- REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
ACUERDOS DE PERSONAL
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Educación, Formación Profesional y Deportes
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
- REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital a D. MATÍAS GONZÁLEZ MARTÍN.
- REAL DECRETO por el que se nombra subsecretaria para la Transformación Digital y de la Función Pública aDª. CONSUELO SÁNCHEZ NARANJO.
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Inteligencia Artificial a Dª. ALEIDA ALCAIDE GARCÍA.
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual a Dª.CARLA REDONDO GALBARRIATU.
- REAL DECRETO por el que se nombra director del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública a D. MANUEL PASTOR SAINZ-PARDO.
AMPLIACION DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Hacienda
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de 1.564.522,90 euros, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con objeto de redistribuir varias subvenciones del 'Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas', concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El director general del Servicio Público de Empleo Estatal resolvió conceder al extinto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tres subvenciones dentro del citado programa, contemplado en el Plan de Recuperación, cuyas fechas de resolución e importes se detallan a continuación:
- El 18 de mayo de 2022 por importe de 763.767,72 euros, para la contratación de 23 personas.
- El 30 de diciembre de 2022 por importe de 720.585,36 euros, para la contratación de 22 personas.
- El 13 de diciembre de 2023 por importe de 1.634.849,52 euros, para la contratación de 46 personas.
Consecuentemente, en el periodo 2022-2024 se han acordado las generaciones de crédito correspondientes por los citados importes.
Como resultado de la reestructuración ministerial derivada del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el SEPE ha efectuado sucesivas aclaraciones, mediante escritos de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, para detallar cuáles de los contratos de trabajo financiados corresponden al actual Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Según consta en dichas aclaraciones y en la memoria, a dicho Ministerio, teniendo en cuenta los contratos ya concluidos, le corresponden un total de 48 contratos, de los que 14 corresponden a contratos en curso y 34 son relativos a nuevas contrataciones.
Por ello, se considera necesario transferir crédito por una cuantía total de 1.564.522,90 euros, desde varias aplicaciones presupuestarias vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al mismo programa, concepto y subconceptos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
En consecuencia, el Consejo de Ministros ha aprobado esta modificación de crédito solicitada.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 79.840.013,53 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Defensa para sufragar parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas movilizados para las labores de rescate y limpieza de las zonas afectadas por la DANA de finales de octubre.
De esta forma, se da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
El Ministerio de Defensa ha solicitado un crédito extraordinario para dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado Real Decreto ley 6/2024 por el referido importe, para financiar los gastos causados en atender las medidas para paliar los daños causados por la DANA, mediante los correspondientes expedientes de modificaciones presupuestarias.
Estos expedientes de modificación presupuestaria se aprobarán por el Consejo de Ministros y se financiarán con cargo Fondo de Contingencia, declarado ampliable.
La gravedad de los daños personales y materiales provocados han exigido una actuación inmediata por parte de las administraciones públicas que se ha traducido por parte del Gobierno de España en el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se haya realizado en nuestro país en tiempos de paz.
Este despliegue tiene el objetivo de rescatar a supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles mediante la retirada de escombros, limpieza de vías, asistencia y suministro a la población afectada, reparación de infraestructuras, restablecimiento de suministros, entre otros.
Las Fuerzas Armadas han desplegado un total de 8.474 efectivos y 2.031 medios. De ellos, 7.784 se encuentran desplegados en la zona de emergencia y 690 en órganos de apoyo, como Cuarteles Generales, Gabinetes u órganos logísticos.
Entre los medios desplegados actualmente caben señalar:
- Vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados, entre los que destacan 12 helicópteros, 93 máquinas de ingenieros, 1.692 vehículos de intervención y transporte, 18 embarcaciones y 27 perros de búsqueda.
- Equipos de extracción de agua y lodo, incluyendo 13 equipos pesados y 188 ligeros, además de 89 autobombas y 99 motobombas.
- Un buque anfibio y dos buques cazaminas.
El despliegue indicado ha provocado y está provocando una serie de gastos adicionales en los presupuestos de las Fuerzas Armadas, tales como alquileres de equipos de extracción, gastos de reparación y mantenimiento, servicios y suministros o inversiones en infraestructuras o asociadas al funcionamiento de los servicios.
Por lo tanto, para dar cumplimiento a dicho gasto, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Defensa, por importe total de 79.840.013,53 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe 3.652.195,96 euros para la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
Según consta en la memoria económica que acompaña el expediente, el Gobierno por medio del Real Decreto 634/2022, de 26 de julio, reguló la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a diversas entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
Asimismo, en el ejercicio 2023 se concedieron subvenciones nominativas de conformidad con la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estas subvenciones se encontraban directamente relacionadas con el 'Plan España te protege contra la violencia machista'.
En la actualidad se mantienen todavía activos proyectos de intervención con 2.767 mujeres que han iniciado procesos de itinerarios para superar su situación de trata, explotación sexual y prostitución. Asimismo, se ha contratado a 348 personas especializadas en la atención a este colectivo para la ejecución de estas tareas, y se han abierto 38 nuevos centros de atención especializada y 7 recursos habitacionales especializados, con capacidad para alojar a 43 mujeres supervivientes.
Por lo tanto, se hace necesario mantener la formación de los equipos que trabajan en el sistema de tutela y en los recursos especializados para la inserción social de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de trata y explotación sexual, o en situación de prostitución. Igualmente, es necesario apuntalar y aprovechar la experiencia de acompañamiento de las organizaciones especializadas a las mujeres en contextos de trata, explotación sexual y prostitución, facilitando el acceso al mercado laboral regulado y en condiciones dignas que permita a estas mujeres vivir una vida autónoma, al posibilitar la independencia económica y personal necesarias para recuperarse.
Para hacer ello posible se ha aprobado el Real Decreto 1142/2024, de 11 de noviembre, que tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, de subvenciones a favor de las entidades Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Obra Social de Adoratrices en España (Fundación de Solidaridad Amaranta y la Congregación Religiosa de Adoratrices), Fundación Cruz Blanca y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), para la atención e inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, siendo la cuantía máxima de la subvención 12.941.300 euros.
Con la presente transferencia de crédito se va a atender subvenciones por un importe total de 3.652.195,96 euros, con el siguiente desglose:
- Para Médicos del Mundo se destinan 2.225.888,96 euros.
- Para Mujeres en Zona de Conflicto se destinan 500.145 euros.
- Para Obra Social de Adoratrices en España (Fundación de Solidaridad Amaranta y la Congregación Religiosa de Adoratrices) se destinan 449.505 euros.
- Para Fundación Cruz Blanca se destinan 406.256 euros.
- Para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) se destinan 70.401 euros.
De acuerdo con el artículo 9.Uno.1 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2024, la transferencia de crédito recogida en el presente expediente se aprueba a través del presente Acuerdo de Consejo de Ministros.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del lote 1 del Acuerdo Marco 12/2021 para el suministro de equipos audiovisuales, por un importe de 5.876.000 euros (IVA excluido).
Según la Orden EHA/1049/2008, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, están sujetos a contratación centralizada los suministros de equipos audiovisuales.
El 27 de febrero de 2023 la Junta de Contratación Centralizada adjudicó los lotes 1 y 2 del acuerdo marco 12/2021 para el suministro de equipos audiovisuales:
- Lote 1: Sistemas audiovisuales
- Lote 2: Videocámaras y cámaras fotográficas portátiles
La duración inicial del acuerdo marco es de dos años, desde el 1 de mayo de 2023 para ambos lotes, prorrogables hasta un máximo de dos años.
La modificación es necesaria porque se ha producido un importante aumento en el volumen de las adquisiciones de equipos audiovisuales, principalmente por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Cuando se elaboró el expediente, no se conocían los hitos u objetivos CID (hitos y objetivos en función de cuya consecución se desembolsan los fondos del MRR) del Plan de Recuperación que pudieran afectar al acuerdo marco.
Actualmente el 57% del importe total adjudicado en el lote 1 ha sido a contratos PRTR, siendo el importe medio de estos contratos es aproximadamente de un millón de euros, superior al importe medio de 70.000 euros para el resto de los contratos.
El importe de las adjudicaciones de contratos basados de este lote ha alcanzado el 74% del valor estimado, encontrándose además 52 licitaciones en tramitación, con un presupuesto base de licitación superior a 5 millones de euros.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites establecidos para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pueda conceder una subvención a Navarra que permita colaborar en la financiación de las obras necesarias en los túneles de Belate y Almandoz, pertenecientes a la Red Transeuropea de Carreteras.
El Real Decreto 1088/2024, de 22 de octubre, regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Foral de Navarra para colaborar en la financiación de las obras necesarias para que los túneles de Belate y Almandoz, pertenecientes a la red TEN-t, cumplan con la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.
Las actuaciones por financiar consisten en la duplicación de la calzada de ambos túneles, así como el acondicionamiento de sus instalaciones, comprendiendo los sistemas de señalización, seguridad y ventilación.
Conforme a este Real Decreto 1088/2024, el importe máximo de la subvención asciende a 40 millones de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 'A la Comunidad Foral de Navarra para la adecuación de los túneles de Belate y Almandoz a la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004' con la siguiente distribución de anualidades:
Año | Importe (€) |
2024 | 5.000.000 |
2025 | 15.000.000 |
2026 | 20.000.000 |
TOTAL | 40.000.000
|
A la vista de cuanto antecede, conforme a la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para establecer los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la citada aplicación presupuestaria para los años 2025 y 2026.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior la tramitación de un proyecto basado en tecnología 5G.
Este proyecto se lleva a cabo en cumplimiento del Componente 15 Inversión 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)).
La transformación digital es un área clave en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, recogida en el Componente 15 'Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G', y cuyos proyectos se corresponden con los planes de despliegue que contiene la estrategia 'España Digital 2026'.
Dentro de las inversiones contempladas en el Componente 15, en concreto, en la Inversión 06 'Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación', figura el despliegue del 5G en servicios esenciales, en entornos de producción, entre otros, en el ámbito asistencial. En esta inversión se encuadra el subproyecto de adquisición de una burbuja de conectividad 5G desplegable para aseguramiento y confidencialidad de comunicaciones de la Dirección General de la Guardia Civil en teatros de operaciones policiales.
El principal objetivo del subproyecto es poder dotar a la Dirección General de la Guardia Civil del equipamiento necesario para poder desarrollar e implantar la tecnología 5G, que pueda desplegarse en teatros de operaciones policiales donde se genere la necesidad de asegurar las comunicaciones y transmisión de información, dotando a sus unidades de la capa de comunicaciones y los elementos hardware necesarios para una eficiente explotación de esta tecnología.
La dotación prevista para acometer el referido subproyecto se cuantifica en 3.630.000 euros con cargo al ejercicio 2025.
Por ello, para dar cobertura a este compromiso y de acuerdo con el Real Decreto-ley 36/2020, el Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de compromisos máximos de gasto para el ejercicio presupuestario 2025.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha acordado ampliar el compromiso de gasto para financiar la mejora de las bonificaciones de los peajes de la Autopistas del Atlántico (AP-9), que incrementa las rebajas a los usuarios hasta el 50%, cumpliendo una serie de condiciones. Así, se eleva a los 81,6 millones de euros el presupuesto previsto para financiar todos los descuentos de la AP-9 en 2025.
Esta medida supone un paso previo para la tramitación y aprobación del Real Decreto que regulará el aumento de los descuentos a los vehículos ligeros que utilicen la autopista de forma habitual y a todos los pesados.
Las nuevas bonificaciones se aplicarán de la siguiente forma:
- Se mejora el descuento extra por recurrencia, que se eleva al 50%, a aquellos vehículos que realicen al menos 20 viajes al mes y abonen los peajes con telepeaje o VIA-T.
- La recurrencia es una rebaja del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para aquellos vehículos que realicen al menos 20 viajes en dicho periodo. Se contabiliza como un viaje el recorrido realizado en un mismo día y en un mismo sentido de circulación por tramos de peaje de la autopista.
- Se mantiene gratuidad de todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de 24 horas, siempre que se pague con telepeaje, y el resto de las bonificaciones.
- Los vehículos pesados verán incrementado el descuento desde el 20% actual al 50% desde el primer viaje, independientemente del sistema de pago y de los tramos que recorran.
Con el actual sistema de bonificaciones, en vigor desde finales de julio de 2021 (Real Decreto 681/2021), se han bonificado hasta el 30 de septiembre de 2024 más de 66 millones de tránsitos de vehículos ligeros y casi 14 millones de vehículo pesados, generando ahorros a los usuarios de unos 141 millones de euros.
Autopista AP-9
Con 219,6 kilómetros de trazado, la AP-9 es la principal vía de comunicación y de desarrollo de la economía de Galicia.
Vertebra el eje atlántico desde Ferrol (A Coruña) hasta Tui (Pontevedra) y la movilidad interna de la comunidad autónoma, enlazando los principales centros económicos gallegos y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño (Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña y Ferrol), además de conectar con el resto de la Red de Carreteras del Estado y los puertos y aeropuertos.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria para que la Agencia Espacial Española (AEE), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, puedan ejecutar el plan de incentivos al traslado definitivo y a la movilidad temporal de su personal.
La AEE se creó por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con fecha 22 de diciembre de 2023, emitió Orden Comunicada por la que se adoptan las medidas necesarias para facilitar el traslado a la sede de la AEE, en Sevilla, del personal afectado por su entrada en funcionamiento.
En virtud de aquella, se autorizó a la persona titular de la Dirección de la Agencia a disponer la ejecución de un plan de incentivos al traslado definitivo y la movilidad temporal aplicable al personal laboral, personal con contrato de alta dirección, personal funcionario y personal militar afectado por la entrada en funcionamiento de dicha Agencia, fijándose un plazo máximo de 30 meses para aplicar tales incentivos.
En consecuencia, esta Dirección ha redactado un borrador de dicho plan, en el que se especifica el ámbito de su aplicación, se establece el procedimiento para su ejecución, se estima el crédito necesario para su cumplimiento y se indican las aplicaciones presupuestarias a las que se deben imputar los gastos derivados del mismo.
De acuerdo con los cálculos detallados en dicho plan, la estimación del gasto necesario para su cumplimiento es el que se indica a continuación (importe en euros):
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | 2025 | 2026 | 2027 |
28.08.61.467C.232 | 197.050 | 202.961 | 139.367 |
28.08.61.467C.233 | 679.203 | 699.580 | 480.378 |
TOTAL | 876.253 | 902.541 | 619.745
|
Por todo ello, conforme al artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para elevar los compromisos máximos de gasto con cargo a ejercicios futuros para las anualidades de 2025, 2026 y 2027.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueda desarrollar las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Migraciones en relación con la declaración de emergencia para la prestación de los servicios esenciales de acogida y atención a personas de nacionalidad española y sus familiares en situación de vulnerabilidad procedentes de Líbano, de 3 de octubre del año 2024.
La citada Secretaría de Estado de Migraciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, tiene competencia en la elaboración y desarrollo de la política del Gobierno en materia de inmigración, extranjería y emigración.
Esta Secretaría de Estado aprobó, con fecha 3 de octubre de 2024, resolución por la que se declara la emergencia para la prestación de los servicios esenciales de acogida y atención a personas de nacionalidad española y sus familiares en situación de vulnerabilidad procedentes de Líbano, tratando de dar respuesta a la situación de crisis humanitaria provocada por la escalada de violencia en dicho país.
En virtud de dicha declaración de emergencia, se autorizó la tramitación y ejecución de contratos para el alojamiento y manutención de las personas evacuadas, los servicios ligados a su gestión y transporte y la adquisición de bienes necesarios para prestar ayuda humanitaria de emergencia por un valor máximo de 1,5 millones de euros.
En este contexto, se ha suscrito un contrato de servicios con la entidad ACCEM, cuyo objeto consiste en prestar los servicios y suministros relacionados con la atención de las necesidades básicas de alimentación, descanso, salubridad, seguridad, acompañamiento e información; servicio de traducción e interpretación; transporte; servicios y suministros de atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia; y puesta a disposición de los espacios necesarios para garantizar la atención adecuada a las personas que se alojen en ellos.
La duración de las actuaciones anteriores se extiende hasta la finalización de la citada declaración de emergencia, esto es, desde el 3 de octubre del año 2024 hasta el 2 de octubre del año 2025. Por consiguiente, es necesario poder mantener la atención de un total de 73 plazas de emergencia hasta la finalización de la declaración, cuyo coste total asciende a esos 1,5 millones de euros, según se detalla a continuación:
Año | | Importe en euros |
2024 | | 369.863,01 |
2025 | | 1.130.136,99 |
TOTAL | | 1.500.000,00 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria 'Material, suministros y otros', definida a nivel de vinculación, teniendo en cuanto los compromisos adquiridos, los correspondientes a dicha declaración de emergencia (1.130.136,99 euros), así como los derivados de otras actuaciones (146.666,67 euros), es la siguiente:
| | Importe en euros |
| | 2025 |
| | |
Compromisos adquiridos: | | 293.333,33 |
Compromisos por adquirir: | | 1.276.803,66 |
Compromisos totales: | | 1.570.136,99 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para el año 2025.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha autorizado a las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco y Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo.
Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En el caso de Navarra, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Foral a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo, por un importe máximo de 571.243.770 euros.
En el caso de las operaciones de deuda a largo plazo, el importe será hasta un máximo de 271.243.770 euros, para refinanciar vencimientos de deuda, por lo que este endeudamiento no supondría un incremento de la deuda neta de la Comunidad Foral.
En cuanto a las operaciones de deuda a corto plazo, el importe será de hasta un máximo de 300 millones de euros. Este endeudamiento tiene el objeto de financiar necesidades transitorias de tesorería durante el ejercicio 2025.
Autorización para País Vasco
En cuanto a la autorización a País Vasco, el Consejo de Ministros le he autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 177.906.278 euros.
Esta autorización es adicional a los autorizados por el Consejo de Ministros el 30 de enero de 2024. Esta autorización se realiza con base en el preacuerdo sobre objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco firmado el 11 de octubre de 2024.
Autorización a Cataluña
El Consejo de Ministros ha autorizado asimismo a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 77 millones de euros.
Esta Comunidad Autónoma ha solicitado la autorización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, que deberán formalizarse entre enero y junio de 2025 y que se destinarán a atender los vencimientos de deuda a corto plazo y a formalizar nuevas operaciones, a través de líneas de crédito, para financiar consorcios, centros de investigación y universidades públicas dependientes de la Comunidad.
Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas durante el ejercicio 2025.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de poder acometer la digitalización de la atención sanitaria primaria y comunitaria en Ceuta y Melilla, en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Con este acuerdo se quiere posibilitar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la financiación del gasto derivado de los contratos y encargos a la 'Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO)', asociados a los proyectos del Componente 11, Inversión 3, del Plan de Recuperación.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto de 2022 el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades Autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos presupuestarios destinados a la inversión 'Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas', del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los años 2022 y 2023.
Para iniciar los proyectos financiados con fondos europeos, a INGESA, como responsable de la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla, le correspondía potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) para conseguir la digitalización del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria. Para ello, se encargó a la Sociedad Mercantil Estatal 'Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E M.O., S.A. (INECO)', la realización de trabajos para mejorar la comunicación e interoperabilidad entre los sistemas de INGESA y los sistemas de salud pública de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por un importe de 1.970.001,79 euros.
Con fecha 10 de octubre de 2023, con el fin de iniciar la tramitación de estos proyectos por el procedimiento de tramitación anticipada, dado que su desarrollo conllevaba gastos de carácter plurianual con cuantías que se habían de comprometer para el ejercicio 2024, el Consejo de Ministros autorizó la creación de límite de los compromisos de ejercicios futuros para el ejercicio 2024 por el importe de 1.970.001,79 euros.
En este momento, es necesario proceder a reajustar el expediente y a tramitar compromisos de gasto de carácter futuro para el ejercicio 2025, con el siguiente desglose:
Objeto | 2024 | 2025 | TOTAL |
Reajuste del Encargo a INECO de las actividades de apoyo en la transformación digital en el ámbito de la sanidad | 84.695,08 | 1.878.892,46 | 1.963.587,54
|
De esta forma, el crédito presupuestario actual, a nivel de vinculación, en el programa 'Transformación Digital y Modernización de las Comunidades Autónomas (C11.I03)', es de 1.963.587,54 euros. Y de estos, los nuevos compromisos a adquirir ascienden a 1.878.892,46 euros.
Por ello, el Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de compromisos máximos de gasto en el Programa 'Transformación digital y modernización de las Comunidades Autónomas (C11.I03)0, a nivel de vinculación, para el ejercicio presupuestario 2025.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria para permitir al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el pago de la compensación a la Generalitat de Cataluña por los gastos de gestión en materia de becas y ayudas al estudio.
Mientras que se hace efectivo el traspaso del pleno ejercicio de las competencias de ejecución en esta materia a Cataluña, se vienen firmando desde el curso 2005-2006 convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat para la gestión conjunta de las convocatorias de becas y ayudas al estudio concedidas por la Secretaría de Estado de Educación. Los distintos convenios suscritos han contemplado la compensación por la Administración General del Estado a la Generalitat de los gastos que le comporta la referida gestión conjunta.
Actualmente, la Resolución de 23 de julio de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2024, por el que se toma conocimiento de los acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, celebrada el 22 de julio de 2024, en su anexo I, establece que, para años sucesivos, y hasta que no tenga lugar la aprobación del correspondiente traspaso de la gestión de las becas y ayudas al estudio y dicho traspaso sea efectivo, el importe de la compensación por los gastos derivados de la gestión de las becas continuará siendo el equivalente al 1% del importe de las becas que se concedan por la Generalitat en el ámbito de este convenio de gestión y se librará antes de finalizar el año natural del último curso al que va referido.
Por ese motivo, se está tramitando un nuevo convenio referido a los cursos 2025-2026 y 2026-2027, que cumple el criterio de cálculo del citado acuerdo de la Comisión Mixta, respecto de los gastos de gestión, estableciendo que estos serán el 1% del importe de las becas concedidas, si bien, dado que no es posible determinar dicho importe a priori, se ha estipulado establecer unos máximos anuales.
Los gastos de gestión correspondientes al curso 2025-2026 se abonarán antes de finalizar el ejercicio 2026, sin que puedan superar la cantidad de 3.245.143 euros, y los correspondientes al curso 2026-2027 se abonarán antes de finalizar el ejercicio 2027, sin que puedan superar la cantidad de 3.390.362 euros.
Por ello, el Consejo de Ministros ha autorizado límites en los años 2026 y 2027, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria.
Hacienda
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria para posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la compensación a Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las obligaciones de servicio público, pendiente de liquidación.
La Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido el centro directivo que ha solicitado esa autorización para modificar los límites y el número de anualidades.
El pasado 18 de diciembre de 2018 el titular del entonces denominado Ministerio de Fomento, firmó con el presidente de Renfe Viajeros el contrato para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías, Media Distancia convencional, Alta Velocidad Media Distancia (Avant) y ancho métrico, competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el período 2018-2027, mediante el que se autorizó un gasto para dicha aplicación de 9.693.759.000 euros, conforme a la distribución de anualidades recogida en aquel documento.
Dicho contrato fue modificado posteriormente el 4 de noviembre de 2019 mediante la Adenda 1; el 21 de diciembre de 2021 por la Adenda 2; el 15 de julio de 2022 por la Adenda 3; el 21 de diciembre de 2022 por la Adenda 4, y el 15 de noviembre de 2023 por la Adenda 5.
En el citado contrato se establecen las condiciones conforme a las que Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. debe prestar los servicios de transporte ferroviario declarados obligación de servicio público, así como la compensación económica máxima a la que tendrá derecho dicha Sociedad durante cada uno de los años de vigencia de este, estableciendo en la cláusula duodécima el procedimiento para la liquidación y pago de esta.
Además, se establece que "en cualquier caso, se establece una revisión del contrato en el año sexto de su vigencia, con objeto de comprobar tanto la adecuada estimación de las variables e hipótesis reflejadas en él, así como la evolución de los costes no imputables a Renfe Viajeros, y otros factores ajenos a la gestión de Renfe, que afecten a la compensación, al objeto de corregir los desajustes que se hayan podido producir".
En consecuencia, se plantea la Adenda 6 con objeto de actualizar dicho contrato e incluir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de este, destacando las siguientes:
- Actualización de la evolución de las variables e hipótesis reflejadas en el contrato.
- Adquisición del nuevo material rodante.
- Inclusión, en relación con los talleres de mantenimiento de los trenes, del impacto económico de la aplicación de la Comunicación 2/2022 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de fecha de 26 de julio de 2022, sobre la orientación a costes de los precios en instalaciones de servicio ferroviarias, incorporando en el contrato los nuevos Acuerdos plurianuales entre Renfe Viajeros y Renfe Ingeniería y Mantenimiento para su utilización.
- Integración tarifaria de los núcleos de cercanías convencional y de ancho métrico en Asturias, Cantabria y Bilbao, aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el día 7 de marzo de 2023, que supone la homogeneización en la comercialización de títulos de transporte.
- Actualización de los servicios a prestar.
En este contexto, la Comisión de Seguimiento a la que hace referencia el contrato ha sido informada en la reunión celebrada el día 23 de octubre de 2024, y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha informado sobre esta Adenda 6 el día 28 de octubre de 2024.
Para dar cobertura presupuestaria a la nueva Adenda 6, por la que se modifica el contrato, se plantean las necesidades adicionales al gasto ya comprometido por un importe de 525.407.000 euros.
Por tanto, al superarse los límites de compromisos con cargo a ejercicios futuros y el número de anualidades a que se refiere la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite en las anualidades de 2025 a 2028 y autorizar la anualidad de 2029, en las anualidades, importes y porcentajes siguientes:
Año | | Compromiso máximo por adquirir (€) | | | |
| | | | | |
2025 | | 1.104.003.000 | | | |
2026 | | 1.104.003.000 | | | |
2027 | | 1.104.003.000 | | | |
2028 | | 689.859.000 | | | |
2029 | | 149.646.000 | | |
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Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención al CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales durante el ejercicio presupuestario 2024.
El CEI, que fue creado en 1987 por el entonces Ministerio de Asuntos Exteriores, la Universitat de Barcelona y la Fundación Bancaria "la Caixa", tiene como objetivo la formación en materia de Diplomacia y Relaciones Internacionales, así como la preparación para el ingreso en la Carrera Diplomática.
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, de una subvención al CEI para la financiación de las actividades que desarrollará durante el ejercicio presupuestario 2024, como son la contratación de ponentes o personal técnico para impartir las clases y para la preparación de los ejercicios relativos al Curso de preparación al Ingreso en la Carrera Diplomática y los gastos de publicidad y difusión de la convocatoria del proceso selectivo.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de octubre de 2022, por el que se autoriza una aportación de 3.000.000 de euros a la Alcaldía Municipal de Suchitoto, en la República de El Salvador, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa "Fortalecimiento de la gestión hídrica municipal y comunitaria con políticas y operadores sostenibles con enfoque de género que garantice los derechos humanos al agua y saneamiento, y a un medio ambiente saludable".
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de octubre de 2022 se autorizó una aportación de 3.000.000 de euros a la Alcaldía Municipal de Suchitoto, en la República de El Salvador, con cargo al FCAS, para la financiación del programa "Fortalecimiento de la gestión hídrica municipal y comunitaria con políticas y operadores sostenibles con enfoque de género que garantice los derechos humanos al agua y saneamiento, y a un medio ambiente saludable".
El 25 de junio de 2024, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) recibió una petición para tramitar la modificación legal derivada de la reestructuración institucional en El Salvador, por la que la Alcaldía Municipal de Suchitoto, entidad beneficiaria original, pasa a configurarse como un Distrito, integrado en la nueva Alcaldía Municipal de Cuscatlán Norte, lo que conlleva el cambio de entidad beneficiaria de la subvención.
La propuesta de cambios supone una novación de la subvención concedida, por la que se requiere el cambio de titularidad de la entidad beneficiaria de la financiación del Programa.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas, instrumentos de crédito y facilidades legales, por importe de 2.274 millones de euros para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA. Se trata del tercer paquete de ayudas, dirigido a los afectados por la DANA, que se suma a los dos anteriores y supone una movilización total de más de 16.600 millones de euros, en el marco de las dos primeras fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento impulsado por el Gobierno de España
Las nuevas medidas del Real Decreto-Ley aprobado tienen tres objetivos principales, la ciudadanía y los hogares afectados, el parque móvil y el tejido productivo, con el fin de que el escudo social desplegado en las semanas anteriores cubra a más colectivos. Además, se están adoptando una serie de medidas para agilizar al máximo posible la llegada de las ayudas a los damnificados.
Ayudas directas de hasta 10.000 euros para la compra de vehículo
Junto con estas nuevas medidas dirigidas a los hogares y trabajadores, se ha aprobado el 'Plan Reinicia Auto' para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA, con una dotación inicial de 465 millones de euros. Los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo podrán recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse, y que será compatible con las indemnizaciones que está pagando el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Además, los vehículos adquiridos no tendrán que ser nuevos e incluirán de forma retroactiva todos los que se hayan comprado desde el pasado 29 de octubre en sustitución de otro siniestrado. Estas ayudas para adquirir coches se tramitarán a través de los concesionarios. Por ejemplo, para coches nuevos, se establecen ayudas de 10.000 euros para vehículos eléctricos y 5.000 euros para los de combustión e híbridos y entre 2.000 y 4.000 euros para coches de segunda mano. Por su parte, el Ministerio del Interior va a habilitar un procedimiento extraordinario para facilitar la retirada de los vehículos de motor afectados por la riada.
Apoyo a la industria y el turismo
Para recuperar y relanzar la actividad económica, se da luz verde al 'Plan REINICIA+', con una nueva línea dotada con 1.200 millones de euros, para que los autónomos y empresas del sector de la industria y el turismo puedan reparar sus instalaciones, equipos, stock de productos y puedan realizar nuevas inversiones.
Entre las medidas de financiación destaca la creación del Fondo de Emprendimiento y de la pyme de ENISA (FEPYME), dotado inicialmente con 350 millones de euros y que ofrecerá financiación reembolsable y no reembolsable a las pequeñas y medianas empresas, tanto industriales como turísticas, en los territorios damnificados. También se incluye una línea específica de financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP DANA), dotada inicialmente con 650 millones de euros ampliables, con préstamos a interés cero, plazo de hasta 10 años y periodos de carencia de hasta 3 años. A su vez, se crea una línea extraordinaria de ayudas enfocada a la recuperación y ampliación de las capacidades digitales de las empresas turísticas (ICO-Turismo FOCIT), dotada inicialmente con 200 millones de euros ampliables, con interés cero, y se constituye el Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPYME), que será gestionado por Enisa con una dotación inicial de 303 millones de euros provenientes del Mecanismo de Recuperación.
Línea de 240 millones para reactivar la actividad económica
También se aprueba un tramo adicional de 240 millones de euros de la Línea de Avales ICO DANA para que autónomos y pymes afectados puedan acceder a préstamos al 0% para relanzar la actividad económica, junto al lanzamiento de otra línea ICEX, dirigida a facilitar la internacionalización de la actividad de empresas damnificadas. En el ámbito procesal, las personas deudoras y licitadoras podrán solicitar que queden sin efecto las subastas judiciales y notariales por causa relacionada con la DANA.
Ampliación de ayudas por fallecimiento y daños de vivienda y enseres
El Real Decreto-Ley modifica el régimen de ayudas por la DANA para ampliar el número de beneficiarios de las ayudas y se reconoce el derecho a que personas distintas a los convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento, y la posibilidad de que los familiares del fallecido perciban también las ayudas por daños en la vivienda y enseres. Se amplía a tres meses el plazo para solicitar las ayudas y se establece una regulación más flexible para recabar datos, al tiempo que las empresas y autónomos que hayan iniciado su actividad este año podrán recibir las ayudas directas que ya es posible solicitar en la Agencia Tributaria. El Gobierno habilitará también a funcionarios de la Administración General del Estado y de los ayuntamientos para que tramiten las ayudas de los afectados.
Nuevo permiso retribuido ante emergencias climáticas
La norma recoge cambios en materia laboral y de prevención de riesgos ante emergencias climáticas. Así, se crea un nuevo permiso remunerado de hasta cuatro días para los trabajadores ante la imposibilidad de acceder a su puesto de trabajo.
En caso de ser necesario extender dicho periodo, las empresas podrán solicitar el ERTE de fuerza mayor. También se establece la obligatoriedad de que los convenios colectivos incluyan protocolos de actuación ante estas situaciones. El Ejecutivo elaborará en un plazo de 12 meses un Real decreto que aborde la prevención de riesgos laborales de los trabajadores frente a los efectos del cambio climáticos. Por otro lado, los procesos judiciales por despido y por daños a causa de la DANA tendrán tramitación preferente en los juzgados.
Derecho a la información
Las personas trabajadoras tendrán derecho a ser informadas de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.
Los convenios colectivos contarán con un protocolo de actuación obligatorio que recoja medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Es una nueva garantía que refuerza la importancia de la Negociación Colectiva en un aspecto clave.
Extensión de la incapacidad y de la prestación por cese de actividad de autónomos
En el ámbito laboral, se extiende hasta el 31 de diciembre la consideración excepcional de situación asimilada a accidente de trabajo de los procesos de incapacidad temporal para trabajadores o autónomos con daños físicos y psicológicos provocados por la DANA, y pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia causados por la catástrofe.
Al mismo tiempo, se amplía la prestación por cese de actividad de autónomos mejorada, que incluye la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, a todos aquellos que se encuentran acogidos a la denominada tarifa plana de cotización. La prestación se reconocerá de forma retroactiva desde el 28 de octubre. En paralelo, las ayudas por la DANA no computarán como ingresos para recibir o mantener prestaciones como el ingreso mínimo vital.
Nueva línea de préstamos para pymes: tecnología y maquinaria
El Real Decreto-ley establece la creación de una nueva línea de préstamos bonificados de 300 millones de euros, para aquellas pequeñas y medianas empresas afectadas, que deseen adquirir tecnología y maquinaria de última generación. Estos préstamos, otorgados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permitirá a las empresas obtener hasta 6 millones de euros en condiciones ventajosas.
Ayudas para material escolar, instalaciones deportivas y entidades culturales
Con respecto al ámbito educativo, se incluyen ayudas por valor de 17 millones de euros destinadas a la adquisición de libros de texto y material didáctico. La cuantía de cada ayuda será de un máximo de 600 euros por estudiante de universitarias y no universitarias, incluidas las artísticas y las de Formación Profesional. Estas ayudas, que tendrán carácter directo, son compatibles con otras ayudas.
También se ha aprobado una línea de 2 millones de euros, con ayudas de hasta 100.000 euros, sufragada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y dirigida a la reparación, reconstrucción o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones clubes deportivos y federaciones territoriales, afectados por la DANA.
La nueva norma incluye además una partida de 3 millones de euros del presupuesto del Real Patronato sobre Discapacidad destinada a apoyar actuaciones, por parte de las entidades locales, en materia de accesibilidad universal para mejorar el acceso de las personas discapacitadas a servicios públicos, viviendas o adquisición de material ortésico y ortoprotéstico, entre otros.
Entre las medidas de apoyo al sector cultural, recogidas en el capítulo II del título IV del Real Decreto-ley, están las ayudas directas, por valor de 1 millón de euros, dirigidas a entidades del ámbito de las artes escénicas y la música cuya actividad se haya visto afectada como consecuencia de la DANA y que hayan sufrido daños materiales en sus bienes.
La cuantía máxima de cada ayuda será de 25.000 euros que irán destinados a sufragar los gastos de funcionamiento para la recuperación de la actividad, realizados desde el 28 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.
El texto establece ayudas directas a entidades culturales para la realización de tareas de asesoramiento, recuperación, salvaguarda y promoción de los bienes culturales, de las personas artistas contemporáneas y del sector musical.
Se destinan 300.000 euros para cada una de las siguientes entidades: la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España (ACRE) para la realización de tareas orientadas al asesoramiento, recuperación y salvaguarda de bienes culturales; la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LAVAC) para la organización de exposiciones temporales; la Unión de Artistas Contemporáneos de España (UNIÓN A.C.) para la apertura de espacios de trabajo para la producción artística de personas creadoras; y la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) para la realización de actividades de dinamización y recuperación de la industria musical.
Además, el Real Decreto-ley incluye una ayuda directa de 150.000 euros a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura (Gestió Cultural), para asesorar técnicamente en la tramitación de las ayudas y herramientas de apoyo que han desplegado las administraciones públicas para paliar los daños causados por la DANA y contribuir al diagnóstico de la dimensión de los efectos que ha tenido este desastre sobre el tejido cultural valenciano.
Vertederos de urgencia para residuos
Por otra parte, los vertederos de urgencia que se construyan para el depósito de los residuos no peligrosos generados por los efectos de la DANA quedarán exentos de la autorización ambiental integrada, siempre que no superen en su conjunto una capacidad de vertido total de 1,5 millones de m3 y un período de funcionamiento máximo de ocho meses. Además, las entidades beneficiarias de ayudas del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, cuyos proyectos se ubiquen en municipios afectados, podrán solicitar la modificación de las condiciones aprobadas en su momento.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a otorgar una subvención directa de 14,31 millones de euros al Consorcio de Transportes de Bizkaia para la sostenibilidad del transporte público colectivo urbano.
El Consorcio ha aplicado durante 2024 un descuento en el precio de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de transporte colectivo urbano de su competencia de un 50% sobre el precio habitual, sin que hayan sido beneficiarios de ayuda estatal, al no haber realizado la tramitación exigida.
Por tanto, esta ayuda, con cargo al presupuesto del Ministerio, se enmarca en una línea de subvenciones especiales para municipios y consorcios que no solicitaron en tiempo y forma los fondos para compensar las rebajas del 50% a los abonos y títulos multiviaje del transporte urbano y metropolitano.
Mediante el real decreto aprobado, se establece un régimen de ayudas destinadas a financiar estos descuentos aplicados durante el año 2024, con una finalidad doble: por un lado, fomentar el uso del transporte público en la movilidad cotidiana, como modo más seguro y sostenible y, por otro, reducir su coste para la ciudadanía.
De esta forma, se consigue garantizar la viabilidad y mantenimiento del transporte público urbano con estándares de calidad homogéneos en todo el territorio nacional, independientemente de los descuentos que se apliquen.
El transporte como servicio público
El transporte público regular de viajeros tiene carácter de servicio público esencial con una incidencia notable para el desarrollo ordinario tanto de las actividades cotidianas de los ciudadanos en diversos órdenes de sus vidas como de múltiples actividades económicas, profesionales o sociales.
Desde el primer momento, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apostó por un sistema de ayudas que permitieran a las familias poder atender las tensiones inflacionistas motivadas por la invasión rusa en Ucrania, para permitirles mantener el poder adquisitivo y afrontar la atención de sus necesidades de movilidad diaria. De ahí que el Gobierno proporcione apoyo financiero a las entidades locales que prestan servicio de transporte colectivo urbano y están aplicando descuentos de al menos el 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.
El Ministerio se comprometió, así, a financiar el descuento del 30% a las entidades locales que elevaran las rebajas hasta el 50%. Así, el 20% restante se abonaría con cargo a sus presupuestos.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 4,76 millones de euros al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para financiar la construcción de un nuevo acceso a la autovía de circunvalación M-50 en el municipio, ubicado al sureste de la Comunidad de Madrid.
Esta subvención, con cargo al ejercicio 2024, se suma a otros 6,65 millones de euros ya transferidos en 2021 para la ejecución de este enlace que fue proyectado y está siendo ejecutado por el Ayuntamiento. El plazo de los trabajos objeto de esta subvención será hasta el 30 de junio de 2026.
La actuación supone un avance sustancial en la accesibilidad del municipio a la Red de Carreteras del Estado y tiene el objetivo de mejorar la seguridad viaria y la fluidez del tráfico, contribuyendo al crecimiento económico del municipio. Además, el nuevo enlace mejorará notablemente su movilidad y su conectividad con otros núcleos de población cercanos.
Características de los trabajos
El enlace permitirá dar acceso a la zona norte del municipio a través de la M-50. Para ello, partiendo de la estructura que cruza sobre esta autovía en el km 27,400 y que pertenecía a la antigua carretera autonómica M-823, se ejecuta este nuevo enlace.
La nueva conexión se configura mediante un enlace de pesas, con la construcción de sendas glorietas a ambos lados de la M-50 y los correspondientes ramales de conexión a sus vías colectoras.
El pago de la subvención se realizará una vez se dicte la resolución de concesión. Estos pagos tendrán el carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 36,25 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para revisar, mediante inspecciones principales y especiales, las obras de paso, viaductos, puentes y pontones, existentes en la red de carreteras.
Estos trabajos forman parte del programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado (RCE) del Ministerio, que apuesta por la prevención y unas y la conservación de las infraestructuras para garantizar su buen estado, las condiciones de circulación y la seguridad vial.
La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años más, y se ha dividido en los siguientes lotes:
- Lote 1. Zona Norte (8,41 millones de euros): En Galicia, La Rioja, Cantabria y Asturias.
- Lote 2. Zona Este (10,34 millones de euros): En Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid.
- Lote 3. Zona Centro (8,58 millones de euros): En Castilla-La Mancha y Castilla y León.
- Lote 4. Zona Sur (8,92 millones de euros): En Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla.
Se van a realizar trabajos de inventario y de inspección en distintos grados:
- Puente: Luz máxima >10 m
- Pontón: Luz máxima comprendida entre 3 m y 10 m.
Inspección Principal detallada:
En las estructuras de grandes dimensiones con altura de pila superior a 25 m y vanos superiores a 40 m se realizará una inspección principal detallada con dron, conforme con la legislación vigente en esta materia. En las estructuras con altura de pila máxima superiores a 15 m se podrá realizar una inspección con dron en función de sus características y estado de conservación.
En las estructuras de grandes dimensiones con tableros tipo cajón, que sean visitables interiormente, se realizará una inspección principal detallada también de su interior cuando las luces sean superiores a 50 m para puentes mixtos y a 90 m para puentes de hormigón o en todos los casos en los que la estructura tenga un pretensado exterior.
Se realizarán inspecciones principales subacuáticas en aquellas estructuras que previo análisis del inventario y estado de conservación presenten una mayor vulnerabilidad frente a la socavación y se encuentren en cauces que presenten valores de caudales máximos significativos.
Como resultado de estas inspecciones, además de la ficha se emitirá un informe con sus resultados.
Inspección Especial
Se realizarán las inspecciones especiales de aquellas estructuras que por su estado de conservación así lo requieran. Para ello el adjudicatario, basándose en el análisis priorizado de las inspecciones principales (en las que tengan el índice de estado más desfavorable o deterioros que puedan afectar a la vialidad) y la información recibida de las Unidades de Carreteras, a través del director del Contrato, propondrá para cada una de las provincias las estructuras en las que es necesario realizar una inspección especial.
Además, se realizarán inspecciones especiales en todas las estructuras con tipología atirantada y en todas las estructuras de grandes dimensiones con tablero tipo celosía metálica.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres, con un valor estimado de 31 millones de euros (IVA no incluido).
La duración es de 3 años, con posibilidad de prórroga de 2 años y otra adicional de un máximo de 9 meses. Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Los trabajos se destinan al mantenimiento de 183,373 km de las siguientes carreteras, incluyendo 133,710 km de autovía:
- Autovía A-5, a lo largo de 133,710 km entre el km 168,105 (Peraleda de la Mata) y el 301,815 (Miajadas).
- Carretera N-5, a lo largo de 48 km, en varios tramos entre los km 184 (Navalmoral de la Mata) y el km 289 (Miajadas).
- Carretera N-5A, a lo largo de 1,6 km en el entorno de Miajadas.
Junto a las carreteras relacionadas, ubicadas en el sector nº01 de la provincia de Cáceres, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la A-5, entre los km 272,400 y 280,500, entre Puerto de Santa Cruz y Villamesías.
Reducir emisiones
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.
De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
Transportes y Movibilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una inversión de 18,7 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif Alta Velocidad, para implantar los sistemas de control, mando y señalización de la circulación vinculados a la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia.
El objetivo de esta actuación es adaptar las instalaciones actuales, que permiten regular el tráfico ferroviario en el ámbito comprendido entre El Reguerón y los accesos a la estación de Murcia del Carmen en superficie, a la nueva configuración de vías.
En este sentido, la estación del Carmen, que actualmente tiene carácter de estación término, se convertirá en una estación pasante subterránea, dando continuidad a las circulaciones de alta velocidad hacia Almería a través del Corredor Mediterráneo. La nueva estación, integrada en la trama urbana, contará con ocho vías para servicios de alta velocidad y de ancho convencional, con andenes de hasta 400 m de longitud.
El contrato abarca elementos de señalización, enclavamientos (dispositivos que permiten configurar las rutas de los trenes), sistemas de protección de tren, sistemas auxiliares de detección (como detectores de caída de objetos sobre la vía), e instalaciones de telecomunicaciones fijas y radiotelefonía digital GSM-R; así como su integración en los sistemas de
Control de Tráfico Centralizado.
Transformación ferroviaria y urbanística de Murcia
La ejecución de las estructuras en el tramo de integración, ya finalizada, incluye la excavación del túnel, la losa y la estación del Carmen, que ocupará una superficie de 4.400 m2.
Asimismo, avanzan las actuaciones que completarán la nueva estación: la arquitectura interior -edificio de viajeros y zona de andenes- y la urbanización en la zona anexa al edificio.
El proyecto de transformación ferroviaria y urbanística de la capital de la Región se integra en el despliegue de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, una infraestructura esencial para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que cuenta con una inversión de 3.500 millones de euros y que representará la primera conexión ferroviaria directa entre las dos capitales del sureste peninsular. La infraestructura contribuirá a la movilidad de viajeros y mercancías en un área de gran potencial socioeconómico.
Financiación europea
Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la Región de Murcia, con un valor estimado de 24,1 millones de euros (IVA no incluido).
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 98,227 km de carreteras, incluyendo 82,620 km de autovía. Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:
- Autovía A-7, a lo largo de 64 km en varios tramos entre los km 598 (Alhama de Murcia) y 662 (Puerto Lumbreras).
- Autovía A-91, a lo largo de 17 km entre los km 0,250 (límite provincial con la provincia de Almería) y 17,730 (Puerto Lumbreras).
- Carretera N-342, a lo largo de 15 km entre los km 83 (Puerto Lumbreras) y 98,667 (límite provincial con Almería).
Junto a las carreteras relacionadas, ubicadas en el sector nº01 en Murcia, será objeto del contrato la renovación de hardware y software de control y sistema de radio comunicaciones del túnel de Lorca, en la A-7.
Reducir emisiones
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Lugo, con un valor estimado de 27,4 millones de euros (IVA no incluido).
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 200,600 km de carreteras, incluyendo 89,870 km de autovía. Las carreteras incluidas son las siguientes:
- Autovía A-6, a lo largo de 85 km en varios tramos entre el km 455 (Cereixal) y el km 540 (Río Tórdea hasta el límite provincial con A Coruña).
- LU-11, a lo largo de 4 km entre los km 0 (Nadela) y el 4,400 (Tolda de Castilla).
- Carretera N-6, a lo largo de más de 78 km, entre el km 462 (Cereixal) y el 546 (desde Rábade hasta el final de el límite provincial con A Coruña).
- Carretera N-640, a lo largo de 32 km, entre los km 60,60 (Parases) y el 92,80 (enlace con la N-6)
Junto a las carreteras relacionadas, todas ubicadas en el sector nº01 de la provincia de Lugo, será objeto del contrato las obras de renovación de pasos de mediana en la A-6 en el entorno del túnel de Neira.
Reducir emisiones
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.
De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 80 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para el diseño y construcción de dos buques de salvamento y asistencia marítima para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Salvamento Marítimo).
Los buques estarán dotados de todos los medios necesarios para el propio salvamento y rescate de vidas humanas y embarcaciones. Adicionalmente, contarán con capacidad para sofoco de incendios a otros buques, ayuda humanitaria y patrullaje en la zona SAR asignada a España.
Esta inversión refleja el compromiso del Gobierno de España con salvaguardar la vida humana en la mar, la seguridad y la prevención de la contaminación marina, así como con la modernización de los medios de Salvamento Marítimo. Se suma a la reciente puesta en servicio del buque Heroínas de Sálvora, el más grande y moderno de nuestros buques.
Así, la compra de los buques se enmarca en los planes del Ministerio para renovar los medios de Salvamento Marítimo.
Su flota marítima está compuesta por 5 son buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación marina; 9 remolcadores de salvamento; 5 embarcaciones tipo "Guardamar"; y 56 embarcaciones de intervención rápida denominadas "Salvamares".
Además, la flota aérea está compuesta por 11 helicópteros y 3 aviones. Asimismo, a través de un convenio con Cruz Roja se cuenta con 42 embarcaciones de salvamento ligeras.
Características de los nuevos buques
Los dos nuevos buques serán remolcadores de salvamento, aunque podrán realizar otras funciones. Tendrán una dimensión aproximada de 60 metros de eslora y una manga de 15 metros y contarán con características y sistemas que los colocarán entre los más modernos de la flota de Salvamento Marítimo.
La autonomía de los buques les permitirá permanecer en el mar durante 21 días sin tocar puerto, manteniendo una velocidad de 12 nudos (unos 22 km/h), con una autonomía de crucero mínima de 6.000 millas (más de 11.100 km) y una velocidad punta de al menos 14 nudos (unos 26 km/h).
Entre las características de estos buques destacan su sistema de propulsión diésel-eléctrico con diversos modos de funcionamiento que le permitirán navegar a bajas velocidades y con un consumo muy reducido que les hará contar con un alto grado de eficiencia energética. El tiro a punto fijo será de un mínimo de 100 toneladas métricas, lo cual le permite abordar la realización de remolques de emergencia.
Además, estarán diseñados para alojar una tripulación de 14 personas y otras 10 para operaciones especiales. También dispondrán de un sistema de gobierno y navegación integrado, que facilitará las operaciones naturales del buque.
En cuanto a la zona de rescate de los nuevos buques, estará diseñada con un rebaje suficiente sobre la cubierta principal de manera que se facilite el acceso desde el nivel del mar, favoreciendo la seguridad y agilizando el embarque de náufragos.
Transportes y Movilidad Sotenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 55,4 millones de euros (IVA no incluido) la electrificación de seis muelles del Puerto de Bilbao, para permitir el suministro eléctrico a los buques amarrados y que así puedan apagar sus motores auxiliares, reduciendo tanto el ruido como las emisiones a la atmósfera y contribuyendo a mejorar el medioambiente y la salud pública.
En concreto, se desplegará la infraestructura eléctrica en los muelles A1, A2, A6, AZ3, Getxo 2 y 3, que estará integrada por una subestación y por líneas de distribución, incluyendo una línea de cableado submarino de alta tensión para distribuir la electricidad. También incluye los equipos necesarios para adaptar el suministro a los requerimientos de tensiones y frecuencias, así como los servicios de operación y mantenimiento integral.
Esta licitación está parcialmente financiada por el Mecanismo 'Conectar Europa' (Fondos CEF), y el resto por fondos propios de la Autoridad Portuaria de Bilbao. La energía consumida de esta red OPS será alimentada por fuentes renovables, tales como placas fotovoltaicas, a las que se sumará la energía eólica.
Dentro del plan del Gobierno de España para una transición energética hacia un escenario neutro en carbono en 2050, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha situado la reducción de las emisiones de los buques atracados y la mejora de la calidad del aire en puerto como uno de sus objetivos principales.
Para ello es necesario contar con las infraestructuras necesarias para permitir la conexión eléctrica de los buques durante su estancia en el puerto de Bilbao que les permita apagar los motores auxiliares, el denominado OPS (onshore power supply) o suministro de energía terrestre, dentro del proyecto BilbOPS.
Sostenibilidad
La tecnología OPS consiste en la instalación de equipos de suministro de energía eléctrica a buques atracados (no cargadores). Se está implantando en los puertos españoles y permite a los buques que estén preparados para ello conectarse a la red eléctrica durante su estancia en puerto, sin que sus motores auxiliares estén quemando combustible.
Tiene por tanto un doble efecto, por un lado local, ya que contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes y del ruido; y por otro lado, en el ámbito global, porque contribuye a la lucha conta el cambio climático y por lo tanto a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Se estima que la inversión en OPS en el sistema portuario de interés general superará los 800 millones de euros de aquí a 2030. El objetivo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Puertos del Estado, es, como marca la ley, que los puertos de titularidad estatal estén preparados en 2030 para suministrar energía eléctrica con origen en fuentes renovables al menos a los barcos portacontenedores y de pasaje -cruceros y ferries-.
Educacion. Formación Profesional y Deportes
El Consejo de Ministros ha aprobado la redistribución de 13.332.000 euros entre cinco comunidades autónomas para la creación de 1.200 nuevas plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años.
Estos fondos se distribuirán entre las comunidades de Aragón, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana y La Rioja dentro del programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil que forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para el Gobierno, el impulso de la escolarización de 0 a 3 años es una prioridad, ya que esta etapa incide en la mejora de los resultados y en el desempeño de los niños y niñas. También contribuye a la igualdad de oportunidades, a la equidad educativa y a la conciliación familiar.
Por ello, desde 2021, las comunidades autónomas han recibido más de 670 millones de euros para la creación de 65.000 plazas en esta etapa educativa.
La redistribución aprobada corresponde a los algo más de 112 millones de euros reintegrados por la Junta de Andalucía, que de las 12.069 plazas para las que recibió financiación solo prevé crear 1.040. Los fondos no ejecutados por esta comunidad fueron reintegrados y parte de ellos, 32,2 millones, ya fueron redistribuidos a principios de septiembre entre diversas comunidades que los solicitaron para la creación de 2.900 nuevas plazas.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | AÑO 2024 | Nº de plazas |
ARAGÓN | 1.044.340 | 94 |
BALEARS (Ias Illes) | 1.666.500 | 150 |
CANARIAS | 8.710.240 | 784 |
COMUNITAT VALENCIANA | 1.666.500 | 150 |
RIOJA (La) | 244.420 | 22
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Política Territorial y Memoria Democrática
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa, por razones de interés público y social, de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por un importe de 2.625.000 euros, para la financiación de los gastos de funcionamiento de su actividad.
La subvención. recogida en el Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 2022-2024, se destina a sufragar los gastos de funcionamiento de la FEMP realizados en 2024, para reforzar su organización técnica y de gestión y permitir su colaboración en el desarrollo de las políticas de la Unión Europea y de las políticas nacionales con incidencia en las entidades locales y cooperar en la organización de actividades de interés general y en la realización de estudios de carácter local.
La canalización de esta subvención se realizará mediante convenio entre la Administración General del Estado (AGE), a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial, y la FEMP.
La FEMP es una asociación de entidades locales con personalidad jurídica plena para el fomento y defensa de la autonomía de las entidades locales, que representa en la actualidad a más del 95 % de los gobiernos locales españoles. Fue declarada Asociación de Utilidad Pública por el Gobierno en 1985 y tiene reconocida su condición de representante institucional de la Administración Local en sus relaciones con la AGE.
Dada su relevancia como órgano de representación de las EELL y su acción de cooperación y colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se otorga la subvención para reforzar la organización técnica y de gestión de la FEMP de modo que le permita, entre otras tareas, colaborar en el desarrollo de las políticas de la Unión Europea y nacionales con incidencia en las EELL y cooperar en la organización de actividades de interés general y en la realización de estudios de carácter local.
Concurren razones que justifican la cooperación económica del Estado con la citada Asociación de Utilidad Pública, dado que la FEMP es la asociación que representa al mayor número de EELL defiende los intereses de los gobiernos locales y ostenta la más alta representación institucional de los mismos.
Política Territorial y Memoria Democrática
El Consejo de Ministros ha aprobado subvenciones por importe de 2.225.000 euros a varias entidades locales y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la Dictadura.
El plazo para la ejecución de los trabajos será de un año y las entidades beneficiarias y su importe son las siguientes:
- Diputación provincial de Valencia, para la exhumación de diversas fosas, por importe de 50.000 euros.
- Diputación provincial de Zaragoza, para la exhumación de diversas fosas, por importe de 100.000 euros.
- Diputación provincial de Cáceres, para la exhumación de diversas fosas, por importe de 100.000 euros.
- Diputación provincial de Badajoz, para la exhumación de diversas fosas, por importe de 100.000 euros.
- Diputación provincial de Albacete, para la exhumación de diversas fosas, por importe de 100.000 euros.
- Diputación provincial de Jaén, para la exhumación de fosas comunes por importe de 100.000 euros.
- Diputación provincial de Sevilla, para exhumaciones de fosas, por importe de 100.000 euros.
- Cabildo Insular de Gran Canaria, para exhumación de fosas, simas y pozos, por importe de 100.000 euros.
- Cabildo Insular de Tenerife, para exhumación de fosas, por importe de 100.000 euros.
- Cabildo insular de la Palma, para la exhumación de los cuerpos de las víctimas del franquismo de la fosa de la Vaguada de la Araña, en Fuencaliente, por importe de 100.000 euros.
- Ayuntamiento de Manzanares, para la exhumación de la "Fosa de Manzanares", por importe de 275.000 euros.
- FEMP, para financiar actuaciones de las entidades locales relativas a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la Guerra y la dictadura, así como las destinadas a su dignificación, por importe de 1.000.000 euros.
La resolución de concesión de cada subvención determinará las actuaciones a realizar por parte de cada una de las entidades locales citadas, que consistirán en las actuaciones que resulten necesarias para llevar a la práctica la localización, prospección, aseguramiento, reparación y dignificación de fosas y medidas para la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista que se encuentren en las mismas.
Entre las actuaciones, se incluirán trabajos de investigación, prospección y localización de las fosas; trabajos de campo sobre la fosa, medidas de seguridad y estabilidad de la estructura, exhumación e individualización de los cuerpos de las víctimas que pudieran hallarse; fase antropológica forense de estudio sobre los restos que pudieran hallarse; fase vinculada a la identificación genética-forense de restos humanos, que consta de la fase de investigación de antecedentes, extracción de muestras, análisis de laboratorio y conciliación de datos; dignificación del espacio en que han sido localizadas las fosas y labores oportunas dirigidas a dejar los osarios en adecuadas condiciones de dignidad propias de un lugar de descanso de restos humanos.
Ley de Memoria Democrática
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, pensamiento u opinión, conciencia o creencia religiosa, orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.
Dentro de este marco normativo, resulta necesario afrontar y dar respuesta a las legítimas y justas reivindicaciones de familiares y entidades memorialistas para restituir los restos reclamados y proceder a dar digna sepultura, localizar e identificar en la medida de lo posible a personas desaparecidas, como continúa ocurriendo en la actualidad a lo largo del territorio español.
Es voluntad del Gobierno de España seguir colaborando con las entidades locales para acometer todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para revertir, cuanto antes, esta situación.
Economía, Comercio y Empresa
El Consejo de Ministros ha aprobado el Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles en España, dirigido a impulsar y guiar la adaptación del sector privado en la transición energética. Incluye un conjunto de herramientas e instrumentos para impulsar y guiar la adaptación del sector privado al marco europeo de finanzas sostenibles.
El reto de la transición climática requiere cambios estructurales profundos, una acción global coordinada y la movilización de un importante volumen de financiación pública y privada para desplegar las tecnologías necesarias. Con este objetivo, la Unión Europea ha desarrollado e implementado una ambiciosa agenda para poner en marcha la arquitectura institucional de las finanzas sostenibles que se asienta en tres pilares: transparencia, regulación y apoyo financiero.
La iniciativa incluye diversas acciones que se vertebran en torno a tres ejes dirigidos a promover la adaptación del sector financiero y de las empresas, especialmente de las pymes; orientar el ahorro y la inversión hacia la sostenibilidad y promover la colaboración público-privada.
En primer lugar, se pondrá en marcha un Sandbox de sostenibilidad en colaboración con los supervisores financieros, para apoyar a empresas y entidades financieras en el aprendizaje del nuevo marco de finanzas sostenibles.
Se creará también un repositorio de conocimiento para facilitar la divulgación de información de sostenibilidad, que puede incluir, entre otras herramientas, modelos de mejores prácticas en relación con la divulgación de información relacionada con la Directiva CSRD, sobre aspectos relacionados con la Taxonomía o planes de transición. En esta iniciativa se espera contar con la partición de otros organismos públicos como el ICEX y asociaciones empresariales, además de los supervisores financieros y el ICAC.
Asimismo, se impulsará la elaboración de guías sectoriales dirigidas especialmente a las pymes, con un enfoque práctico para orientar e impulsar su transformación y que puedan aprovechar las oportunidades que suponen las finanzas sostenibles.
Asimismo, se impulsará el desarrollo de productos financieros verdes, mediante la colaboración público-privada, con el objetivo de que las empresas con sendas orientadas a la sostenibilidad puedan acceder a mejores condiciones de financiación y generar incentivos para que las empresas de menor tamaño diseñen sus estrategias.
En este ámbito se elaborará también una lista positiva para facilitar la identificación de proyectos sostenibles financiables por la Línea ICO-Verde del Plan de Recuperación, que pone a disposición de las empresas financiación en condiciones preferentes.
Finalmente, se creará un Consejo de Finanzas Sostenibles, presidido por el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, integrado por miembros de la administración, supervisores, representantes del sector financiero, empresas y expertos en esta materia para coordinar las actuaciones y abordar de forma conjunta los retos de este marco. Asimismo, dará seguimiento a las actuaciones previstas y podrá proponer nuevas iniciativas, actuando como instrumento de gobernanza.
Igualdad
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos por los que se regula la concesión directa de 3,6 millones de euros en subvenciones a distintas entidades para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, para el área de igualdad de trato y no discriminación y en el ámbito de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
El primer Real Decreto contempla subvenciones del Instituto de las Mujeres que ascienden a 2.955.000 euros. Están destinados a 27 entidades con el objetivo de que promuevan la igualdad, la inclusión social y las víctimas de violencia de género en sus distintas formas.
Estas subvenciones están destinadas a integrar el principio de igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres, potenciar el crecimiento del empresariado femenino, fomentar la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, establecer medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar, así como establecer medidas de acción positivas para paliar las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad.
Las acciones que se llevarán a cabo a través de estas subvenciones beneficiarán a mujeres emprendedoras; mujeres cineastas y de medios audiovisuales y de las artes visuales; mujeres profesionales de salud; mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado; y mujeres en situación o riesgo de exclusión social.
Entidades beneficiarias
Se beneficiarán de estas subvenciones las siguientes entidades: Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Progresistas, Fondo de Mujeres Calala, Herstóricas, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios audiovisuales (CIMA), Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), Asociación de profesorado EL LEGADO DE LAS MUJERES para el desarrollo del Proyecto Europeo "WOMEN´S LEGACY", Federación de Mujeres Jóvenes, Federación de Planificación Familiar (SEDRA), Red de mujeres profesionales de la salud (RED CAPS), Fundación Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI MUJERES), Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Grupo Cooperativo TANGENTE, Asociación de mujeres "Servicio doméstico activo" (SEDOAC), Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES), Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA), Unión de Cooperativas Agroalimentarias de España, Cruz Roja, Acción Integral con Migrantes (CEPAIM), Fundación Secretariado Gitano (FSG), Federación Española de Universidades Populares (FEUP), Federación Española de Municipios y Provincias y Fundación Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI).
Igualdad de trato y no discriminación y en el ámbito de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado un segundo Real Decreto que regula la concesión directa de un total de 615.000 euros de subvenciones destinadas a determinadas entidades para llevar va cabo actuaciones en el área de igualdad de trato y no discriminación y en el ámbito de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
En el ámbito de la igualdad de trato y no discriminación y contra el racismo, las subvenciones se conceden a Cruz Roja Española, Asociación Nueva Ciudadanía por la Interculturalidad (ASNUCI), Federación Andalucía Acoge, Fundación CEPAIM y Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS).
Por otra parte, en el ámbito de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, se destinarán a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+), la Federación Plataforma por los Derechos Trans y la Fundación 26 de Diciembre.
Experiencia estatal
En todo caso, se trata de entidades cuyo ámbito de actuación abarca los colectivos de atención establecidos y que, además, cuentan con la experiencia e implantación territorial suficientes para el logro de los objetivos de las mismas.
Así, se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a prestar asistencia y protección a las personas víctimas de discriminación racial, delitos de odio con prejuicios racistas y racismo estructural; asesoramiento legal sobre cualquier incidente de discriminación racial y delitos de odio; desarrollo de iniciativas y actividades de sensibilización social, información y formación; actuaciones dirigidas a reforzar y fortalecer los proyectos de atención y asistencia a víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia, así como proyectos dirigidos a apoyar a personas LGTBI+ en situación de vulnerabilidad. También se invertirán en actuaciones dirigidas a reforzar programas que tienen como finalidad erradicar el estigma que pesa sobre las personas trans y combatir la transfobia.
BIOGRAFÍAS
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Secretario de estado de Energía
Ingeniero en Energía y Medio Ambiente (Universidad de Cambridge, Reino Unido) y Máster en dirección de Responsabilidad Social Corporativa (Universidad Oberta de Catalunya). Ha dedicado su trayectoria profesional a la promoción del despliegue renovable, el desarrollo de la transición ecológica y la respuesta social ante la emergencia climática.
En 2015, fue nombrado director general de Energía y Cambio Climático del Govern de Illes Balears, desde donde colaboró en la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética autonómica.
En 2018, fue designado director de Energías Renovables y Mercado Energético en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), donde participó en la elaboración del Marco Estratégico de Energía y Clima y en la conceptualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
Desde 2019, ha sido director general del IDAE desarrollando, entre otras, las funciones de coordinación y ejecución del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE EHRA), financiado con los Fondos Next Generation.
Asimismo, ha formado parte del Consejo Rector del Instituto para la Transición Justa y del Patronato de la Fundación CIUDEN, y es vicepresidente del Comité de energía sostenible de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE).
Directora del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 2020 hasta la actualidad, ha sido directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), desarrollando, entre otras funciones, el diseño de los planes estratégicos de transición justa; firma y ejecución de los Convenios de Transición Justa; ejecución de la política de reestructuración de la minería del carbón, y promoción del desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras del carbón; y gestión de ayudas y subvenciones para el desarrollo económico alternativo de zonas afectadas. Anteriormente, desde junio de 2018, fue asesora en Transición Justa.
Entre julio de 2017 y junio de 2018 ejerció como consultora en temas de economía y empleos verdes, transición justa, cambio climático y energía y gestión de residuos. Elaboró la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos y organización del proceso de participación pública y es autora del Informe Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica presentado en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
De julio de 2016 a julio 2017 fue directora de la Fundación Renovables y entre 2023 y 2016 directora de Sustainlabour dedicándose, en ambos casos, al ámbito de la transición justa.
Director adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno
Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado desde el año 2018.
En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desempeñado distintos puestos, inicialmente en la Subdirección General de Hidrocarburos y, a partir del año 2020, como consejero técnico en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía y como vocal asesor de ese mismo gabinete.
A partir de julio del año 2021 y hasta la actualidad ha ocupado el puesto de director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía.
Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Licenciado en Ingeniería química por la Universidad de Salamanca, ha cursado el Executive MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ha trabajado en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) entre 2008 y 2012 y desde 2014 hasta la actualidad, ocupando distintos puestos como técnico, jefe de proyecto, y jefe del departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa. Hasta el momento, Rodrigo dirigía el departamento de Conocimiento, Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocio y Competitividad, área desde la cual diseñó e impulsó la nueva Estrategia de Inversiones 2024-2026 del IDAE.
Al margen de su trayectoria laboral en el IDAE es funcionario en excedencia de la Comisión Europea, en cuyo Joint Research Centre lideró -entre 2012 y 2014- grupos multilaterales de trabajo a nivel europeo sobre mejores técnicas disponibles en el marco de la Directiva 2010/75 sobre emisiones industriales, y ha desempeñado cargos en otras administraciones públicas, como el área de Medioambiente Industrial del Ministerio de Medioambiente.
Asimismo, ha desarrollado labores de investigación y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el programa Ingeniería Química y del Medio Ambiente.
Educación, Formación Profesional y Deportes
Secretaria general de Formación Profesional
Ingeniera Técnica en Química Industrial, por la Universidad del País Vasco, 1992. Profesora titular, de la familia profesional de Química (operaciones de proceso) en el CIP Donapea de Pamplona (1992-2012). En el ámbito de la FP y en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra: de 2003 a 2012, tareas de gestión como asesora de FP, trabajando fundamentalmente en el mundo de las Cualificaciones profesionales; de 2012 a 2015, jefa de Unidad / Negociado de FP; de 2015 a 2019, directora del Servicio de FP; de 2019 a 2020 directora de Planificación e Innovación de la FP; de 2020 a 2024, como directora de Planificación e Integración de la FP. Además, fue subdirectora general de Programas y Gestión de la FP de la Secretaría General de FP, del Ministerio de Educación, FP y Deportes y directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la FP.
Cuenta con experiencia en el desarrollo curricular de títulos LOGSE de la familia profesional de Química en la Comunidad Foral de Navarra, así como en la implantación de metodologías activas propias; ha sido integrante del grupo piloto para la implantación del sistema de acreditación de competencias; formadora para la habilitación de asesores y evaluadores en el sistema de acreditación de competencias; responsable de los programas de internacionalización de la FP; impulsora de la implantación de la FP Dual; y responsable de la integración de la FP para para trabajadores en el sistema educativo, todo ello en la Comunidad Foral.
Desde su incorporación en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha sido responsable de la gestión de la oferta formativa para trabajadores, de los programas de innovación financiados por este ministerio, así como la coordinación de los centros de Referencia Nacional y las Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional.
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
Secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (E.T.S.I.T.) de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.).
Comenzó su carrera profesional en Retevisión en 1997 y en abril de 1999 se incorporó a Airtel Móvil donde desempeñó inicialmente diversos puestos en el ámbito de la interconexión de redes, en departamentos técnicos y comerciales. Desde diciembre de 2001 fue responsable de Regulación y Relaciones Institucionales de Vodafone España S.A.U.
Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, fue asesor en el gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, colaborando en las iniciativas regulatorias y normativas relacionadas con las actividades tradicionales de la Secretaría de estado, como con las llevadas a cabo en el ámbito de las iniciativas de las Componentes C15 y C25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y desarrolladas en el ámbito de las competencias de la Secretaría.
Desde marzo de 2022 hasta la actualidad, ha ocupado el puesto de secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde su nombramiento es consejero nato de Red.es y de ICEX, vicepresidente cuarto de la Agencia Aeroespacial Española, y consejero de Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica desde su constitución.
Subsecretaria para la Transformación Digital y de la Función Pública
Licenciada en Geografía e Historia/Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha desempeñado diversos puestos en varios ministerios en materias como recursos humanos, estudios turísticos, programas sociales y asuntos culturales. Entre los años 2004 y 2010, fue subsecretaria del Sanidad y Política Social, y de Sanidad y Consumo; secretaria general para la Administración Pública y directora general de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Desde marzo de 2021 hasta el momento actual, ha sido directora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Ha coordinado los trabajos del Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura y es coautora de diferentes publicaciones relacionadas con la Administración pública como «El Método del caso en la formación de directivos públicos» y «La planificación estratégica como método de gestión pública: experiencias en la administración española».
Directora general de Inteligencia Artificial
Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y proyecto fin de carrera por la Universidad de Eindhoven (2006). Cursó el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de la IESE Business School (2014-2015). Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (2010) y al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la AGE (2009).
Ha ocupado diversos puestos directivos en el ámbito de elaboración de estrategias, desarrollo normativo y la implantación de la administración digital en el INAP y en la Secretaría General de Administración Digital. Ha sido subdirectora general y vocal asesora de Coordinación y Seguimiento de Fondos Europeos en Ministerio de Economía y Transformación Digital. Desde enero de 2024 hasta la actualidad ejercía como directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (desde enero 2024)
Directora general de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual
Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Administración Civil del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, experta en European Political Economy and Finance Executive Programme por la London School of Economics and Political Science (LSE) y experta Universitario en Comercio Internacional por la Universidad del País Vasco. Desde el 2017 forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha ocupado diversos puestos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Desde 2020 ha estado enfocada en el desarrollo de políticas públicas en el ámbito digital, primero en el Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y, después, como Secretaria General de Instituto Nacional de Ciberseguridad. A lo largo de su trayectoria profesional, ha adquirido conocimiento y experiencia en el desarrollo de políticas públicas de digitalización, de gestión de instrumentos jurídicos y fondos públicos, así como habilidades de liderazgo y coordinación de equipos.
Director del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública
Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha ejercido como subdirector general de Aprendizaje en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), desempeñando funciones de formación y desarrollo para funcionarios públicos y ha sido de director y fundador de la Escuela de Alta Direccion Pública del Estado. Ha ocupado el puesto de director del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y de gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
En su experiencia reciente vinculada al INAP destaca haber sido director y autor de las dos Estrategias de Aprendizaje del INAP 2023-2024 y 2025-2028 que establece la política de formación, creador de la Escuela de Alta Dirección Pública del Estado: Impulsor de esta iniciativa destinada a formar a los perfiles directivos de la administración del Estado, con un enfoque personalizado y por competencias y organizador de cursos selectivos.
Es coautor de las publicaciones Nuevos tiempos para la función pública (INAP, 2017) y Hacia el aprendizaje más allá de la formación (INAP, 2023). También ha publicado artículos en la revista de la Asociación Española de Comunicación Política (ACOP), en la revista online británica Apolitical y en la revista GAPP Gestión y Análisis de Políticas Públicas del INAP.