Referencia del Consejo de Ministros
24.9.2024
La Moncloa
SUMARIO
Hacienda
- ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia destinado a financiar modificaciones de crédito por un importe de 170.000.000 de euros para atender el gasto relativo a las subvenciones de transporte en las comunidades autónomas de Canarias, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio español.
- ACUERDO por el que se autoriza la contratación de los servicios de gestión y sistemas, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para el Departamento de Informática Tributaria en los ámbitos del sistema de análisis de la información, Big Data, minería de datos y tecnologías del lenguaje, a cargo de la Subdirección de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por un valor estimado de 13.579.354,64 euros.
- ACUERDO por el que se modifican los límites y número de anualidades establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Estadística la tramitación de varios expedientes de contratación relativos al servicio de recogida de datos de diversas encuestas, así como de adquisición de licencias de software.
- ACUERDO por el que se autorizan los límites y se modifica el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio para el uso del acceso al puerto exterior de A Coruña y su conexión con la autopista autonómica A Coruña - Carballo.
- ACUERDO por el que se autorizan y modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible suscribir el Convenio regulador de la financiación y realización de actividades materiales para el desarrollo de los nuevos accesos sur, viario y ferroviario, al puerto de Barcelona.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que, en nombre de su participada, TRAGSA, S.A., S.M.E., M.P., y la filial de esta, TRAGSATEC, S.A., S.M.E., M.P., proceda a la desinversión de su participación del 100 % del capital social en la Sociedad Colonización y Transformación Agraria, S.A. (CYTASA).
- ACUERDO por el que se autorizan tres contribuciones voluntarias en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda correspondientes a cuotas del ejercicio 2024, por importe de 750 euros cada una de ellas.
Trabajo y Economía Social
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23, I6). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), dentro del Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- REAL DECRETO por el que se aprueba la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C7, R4). REAL DECRETO por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de servicios necesario para el mantenimiento y explotación de las infraestructuras del sistema integrado de información automática de la Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A., por un importe máximo de 900.000 euros.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- ANTEPROYECTO DE LEY de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía, A.A.I.
- REAL DECRETO por el que se crea la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia, y se establece su composición y funcionamiento.
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Princesa de Asturias para la celebración de la convocatoria 2024 de los Premios Princesa de Asturias.
- ACUERDO por el que se retira de la tramitación parlamentaria ante el Congreso de los Diputados el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2025-2027, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2025.
- ACUERDO por el que se crea la Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2025).
- ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente.
- ACUERDO por el que se aprueba la asignación individualizada de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para los años 2024 y 2025 a los operadores aéreos.
Interior
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de prestación del servicio de mantenimiento, revisiones e inspecciones de los aviones Airbus CN-235-300 propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil (Servicio Aéreo), con un valor estimado de 23.500.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de adquisición y suministro de calzado reglamentario (de trabajo, UIP/UPR, gala, motorista y seguridad), destinados al personal de la Policía Nacional, con un valor estimado de 22.135.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 4.100 euros, a IRTAD (International Road Traffic and Accident Database).
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 2.800 euros, a FERSI (Forum Européen des Instituts de Recherche sur la Ségurié Routière).
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 14.307 euros, a CIECA ( International Commission for Driver Testing).
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 14.000 euros, a ERTICO-ITS EUROPE (Intelligent Transport Systems and Services for Europe).
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 5.000 euros, a ROADPOL (European Roads Policing Network).
- ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 20.000 euros, a SEGIB (Secretaría General Iberoamericana).
Transportes y Movilidad Sostenible
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Organización Marítima Internacional para la celebración del Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2024.
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la asistencia técnica, seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos en la supervisión de anteproyectos, proyectos de trazado y de construcción, apoyo técnico en el ámbito de las obras y en la redacción de proyectos, dentro de la Subdirección General de Proyectos y Obras. Provincia de Madrid. Valor estimado del contrato: 18.639.727,00 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de las estructuras ubicadas en el punto kilométrico 140+862 de la autopista AP-2, por los importantes daños producidos tras el impacto sufrido por un camión plataforma fuera de gálibo, en la provincia de Lleida, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 446.388,80 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de estabilización, refuerzo y drenaje del deslizamiento de la plataforma existente entre los puntos kilométricos 33+400 y 33+700 de la carretera N-211, en la provincia de Guadalajara, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 4.009.720,02 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reposición del paso superior sobre la carretera N-120, en el punto kilométrico 455+996, en el término municipal de O Barco de Valdeorras, provincia de Ourense, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 572.795,56 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por desprendimiento de la boca de salida del túnel 62 de San Clodio Quiroga y Monforte de Lemos. Línea 800, por un importe de 2.065.350 euros.
- ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de reparación de daños y adopción de medidas a consecuencia de temporales (ciclogénesis explosivas Ciarán y Domingos) y del incendio en el interior del túnel del Folgoso, puntos kilométricos 278+570 al 281+100 de la autovía A-52, en la provincia de Pontevedra, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 179.140,50 euros.
Educación, Formación Profesional y Deportes
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C20, R1). REAL DECRETO por el que se establece el título de Formación Profesional de Grado Superior de Técnico Superior en Prevención de riesgos profesionales y se fijan los aspectos básicos del currículo.
Industria y Turismo
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria y Turismo durante el ejercicio presupuestario 2024.
Agricultura, Pesca y Alimentación
- REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones directas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.
- ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de un crédito adicional para financiar los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales, por un importe de 23.092.501,35 euros.
Política Territorial y Memoria Democrática
- ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 13/2023, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024.
- ACUERDO por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución respecto de los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como respecto de la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de 10 de septiembre de 2024, por la que se establece el Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ACUERDO por el que se autoriza la concesión de subvenciones a la administración de la Comunidad de Madrid, por importe de 22.287.236,90 euros, a la Diputación Provincial de Toledo, por importe de 15.961.487,28 euros y a la Diputación Provincial de Cuenca, por importe de 12.133.266,70 euros, para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, en aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2023.
Vivienda y Agenda Urbana
Cultura
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a FIRA CCIB S.L. para la coordinación y organización de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2025).
Economía, Comercio y Empresa
- INFORME de situación de la economía española.
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
- REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias en el marco del Acuerdo sobre Fondos de Formación para el Empleo de las administraciones públicas.
- REAL DECRETO por el que se crea la Agregaduría de Economía y Comercio en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Costa Rica, con sede en San José, y se suprime la de la República de Honduras, con sede en Tegucigalpa.
- ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Administración Pública la contribución de 55.000 euros en el presente ejercicio presupuestario 2024 para pagar la cuota voluntaria a la entidad internacional Instituto Europeo de Administración Pública (European Institute of Public Administration).
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinadas medidas de impulso de la innovación tecnológica en la televisión digital terrestre.
ACUERDOS DE PERSONAL
Presidencia
- REAL DECRETO por el que se nombra director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a D. ÁNGEL ALONSO ARROBA.
- REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Política Nacional a D. JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS.
- REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Coordinación Institucional a D. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ.
- REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Discurso del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a D. JESÚS JAVIER PEREA CORTIJO.
- REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a D. BORJA MONREAL GAINZA.
- REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Análisis Territorial del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a D. JOSÉ RAMA CAAMAÑO.
- REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a D. ANTONIO HERNÁNDEZ ESPINAL.
- REAL DECRETO por el que se nombra directora del Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a Dª. SILVIA CALZÓN FERNÁNDEZ.
Educación, Formación Profesional y Deportes
- REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Planificación y Gestión Educativa a Dª. SUSANA TEJADILLOS PERONA.
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
- REAL DECRETO por el que se nombra secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a Dª. MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ.
- REAL DECRETO por el que se nombra secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a D. ANTONIO HERNANDO VERA.
AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Hacienda
FONDO DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE CANARIAS, BALEARES, CEUTA Y MELILLA
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por un importe de 170 millones de euros, con el objetivo de atender el gasto relativo a las subvenciones de transporte en las comunidades autónomas de Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio español.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 autorizaba al Gobierno para que, en 2018 y con vigencia indefinida, aumentase al 75% el porcentaje de la bonificación para los trayectos entre las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el resto del territorio español.
Para el cumplimiento de lo preceptuado en esa ley se aprobó el Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte en los territorios señalados con el resto del territorio nacional.
Por este motivo, para atender las bonificaciones previstas en el ejercicio 2024 es preciso disponer del Fondo de Contingencia en una cuantía de 170 millones de euros, y por ello se ha aprobado este acuerdo en Consejo de Ministros.
Hacienda
AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS DE LA AEAT
El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de los servicios de gestión y sistemas, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por un valor estimado de 13.579.354,64 euros por un periodo de dos años prorrogable dos más.
Esta contratación la llevará a cabo el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia. Como viene siendo una constante en la actuación de la Agencia Tributaria, especialmente a partir de la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y en cuanto se refiere a las competencias del Departamento de Informática Tributaria, se prosigue en el desarrollo de aplicaciones informáticas, capaces de obtener el máximo partido de los datos de que dispone la Administración Tributaria.
La incorporación de nuevas fuentes de información, como las derivadas de la facturación electrónica, la información para la gestión de devoluciones a mutualistas y la información procedente de intercambios internacionales abre nuevos caminos para esta investigación preventiva, sin perjuicio de la continuidad y mejora de desarrollos ya existentes, tanto en el plano de las funcionalidades como en el propio proceso de desarrollo.
Dentro de la Agencia Tributaria las tecnologías de la información son un pilar fundamental en la mejora de la eficiencia y eficacia en sus actuaciones de información y asistencia, gestión, verificación y control en la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero, las cuales deben regirse cada vez por una mayor coordinación entre sus áreas funcionales.
Los servicios objeto del contrato, que mantiene y evoluciona servicios prestados anteriormente, son requeridos por el resto de los departamentos de la Agencia Tributaria para el cumplimiento de las funciones y los fines que le son propios, fundamentalmente por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, el Departamento de Recaudación, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Departamento de Gestión Tributaria. En menor medida lo son también por el Servicio de Auditoría Interna y el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas, así como por las propias comunidades autónomas.
Por ello, para mantener y mejorar en la medida de lo posible los niveles de servicio, para aumentar su capacidad de análisis e interpretación de la información y para satisfacer los compromisos que se han contraído con los departamentos que hacen uso de tales herramientas se precisa realizar esta contratación de servicios.
El inicio de la prestación del servicio está previsto para el 15 de enero de 2025, siendo su plazo de ejecución de dos años más una posible prórroga de dos años adicionales y el valor estimado del contrato, incluyendo las posibles prórrogas, es de 13.579.354,64 euros.
Hacienda
AYUDAS DE LA AEI EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
La Agencia Estatal de Investigación (AEI) es el centro que ha solicitado esa autorización. Esta Agencia es la encargada de la gestión de las convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los citados planes estatales.
Actualmente, la AEI tiene previsto asumir compromisos relativos, entre otros, a la tramitación anticipada de convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, según la siguiente distribución:
| CONVOCATORIA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Plataformas Tecnológicas 2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | - | - |
| Prueba de concepto 2024 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | - | - |
| Juan de la Cierva 2024 | - | 23.000.000 | 17.000.000 | - | - | - |
| Contratos de personal técnico de I+D+i 2024 | - | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
| Contratos Ramón y Cajal 2024 | - | 40.000.000 | 32.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| Proyectos de colaboración Público-Privada 2024 | 40.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | - | - | - |
| Contratos Torres Quevedo 2024 | - | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | - | - |
| Doctorados Industriales 2024-2 | - | 4.700.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| Proyectos de Generación del Conocimiento 2024 | 163.000.000 | 175.000.000 | 112.000.000 | 65.000.000 | - | - |
| Reajuste Contratos Ramón y Cajal 2023 | - | - | - | - | 839.800 | - |
| Total necesidades | 221.000.000 | 300.800.000 | 182.100.000 | 98.100.000 | 24.939.800 | 23.000.000 |
Al superarse los límites y número de anualidades autorizados, a que se refiere el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos máximos de gasto para los ejercicios 2025 y 2026, en la aplicación presupuestaria 'Transferencias de capital'.
Hacienda
CONVENIO SOBRE EL ACCESO AL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA Y SU CONEXIÓN CON LA AUTOPISTA DE PEAJE A CARBALLO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan los límites y se modifican el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pueda suscribir un convenio para el uso del acceso al puerto exterior de A Coruña y su conexión con la autopista autonómica A Coruña-Carballo.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutó la obra de acceso al puerto exterior de A Coruña (AC-15) que enlaza con la autopista de peaje A Coruña-Carballo (AG-55), perteneciente a la red de carreteras autonómica de Galicia.
Por otro lado, Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A., es titular de la concesión de la Xunta de Galicia para la construcción, conservación y explotación de la autopista A Coruña-Carballo, cuyo plazo finaliza el 1 de febrero de 2045.
La conexión entre ambas vías se produce mediante un enlace para uso exclusivo del tráfico portuario que no pasa por ninguna estación de peaje de la AG-55, por lo que los movimientos con origen o destino en el puerto exterior no abonan el peaje del recorrido efectuado por dicha autopista.
En consecuencia, para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión de Autoestradas, se requiere suscribir un convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Xunta de Galicia y la sociedad concesionaria para regular la compensación por la mencionada exención del pago de peaje.
Dicho convenio establece una duración de cuatro años y contempla pagos trimestrales a Autoestradas como compensación por el tráfico que utiliza la autopista AG-55 por la conexión al Puerto de A Coruña.
En lo que se refiere a la financiación, la aportación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 'Para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el peaje de los vehículos que utilizan el acceso al puerto de A Coruña, según Convenio'.
Considerando que la entrada en vigor del referido convenio está prevista el 1 de diciembre de 2024, y de acuerdo con el sistema de pago trimestral anteriormente citado, que supone que el último trimestre de cada año se cargará al presupuesto del ejercicio siguiente, las necesidades presupuestarias son las siguientes :
| Año | Importe en euros |
| 2025 | 91.509,92 |
| 2026 | 126.802,19 |
| 2027 | 148.494,37 |
| 2028 | 174.298,35 |
| 2029 | 30.169,60 |
| TOTAL | 571.274,43 |
Por ello, el Consejo de Ministros ha autorizado los límites y la modificación del número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
Hacienda
NUEVOS ACCESOS SUR AL PUERTO DE BARCELONA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a adquirir los compromisos económicos futuros para ejecutar las obras de los nuevos accesos sur, viario y ferroviario, al puerto de Barcelona, que contarán con una inversión de 730 millones de euros (incluyendo los IVA correspondientes).
Con esta autorización, se avanza en los trámites que permitirán suscribir próximamente el convenio regulador de la financiación de las obras de los accesos entre el Ministerio, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona. El borrador del convenio fue aprobado en junio de 2024, tras la reunión de la comisión de seguimiento del protocolo de colaboración para el impulso y consecución del proyecto, que también estableció los principios básicos para regular la ejecución de las obras y su financiación.
La financiación total de las actuaciones previstas se articula de la siguiente manera: 263,8 millones por el Ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras; 266,34 millones de euros por Adif; y 200 millones de euros por la Autoridad portuaria del Puerto de Barcelona.
Esta misma comisión aprobó en junio de 2023 la solución definida en el proyecto básico encargado a Adif, para esta actuación y cuyos proyectos de construcción han sido adjudicados recientemente.
Actuaciones previstas
La actuación se ha dividido en dos proyectos:
- Proyecto constructivo 1: Incluye la actuación de desarrollo del eje viario desde su inicio, del km 0 de la A-2 en ambas calzadas -a unos 1.000 m al noroeste del enlace de Cornellá-, hasta el km 0+510 del eje principal.
- Proyecto constructivo 2: Incluye las siguientes actuaciones:
-El desarrollo del eje viario desde el km 0,510 del eje principal, antes del estribo 1 de la estructura E10, hasta el final de este en el km 5,143.-El enlace con la Zona Franca y el Polígono Pratenc.-El desarrollo del eje ferroviario en su totalidad, desde el km 0 hasta el km 2,125, excluyendo la electrificación y las instalaciones de control, mando y señalización del anillo ferroviario con inicio en el km 2,040. En el alcance de este proyecto se incluye el ramal de conexión con la instalación ferroviaria de Can Tunis.
Según lo acordado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, será responsable de la ejecución del proyecto 1, razón por la cual en el pasado mes de noviembre licitó el contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción, por un importe de 2,9 millones de euros (IVA incluido).
Asimismo, está previsto que Adif sea el responsable de la ejecución del Proyecto 2, cuya redacción se ha adjudicado en el mes de junio, por 9,32 millones de euros (IVA incluido).
Trabajo y Economía Social
SUBVENCIÓN A CEPES PARA LA CREACIÓN DE UN HUB DE VANGUARDIA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), dentro del Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La subvención está destinada a la creación de un Hub de Vanguardia que permita la transferencia e intercambio de conocimiento, aglutinar la investigación, generar sinergias entre los actores y fomentar las redes de actuación en materia de economía social, impactando así no solo en el ecosistema español sino también en el europeo y el internacional. Se trata de uno de los objetivos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados.
El hub se ubicará en Donostia y contará con una dotación económica de 1,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, correspondientes a la Inversión 6 del componente 23 del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia (PRTR).
Constará de un centro de estudios en que se evaluarán las políticas públicas en economía social y se estudiará su papel en la reducción de las desigualdades y la creación de un mercado de trabajo más inclusivo. Asimismo, establecerá una red de intercambio de conocimientos que conectará empresas, instituciones, organizaciones sociales y academia con el objetivo de difundir las mejores prácticas; y, por último, albergará un laboratorio de proyectos innovadores con el que se contribuirá a extender la Economía Social, fomentar el emprendimiento colectivo sin descuidar la competitividad en el sector.
Desde CEPES, que aglutina la gran mayoría de las 43.000 empresas que conforman el sector de la Economía Social española, se vehiculará esta inversión en la que también se han involucrado el Gobierno vasco, la Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Universidad de Mondragón, liderando al resto de universidades del proyecto.
Con este proyecto se visibilizará e internacionalizará el exitoso modelo español de la Economía Social, que supone el 10% del PIB y genera más de 2 millones de puestos de trabajo (directos e indirectos). Esta forma de generar un tejido productivo poniendo el acento en un reparto más equitativo de los beneficios ha sido avalada por instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) e impulsada, con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por Naciones Unidas y la Unión Europea.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2023-2030
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que actualiza el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030). El nuevo documento es resultado del gran avance registrado en la implementación de la Agenda Verde del Gobierno en los últimos años y del incremento de la ambición europea a la hora de materializar una transición ecológica que potencie la competitividad, modernice el tejido productivo, cree nuevos ecosistemas industriales y de servicios -con empleo nuevo y de calidad-, a la vez que aumente la cohesión territorial, combata el calentamiento global, mejore los ecosistemas y la salud de las personas, y refuerce la autonomía estratégica.
España es el primer gran país europeo en el que la generación eléctrica renovable ha cubierto más del 50% de la demanda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está movilizando unos 70.000 millones de euros de inversión pública, de los que un 39,7% se destinan a transición ecológica, y el país se sitúa entre los principales receptores globales de proyectos de nueva planta -greenfield- y es el primero de la UE.
EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE POR SECTOR (ktCO2eq)
Así pues, la actualización del PNIEC 2023 acompaña a la sociedad con un marco de certidumbre y anticipación en torno a la transición energética que permite maximizar los efectos positivos y prevenir, minimizar y compensar los impactos del cambio de modelo mediante las políticas de transición justa.
Una Agenda Climática y Energética Europea más ambiciosa
Cuando la Comisión Europea evaluó el PNIEC 2021-2030 consideró que, además de ser un ejemplo, era una "sólida base" para la recuperación económica tras el impacto de la Covid-19. El PNIEC 2023 se basa en los mismos fundamentos técnicos y analíticos, y en modelos robustos, e incorpora la mayor ambición climática de la UE, el impulso a la transición ecológica del PRTR y otros avances a nivel nacional, así como el cambio geopolítico derivado de la guerra en Ucrania (REPowerEU).
La actualización del PNIEC incorpora recomendaciones de la Comisión y más de 12.000 aportaciones de distintas administraciones, sectores económicos, ONG y sociedad civil en general, que han participado en un amplio proceso de audiencia pública. El documento también se ha adaptado al contexto más reciente, como los avances regulatorios conseguidos durante la Presidencia Española de la UE, y a la Declaración Ambiental Estratégica.
El PNIEC 2023 aumenta el número de políticas y medidas previstas desde las 78 del PNIEC original hasta las 110 actuales. Con el objetivo de alcanzar un mayor beneficio social, económico y ambiental, el documento incorpora, por primera vez, actuaciones específicas en ferrocarril, aviación y navegación, reto demográfico, mejora de la integración de renovables con el medioambiente y territorio, ciberseguridad, mercados locales de electricidad, perspectiva de género y mercados de capacidad, análisis del ciclo de vida de los edificios, entre otras.
Refuerzo de los objetivos climáticos y energéticos
El primer PNIEC planteaba una reducción del 23% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 2030 respecto a 1990, y esta actualización de 2023 aumenta la ambición en nueve puntos más, hasta el 32%; también incrementa el peso de las renovables hasta el 48% del consumo final de energía -alcanzando un 81% de la electricidad- y mejora la eficiencia energética hasta el 43%.
La actualización incrementa también la electrificación de la economía, que alcanzará el 35%, frente al 32% que preveía el documento original, lo que favorecerá, a su vez, un aumento de la demanda eléctrica. Ésta, impulsada por las nuevas demandas, como las industriales o la producción de hidrógeno renovable, crecerá un 34% respecto a 2019, con un incremento muy notable sobre las previsiones del primer PNIEC, que situaba este crecimiento en un 5%.
COMPARATIVA DE OBJETIVOS Y RESULTADOS: PNIEC 2021-2030 Y PNIEC 2023-2030
Impulso a las energías renovables y el almacenamiento
Una de las principales actuaciones del PNIEC 2023 es el impulso a las renovables y al almacenamiento y la gestión de la demanda para mejorar su integración. Para el año 2030, se espera tener instalados 62 GW de eólica -donde se incluyen 3 GW de eólica offshore-, 76 GW de fotovoltaica -incluyendo 19 GW de autoconsumo-, además de 1,4 GW de biomasa y 22,5 GW de almacenamiento, considerando también la aportación de la solar termoeléctrica.
PARQUE DE GENERACIÓN EN EL ESCENARIO PNIEC 2023-2030 (MW)
Además, se ha incrementado la ambición de objetivos como rehabilitar 1,38 millones de viviendas, frente a 1,2 millones, o disponer de un parque de vehículos eléctricos de 5,5 millones. También se han introducido metas nuevas, en coherencia con las europeas, como alcanzar 12 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde y 19 GW de autoconsumo.
Uno de los principales avances es el aumento de la independencia energética. El PNIEC 2023 prevé un aumento en la producción de energía autóctona, alcanzando el 50% del total, frente al 27% de 2019, lo que proporcionará un ahorro de 86.750 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles durante todo el período.
Crecimiento económico y redistribución
El PNIEC 2023 estima que se movilizará una inversión total de 308.000 millones de euros hasta 2030, de los que un 82% será privada y un 18%, será pública (un 13%, de fondos europeos). El 37% de esa inversión se destinará a energías renovables, el 28% a ahorro y eficiencia, el 17% a redes energéticas y el 17% a la electrificación de la economía.
Se calcula que el PIB crezca un 3,2% con relación al escenario tendencial y se creen 363.000 y 560.000 puestos de trabajo en 2025 y 2030, respectivamente, gracias, entre otros factores, al relevante papel que jugará la reindustrialización. La generación de empleo, que se reparte por todos los sectores económicos, tendrá especial incidencia en industria, energía o construcción.
IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Además, la integración de renovables y el incremento de la eficiencia energética redundarán en menores costes para hogares y empresas: el gasto energético medio de las familias equivalía al 7,8% de su presupuesto en 2019, y gracias a las medidas del PNIEC 23 bajará hasta un 5,7% al final de la década, de acuerdo con los escenarios de precios barajados por la Comisión; el beneficio será mayor para los hogares con menores ingresos, que verán incrementada su renta bruta disponible en mayor proporción.
A las aportaciones positivas en términos económicos, se añaden otros beneficios adicionales, como la disminución de las emisiones de contaminantes atmosféricos, como las partículas o los óxidos nitrosos, que mejorará notablemente la calidad del aire. Las muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica se reducen aproximadamente la mitad con relación a 2019.
El PNIEC 2023 ha incorporado medidas transversales que integran las sinergias con otros documentos de planificación o estrategias en materia de medio ambiente, como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Planificación Hidrológica, el Reto demográfico o la igualdad de género, afianzando y potenciando la materialización de la agenda verde del Gobierno.
En definitiva, la actualización del PNIEC 2023-2030 eleva la ambición climática y la capacidad de España para captar las oportunidades de la transición ecológica en materia de empleo, actividad económica, competitividad, salud pública y bienestar, a la par que protege el medio ambiente y combate el calentamiento global.
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
REGULACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DEL MAR
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables ubicadas en el mar, el marco normativo de referencia para desarrollar este tipo de instalaciones de un modo participativo y flexible, de modo que se maximicen sus externalidades positivas, como la generación de empleo e industria, a la vez que se minimicen los impactos ambientales.
El real decreto afecta a las instalaciones eólicas marinas y a otras energías renovables que se puedan ubicar en el mar o que aprovechen su energía, como la undimotriz, y establece una excepción al ámbito liberalizado de la generación eléctrica. Efectivamente, garantiza, mediante concursos, que sólo se materializarán las instalaciones eólicas marinas en las Zonas de Alto Potencial (ZAPER) identificadas para ello en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).
Estos procedimientos de concurrencia competitiva permitirán otorgar a la vez el Régimen Económico de Energías Renovables, la reserva de capacidad a la red de electricidad en un nudo concreto y la prioridad en el otorgamiento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Los proyectos, en todo caso, seguirán sometiéndose a los requisitos ordinarios, como obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva o cumplir hitos y plazos de tramitación.
Diálogo público entre promotores y actores afectados
Adicionalmente, atendiendo a la gran complejidad de los proyectos en el mar, la norma establece una fase de diálogo público entre los promotores y los sectores afectados para incrementar las externalidades positivas, el desarrollo industrial de las regiones costeras próximas y la coexistencia de las instalaciones de generación con otros usos de las aguas, como la navegación.
Cada procedimiento de concurrencia competitiva estará regulado por una Orden ministerial que incluirá elementos como el área de las ZAPER donde se van a ubicar las instalaciones y los nudos de conexión, el cupo de potencia, los parámetros retributivos o el plazo de concesión. Entre otros criterios de adjudicación se podrán incluir, entre otros, la minimización del impacto ambiental y del espacio ocupado, la generación de empleo local, el uso de materiales reciclados o medidas para favorecer la compatibilidad con otros sectores, como la pesca. Hasta un 30% de los criterios no tendrá carácter económico.
Esta misma Orden ministerial establecerá las bases del diálogo público entre los promotores y los actores afectados, que podrá atender a elementos como las áreas de ubicación y los requisitos del concurso, los elementos del diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de las instalaciones, o los criterios de ponderación.
Tras la celebración de este diálogo, otra Orden ministerial convocará el concurso, estableciendo el calendario y otros elementos, y podrá incluir modificaciones de los parámetros y criterios derivadas del diálogo público celebrado. La evaluación de las solicitudes le corresponderá a una comisión técnica integrada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Tecnologías innovadoras y en Puertos de Estado
La participación en el procedimiento de concurrencia competitiva no se requerirá para el desarrollo de determinadas instalaciones renovables marinas innovadoras ni para aquellas ubicadas en los Puertos de Interés General del Estado, que seguirán el procedimiento de tramitación ordinario. Estas instalaciones podrán ubicarse fuera de las ZAPER.
Para poder acogerse a esta excepción, será necesario que las instalaciones innovadoras sean menores de 50 MW en el caso de la eólica y de 20 MW en el de otras tecnologías. Asimismo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, deberán acreditar su carácter innovador, salvo que se solicite la autorización administrativa por un periodo máximo de cinco años y en el caso eólico las instalaciones estén integradas por un único aerogenerador.
En el caso de las instalaciones ubicadas en los Puertos de Interés General del Estado, sólo podrán autorizarse aquellas que no afectan a las operaciones portuarias y tengan usos experimentales o para consumo de los usuarios del puerto.
El real decreto también deroga la anterior regulación para las energías del mar, el Real Decreto 1028/2007, y prevé, con carácter general, al archivo de las solicitudes de tramitación presentadas al amparo de dicha norma.
España, bien preparada para las energías del mar
España ya es un líder global en el ámbito de las energías renovables y está particularmente bien preparada en el caso de las incipientes energías marinas; cuenta con potentes sectores eólico y naval, y es un polo de referencia europeo de I+D para el diseño, escalado y demostración de nuevas tecnologías: España es el socio europeo con más instalaciones de I+D, como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), la Plataforma de Energía Marina de Vizcaya (BiMEP).
La Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, y la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, establecen los objetivos de alcanzar hasta 3 GW de eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas en el horizonte 2030. Este desarrollo, ordenado, respetuoso con el medio ambiente y compatible con otros usos y actividades en el mar, generará una importante actividad económica y permitirá crear unos 40.000 puestos de trabajo.
Para alcanzar los objetivos de desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, los POEM, un instrumento de zonificación para los distintos usos del mar (pesca, navegación, producción energética…), incluyen 19 ZAPER para la instalación de aerogeneradores marinos, con 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, el 0,46% de las aguas marinas de soberanía o jurisdicción nacional.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
COMISIÓN INTERMINISTERIAL PLAN DE ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que tendrá como objetivo el seguimiento del desarrollo de los ejes, líneas de acción y medidas que lo integran.
Este plan persigue materializar y profundizar en las recomendaciones adoptadas al respecto por la Comisión Europea en 2020 y 2023, reforzando la transparencia de nuestra democracia, y desarrollándose sobre tres ejes de actuación: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.
Las reuniones de la comisión, que tendrán una periodicidad al menos de carácter trimestral, no suponen aumento del gasto público.
Tendrá las siguientes funciones:
- El impulso y coordinación de las medidas que haya de adoptar la Administración General del Estado en el seno del Plan de Acción por la Democracia.
- El seguimiento periódico de las propuestas y actuaciones de los Departamentos ministeriales, y de sus organismos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes, así como del grado de cumplimiento de las mismas.
- La formulación de propuestas de modificación del contenido del Plan conducentes a su mejora y al cumplimiento del mismo.
- La realización de evaluaciones intermedias y de la evaluación final del impacto del Plan, basada en los indicadores del grado de cumplimiento previstos en las distintas medidas que se ejecuten o desarrollen.
- La promoción de la colaboración con las restantes instituciones participantes en el Plan.
La comisión estará presidida por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y formará parte de ella: el Ministerio de Cultura que ejercerá la vicepresidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Secretaría de Estado de Comunicación.
La comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
EL GOBIERNO APLAZA LA TRAMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PARA ALCANZAR UN ACUERDO
- La medida permite dar más tiempo al diálogo para lograr un acuerdo que sería beneficioso para todas las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
- El Gobierno está comprometido en garantizar los recursos a todos los territorios como demuestra que la senda aplazada ofrecía 12.000 millones de euros más de capacidad de gasto a las autonomías y las entidades locales para reforzar el Estado de Bienestar.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se aplaza la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el periodo 2025-2027 adoptados por el Consejo de Ministros el 10 de septiembre.
El objetivo que persigue el Gobierno con este aplazamiento de la tramitación de la senda es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. El Ejecutivo quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al darles más capacidad de gasto para reforzar los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia.
En este sentido, cabe recordar que la senda de estabilidad presentada por el Gobierno y que fue avalada por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio, flexibiliza los objetivos de déficit para las comunidades y los ayuntamientos en 2025 y 2026.
En concreto, la senda planteada por el Gobierno ofrece dos décimas más de margen fiscal cada año a las autonomías. En el caso de las entidades locales suponía una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026, respecto a la senda anterior vigente. En total, implica casi 12.000 millones de euros más de capacidad de gasto a CCAA y ayuntamientos, que podrían destinar a reforzar el Estado de Bienestar.
Ese mayor margen lo asumiría la Administración Central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit, como ya ocurre los últimos años. Por tanto, el objetivo del Gobierno con el aplazamiento aprobado hoy es avanzar hacia un acuerdo que siga bajo esa misma premisa.
La decisión adoptada hoy es un ejercicio de responsabilidad de un Gobierno que mira por el interés general y busca mejorar la vida de los ciudadanos preservando los recursos para la sanidad, la educación o la dependencia en todos los territorios.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA ORGANIZACIÓN DE MONDIACULT 2025
El Consejo de Ministros ha acordado crear la Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2025), el principal encuentro internacional sobre políticas culturales. En él se reúnen los ministros de cultura de los 194 Estados Miembros de la UNESCO y se define la agenda mundial en donde la cultura se coloca en el centro de la Agenda Global de Desarrollo.
El pasado 2 de febrero de 2024 UNESCO anunció que España sería el país sede de la próxima reunión de MONDIACULT, que tendrá lugar en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025, y girará en torno a dos grandes ejes: Inteligencia Artificial en el ámbito de la cultura y Cultura de Paz. Asimismo, UNESCO presentará el primer informe mundial sobre el estado de la cultura.
Para la organización de este encuentro se hace necesaria la creación de la Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO (MONDIACULT 2025) adscrita a la Secretaria de Estado de Cultura del Ministerio de Cultura, como grupo de trabajo de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Vicepresidencia de la Comisión Interministerial le corresponderá al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Son vocales en la Comisión: la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, el Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Embajador de España ante la UNESCO.
Educación, Formación Profesional y Deportes
NUEVO TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD), ha dado luz verde a un nuevo título de Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, perteneciente a la familia de Seguridad y Medio Ambiente.
La competencia principal de esta nueva formación de Grado Superior y de 2.000 horas de duración, consiste en participar en la prevención de riesgos laborales asesorando y apoyando a la estructura de la empresa en la actividad laboral y en los desplazamientos para su realización. Asimismo, recoge el proceso de identificación de los riesgos, evaluándolos y planificando el desarrollo de las medidas de seguridad para la prevención y protección de la salud de las personas trabajadoras.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes continúa actualizando permanentemente y ampliando la oferta formativa de Formación Profesional para responder a las necesidades de los perfiles laborales de los distintos sectores productivos. Una tarea que lleva a cabo con la ayuda de expertos de las principales empresas de cada sector en el marco de los llamados Hubs por la Formación Profesional que está impulsando.
Actualmente, el MEFPD está trabajando en el diseño de más de una treintena de nuevas titulaciones como las relacionadas con servicios de computación en la nube, inteligencia artificial y Big Data, fabricación eléctrica en la industria aeronáutica o ilustración técnica para la industria aeroespacial, entre otros.
Con este nuevo título aprobado, ya son 43 las nuevas formaciones de reciente creación. Está previsto que, en los próximos meses, el Ejecutivo dé luz verde al nuevo catálogo de Formación Profesional con más de 9.000 formaciones de diversa tipología y duración. Se trata de un amplio abanico de ofertas al servicio de las necesidades de la población activa para garantizar el aprendizaje permanente.
Industria y Turismo
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa de subvenciones en materia de propiedad industrial por parte del Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), durante el ejercicio presupuestario 2024, por un importe total de 275.000 euros.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas son la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). Las actuaciones subvencionadas son:
A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA):
- Campañas, estudios y colaboraciones para la concienciación y sensibilización sobre la importancia de los derechos de propiedad industrial y/o la lucha contra las falsificaciones.
- Análisis sobre noticias y temas de interés en redes sociales relacionados con las vulneraciones de Derecho de Propiedad Industrial.
- Celebración de foros, conferencias, eventos o seminarios sobre propiedad industrial. Importe: 150.000 euros.
A la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE):
- Programas de formación y sensibilización en materia de marcas y otros activos de propiedad industrial.
- Conferencia Anual del FMRE (25º aniversario).
- Informes, publicaciones y estudios sobre marcas, diseños, propiedad industrial e innovación. Importe: 125.000 euros.
El plazo para la realización de las actividades subvencionables objeto de este real decreto será el comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
Agricultura, Pesca y Alimentación
AYUDAS AL SECTOR GANADERO PARA PARA COMBATIR ENFERMEDADES ANIMALES
El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas para el sector ganadero por valor de 23.092.501,35 euros destinadas a compensar los gastos ocasionados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), financiar el Programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina y la compra de vacunas contra el serotipo 8 de la lengua azul.
Ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas para compensar al sector ganadero por los perjuicios económicos ocasionados por la EHE y ha autorizado la distribución de fondos por valor de 15 millones de euros entre las comunidades autónomas para combatir las pérdidas por esta enfermedad.
Las ayudas irán destinadas a compensar por las pérdidas de animales, por la desinsectación de las explotaciones y por los gastos veterinarios incurridos por el ganadero para luchar contra esta enfermedad, entre los que se incluyen los desembolsos para la adquisición de vacunas para aquellos ganaderos que decidan voluntariamente utilizarla.
Con estas subvenciones, el Gobierno refuerza con fondos nacionales las ayudas establecidas por las comunidades autónomas para combatir esta enfermedad, lo que movilizará fondos adicionales, hasta un total de 30 millones de euros, ya que se trata de medidas que deben ser cofinanciadas al 50 %.
De esta forma, el Gobierno cumple con su compromiso anunciado en el Foro Nacional de la Ganadería Extensiva, celebrado en Toledo en mayo, de poner en marcha un programa nacional de apoyo económico a los ganaderos afectados por la EHE.
La enfermedad hemorrágica epizoótica apareció en España en 2022 y ha tenido un importante impacto en el ganado vacuno en la mayor parte del país a lo largo de 2023 y 2024. Es una enfermedad transmitida por mosquitos que no afecta a las personas y que puede causar la muerte de los animales, si bien la mortalidad media está en torno al 1 %.
Para combatirla, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió también en el citado foro de Toledo a trabajar con las empresas farmacéuticas, para poner a disposición del sector una vacuna eficaz. El impulso del Gobierno ha permitido que esta vacuna esté disponible desde el pasado mes de agosto y puede utilizarse de manera voluntaria.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la territorialización de 7 millones de euros para apoyar el Programa nacional de erradicación de tuberculosis bovina, de esta forma el Gobierno complementa la financiación de la Unión Europea y se asegura el correcto funcionamiento de un programa básico para la salud pública y para la sanidad de las explotaciones ganaderas.
De igual forma, el Gobierno ha aprobado la distribución de fondos a las comunidades autónomas para el Programa nacional de erradicación de la tuberculosis bovina en la comunidad autónoma de Castilla y León, por un importe de 578.816 euros, para cubrir el 50 % del total de los gastos realizados.
También ha autorizado destinar 513.685 euros para apoyar el 50 % del coste de la vacunación del serotipo 8 de la lengua azul en Cataluña.
La ratificación de la distribución territorial entre las comunidades autónomas de los fondos se llevará a cabo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Distribución por comunidades autónomas
| CCAA | Erradicación tuberculosis bovina | Tuberculosis bovina en CyL | Vacunas lengua azul (serotipo 8) | Apoyo EHE | Total |
| Andalucía | 1.146.487 | 1.101.737 | 2.248.224,00 € | ||
| Aragón | 133.704 | 350.104 | 483.808,00 € | ||
| Principado de Asturias | 192.200 | 952.550 | 1.144.750,00 € | ||
| Illes Balears | 14.392 | 14.392,00 € | |||
| Canarias | 23.677 | 23.677,00 € | |||
| Cantabria | 284.121 | 1.089.548 | 1.373.669,00 € | ||
| Castilla La Mancha | 769.448 | 641.694 | 1.411.142,00 € | ||
| Castilla y León | 1.871.856 | 578.816,35 | 4.345.610 | 6.796.282,35 € | |
| Cataluña | 246.981 | 513.685 | 250.000 | 1.010.666,00 € | |
| Extremadura | 1.704.262 | 2.929.005 | 4.633.267,00 € | ||
| Galicia | 348.930 | 2.819.625 | 3.168.555,00 € | ||
| La Rioja | 51.532 | 72.815 | 124.347,00 € | ||
| Comunidad de Madrid | 106.282 | 328.208 | 434.490,00 € | ||
| Región de Murcia | 32.776 | 20.103 | 52.879,00 € | ||
| C. Valenciana | 73.352 | 99.001 | 172.353,00 € | ||
| TOTAL | 7.000.000 | 578.816,35 | 513.685,00 | 15.000.00000 | 23.092.501,35 € € |
Con estas medidas, el Gobierno contribuye a mantener el elevado nivel sanitario de la cabaña ganadera española, reconocido a nivel mundial, que permite a los productos españoles estar presentes en los mercados de todo el mundo.
Política Territorial y Memoria Democrática
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA VARIOS APARTADOS DE LA LEY DE LA RIOJA DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS PARA 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 13/2023, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024.
La impugnación se solicita instando la suspensión de los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la citada Ley en el ámbito de la contratación pública.
Fundamentos jurídicos del recurso
El artículo 149.1.18ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre «las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas».
Dentro de esta «legislación básica» se encuentra la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en materia de contratación pública -entre otras normas- la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
El artículo 12.1 de la ley autonómica declara, por su parte, la aplicación de la tramitación de urgencia, en los términos previstos en el artículo 33 Ley de Procedimiento Administrativo Común, de todos los procedimientos administrativos de ejecución de gastos cuando éstos se hagan con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Debe entenderse que el artículo 12, apartados 1 y 2, de la ley autonómica resulta incompatible con las bases estatales a las que se refiere el artículo 149.1.18ª de la Constitución, tanto en materia de procedimiento administrativo común como de contratación pública, al establecer una aplicación del procedimiento de urgencia con base en la fuente de financiación, para todos «los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación», sin necesidad de que ésta esté fundamentada en los supuestos previstos en los artículos 119 de la Ley de Contratos del Sector Público y 50 del Real Decreto-ley 36/2020.
El Gobierno considera que concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la citada Ley de La Rioja 13/2023, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024.
Política Territorial y Memoria Democrática
IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO Y EL PROTOCOLO DE CANARIAS SOBRE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución respecto de los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, de 2 de septiembre de 2024, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, de 10 de septiembre de 2024, que establece el Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Estas actuaciones del Gobierno de Canarias, adoptadas este mismo mes de septiembre, se han aprobado con la pretensión de renunciar a sus obligaciones constitucionales y estatutarias de protección y tutela a los menores migrantes no acompañados, exigiendo al Estado que sea quien se haga cargo de tales competencias, e incumpliendo gravemente la protección de los derechos de los menores.
Ante esta situación, el Consejo de Ministros del pasado martes solicitó dictamen al Consejo de Estado para proceder a la impugnación de dichas actuaciones, al efecto de proponer un conflicto positivo de competencias. El Consejo de Estado ya ha emitido dictamen y considera, por unanimidad, inconstitucionales las actuaciones del Gobierno canario por distintas vulneraciones competenciales, apreciando, además, que se vulneran los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas, por lo que ha señalado que la vía de impugnación adecuada es el procedimiento regulado en el título V (artículos 76 y 77) de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, que tiene por objeto la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas, "sea cual fuere el motivo en que se base", y permite por ello alegar, como ha reconocido la jurisprudencia, motivos sustantivos y competenciales al mismo tiempo conforme el artículo 161 de la Constitución.
Vulneraciones constitucionales, estatutarias y legales
A través de las dos actuaciones citadas -especialmente la Resolución que aprueba el Protocolo- se incurre en una serie de transgresiones del ordenamiento jurídico que se sintetizan en los puntos siguientes:
- Trata de limitarse la competencia autonómica en materia de protección de menores a los menores en situación de desamparo, y no a todos los menores, en relación únicamente con las personas menores extranjeras no acompañadas en el territorio de Canarias. Se desvirtúa así la distribución constitucional de competencias, tratando de modificar el bloque de la constitucionalidad mediante dos actos administrativos.
- Trata de limitarse el ejercicio de las competencias autonómicas en relación con las personas menores extranjeras no acompañadas en el territorio de Canarias, de modo que ninguna competencia corresponda a la Comunidad Autónoma sobre ellas hasta el momento en que hayan sido cumplimentadas distintas actuaciones y requisitos establecidos en los dos actos administrativos impugnados vulnerando la normativa estatal y autonómica, en los términos que sean apreciados por la Administración autonómica unilateralmente. De este modo, solo cuando se hayan realizado las actuaciones de la que se denomina "fase primera", podrá la Comunidad Autónoma iniciar el ejercicio de sus competencias.
- Trata de limitarse el ejercicio de las competencias autonómicas en relación con las personas menores extranjeras no acompañadas en el territorio de Canarias, de modo que corresponda en cualquier caso a la Comunidad Autónoma la capacidad de denegar la recepción del menor si considera que no se ha puesto el menor a su disposición de manera adecuada, o que no dispone de los medios adecuados para su atención, reservando a la Administración autonómica la capacidad para decidir discrecionalmente sobre esta cuestión de manera unilateral.
- Trata de modificarse el concepto jurídico de desamparo, pese a tratarse de un concepto que debe definir el Estado legislativamente en ejercicio de sus competencias exclusivas de legislación civil y de extranjería (cuando se trata de personas menores extranjeras no acompañadas). Se vulnera para ello la propia legislación canaria de protección de menores, además de distinta normativa estatal.
- Se atribuye mediante dos actos administrativos la guarda legal de los menores en el territorio de Canarias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos en que hayan ingresado al territorio canario a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de personal de la Administración General del Estado, discriminándoles en relación con cualquier otro menor, y excluyéndoles del ámbito competencial de la Administración autonómica.
- Se establece mediante las actuaciones impugnadas una verdadera regulación de cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias exclusivas y de la Fiscalía, pese a carecer de ninguna competencia para tales previsiones.
- Como consecuencia de todo ello, todas estas actuaciones finalmente se justifican en la protección del interés superior del menor, pese a que se ocasiona objetivamente la vulneración de los derechos de los menores y, en particular, los establecidos en la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989, que declara que "los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado", a través de su "colocación en instituciones adecuadas de protección de menores" (artículo 20), y obliga a los Estados a adoptar medidas "contra cualquier forma de abandono" (artículo 39).como ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado. Se produce así el riesgo de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Reino de España en relación con la protección de menores, puesto que tal protección debe alcanzarse en el marco, y no al margen, de la distribución constitucional de competencias.
Conclusión
En consecuencia, procede solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad de las actuaciones impugnadas, y que se garantice la protección de los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas, declarando la competencia autonómica para la protección de todos los menores en su territorio, estén o no bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de otros servicios estatales, remitiendo el concepto de desamparo a lo dispuesto en la legislación civil del Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.8ª de la Constitución, y excluyendo las actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado y del Ministerio Fiscal del ámbito considerado en el Protocolo autonómico, que habrá de atender además a las previsiones establecidas por el Estado para la coordinación de la competencia de extranjería (artículo 149.1.2ª de la Constitución) con los restantes títulos competenciales afectados de acuerdo con dicha competencia estatal, con el principio de colaboración o con el principio de supraterritorialidad cuando así proceda.
Hay que recordar también que el 20 de septiembre de 2024, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Tenerife, dictó auto en el que, a solicitud del Ministerio Fiscal, acordó la suspensión de la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de 10 de septiembre de 2024, por la que se establece el Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados.
El Gobierno de España, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, procede a la impugnación de las actuaciones descritas, sin perjuicio de que el Protocolo se encuentre ya suspendido por Auto del TSJ de Canarias a petición del Ministerio Fiscal. El Gobierno toma la decisión de actuar inmediatamente para garantizar la protección del interés superior del menor, así como la participación del Estado en el proceso constitucional correspondiente, dado que está en cuestión el cumplimiento de los derechos de los menores de acuerdo con la Constitución española, además del régimen de distribución constitucional de competencias.
Se invoca por ello la suspensión prevista en el artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que el Tribunal Constitucional proceda a acordar también la suspensión de las actuaciones impugnadas por el Gobierno de España, que además del Protocolo, incluyen tres puntos (segundo, tercero y sexto) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024.
El Gobierno mantiene abierta la vía de negociación
El Gobierno actúa en defensa de la Constitución, el Estatuto y la legislación, sin perjuicio de mantener abierta permanentemente la vía de colaboración y la negociación para tratar de resolver las discrepancias. En el Acuerdo de 17 de septiembre se previó también proponer la convocatoria a la Comunidad Autónoma de Canarias de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, para el estudio de las discrepancias planteadas.
Política Territorial y Memoria Democrática
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DAÑADAS POR FENÓMENOS ADVERSOS EN MADRID, TOLEDO Y CUENCA
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de tres subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial, en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2023.
Las subvenciones irán destinadas a las siguientes administraciones públicas:
- Comunidad de Madrid, por importe de 22.287.236,90 euros.
- Diputación Provincial de Toledo, por importe de 15.961.487,28 euros.
- Diputación Provincial de Cuenca, por importe de 12.133.266,70 euros.
Antecedentes
El Consejo de Ministros del 25 de septiembre de 2023, aprobó el acuerdo por el que se declara "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" el territorio afectado como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos e incendios forestales acaecidos en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia, entre el 6 de julio de 2023 y el 3 de septiembre de 2023.
El apartado tercero del citado acuerdo dispuso que a los proyectos relacionados con dichos siniestros que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, se les aplicará la tramitación de urgencia, siempre y cuando se cumplan los requisitos y en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste.
En aplicación de esta medida, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mediante Resolución de 10 de abril de 2024, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, aprobó la convocatoria de las subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes y culminada la instrucción del procedimiento, se ha formulado propuesta de resolución en la que, entre otras, se contempla la asignación de subvenciones a las tres instituciones mencionadas.
Al superar los importes de las subvenciones mencionadas los 12 millones de euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se requiere que el Consejo de Ministros autorice su concesión.
Vivenda y Agenda Urbana
PLAN DE VIVIENDAS PARA EL ALQUILER ASEQUIBLE
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a transferir 260 millones de euros más a SEPES (Entidad Pública Estatal de Suelo) para financiar las actuaciones de promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social, dentro del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible.
La transferencia de MIVAU a SEPES es clave para avanzar en el desarrollo de las 18 actuaciones que forman parte este plan. Entre ellas una de las actuaciones de regeneración urbana más importantes a nivel estatal por su dimensión, repercusión e impacto. Se trata de Campamento en Madrid, donde se construirán más de 10.700 viviendas.
El pasado 30 de julio SEPES entregó la iniciativa urbanística de Campamento para su trámite al Ayuntamiento de Madrid y este mismo martes se aprueba en Pleno. Este paso junto a la inminente firma del convenio con el consistorio madrileño para el soterramiento de la A-5 hasta la Avenida de la Aviación, suponen un avance que da certezas sobre el ansiado desarrollo de la ciudad por el suroeste permitiendo la reconversión de los antiguos cuarteles en un nuevo barrio con viviendas en condiciones asequibles.
A través del MIVAU y de SEPES, la actuación de Campamento recupera para Madrid una gran superficie de suelo público que ha perdido su uso y supone una oportunidad para favorecer la inversión pública y la ejemplaridad en el desarrollo urbano. Campamento incide en el reequilibrio territorial de la ciudad y favorece el acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía.
Las 10.700 viviendas se construirán en el 25% del suelo disponible, el 75% restante será para viales, espacios de disfrute para la ciudadanía y zonas verdes que facilitarán la cohesión social. Una actuación que se desarrollará teniendo en cuenta todos los parámetros de calidad de la arquitectura con una apuesta por las energías renovables, la descarbonización y la movilidad sostenible.
Economía, Comercio y Empresa
ACTUALIZACIÓN DE LAS PREVISIONES ECONÓMICAS HASTA 2026
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha actualizado el escenario macroeconómico y las previsiones económicas hasta 2026. Las nuevas previsiones tienen en cuenta las nuevas series actualizadas de la Contabilidad Nacional Anual realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, que incorpora tanto la revisión anual ordinaria de los años 2021, 2022 y 2023, así como la revisión quinquenal extraordinaria que afecta a toda la serie hacia atrás.
Esta revisión de las tasas ha supuesto un incremento adicional del crecimiento acumulado de 1,1 puntos porcentuales entre 2019 y 2023 y un incremento de más de 36.400 millones de euros del PIB nominal.
En consonancia con esta revisión y con la información disponible, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha actualizado el escenario macroeconómico hasta 2026, con una mejora de las previsiones de crecimiento para los tres años. Las nuevas estimaciones recogen la sólida evolución de la economía española que registra un crecimiento más fuerte, más equilibrado y más responsable.
De esta forma, se eleva la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) tres décimas para 2024 hasta el 2,7%, en línea con las revisiones al alza que han llevado a cabo los organismos nacionales e internacionales en los últimos meses. Asimismo, este mayor dinamismo se mantendrá en los próximos años, con una revisión al alza de dos décimas en la previsión de crecimiento en cada uno de ellos, hasta el 2,4% y el 2,2% respectivamente.
España seguirá siendo de esta forma una de las economías más dinámicas de la zona euro, con un crecimiento superior al de los principales países europeos.
Se trata de un crecimiento equilibrado gracias al dinamismo del empleo, la positiva evolución del consumo y la inversión y la fortaleza del sector exterior, especialmente de las exportaciones.
El consumo privado será uno de los principales motores del crecimiento, con tasas de crecimiento en el entorno del 2% a lo largo de todo el periodo. Esta positiva evolución del consumo privado se apoya, especialmente, en el buen comportamiento del mercado laboral.
Se mantiene el dinamismo del mercado laboral que permitirá crear alrededor de 500.000 empleos al año y superar los 22 millones de ocupados el próximo año, a la vez que se sigue reduciendo la tasa de paro, que se situará por debajo del 10% en 2026.
Un crecimiento de la ocupación que viene acompañado de la mejora de la productividad por hora todos los años, y el aumento de la remuneración por asalariado, que crecerá por encima de la inflación, lo que permitirá seguir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores.
La inversión se revisa también al alza y es uno de los elementos principales en la revisión al alza de las previsiones económicas reflejando el impulso y aportación positiva del Plan de Recuperación.
Asimismo, se mantendrá el dinamismo del sector exterior, gracias a la evolución de las exportaciones de bienes y servicios, que mantendrán su tono positivo.
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el marco del Acuerdo sobre Fondos de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas.
El objeto de dicho acuerdo es conceder una subvención directa de 548.410 euros a la FEMP para que promueva un plan de formación destinado al conjunto de empleados públicos de las Administraciones locales del ámbito territorial del Estado.
La subvención se financia con cargo a la partida presupuestaria nominativa del Presupuesto de gastos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) correspondiente al ejercicio 2024.
La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, presidida por la persona titular de la dirección del INAP y en la que están presentes las CCAA, Ceuta, Melilla y la Administración Local a través de la FEMP, así como las organizaciones sindicales, es el órgano encargado de la distribución de los fondos.
En su reunión del 21 de diciembre de 2023, la Comisión adoptó el Acuerdo de Gestión de los Fondos de Formación para el Empleo de 2024, en el que se establece la concesión de 548.410 euros para financiar el citado plan de formación promovido por la FEMP.
BIOGRAFÍAS
Presidencia
Director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
D. ÁNGEL ALONSO ARROBA
Licenciado en Antropología Social y Periodismo por la Universidad de Sevilla. Completó su formación con un máster en Seguridad Internacional por la Universidad de Georgetown gracias a una beca, graduándose con la nota más alta de su promoción. También obtuvo un máster en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y un diploma en Ciencia Política y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, logrando el premio extraordinario a la mejor memoria de investigación.
Antes de incorporarse a La Moncloa, trabajaba como vicedecano y profesor de la Escuela de Políticas, Economía y Asuntos Globales de la IE University. Anteriormente, fue consejero y director del Gabinete del secretario general de la OCDE, organismo internacional en el que trabajó trece años. También ha sido consultor del Banco Mundial en Washington D.C., profesor asociado de SciencesPo-Paris, y embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.
Secretario general de Política Nacional
D. JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Sociales en el Instituto Juan March, y doctor por la Universidad de Harvard, gracias a varias becas.
Es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicas del CSIC, y autor de cuatro libros y más de medio centenar de artículos académicos sobre economía política, calidad democrática y política comparada, algunos de ellos reconocidos con premios de Estados Unidos y Europa. Ha sido profesor en el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals.
Antes de incorporarse a La Moncloa fue asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y director general de Ordenación de la Seguridad Social.
Secretario general de Coordinación Institucional
D. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ
Licenciado en Ciencia Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 2017 e Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla en 1992. Ha realizado un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales en el Instituto San Telmo en 2005, un máster en Gestión Medioambiental en el Instituto de Investigaciones Ecológicas en 1994.
En el Gabinete del presidente del Gobierno, ha desempeñado los puestos de secretario general de Planificación Política del Gabinete del presidente del Gobierno, director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno y director de Análisis y Estudios del Gabinete del presidente del Gobierno.
Ha sido diputado en el Congreso de los Diputados de la XIII, XIV y XV Legislatura.
También ha ocupado el cargo de presidente del Hipódromo de la Zarzuela (2021-2022).
Anteriormente, ha trabajado como técnico responsable del Gran Hipódromo de Andalucía (2012-2017), técnico de Medio Ambiente en EMASESA (2010-2011), comisario por la Memoria
Histórica en la Junta de Andalucía (2008-2009), alcalde del Ayuntamiento de Montellano (2003-2008), director de la Fundación Vía Verde de la Sierra (3/5/2000-13/6/2003)y gerente del Consorcio Vía Verde (25/3/1998-2/5/2000).
Director del Departamento de Discurso del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
D. JESÚS JAVIER PEREA CORTIJO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ha sido diputado en las Cortes Generales de la VII Legislatura, miembro de las comisiones de Administraciones Públicas, Agricultura y Cooperación Internacional al Desarrollo, además de portavoz adjunto en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Ha desempeñado los puestos de director general del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación (2020-2021), asesor en Presidencia del Gobierno y jefe de la unidad de Discurso (2022-2023), director general de Discurso y Mensaje en Presidencia de Gobierno (desde 2023). Entre abril de 2021 y junio de 2022 fue titular de la Secretaría de Estado de Migraciones en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Anteriormente ha desempeñado los puestos de director general de Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (2004-2011), asesor parlamentario en el Congreso de los Diputados y asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2020) en la unidad de Discurso y Mensaje de la Presidencia del Gobierno.
Director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
D. BORJA MONREAL GAINZA
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Globalización, Corporaciones Multinacionales y Políticas Públicas por la Universidad de Londres, máster en Gestión Internacional de la Empresa por CECO, y máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos por la Universitat Oberta de Catalunya.
Experto en innovación social y políticas públicas. Antes de incorporarse a La Moncloa, trabajó como director de SIC4Change, una ONG que crea soluciones tecnológicas para abordar problemas sociales. Ha trabajado además para las Naciones Unidas, la Comisión Europea y numerosas ONGs, y ha publicado varios libros y artículos de investigación.
Director del Departamento de Análisis Territorial del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
D. JOSÉ RAMA CAAMAÑO
Graduado en Ciencias Política por la Universidad de Santiago de Compostela con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, y doctorado con distinción cum laude. Su tesis recibió la Mención Especial del Premio Juan Linz del CEPC a la Mejor Tesis en Ciencia Política.
Antes de incorporarse a La Moncloa era profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Anteriormente, fue profesor de Política Comparada en la Universidad Carlos III, profesor de Métodos Cuantitativos en el King's College de Londres, e investigador visitante en la Universidad de Nottingham. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha publicado cuatro libros y más de cuarenta artículos académicos que han recibido premios nacionales e internacionales.
Director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
D. ANTONIO HERNÁNDEZ ESPINAL
Técnico especialista en Publicidad. En el Gabinete del presidente del Gobierno, ha desempeñado los puestos de subdirector general en la Secretaria General de Planificación Política, jefe de la Unidad de Estrategia en la Dirección Adjunta del Gabinete del presidente del Gobierno de España, director general de Asuntos Políticos del Gabinete del presidente del Gobierno de España y subdirector general de la Dirección de Análisis y Estudios del Gabinete del presidente del Gobierno de España.
Directora del Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
Dª. SILVIA CALZÓN FERNÁNDEZ
Licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla, máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública, máster en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra, y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada.
Antes de incorporarse a La Moncloa, fue médico de Atención Primaria, diputada del Parlamento de Andalucía, directora de la CELAD, y secretaria de Estado de Sanidad, desde la que lideró la gestión de la pandemia de Covid-19.
Ha formado parte de varios proyectos de investigación y publicado una docena de artículos académicos.
Educación, Formación Profesional y Deportes
Directora general de Planificación y Gestión Educativa
Dª. SUSANA TEJADILLOS PERONA
Pertenece al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria (especialidad de Matemáticas) desde 2024 y al de Profesores de Enseñanza Secundaria de Matemáticas desde 2005.
Desde 2012 ha sido docente en el IES Jérica-Viver, donde ocupó los cargos de jefa de estudios (2014) y de directora (desde 2015).
Ha participado como ponente en diferentes cursos relacionados con la formación para el desarrollo de la función directiva, la escuela inclusiva, la transición entre etapas en el sistema educativo, la codocencia y el aprendizaje cooperativo.
Su formación ha estado centrada en la innovación educativa, aprendizaje basado en proyectos, la mejora de convivencia en el centro educativo y la coordinación docente y de equipos directivos y gestión de centros de secundaria.
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
Dª. MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ
Es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia. Tras cuatro años de investigación en Genética Molecular en la Universidad de Murcia, también en el Instituto de Bioquímica de Leipzig (Alemania), obtuvo el grado de licenciada en investigación con la tesis de Licenciatura, varias publicaciones y el Diploma de Estudios Avanzados en Genética molecular de hongos.
Desde 2011 a 2019, fue diputada nacional, siendo portavoz de tecnología del Grupo Parlamentario Socialista durante la X legislatura, y portavoz de ciencia e innovación durante la XII legislatura.
Entre otras responsabilidades, fue miembro de la dirección del PSOE desde 2008 hasta 2016, liderando las áreas de tecnología, ciencia e innovación de las distintas comisiones ejecutivas:
De 2014- 2016, secretaria de ciencia, participación y política en red. De 2012- 2014, secretaria de participación, redes e innovación. Y de 2008- 2012, secretaria de innovación y nuevas tecnologías.
Es funcionaria del cuerpo de profesores de secundaria, especialidad de Física y Química, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Desde octubre de 2022 ocupaba el cargo de Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
D. ANTONIO HERNANDO VERA
Es licenciado en Derecho y Máster en Comercio Internacional.
Entre 1992 y 2021 ejerció la abogacía, especializándose en derecho de extranjería y asilo. Entre 2001 y 2004 trabajó como asesor en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. En 2004 fue elegido diputado por Madrid, permaneciendo en el Congreso de los Diputados hasta marzo de 2019. Como diputado fue miembro de la Comisión de Investigación de los Atentados del 11-M. También ejerció como portavoz del grupo parlamentario socialista en las comisiones de Inmigración y Emigración, Interior y Seguridad Nacional. Ocupo la vicepresidencia de la Comisión de Interior y fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con Pedro Sánchez. Entre 2019 y 2021 impartió cursos de comunicación política y políticas migratorias, participando en diferentes medios de comunicación. También fue director general de la consultora Acento Asuntos Públicos. Desde octubre de 2021 a junio de 2023 ocupó la dirección adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Ha sido diputado por Almería en el Congreso de los Diputados del 23 de julio al 27 de noviembre 2023. Desde noviembre de 2023 a septiembre de 2024 ha sido director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.