujeres y las niñas son las principales afectadas. No hablamos solamente de mujeres y niñas de diversas nacionalidades que han perdido sus vidas, sino también de la violencia sexual que se ejerce sobre ellas, muchas veces como arma de guerra, o del riesgo que corren de acabar siendo víctimas de trata al ser desplazadas.
La gravedad de la situación no nos permite permanecer impasibles. Por eso, el Gobierno seguirá defendiendo los valores del Sistema de Naciones Unidas y el respeto al Derecho Internacional y Humanitario, apostando por la cooperación multilateral como mejor vía para lograr la paz a través del diálogo. Un diálogo que, además, necesita de la voz de las mujeres para ser verdaderamente democrático.
A su vez, para el Gobierno es prioritario que las mujeres estén debidamente representadas en todos los procesos de toma de decisiones. Por ello, una de las primeras medidas que se han tomado en la XV Legislatura ha sido la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esta ley, actualmente en tramitación parlamentaria, permitirá avanzar de forma significativa para romper los techos de cristal que todavía perduran, contribuyendo a crear condiciones de igualdad real de oportunidades.
A través de esta Declaración con motivo del 8 de marzo, el Gobierno quiere recordar, reivindicar y poner en valor la lucha feminista para la conquista de derechos democráticos.
Esta lucha incansable de mujeres individuales, de asociaciones y de colectivos de mujeres de toda clase, muchas veces silenciada y otras tantas denostada, ha logrado que, tras décadas de esfuerzo, la igualdad no solo figure en la agenda política, sino que ocupe un lugar central en la acción de los gobiernos, incluido el Gobierno de España. Y es que, como dijera Simone de Beauvoir, "el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente".
Hoy, gracias a esas mujeres y a la tenacidad de sus reivindicaciones, España es un país feminista y un referente internacional en materia de igualdad. En 2023, España ocupó la cuarta posición en el ranquin de países del Gender Equality Index (GEI), un índice que mide el nivel de igualdad de género alcanzado en los Estados miembros de la Unión Europea. Desde 2010, nuestra puntuación se ha incrementado en 10 puntos.
Esta evolución indica que las políticas públicas implementadas estos últimos años para hacer real el principio de igualdad han dado sus frutos. Sin embargo, estos avances no deben conducirnos a la inacción o al conformismo, sino, por el contrario, animarnos a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Así, en el marco de las relaciones de trabajo son evidentes los avances habidos en los últimos años, fundamentalmente, pero no solo, a partir de la reforma laboral de 2021, y como consecuencia del conjunto de medidas adoptadas, entre otras, en materia de igualdad retributiva, registro retributivo o de los efectos positivos de la subida del SMI para las mujeres trabajadoras; de forma especial, para las que carecen de cobertura convencional, que son habitualmente las más precarizadas.
También destaca la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, necesario para corregir las deficiencias normativas que infravaloraban un trabajo desempeñado histórica y mayoritariamente por mujeres, contribuyendo a la perpetuación de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género.
En esa misma línea y siendo un compromiso adquirido del Gobierno anterior, se procedió a la ratificación del Convenio número 189 de la OIT, sobre condiciones las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Pese a los logros alcanzados, los datos de decil de salarios de la EPA sitúan la diferencia salarial mensual bruta entre hombres y mujeres en el 15,7% en 2022, lo cual indica que sigue persistiendo una inaceptable brecha salarial de género, aunque se ha aminorado 5,25 puntos porcentuales por debajo de su valor en 2018, gracias a los avances y mejoras en el mercado de trabajo fruto de la reforma laboral y de las subidas recientes del SMI.
Debe tenerse en consideración que la EPA señala que se han batido récords en cifras de empleo femenino, llegando a 9.923.000 mujeres ocupadas, pero que según la Encuesta Anual de Estructura Salarial el salario medio anual femenino representó el 81,6% del salario masculino en 2021.
Por otra parte, pese a la equiparación y la mejora de las condiciones de los permisos de nacimiento y cuidado del menor, las tareas del hogar y del cuidado de personas siguen recayendo muy mayoritariamente en las mujeres.
El número de excedencias por cuidado de hijo o hija, persona menor acogida o familiar que se dieron de alta en la Seguridad Social en 2023 ascendió a 54.796. De éstas, 46.052 correspondieron a mujeres, es decir, el 84%, y tan solo 8.744 a hombres, un 16% del total. Esos datos demuestran que también en este ámbito queda mucho margen de mejora.
De hecho, las jornadas parciales siguen estando altamente feminizadas, ya que el 74% de la parcialidad recae sobre las mujeres, tratándose mayormente de una parcialidad indeseada por motivo de estos cuidados, siendo este uno de los principales motivos de la brecha salarial en nuestro país.
En otro orden de cosas, los datos relativos al consumo de pornografía en internet por parte de personas menores, a edades cada vez más tempranas, resultan verdaderamente preocupantes. Es necesario llegar a un gran acuerdo de país para poner freno a este fenómeno lo antes posible de modo que, sin mermar las oportunidades que la tecnología brinda a las generaciones jóvenes, podamos protegerlas de contenidos que podrían perjudicar su autoestima, su salud mental, su salud afectivo-sexual y sus relaciones personales.
Estos contenidos, además, suponen un grave problema a escala social, pues perpetúan los peores estereotipos de género y, lamentablemente, en muchas ocasiones, normalizan y naturalizan la violencia contra las mujeres. Por tanto, aparte de adoptar medidas que limiten la posibilidad de acceso a la pornografía, es imprescindible seguir fomentando una educación inclusiva que transmita valores como el respeto, la diversidad y la igualdad, y que incorpore contenidos de formación afectivo-sexual de manera integral. La sensibilización social y la educación son los mejores antídotos frente a la discriminación que, en su peor versión, se traduce en violencia.
Las cifras de víctimas de violencia de género son la prueba más cruenta de que la desigualdad sigue siendo una realidad. Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde que en el año 2013 empezaron a contabilizarse 1245 mujeres han sido asesinadas, y solo en lo que va de año 2024 ya son 5 mujeres las que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.
La lucha contra la violencia de género es una prioridad para el Gobierno. Además de la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025), que pone el acento en la coordinación entre administraciones e instituciones, vamos a reforzar los medios y los recursos destinados a erradicar esta forma de violencia, implementando medios para su detección temprana y ampliando los recursos de acompañamiento y asistencia integral a las víctimas, lo que incluye, también, proteger y proporcionar asistencia a colectivos especialmente vulnerables como son las mujeres y niñas migrantes.
En el plano internacional, España se ha consolidado como un país de referencia en Política Exterior Feminista, un enfoque político que está teniendo un potencial significativo para renovar los compromisos internacionales con los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 apuesta por la promoción activa de la igualdad como un principio transversal de nuestra acción exterior y un eje prioritario de la misma, orientada a combatir la discriminación y a defender y promocionar los derechos de las mujeres y niñas, así como a cerrar las múltiples brechas existentes, en especial en materia económica y de igualdad de oportunidades.
Por su parte, el Plan Estratégico para la Política Exterior Feminista 2023-2024 incorpora el enfoque de género en todos los ámbitos de la acción exterior, desde su formulación hasta su evaluación, haciendo de la igualdad de género un principio de actuación de toda la política nacional y exterior española.
La nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, de 2023, recoge el compromiso de contribuir directamente al ODS 5 con el 0,7% de la RNB como Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030 mientras se intensifica nuestra participación en los diferentes instrumentos que brinda la Organización de las Naciones Unidas en todos aquellos espacios donde está presente la cooperación española.
Este enfoque feminista de la acción exterior y la cooperación al desarrollo alcanza especial importancia en este año 2024, cuando conmemoramos el 30 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, donde los derechos sexuales y reproductivos se reconocieron como componentes básicos para mejorar la salud sexual y reproductiva de la población.
España se suma igualmente al debate planteado como tema prioritario del 68º período de sesiones de la Comisión de los Derechos de la Mujer de Naciones Unidas (CSW), que celebrará las próximas semanas en la ciudad de NY: "Acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y el financiamiento con perspectiva de género".
La pasada Presidencia española del Consejo de la UE, durante el segundo semestre de 2023, trasladó a Europa esta impronta y convicción feminista, incidiendo entre otras cuestiones en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, con una Declaración Ministerial Conjunta sobre esta materia suscrita por 16 Estados miembros de la Unión Europea; en la transición de los sistemas de cuidados hacia unos modelos de asistencia holísticos, centrados en las personas, basados en la comunidad y con perspectiva de género, objeto de unas Conclusiones del Consejo de la Unión Europea; y en la propia economía de los cuidados, a las que se dedicaron unas Directrices que fueron presentadas en los márgenes del Consejo de Asuntos Exteriores en su formación de Desarrollo.
En definitiva, este 8 de marzo el Gobierno de España renueva su compromiso con todas las mujeres, con sus derechos y con la igualdad. La sociedad y este Gobierno debemos agradecer al feminismo su valentía y el papel fundamental que ha jugado y jugará en defensa de la democracia y los Derechos Humanos. Y en este agradecimiento no podemos olvidar la contribución y la riqueza que, a pesar de las dificultades que puedan encontrar, suponen las mujeres extranjeras a la sociedad española, así como las mujeres españolas residentes en el exterior.
Como se suele escuchar en días como este en las calles de muchas ciudades de España, "cada día es 8 de marzo".
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
MEDIDAS DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se insta a la adopción de medidas de refuerzo de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, con ocasión del Día Internacional de las Mujeres, que contiene:
Primero, que el Ministerio de Igualdad eleve para su aprobación por el Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se regule la concesión de ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales con insuficiencia de ingresos, con el fin de garantizar su autonomía económica y de facilitar su recuperación integral.
Segundo, que el Ministerio del Interior apruebe una modificación del vigente Protocolo de valoración del riesgo por la que se actualicen los criterios y procedimientos para la inactivación de casos del sistema VIOGEN, con el fin de mejorar, reforzar y extender en el tiempo la protección del Sistema VIOGEN a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos menores.
Tercero, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulse modificaciones normativas encaminadas a mejorar la acción protectora de la Seguridad Social, ahondando en la promoción de la igualdad, la equidad y la corresponsabilidad, recogiendo la mejora de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, ampliando el periodo y la cuantía de la prestación por incapacidad temporal en estos supuestos, así como eliminándose la exigencia de periodo de carencia.