Referencia del Consejo de Ministros

5.11.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, por importe de 45.813.074,52 euros, destinado a financiar gastos del sistema de formación profesional para el empleo, con cargo al remanente de tesorería del Organismo.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 9.940.610,71 euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la financiación de las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio (AM 01/2024), por un valor máximo estimado de 300.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a fin de posibilitar la tramitación de diversos contratos relativos a servicios de reparaciones, mantenimiento y conservación.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, con el fin de tramitar el suministro en régimen de arrendamiento de diversos vehículos.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la tramitación de diversos contratos relativos a gastos corrientes en bienes y servicios.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tramitar la prórroga de varios contratos relativos al servicio de seguridad y de seguro de vehículos.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, la realización de diversos expedientes de gasto relativos al capítulo 6 "Inversiones reales".
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Centro Nacional de Inteligencia, organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, atender necesidades de gastos corrientes en bienes y servicios, así como de inversiones.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la tramitación de diversos expedientes de gastos plurianuales que afectan a diferentes capítulos de gasto del Departamento.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2024 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria para posibilitar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la contratación y reajuste de anualidades, así como la tramitación anticipada de contratos de suministro de material sanitario, mantenimiento de equipos, suministro de medicamentos y nuevos contratos de carácter informático en los centros gestionados por el INGESA.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Castilla y León a conceder aval en favor del Banco Europeo de Inversiones, por un importe máximo de 40.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la compensación a Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las obligaciones de servicio público, pendiente de liquidación.

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal la convocatoria de subvenciones públicas, por cuantía de 25.000.000 de euros, destinadas a financiar los planes de empleo en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social para el año 2024.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para el mantenimiento, conservación y explotación del Sistema Integrado de Redes de Control Automáticas (SIRCA) de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, por un valor estimado de 33.907.232,80 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras y suministros necesarios para la reparación de la estructura de cubierta, cerramientos y resto de elementos afectados por el incendio en el edificio de la Jefatura de Sistemas Especiales del Complejo Policial de Canillas, por importe de 2.380.000 euros.

Transporte y Movilidad Sostenible

Política Territorial y Memoria Democrática

Vivienda y Agenda Urbana

Cultura

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades e instituciones culturales singulares para actuaciones de interés público y social.
  • REAL DECRETO por el que se crea el Museo Nacional de Artes Escénicas.

Economía, Comercio y Empresa

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa.

Sanidad

  • ACUERDO de autorización para ejercer el derecho de adquisición de 1.610.000 "dosis pactadas" de vacuna contra la COVID-19, previsto en la quinta modificación del tercer Acuerdo de adquisición suscrito por la Comisión Europea con la empresa Pfizer/BioNTech, de 26 de mayo de 2023.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la financiación de la Oficina Técnica de apoyo a la Red Española de Ciudades Inteligentes.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I5). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a Telefónica de España para el proyecto de despliegue de un cable submarino entre la Península y la isla de Gran Canaria, del Mecanismo Conectar Europa - Digital, destinado a reforzar las interconexiones en el territorio del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.
  • REAL DECRETO por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Presidente de una sociedad mercantil estatal, adscrita al Ministerio de Hacienda, a participar, en condición de Presidente, en los consejos de administración de tres sociedades mercantiles participadas por la misma.
  • ACUERDO por el que se autoriza a un alto cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a participar en más de dos consejos de administración.
  • ACUERDO por el que se autoriza a personal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la participación en más de dos consejos de administración.

ACUERDOS DE PERSONAL

Hacienda

  • REAL DECRETO por el que se nombra vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria a D. LUIS SUÁREZ LEÓN.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en Jamaica a D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DE TURISO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajadora de España en las Islas Salomóna Dª. ESTHER MONTERRUBIO VILLAR.
  • REAL DECRETO por el que se nombra embajadora de España en San Vicente y las Granadinas a Dª. MARÍA CRISTINA PÉREZ GUTIÉRREZ.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

FINANCIACIÓN DE GASTOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, por importe de importe de 45.813.074,52 euros, destinado a financiar gastos del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

El SEPE ha solicitado un suplemento de crédito para financiar el mayor gasto previsto en el subconcepto 'Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (EJE 2)', por un importe de 45.813.074,52 euros.

El citado subconcepto recoge los importes destinados a financiar la ejecución de acciones formación profesional para el empleo de trabajadores ocupados a demanda de la empresa en la que están contratados. Esta financiación se recibe por las empresas mediante una disminución en las cotizaciones sociales y el SEPE debe abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de la mencionada disminución en los ingresos por cuotas.

Así, durante los meses de octubre a diciembre de 2023 el gasto ha sido de 123.812.962,81 euros, durante los meses de enero a julio de 2024 se ha imputado un gasto total 386.932.802,02 euros. De forma que el gasto total imputable al ejercicio 2024 asciende a 510.745.764,83 euros (123.812.962,81+386.932.802,02).

Teniendo en cuenta el gasto realizado en el año 2023, se prevé que el gasto a imputar entre los meses de agosto y septiembre de 2024 sea 50.360.193,15 euros y 32.003.902,74 euros, respectivamente. Asimismo, debe tenerse en cuenta que existen insuficiencias presupuestarias del año 2023 por importe de 2.703.213,80 euros. Todo ello hace un total en 2024 de 595.813.074,52 euros.

Dado que el presupuesto inicial de esta aplicación asciende a 550.000.000,00 de euros, se prevé una insuficiencia crediticia por cuantía de 45.813.074,52 euros.

En cuanto a la financiación de este expediente de suplemento de crédito se realizará con cargo al remanente de tesorería afectado a financiar el Sistema de Formación Profesional del Organismo a 31 de diciembre de 2023.

Hacienda

BONIFICACIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN FISCAL DE CANARIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 9.940.610,71 euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la financiación de las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/1994, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

La Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece una bonificación del 50% en la cuota empresarial a la Seguridad Social para los tripulantes de buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, así como para los tripulantes y las empresas de los buques que estén adscritos a los servicios regulares entre las islas Canarias y entre éstas y el resto del territorio nacional, en tanto estos buques no puedan inscribirse en aquel Registro Especial.

Asimismo, en dicha ley se establece que la financiación de dicha bonificación se ha de efectuar mediante la correspondiente aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

En virtud de lo previsto en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su Disposición adicional vigésima quinta, la bonificación se elevó del 50% al 70%.

Posteriormente, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, elevó la bonificación al 90% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Por su parte, en el presupuesto del Departamento para este ejercicio 2024, existe una dotación de crédito de 60 millones de euros, que resulta insuficiente para atender la totalidad de las obligaciones de este ejercicio que, de acuerdo con el cálculo recogido en la documentación justificativa aportada, se estiman en 74.233.277,85 euros. Por ello, el centro gestor considera necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito.

Hacienda

ACUERDO MARCO SOBRE SUMINISTRO DE MOBIOLIARIO
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Junta de Contratación Centralizada, dependiente de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, la celebración de un acuerdo marco para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio, por un valor máximo estimado de 300 millones de euros y un plazo de vigencia máxima de tres años, prorrogable como máximo por un año más.

Se verían afectadas por este acuerdo marco la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El órgano de contratación es la Junta de Contratación Centralizada. Dado que el valor estimado del acuerdo marco es superior a 12 millones de euros, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público se ha sometido a la decisión del Consejo de Ministros la autorización para celebrar este acuerdo marco.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CASTILLA Y LEÓN PARA CONCEDER UN AVAL AL BEI
El Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla y León para conceder un aval en favor del Banco Europeo de Inversiones por un importe máximo de 40 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

El pasado 16 de octubre esta comunidad autónoma ha presentado solicitud de autorización para la concesión de aval a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl) en favor del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en garantía de contrato de financiación Somacyl Renewable Energy & Energy Efficiency FL suscrito entre el BEI y Somacyl.

El objeto de este contrato es el otorgamiento de un crédito por parte del BEI a Somacyl por un importe global de 40 millones, desembolsable por tramos y cuyos fondos se destinan a la financiación de inversiones en energías renovables y eficiencia energética en sistemas de calefacción urbana con biomasa, inversiones en eficiencia energética en edificios públicos y, en pequeña medida, inversiones en repoblación forestal en la región de Castilla y León.

Considerando que la Somacyl forma parte del conjunto de entes de esta administración autonómica, así como la finalidad y características de la operación de aval se estima pertinente la concesión de la autorización solicitada.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AUTORIZACIÓN DE USO DE VIVIENDA DE RESPONSABLES DE COOPERACIÓN DE LA AECID
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar el uso de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado a los responsables de programas y responsables de proyectos de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de nacionalidad española, destinados en Cabo Verde, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mauritania, México, Senegal y Uruguay.

El deber de cuidado es una obligación que asume la Administración General del Estado a través de las Misiones y Representaciones de España en los países de la cooperación española, reconocido expresamente en el artículo 46 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Actualmente, es necesario por razones de seguridad ampliar los supuestos ya autorizados a otros países, dado que las condiciones de seguridad han empeorado significativamente en Cabo Verde, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mauritania, México, Senegal y Uruguay.

En situaciones de inseguridad, las medidas de apoyo al personal desplazado no pueden circunscribirse al entorno de trabajo, sino que el lugar de residencia es un elemento fundamental para reforzar la seguridad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España a la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe (EU-LAC), por importe de 50.000 euros. Esta Fundación fue creada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe celebrada en Madrid en 2010.

Su objetivo es fortalecer y promover la asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, siendo una herramienta de la asociación entre las dos regiones y contribuyendo con sus actividades a dinamizar el diálogo intergubernamental birregional.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España a la Fundación Euroamérica, por importe de 9.000 euros. Esta Fundación es una organización con sede en España, creada en 1999. Su objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas para fomentar, desde el sector principalmente privado, las relaciones entre Europa y América.

La contribución voluntaria contribuye a la realización de sus actividades a lo largo del año, destacando entre las líneas de trabajo que se desean apoyar:
  • La publicación de la revista Fórum, en formato electrónico, que recoge las actividades realizadas por la Fundación durante el periodo, así como la elaboración y envío de la versión más reducida, Fórum Noticias.
  • La organización de encuentros/desayunos-coloquio con los Embajadores recién nombrados en España de los países latinoamericanos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS URGENTES DE RESPUESTA ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA DANA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La norma tiene por objeto contribuir al restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas y la adopción de algunas de las medidas contempladas por el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, en particular las del apartado segundo, como son determinados beneficios fiscales y medidas en materia de Seguridad Social.

Se aprueba así un primer paquete de medidas por importe de 10.600 millones de euros, destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA. Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y CCAA, en función de las necesidades.

Entre las acciones, se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.

Ayudas directas a ciudadanos y empresas afectadas

Se cuadriplican las ayudas públicas previstas en el Real Decreto 307/2005 por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión y se harán universales, con independencia de los umbrales de renta. En concreto, el Estado va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.

Además, se van a transferir ayudas directas para las pymes y los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA por un valor total de 838 millones de euros. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de operaciones. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, estimándose una cifra de beneficiarios de 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.

Incapacidad temporal extraordinaria, prestación por cese de actividad y aumento del 15% del Ingreso Mínimo y pensiones no contributivas

Al mismo tiempo, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos por la DANA, a las que se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad causadas por la DANA también se asimilarán a accidentes laborales y, por tanto, verán aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones al calcularse en base a los ingresos totales del último año.

También se ha habilitado a aquellos autónomos que se hayan visto afectados la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido el mínimo de 12 meses cotizados exigidos por ley para acceder a ella.

Asimismo, las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o pensión no contributiva las verán aumentadas en un 15% durante los próximos 3 meses, con la posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida, en función de cómo avance la situación.

Consorcio de Compensación de Seguros: indemnizaciones a familias y empresas

El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, indemnizará a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo. Estas indemnizaciones serán un 20% superiores al valor de tasación de cada vehículo y se calcula que se alcanzará la cifra inédita de 3.500 millones de euros.

Línea de avales DANA por 5.000 millones de euros

Para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros. Esta nueva línea de avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá a pymes, empresas, autónomos y, como novedad, a los hogares, acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno y en condiciones favorables para reequipar empresas, abrir negocios y reparar viviendas. Se ha aprobado un primer tramo de 1.000 millones de euros y se aprobará el resto hasta llegar a los 5.000 millones de euros.

Paquete de moratorias y exenciones fiscales

Se aprueba, además, un amplio paquete de moratorias y exenciones fiscales. Los ciudadanos de las zonas afectadas podrán retrasar el segundo pago de la declaración de la Renta 2023 al 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la Agencia Tributaria. También, se conceden exenciones y reducciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2024 de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA. Tampoco tendrán que pagar las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos en Tráfico, o la expedición de los documentos oficiales que hayan perdido. Se contempla también para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto para el año 2024 del método de estimación objetiva (módulos) del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

Adicionalmente, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos hasta febrero de 2025 y se considerará este periodo como plenamente cotizado para futuras prestaciones. De igual forma, se incluyen aplazamientos y moratorias para las empresas de la zona no afectadas directamente y se darán facilidades en los pagos a la Seguridad Social, con la suspensión y ampliación de plazos.
Los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo, podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.

Refuerzo de recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se declara "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" al territorio damnificado como consecuencia de la DANA, que aplicará a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, incluyendo una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas.

En concreto, el Gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la DANA, financiando todas las acciones que tengan que ver con la retirada de lodo, escombros y enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, y el alojamiento y manutención de los vecinos afectados. Además, el Estado pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos y culturales. También se compensará por los impuestos municipales que van a dejar de percibir durante esta crisis y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles.

Al mismo tiempo, se van a reforzar los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad y se va a habilitar un Portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla y rápida posible. Igualmente, se van a abrir oficinas de refuerzo en los municipios afectados que apoyarán a los funcionarios locales a atender a la ciudadanía y acelerar los trámites burocráticos.

Comisión Interministerial y refuerzo de la cooperación con gobiernos autonómicos

Se crea una Comisión interministerial para la coordinación de las labores de reconstrucción entre todos los ministerios competentes y se abrirán canales de interlocución con el sector privado, los sindicatos, y la sociedad civil. A su vez, se ha adoptado una serie de mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral con los gobiernos autonómicos afectados y, muy especialmente, el gobierno de la Generalitat Valenciana.

Solicitud del Fondo Europeo de Solidaridad

Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y se ha solicitado al Consejo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, para reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ con el fin de dedicar parte de estos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.

Más de 15.300 efectivos desplegados en la zona

El número de militares, policías nacionales y guardias civiles desplegados en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 a 14.898 efectivos, a su vez reforzados por 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses, 600 vehículos, y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento.

Se han distribuido 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. Además, se ha logrado restablecer el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados, y el 68% de las líneas de telefonía dañadas. Han sido reparados 40 kilómetros de carreteras -incluida la rehabilitación de todos los carriles de la A-7 y la A-3 norte-, así como 74 kilómetros de vías ferroviarias, a lo que se suma la activación del servicio de media y larga distancia entre Valencia y Castellón, Tarragona, Teruel y Barcelona.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, que transforma la actual Secretaría General de Administración Digital en una Agencia.

La nueva agencia proporcionará servicios e infraestructuras comunes, lo que supondrá un ahorro en los costes unitarios de los servicios TIC en la AGE, principalmente en los capítulos de gastos recurrentes e inversiones. Además, esta labor permitirá a las distintas unidades TIC departamentales especializarse y dedicarse en exclusiva a las necesidades propias de sus respectivos usuarios, aumentando su eficiencia y eficacia.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE LEZO-ERRENTERIA
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado un Real Decreto de concesión directa de una subvención de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Errenteria para construir un aparcamiento disuasorio en la estación ferroviaria de Lezo-Errenteria.

El objetivo de esta medida es mejorar accesibilidad de la estación, facilitando un lugar donde aparcar el vehículo privado que permita continuar el viaje hacia otros centros del núcleo de Cercanías de San Sebastián/Donostia.

Además, permitirá reducir las distancias recorridas con vehículo privado en la movilidad cotidiana, mediante la creación de un punto de intercambio modal entre coche y ferrocarril, promoviendo con ello un transporte más sostenible. Ello conlleva, además, mejorar la calidad del aire al reducirse las emisiones contaminantes, disminuir el consumo de energía final en el transporte y reducir las externalidades provocadas por el vehículo privado como la ocupación de espacio público, el ruido o la inseguridad vial.

Para llevar a efecto esta medida, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Errenteria suscribirán el correspondiente convenio para ejecutar la subvención, cuya duración coincidirá con el plazo de construcción del aparcamiento y que establecerá las normas de colaboración entre ambas administraciones.

Estación Lezo-Errenteria

La estación Lezo-Errenteria está ubicada en la línea ferroviaria 01-100-Madrid Chamartín Clara Campoamor-Irún-Frontera Francesa, pertenece a la Red Ferroviaria de Interés General, de competencia estatal y titularidad del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.

Actualmente, en dicha estación se prestan servicios de Cercanías del núcleo de Donostia/San Sebastián, además de servicios de Media Distancia, que articulan la movilidad cotidiana entre la comarca de Oarsoaldea y la ciudad de San Sebastián.

Esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, con la que está comprometido el Ministerio, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.


Transportes y Movilidad Sostenible

SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO DE MADRID, BARCELONA, VALENCIA Y CANARIAS
El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado el Real Decreto de concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público colectivo metropolitano en el ejercicio 2024..
La concesión directa de estas subvenciones supone un esfuerzo inversor idéntico a la del 2023, lo que muestra la apuesta clara del Gobierno de España por el fomento del transporte público.

En concreto, las ayudas se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València), así como de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El importe de estas ayudas tiene el siguiente desglose:
  • Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,89 millones de euros.
  • Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona: 149,3 millones de euros.
  • Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia: 40 millones de euros.
  • Comunidad Autónoma de Canarias: 47,5 millones de euros.

Estas subvenciones se suman a las ayudas vigentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para los descuentos a las tarifas de los billetes y la gratuidad, en el caso particular de Canarias.

Características de estas subvenciones

El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios y que el mismo sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, de forma que la financiación estatal actúa como un incentivo para desplegar este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.

Transportes y Movilidad Sostenible

MUELLE ADOSADO DEL PUERTO DE BARCELONA
El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado a licitar por un valor estimado de 60,8 millones de euros (IVA no incluido) la construcción de la Fase 4 del muelle Adosado del puerto de Barcelona. El objetivo de esta actuación es potenciar el crecimiento del tráfico de pasajeros y ro-ro (buques de carga de material rodante).

En concreto, la actuación contempla una nueva terminal ro-pax (para buques ro-ro con capacidad para transporte de pasajeros) para atender las necesidades del transporte marítimo de corta distancia, con la que la Autoridad Portuaria de Barcelona pretende consolidar nuevas líneas con el norte de África y con el puerto de Génova, favoreciendo de esta manera el servicio a este tipo de tráficos de corta distancia, lo que contribuirá a una basculación hacia el modo marítimo de tráficos cuya alternativa en muchos casos sería la carretera.

Esta actuación incluye la construcción de tres atraques para ferries y buques ro-pax, incluido la superestructura, dotación de servicios y el equipamiento portuario, así como la generación de sus explanadas adosadas.
La inversión correspondiente al proyecto de obras de la ampliación del Muelle Adosado 4ª Fase está prevista en el vigente plan de inversiones 2024-2028 de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Esta actuación se suma a las recientemente aprobadas por el Ministerio para el desarrollo del puerto de Barcelona, como el convenio para el desarrollo de los accesos sur, ferroviarios y viarios, y la construcción de la primera fase del futuro muelle Catalunya.


Política Territorial y Memoria Democrática

CATÁLOGO SOBRE ELEMENTOS CONTRARIOS A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que autoriza la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto que regula las medidas necesarias para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, así como la constitución y regulación de las funciones y composición de una comisión técnica a estos efectos.

Dicho real decreto regula las determinaciones necesarias para la confección del catálogo, los datos de identificación de cada elemento a incorporar, la justificación de dicha determinación como elemento contrario a la memoria democrática, requisitos y cauces de comunicación de datos para su inclusión por las comunidades autónomas, otros entes públicos y entidades memorialistas, o los resultantes de estudios y trabajos de investigación.

La Ley de Memoria Democrática se refiere al deber de memoria democrática como garantía de no repetición y, dentro del mismo, regula todo lo relativo a los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. En particular:
  • El artículo 35 establece que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, dispone que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos, siendo responsables de su retirada o eliminación las personas titulares o propietarias de los edificios en que estén ubicados o colocados ya sean de carácter público o de carácter privado o religioso.
  • El artículo 36 dispone, por otro lado, que la AGE confeccionará, en colaboración con el resto de las administraciones públicas, un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados.

Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la AGE ha procedido a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su ámbito, pero se observa que en el resto de las administraciones territoriales, tanto autonómicas como locales, o en bienes de titularidad privada, siguen existiendo dificultades para el cumplimiento de este mandato legal, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar de manera urgente con el catálogo previsto en la ley, así como constituir la comisión técnica que con criterio objetivo y experto se encargue de determinar la condición de dichos elementos.

Constatado en el Consejo Territorial de Memoria Democrática que la inclusión en el catálogo de los datos suministrados por las comunidades autónomas, como establece la ley, es imprescindible para llevar a término las disposiciones legales en la materia disponer en el menor plazo posible del mencionado catálogo.

Por otro lado, la constatación de que existen múltiples casos en los que dichos elementos se encuentran en bienes protegidos por las leyes del patrimonio histórico o cultural, conlleva un especial tratamiento del expediente y la necesidad de que sea una comisión técnica compuesta por personas expertas, con experiencia o conocimientos en la materia la que determine los elementos contrarios a la memoria democrática a incorporar en el catálogo y, en su caso, sobre su eventual retirada o eliminación.

Resulta urgente, por tanto, la aprobación del catálogo para hacer efectiva la finalidad legal de que los símbolos públicos sean un elemento de encuentro de los ciudadanos en paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio, suprimiendo los elementos de división entre la ciudadanía.

Dadas las circunstancias descritas, y a fin de evitar que la articulación de políticas en la materia de las distintas administraciones no disponga del mecanismo legalmente previsto para desplegar su mayor eficacia, así como que la ciudadanía pueda tener un acceso disponible y transparente a la información sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y una vía para la recepción, valoración y resolución de sus consultas y eventuales denuncias, se considera imperativa la declaración de su tramitación administrativa urgente que, de conformidad con la Ley del Gobierno, implica la reducción a la mitad de los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, la posibilidad de omisión del trámite de consulta pública y la continuación del procedimiento.

Vivienda y Agenda Urbana

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO DE ÁVILA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la ejecución del proyecto básico y de ejecución para la mejora de la eficiencia energética del inmueble del Patrimonio Sindical Acumulado situado en la Plaza Santa Ana, 7, Ávila.

Las actuaciones principales que se llevarán a cabo en el edificio son las siguientes:
  • Nueva envolvente, mejorando sus condiciones de aislamiento y estanqueidad.
  • Sustitución de carpinterías por unas con mejor capacidad de aislamiento.
  • Reubicación de la maquinaria de aire acondicionado como consecuencia de la actuación ejecutada sobre la fachada, para cumplir con normativa municipal.

El presupuesto base de licitación previsto para la rehabilitación es de 3.505.324,32 € (IVA incluido).

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

NUEVO MODELO DE GOBERNANZA TIC DE LA ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado, que regula el nuevo modelo de gobernanza TIC de la Administración del Estado, y que sustituye al existente de 2014 y que tiene como pilar fundamental precisamente a la Agencia Estatal de Administración Digital.

El objetivo de esta norma es mejorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones en materia digital de las distintas Administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales), agilizar la toma de decisiones, favorecer la generación de sinergias y la colaboración inter-administrativa y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las fuertes inversiones que se están realizando en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).


BIOGRAFÍAS

Hacienda

Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria

D. LUIS SUÁREZ LEÓN
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Curso de Especialización en Competencias TIC. Curso de Especialización en Financiación, Aseguramiento, Compra y Provisión de Servicios Sanitarios. Curso de Especialización en Sistema Sanitario y Sistema Nacional de Salud. Estudios de Government (Gobierno).

Gerente Administrador de varias empresas del sector de construcción e inmobiliario, director general de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, jefe de Gabinete de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, director del Área de Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de la Salud, jefe de Gabinete de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, jefe de Gabinete de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en Jamaica

D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DE TURISO
Licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes de Bogotá (Colombia) en 1987. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1991.
Ha estado destinado en las representaciones en Namibia, Túnez, Nicaragua, Cuba, Italia y Reino Unido.
Ha sido jefe del Departamento de Cooperación con el Mediterráneo y Mundo Árabe en la AECID y subdirector general para el Magreb en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC). Ocupó el cargo de director general de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo en MAUEC y después director de Cooperación Sectorial, de Género y ONGs en la AECID.

Ha trabajado como vocal asesor en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica para las relaciones con los países del Caribe no hispano. En 2013 fue nombrado embajador en Trinidad y Tobago, con acreditación concurrente en Guyana, Surinam, Barbados, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Granada. También fue embajador Representante plenipotenciario y extraordinario ante la Comunidad del Caribe (CARICOM), ante la Asociación de Estados del Caribe, y ante la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).