Referencia del Consejo de Ministros

30.4.2024

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre.
ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del 150 aniversario de la creación de la Intervención General de la Administración del Estado.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2024 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad social número 21, la tramitación anticipada de un expediente de contratación para la realización de obras para la ampliación del edificio de la sede central.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el Ministerio de Sanidad, a fin de posibilitar a la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud la tramitación de contratos de servicios de mantenimiento de equipos para procesos de la información.
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la financiación de gastos de inversión.
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de nuevos gastos en la aplicación presupuestaria 21.06.412D.6 "Inversiones reales".
ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio con la Generalitat de Cataluña para la mejora de la N-260 Eje Pirenaico.
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria la tramitación anticipada de la convocatoria de subvenciones de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar la realización de diversos contratos de capítulo 2 en el Ministerio de Cultura.

Trabajo y Economía Social

Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23, R5). REAL DECRETO por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria a la Organización Internacional del Trabajo para la financiación, en 2024, del proyecto "Mejorar el acceso de las cooperativas a los mercados para alcanzar un trabajo decente y resiliencia en el Territorio Palestino Ocupado", por un importe de 100.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población palestina afectada por la crisis humanitaria provocada por la escalada de violencia en la Franja de Gaza, que dio comienzo el 7 de octubre de 2023, por un importe máximo de 150.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España a la Unión Africana (UA), correspondiente al año 2024, por importe de 2.999.570 dólares estadounidenses.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), por importe de 10.000 dólares estadounidenses.
ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
REAL DECRETO por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2024.
REAL DECRETO por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para el año 2024.

Interior

ACUERDO por el que se autoriza la contratación de los servicios de telecomunicaciones fijas (voz y datos), móviles (voz y datos), de acceso y relación con otras redes públicas y privadas (nacionales e internacionales), así como la gestión integral para la seguridad de las telecomunicaciones de la Dirección General de la Policía, con un valor estimado de 173.553.719 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de una póliza de seguro de accidentes para los tripulantes, así como de responsabilidad civil y daños propios para las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, por importe de 137.750,13 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector CO-03. Córdoba. Valor estimado del contrato: 28.582.289,74 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector CA-01. Cádiz. Valor estimado del contrato: 22.832.266,90 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector O-03. Asturias. Valor estimado del contrato: 27.441.223,28 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la obra de drenaje en El Montico, en la autovía del Cantábrico A-8 (punto kilométrico 394,2) término municipal de Carreño (Asturias), subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 205.188,95 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las actuaciones de reparación de los daños extraordinarios en la Red de Carreteras del Estado a consecuencia de la DANA producida en el mes de septiembre de 2023, en la provincia de Toledo, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 1.894.429,72 euros.

Industria y Turismo

Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, R1). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa, y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministro de Industria y Turismo a efectuar convocatoria para la concesión de las subvenciones dispuestas en el título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, modificado por el Real Decreto 444/2023, de 13 de junio, por importe máximo de 31.878.355,92 euros.

Política Territorial y Memoria Democrática

Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, R1). REAL DECRETO sobre criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales.
Acuerdo por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de Canarias en relación con la Resolución de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de fecha de 27 de febrero de 2024, por la que se declaró la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003 a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote.

Cultura

REAL DECRETO por el que se crea el Comité Organizador de «España País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) 2024».

Economía, Comercio y Empresa

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de impresión, ensobrado y transporte a las oficinas de correos de los sobres correspondientes al primer envío del voto CERA para las elecciones al Parlamento de Cataluña que se celebrarán el 12 de mayo de 2024, por importe máximo de 60.074,08 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de aproximadamente 5.600.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en Cataluña con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña que se celebrarán el 12 de mayo de 2024, por un importe máximo de 271.040 euros.

Sanidad

ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de ecografía para varias comunidades autónomas, centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y organismos de la Administración del Estado, con un valor estimado de 63.459.959 euros.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria anticipada de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por importe global de 82.560.759,22 euros.
Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, R1; C22, R2; C22, R3; C22, I1; C22, I2 y C22, I3). ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 14 de noviembre de 2023, por el que se autorizó la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión", que forma parte del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 1.099.994.178,33 euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la contratación del servicio de formación marítima en los Centros Nacionales de Formación de Bamio e Isla Cristina, así como en las Direcciones Provinciales de A Coruña, Alicante, Almería, Baleares, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Cantabria, Cartagena, Castellón, Ceuta, Gijón, Gipuzkoa, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Valencia, Vigo y Villagarcía, con un valor estimado de 20.517.315,72 euros.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I6). REAL DECRETO por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G.
Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C25, R1). REAL DECRETO por el que se regulan los requisitos a efectos de ser considerado usuario de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, en desarrollo del artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, aprobado por Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en el Estado de Libia a D. JAVIER SORIA QUINTANA.

REAL DECRETO por el que se nombra embajadora de España en la República Checa a Dª. MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ-LAULHÉ.

Economía, Comercio y Empresa

REAL DECRETO por el que se nombra director general de Análisis Económico a D. EDUARDO AGUILAR GARCÍA.

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ASUNTOS GENERALES

Hacienda

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL RÉGIMEN FISCAL DE CANARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.

Mediante este real decreto, se califica como ayuda regional de funcionamiento el diferencial de la deducción por producciones cinematográficas o audiovisuales, aplicable en Canarias, con respecto a la deducción regulada en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, y no como ayuda sectorial.

El artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula, con carácter general, la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.

Por su parte, la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece que dicha deducción podrá ser superior en el caso de producciones realizadas en Canarias.

Ello tiene como consecuencia que las producciones cinematográficas desarrolladas en la Comunidad Autónoma de Canarias disfrutan de una doble deducción: por un lado, la deducción para este tipo de actividades prevista en la normativa general del impuesto sobre sociedades, que coincide con la aplicable en el resto del territorio español y, por otro, una deducción adicional por el hecho de ser desarrolladas en Canarias. Ambas deducciones están caracterizadas como ayudas sectoriales.

En el marco de la normativa sobre ayudas de estado de la Unión Europea, la deducción adicional por inversiones en producciones cinematográficas u obras audiovisuales realizadas en Canarias fue calificada como ayuda sectorial desde el año 2015.

No obstante, por sus propias características, transcurrido el tiempo desde su caracterización inicial, y tras los últimos cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades, el real decreto que aprueba hoy el Consejo de Ministros modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, para recaracterizar el diferencial de deducción canario como ayuda regional de funcionamiento, permitiendo así que siga cumplimiento con su objetivo de compensación de los gastos adicionales incurridos en la producción cultural de obras cinematográficas o audiovisuales en Canarias.

Para tales ayudas el Reglamento UE no establece un límite cuantitativo por régimen de ayudas sino por empresa beneficiaria.

Por otro lado, la nueva configuración se aplica a las deducciones correspondientes a períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2022, para salvaguardar la legítima confianza de los contribuyentes.

Hacienda

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE 150 ANIVERSARIO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del 150 aniversario de la creación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En 2024 se cumplen 150 años de la creación de la Intervención General de la Administración del Estado, mediante un Decreto del entonces ministro de Hacienda, José Echegaray, de 7 de enero de 1874, a la que se asignó, en palabras de la exposición de motivos del Decreto "la alta y noble misión de velar por la exacta aplicación de las leyes y por la guarda y legítima inversión de los caudales, de las rentas y de toda clase de pertenencias del país".

En el devenir histórico de la Intervención General, según resalta esta declaración institucional, hay que destacar la singularidad de una institución que ha permanecido siglo y medio con idéntico nombre y, en esencia, con las mismas funciones con las que fue creada, permanencia que cabe atribuir tanto a las funciones que se le encomendaban como al buen hacer, profesionalidad y esfuerzo de los funcionarios y profesionales que durante todos estos años ejercieron, desarrollaron, mejoraron y adaptaron esas funciones.

De esta forma, la IGAE ha ido adaptando las tradicionales funciones originales de control de la gestión económico financiera y contabilidad pública, para responder a los requerimientos de transparencia y confianza en la gestión pública que han demandado, tanto la propia sociedad española, como las instituciones internacionales a las que España pertenece.

Hoy la contabilidad pública responsabilidad de la Intervención, según destaca la declaración institucional, "es un instrumento fundamental para la toma de decisiones y para facilitar el acceso a la información financiera pública garantizando su transparencia, fiabilidad, integridad y veracidad".

Además, la IGAE como autoridad estadística que elabora las cuentas económicas del conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores, determina las variables que se tienen en cuenta en el desarrollo de la política fiscal común de la Unión Europea.

En el ámbito del control la IGAE tampoco ha sido ajena al impulso reformista y a la necesidad de adaptar, reforzar y mejorar los sistemas y procedimientos de control a una gestión pública cambiante.

De esta forma, según destaca la declaración institucional, se ha producido una evolución, desde un control interno que originariamente solo atendía a cuestiones de legalidad en un marco de control previo, al modelo actual en el que se combinan las distintas modalidades de control, previo y a posteriori, en función de la distinta naturaleza y riesgos a la que está sometida la gestión pública, y su compromiso en la mejora de los procedimientos y técnicas de control, con la adaptación a normas internaciones y la incorporación de estándares internaciones de calidad. Todo ello muestra "el compromiso de la Intervención General con el desempeño de un control interno que sirva con eficacia a los fines para los que está establecido".

Centro puntero en administración electrónica

También se destaca en esta declaración que la Intervención General es hoy un centro "puntero" en materia de administración electrónica y digital, que asume en el ámbito del sector público iniciativas orientadas a la gestión económico-presupuestaria y desarrolla proyectos que representan aportaciones destacables en la implantación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito público.

Según esta declaración, la IGAE "es, igualmente, un ejemplo de apuesta por la transformación digital y un protagonista activo en esta evolución, tanto en la tramitación electrónica de los expedientes, como en el control financiero, con la utilización de técnicas y tecnologías de la información y de análisis de datos e inteligencia artificial en distintos ámbitos de control de la gestión pública".

En este documento se hace mención del papel que representa la Intervención General de la Administración del Estado con sus homólogos de control interno tanto nacionales como supranacionales, en particular como autoridad de control y de auditoría, de los fondos de la Unión Europea en España, contando con el reconocimiento de los servicios de la Comisión Europea por el desarrollo profesional y riguroso de las tareas que se le encomiendan. Y su participación activa en misiones supranacionales en el ámbito de las distintas instituciones financieras multilaterales.

Para conmemorar dicha efeméride, el Consejo de Ministros ha aprobado esta declaración institucional en la que se manifiesta su agradecimiento y consideración a todo el personal empleado público que desde la Intervención General de la Administración ha contribuido y contribuye con su trabajo y profesionalidad al correcto desarrollo de sus funciones.

Hacienda

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA PARA LA MEJORA DE LA N-260 EJE PIRENAICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio con la Generalitat de Cataluña para la mejora de la N-260 Eje Pirenaico.

La Dirección General de Carreteras ha sido la encargada de solicitar esa autorización para modificar los límites y el número de anualidades.

La Disposición adicional centésima vigésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 establece, entre otros, lo siguiente: 'El Estado y la Generalitat de Cataluña suscribirán un Convenio para la ejecución del Plan de actuaciones en el Eje Pirenaico, con una aportación plurianual por parte del Estado prevista que alcanzará un total de 260 millones de euros'.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, y la Generalitat catalana han redactado el borrador del Convenio para la ejecución del Plan de actuaciones en el Eje Pirenaico (N-260).

De acuerdo con lo previsto en el citado borrador, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará las actuaciones hasta un importe máximo de 260 millones de euros, con la siguiente distribución de anualidades:

Año	Importe (€)	Año	Importe (€)
2024	1.000.000	2030	40.000.000
2025	4.000.000	2031	40.000.000
2026	5.000.000	2032	43.500.000
2027	10.000.000	2033	36.500.000
2028	40.000.000	Total	260.000.000
2029	40.000.000

Hacienda

SUBVENCIONES DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SUPRAAUTONÓMICO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la tramitación anticipada de la convocatoria de subvenciones de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 12 de marzo de 2024 se ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de las intervenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información y servicios de asesoramiento, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027.

El órgano instructor de estas subvenciones es la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El FEGA, como organismo pagador, es el responsable de la gestión y control de los gastos, así como de tramitar y aprobar la convocatoria de estas ayudas, que están cofinanciadas al 43% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 57% por el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Actualmente el FEGA está elaborando la Resolución por la que se convocan anticipadamente en el año 2024, para el periodo 2025-2026, las subvenciones de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.

El presupuesto total estimado para esta convocatoria de ayudas es de tres millones de euros. La distribución del gasto por anualidades se llevará a cabo conforme con la siguiente estimación:

			(Importe en euros)
	2025	2026	Total
21.103.414B.780.01 (FEADER)	645.000,00	645.000,00	1.290.000,00
21.103.414B.780.02 (AGE)	855.000,00	855.000,00	1.710.000,00
TOTAL	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00

Estas nuevas necesidades, sumadas a los compromisos ya adquiridos, son las siguientes:

			(Importe en euros)
	2025	2026	2027
Crédito retenido	13.411.601,59	-	9.350.000,00
Nuevas necesidades	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Total necesidades	14.911.601,59	1.500.000,00	9.350.000,00

Trabajo y Economía Social

CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto por el que se desarrolla la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, una norma con la que se actualizan las políticas de empleo al dotar de herramientas de activación adecuadas para mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de servicios de empleo en situaciones de tránsito entre diferentes puestos de trabajo, en desempleo o en cese de actividad a través de servicios garantizados.

El texto aprobado, primer desarrollo normativo de la Ley de Empleo, supone un gran avance en la gran transformación de los servicios dispensados por el Sistema Nacional de Empleo, apoyada en los servicios sistemas de Inteligencia Artificial para abordar la nueva realidad del empleo.

El nuevo real decreto regula el catálogo de diez servicios garantizados y los seis compromisos que deben asumir los demandantes de empleo. Al mismo tiempo, se detallan los seis servicios garantizados y los tres compromisos que han de asumir las personas, empresas o entidades empleadoras.

Supone, en resumen, una herramienta que acompaña a la persona trabajadora a lo largo de su vida laboral, cuando se incorpora al mercado laboral, en caso de que esté en una situación de desempleo, en los tránsitos laborales y formativos.

Igualdad de trato y de oportunidades

El reglamento recién aprobado permitirá garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y ofrecer una oferta integral y permanente de servicios comunes para el empleo atendida por un cuerpo profesionalizado de personas técnicas. También asegura la prestación de los servicios garantizados y la oferta de una adecuada cartera de servicios.

Por supuesto, los distintos servicios públicos de empleo podrán incorporar los servicios específicos o complementarios que no se recojan en esta cartera común.

La nueva norma asegura el contenido mínimo y el alcance de cada uno de los servicios garantizados en la Ley de Empleo. Al mismo tiempo homogeneiza los elementos definitorios del acuerdo de actividad y asegura una mayor coordinación entre todas las administraciones públicas en materia de Políticas Activas de Empleo y mejora de la Empleabilidad.

La cartera común necesaria en cada momento

La cartera común de servicios del sistema nacional de empleo engloba cuatro tipos de servicios:

Servicios para la orientación para el empleo personalizados, integrales e inclusivos: diagnóstico de la situación de la persona usuaria y elaboración de un itinerario personalizado en el plazo máximo de un mes desde que se elabora su perfil. Tendrá tutorización y asesoramiento continuado durante las diferentes transiciones laborales que experimente.
Servicios de Intermediación, colocación y asesoramiento a personas y empresas: como la gestión de las ofertas de empleo; la información y el asesoramiento y las medidas de apoyo a la contratación, la prospección y captación de ofertas de empleo y la identificación de las necesidades de las empresas.
Servicios de Formación en el Trabajo: para la adquisición o mejoras de competencias que mejoren la empleabilidad.
Servicios de asesoramiento para el emprendimiento viable: se trata de asesorar de manera que los proyectos de autoempleo tengan futuro, acompañando las iniciativas que mejor se adapten al perfil de la persona usuaria.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO CON MÉXICO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN

El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

El 14 de octubre de 1977 se firmó en Madrid el "Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos". Posteriormente, el 25 de enero de 1996, se firmó en Madrid el "Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos", en el que se crea el "Fondo Mixto de cooperación técnica y científica México-España". Este Acuerdo Complementario Modificado tiene como objetivo la simplificación y flexibilización del Fondo Mixto, principal instrumento de cooperación bilateral técnica y científica con un país prioritario para la Cooperación Española, según su V Plan Director.

El 9 de marzo de 2022, se firmó ad referendum en México el "Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el Financiamiento de programas y Proyectos de Cooperación", que sustituye al Acuerdo Complementario de 1996, y cuya finalidad es dotar de un marco jurídico acorde que permita la simplificación y flexibilización del Fondo Mixto, ante los retrasos y problemas de ejecución producidos en los últimos años. El 27 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la firma ad referéndum.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACIÓN PALESTINA EN LA FRANJA DE GAZA

El Consejo de Ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población palestina afectada por la crisis humanitaria provocada por la escalada de violencia en la Franja de Gaza, que dio comienzo el 7 de octubre de 2023, por un importe máximo de 150.000 euros.

Desde el 7 de octubre de 2023, la escalada de violencia en la Franja de Gaza está provocando una crisis humanitaria, con más de 27.000 palestinos fallecidos, más de 66.000 palestinos heridos y más de 1,7 millones de desplazados internos.

La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la Comisión Europea recibieron solicitud por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de unidades de potabilización Kärcher por ósmosis inversa para un hospital de campaña que está instalando el CICR en Rafah (Gaza).

La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID firmó el 8 de febrero de 2024 la declaración de emergencia preceptiva y ha procedido al envío de una planta potabilizadora, un generador eléctrico y los consumibles necesarios para su funcionamiento a través del CICR desde Ginebra el día 18 de marzo de 2024.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE ESPAÑA A LA UNIÓN AFRICANA

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España a la Unión Africana (UA), correspondiente al año 2024, por importe de 2.999.570 dólares estadounidenses.

La Unión Africana fue creada en el año 2000 como sucesora de la Organización de la Unión Africana (OUA), fundada en 1963. Además de defender la unidad, solidaridad, soberanía, integridad territorial e independencia de los países africanos, aspira a promover la paz, seguridad y estabilidad en el continente, promoviendo los principios e instituciones democráticos, y los derechos humanos y fomentando el desarrollo sostenible en lo económico, social y cultural, así como la integración de las economías africanas (artículo 3 de la Carta de la Unión Africana).

España es estado observador de la Unión Africana y está unida por excelentes relaciones, reforzadas con un Memorando de Entendimiento firmado el 18 de mayo de 2022.

Los objetivos se corresponden con las prioridades de España para África, y encajan en el marco general de la Política exterior española.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS IBEROAMERICANOS

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar el pago de la contribución voluntaria de 10.000 dólares estadounidenses a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), un programa de la Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de Estado, cuya constitución se aprobó en la VIII Cumbre, celebrada en Oporto en 1998. Se convirtió en Programa en el año 2006, adaptándose al Manual Operativo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

La Red está integrada por los representantes de los archivos diplomáticos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El principal objetivo de la red es promover la cooperación en materia de organización, administración, conservación y utilización de los sistemas de archivos de las cancillerías iberoamericanas, con el propósito de modernizar la administración de los acervos documentales bajo su custodia, y mejorar las prácticas de gestión de documentos en beneficio de los países, las propias cancillerías y los usuarios nacionales y extranjeros.

España, a través de la Secretaría General Técnica del MAUC, ejerce la presidencia de este programa para el período 2022-2024, tal como se acordó en la XXIII Reunión de la Red de Archivos Diplomáticos iberoamericanos, celebrada el 16 de diciembre de 2021. La XXV Reunión de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos se celebró en Montevideo el 6, 7 y 8 de noviembre de 2023.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APROBADO EL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO 2024-2027

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo de tabaco y productos relacionados y minimizar la exposición ambiental a sus emisiones.

Su elaboración ha sido fruto de un trabajo coordinado, con la participación técnica de todas las comunidades autónomas, con el mayor de los consensos sociales y con el respaldo de las sociedades científicas.

El Plan nace con la idea de evitar que los jóvenes empiecen a fumar, para ayudar a los fumadores que quieran abandonar el hábito y para cuidar el aire que todos y todas respiramos.

La prevalencia del consumo de tabaco en España se ha ido reduciendo gradualmente en las últimas décadas, siendo según la Encuesta Europea de Salud 2020, del 22,1%. Esta disminución de la prevalencia sufre descensos más acusados en años donde se implantan medidas enfocadas a la prevención del tabaquismo, como son modificaciones del marco legislativo que impliquen una ampliación de los espacios sin humo, la presión fiscal o restricciones en publicidad y promoción del tabaco. También se observan bajadas en la prevalencia en momentos donde se establecen programas concretos para la cesación del consumo.

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad apuntan a que el tabaco es el causante de cerca de 50.000 muertes al año. Además, su consumo está asociado con a la aparición de 35 enfermedades como la EPOC, el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes.

El plan va a suponer, entre otras cosas:

Equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos y los productos relacionados del tabaco (con y sin nicotina) a la regulación del tabaco tradicional
Aumentar los espacios libres de humo para proteger el derecho a respirar. Cuanto más espacio libre de humo, menos espacio a las enfermedades asociadas al tabaquismo.
Prohibición de los dispositivos de un solo uso relacionados con el tabaco
Impulsar la investigación sobre el tabaquismo y su impacto en la salud, reforzando la evidencia sobre el efecto de los nuevos dispositivos de liberación de nicotina.
Proponer la incorporación a las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud, de aquellos medicamentos que, atendiendo a la evidencia científica y eficiencia económica, son adecuados para el tratamiento de la adicción al tabaco.
Colaborar con las Entidades Locales para impulsar el desarrollo de ordenanzas municipales de prohibición de arrojar colillas en vías públicas y espacios naturales

Gran parte de las medidas se materializarán a través de la modificación legislativa que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en la presente legislatura y que afectará a la Ley 28/2005 y al Real Decreto 579/2017, normativas básicas en materia de tabaquismo.

Transportes y Movilidad Sostenible

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS POSTALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento de los servicios postales para desarrollar los derechos de los usuarios y del propio mercado. Así, mediante la aprobación del real decreto, que desarrolla la regulación de la prestación y del sistema de garantías para permitir un uso eficaz y eficiente de los servicios postales, se completa la normativa del servicio postal universal.

Para ello, además, se fijan como objetivos dotar de agilidad y transparencia a la normativa que regula el acceso de los operadores a la prestación de los servicios postales en el mercado español, así como garantizar el secreto en las comunicaciones postales regulando la intervención de los envíos.

Entre otros aspectos, en materia de derechos de los usuarios de los servicios postales, por ejemplo, se regula el secreto de datos personales y se facilitan las reclamaciones, lo que se traduce, casi indefectiblemente, en obligaciones de los operadores prestadores de estos servicios.

Necesidad de actualización de la normativa

El reglamento postal aprobado busca solucionar posibles situaciones de inseguridad jurídica al acomodarse a la nueva realidad surgida de la Ley postal vigente desde 1 de enero de 2011.

Por lo tanto, y tras la aprobación del Plan de prestación del servicio postal universal en el Consejo de Ministros del 1 junio de 2021, que establece las condiciones en que el operador designado ha de prestar dicho servicio y la metodología de cálculo de la compensación que le corresponda, se considera procedente la aprobación de este nuevo reglamento que genera, además de una mayor seguridad jurídica, un nuevo marco reglamentario que desarrolla y completa la vigente ley.

Novedades incorporadas

En consonancia con el nuevo marco legal, el reglamento introduce novedades, especialmente en la reducción de materias de esta norma.

Así, este reglamento ajusta los aspectos que se refieren al servicio postal universal encomendado por el Estado al operador encargado de garantizarlo, con los niveles de calidad y en las condiciones que fija el Plan de prestación, y por los que ese operador designado recibe la correspondiente compensación por la carga financiera que debe soportar conforme a la metodología contenida en el mismo Plan.

Se exceptúan de esta normativa técnica postal aspectos que hasta ahora estaban tangencialmente regulados en ella, pero cuyo acomodo debe hacerse en las normas que regulan las materias propias del procedimiento administrativo, en particular las especificidades de las notificaciones administrativas y judiciales que las Administraciones públicas y los órganos del Poder Judicial dirigen a los ciudadanos, mediante envíos postales.

Además, el real decreto recoge la transformación de la realidad postal española con la aplicación sistemática de la norma a todos los operadores postales que actúan en el mercado español. Todos los servicios postales en España se proveen en régimen de libre concurrencia y, por tanto, las normas que garantizan los derechos de los usuarios de esos servicios deben aplicarse como obligaciones que tienen que respetar todos los operadores postales.

También se desarrollan, de acuerdo con la ley, el régimen de prestación de servicios postales; el de acceso a la condición de operador postal; el funcionamiento del Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales; y la intervención de los envíos postales y las actuaciones inspectoras.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS DE CÓRDOBA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Córdoba, con un valor estimado de 28,58 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 211,987 km de carreteras del sector nº3 (incluidos 104,480 km de autovía), incluye varios tramos de la autovía A-4 (desde el km 347,550 al km 435,625), varios tramos de las carreteras N-4 y la N-420, así como el enlace entre la A-4 y la carretera CO-31.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la renovación de la cartelería de orientación en pórticos y bandoleras de la A-4 y de la carretera N-420.

Movilidad sostenible

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.

Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos

Reparación Junta de dilatación en autovía A-4 (PK 373)

Reparación de pretil en autovía A-4 (PK 350)

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN CÁDIZ

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, con un valor estimado de 22,8 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 154,505 km de carreteras del sector nº1 (incluidos 103,430 km de autovía) e incluye varios tramos de las autovías A-4 (desde el km 627,800 al km 669), A-48 (desde el km 0 hasta el 36,700), varios tramos de las autovías CA-31, CA 32 y CA-33, y varios tramos de las carreteras CA-37, N-340, N-346, N-349, N-4, N-4A y NR-4, así como varios enlaces en las mismas.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto de contrato la adecuación de cartelería de orientación en varios puntos kilométricos de la A-4, A-48, CA-33, CA-32, CA-31, N-340 y N-349, en provincia de Cádiz.

Movilidad sostenible

Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Características del modelo de conservación

Reparación de malla en autovía A-48 (PK 6)

Triturado de restos vegetales en CA-32 (pk 0)

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN ASTURIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en el Principado de Asturias, con un valor estimado de 27,4 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Los pliegos incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 125,271 km de carreteras del sector nº3, incluidos 55 km de autovía, abarca varios tramos de las autovías A-64 y A-8, y de las carreteras N-632, N-634 y N-634A.

Además, será objeto del contrato la ejecución de la rehabilitación superficial del firme de la calzada derecha de la autovía A-8, entre los puntos kilométricos 355 y 358,300, en el término municipal de Villaviciosa.

Movilidad Sostenible

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Características del modelo de conservación

Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción,  medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Industria y Turismo

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE MOROSIDAD PRIVADA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme y se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. La morosidad es un factor muy pernicioso para la actividad empresarial, especialmente en el caso de las pymes.

Así, las pymes tienen que compensar el coste financiero y la incertidumbre generada por estas prácticas, que perjudican sus proyectos, financiación, capacidad de inversión y solvencia. La Ley Crea y Crece establece que el Ministerio de Industria y Turismo es el encargado de realizar un seguimiento de la evolución de los plazos de pago.

Para este propósito, con periodicidad anual el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada elaborará un informe sobre la situación de los plazos de pago que será presentado y aprobado en el Consejo Estatal de la Pyme.

Entre las funciones del observatorio destacan el seguimiento y evaluación sistemática de la evolución de la morosidad, elaboración del informe anual, elaboración de códigos de buenas prácticas, formulación de propuestas de actuación, seguimiento de las directrices de la UE en esta materia, elaboración, resolución y publicación de un listado de empresas incumplidoras, actuación como órgano consultivo y adopción de sistemas de resolución de conflictos.

El listado de empresas mencionado se elaborará anualmente, a fecha de referencia 31 de diciembre del año anterior, a partir de la información de pago efectivo completo de facturas proporcionada por la AEAT (facturación electrónica). Dejará de ser accesible a los tres meses de su publicación, y no podrá referirse a personas físicas o empresarios a título individual. En todo caso, las empresas incluidas serán notificadas previamente y podrán presentar alegaciones.

Se estima que la norma tendrá un impacto positivo en la economía y especialmente en las pymes, así como en la competencia. El número de empresas afectadas por la norma se estima en 32.500, con un incumplimiento de plazos de pago por parte de unas 23.800 (datos 2023).

Industria y Turismo

COMPENSACIÓN DE LA FACTURA ENERGÉTICA A EMPRESAS ELECTROINTENSIVAS

El Gobierno autoriza 31,8 M€ para compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. El importe máximo autorizado es de 31,8 millones de euros.

Estas ayudas son clave para el sector industrial porque mejora su competitividad y refuerza sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario reindustrializar España.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y buscan compensar parte de los cargos de la factura de electricidad a los consumidores electrointensivos en razón de la intensidad de su uso de electricidad y su exposición al comercio internacional. Se subvencionan gastos ya soportados, correspondientes a 2023, y por tanto no se solicitan garantías. La intensidad de la ayuda puede alcanzar hasta el 85% de los costes soportados.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir con una serie de obligaciones en los ámbitos del consumo, de la gestión de la energía y la eficiencia energética y de la contratación, además de la obligación de mantenimiento del empleo y la actividad productiva.

Política Territorial y Memoria Democrática

CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre Criterios de Funcionamiento de las Conferencias Sectoriales, que tiene por objeto detallar las previsiones relativas a los procedimientos de la toma de decisiones en las conferencias sectoriales previstas en los artículos 147 a 152 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, específicamente en lo que se refiere a la concreción de las decisiones adoptadas mediante actas y certificaciones.

Asimismo, se establecen las normas de funcionamiento para la celebración conjunta de dos o más conferencias sectoriales y se disponen las normas comunes sobre planificación, información al público y seguimiento de la actuación de la Conferencia Sectorial.

Esta propuesta normativa se encuentra en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) tras su modificación mediante Adenda, dentro del proyecto de «Reforma para la modernización y digitalización de la Administración». En particular, da cumplimiento a los compromisos que exigen: permitir la creación de conferencias multisectoriales; detallar los procedimientos de toma de decisiones en las conferencias sectoriales, incluso cuando generen acuerdos de cumplimiento obligatorio; y prever la elaboración, aprobación y publicación obligatorias de los objetivos políticos plurianuales y de los indicadores de resultados, así como mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.

Objetivos

La aprobación de este Real Decreto pretende los siguientes objetivos: mejorar el funcionamiento de las conferencias sectoriales; incrementar la seguridad jurídica en cuanto a las decisiones adoptadas; detallar las exigencias para el cumplimiento de los principios de actuación y relación entre las administraciones públicas en el caso de las conferencias sectoriales, en especial, en relación con los principios de planificación, dirección por objetivos y transparencia; y establecer unas normas básicas de actuación para la reunión conjunta de conferencias sectoriales que ya se produce en la práctica.

Novedades

Las actas de las sesiones de las conferencias sectoriales deberán especificar la forma de celebración de la reunión, las personas asistentes, la forma en la que asistieron, el lugar y fecha de la reunión, el contenido general de las deliberaciones y el resultado de las decisiones adoptadas en los términos previstos en el apartado siguiente.

Las actas deben certificar asimismo los Acuerdos y Recomendaciones adoptados, el procedimiento seguido para su adopción, así como su carácter. Se prevé la necesidad de recoger el sentido del voto formulado y, en aquellos casos en que el Estado ejerza funciones de coordinación, deberá identificarse el fundamento competencial que las justifique.

Por otro lado, se regula la celebración conjunta de dos o más conferencias sectoriales cuando los asuntos a tratar afecten directamente a materias compartidas.

En el caso de que una decisión se adopte por una pluralidad de conferencias sectoriales reunidas conjuntamente, se entenderá que la decisión ha sido adoptada de manera individual por cada una de las conferencias sectoriales participantes.

Planificación, información al público y seguimiento

Se establece que la necesaria planificación de la actividad de la Conferencia Sectorial se hará pública con la periodicidad que se disponga al aprobar su método de trabajo a través del portal de internet designado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial o, en su defecto, del portal de internet del Ministerio a cuya persona titular corresponda la Presidencia de la Conferencia Sectorial.

Fundamentación jurídica

Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en la disposición final decimoquinta de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que faculta al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo. Por otro lado, en el ámbito competencial, esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Esta competencia comprende la capacidad del Estado para dictar el régimen jurídico de los instrumentos y las técnicas de cooperación y de coordinación que caracterizan las relaciones interadministrativas.

En la tramitación de esta norma se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y se ha solicitado informe a los distintos ministerios.

Política Territorial y Memoria Democrática

CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA FORMULADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CANARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de Canarias en relación con la resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 por la que se declaró la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003 a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Estado es el competente para regular, por ley, los bienes de dominio público «por naturaleza», que, además, y de conformidad con el artículo 132.2 de la Constitución Española (CE), quedan integrados en todo caso en el dominio público estatal, en donde se incluye, también, el marítimo-terrestre y su gestión a través de concesiones administrativas. Las competencias del Estado en esta materia se incardinan en el artículo 149 de la CE.

La gestión del dominio público-terrestre tiene también un área competencial perteneciente a las Comunidades Autónomas, en los términos en los que se haya asumido por sus respectivos Estatutos de Autonomía y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en la materia, en este caso, de acuerdo con el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

El objeto del requerimiento se centra en la afirmación de que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, lo que comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio sin distinción alguna.

La cuestión radica en la distinción entre dos tipos de concesiones: las previstas en el artículo 64 de la Ley de Costas, por un lado, y las previstas en la disposición transitoria primera de la misma norma, por otro. Las primeras concesiones serían las ordinarias o comunes en la materia, mientras que las segundas tienen un carácter excepcional, llamándose «compensatorias», ya que buscan precisamente compensar por realizarse un tránsito de titularidad privada a titularidad pública.

Y es que la Comunidad Autónoma entiende -y por ello requiere al Estado- que estas concesiones «compensatorias» quedarían incluidas dentro de su ámbito competencial, no pudiendo entonces el Estado proceder a declarar su caducidad, por ser ésta ya una competencia autonómica y no estatal.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias niega la diferenciación y esgrime que la reserva de competencias en favor del Estado ha de estar prevista en el propio Real Decreto de traspasos. Este argumento es contrario al anteriormente presentado por el requerimiento: si se arguye que las competencias se atribuyen en los Estatutos de Autonomía y no en los Reales Decretos de traspasos, no se entiende que se defienda, en el párrafo siguiente, que éstos tienen el valor de atribuir y reservar competencias al Estado.

Los Reales Decretos de traspasos tienen un importante valor interpretativo, como ha subrayado el Tribunal Constitucional. Precisamente por ello se ha de atender a su literalidad: en el presente caso -como también sucede con los Reales decretos de traspasos a las Comunidades de Andalucía y Cataluña- se atribuye al ente autonómico la «gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas», y no las concesiones compensatorias de la disposición transitoria primera de esta misma norma.

Por tanto, el traspaso realizado a través del Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral no es otra que atribuir exclusivamente aquellas concesiones reguladas por el artículo 64 de la Ley de Costas y, en coherencia, no incluir las compensatorias de la disposición transitoria primera.

CONCLUSIÓN

Concurren, por tanto, los requisitos formales y materiales para dar contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de Canarias.

Sanidad

ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ECOGRAFÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo marco para la selección de proveedores para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de 1.579 equipos de ecografía para varias comunidades autónomas, centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta y Melilla y organismos de la Administración del Estado, con un valor estimado de 63.459.959 euros.

Este acuerdo forma parte del Plan de Alta Tecnología Sanitaria (Plan AMAT-I), que da continuidad al Plan INVEAT y con el que se busca reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (SNS), aumentar las capacidades diagnósticas de los centros mediante la mejora de la banda tecnológica de los equipos a renovar y ampliar el parque tecnológico.

De esta forma se da impulso a las medidas de cohesión y eficiencia en el ámbito del SNS, mediante el fomento de acciones conjuntas de la Administración del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas, en las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios.

Una parte importante de los equipos de diagnóstico por imagen tales como los equipos de radiología convencional, de mamografía y de ecografía no se pudieron incluir en el Plan INVEAT y más del 50% de los mismos llevan más de 10 años instalados. De estos, más de la mitad están basados en tecnología analógica para la obtención de la imagen, lo que limita mucho la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de gestión y distribución de imágenes.

Una situación semejante presentan los equipos instalados de ecografía, que además tienen un ciclo de vida más corto debido a la constante incorporación de innovaciones tecnológicas.

En este acuerdo se incluyen siete lotes para comprar un total de 1.579 equipos de ecógrafos ultraportátiles; ecógrafos portátiles o portables básicos; ecógrafos portátiles completos; ecógrafos de uso clínico general; ecógrafo para uso en necesidades especiales: diagnóstico por la imagen; ecógrafos para uso en obstetricia; y ecógrafos para ecocardiogramas.

Los 1.579 equipos se repartirán en centros de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, del Ministerio de Defensa y de Ceuta y Melilla.

Se trata del sexto y último acuerdo marco dentro del Plan AMAT-I, ya que los cinco previos ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL 0,7%

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de subvenciones estatales del 0,7% para el año 2024. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 convocará las subvenciones por un crédito inicial de 1 millón de euros que se incrementará en función de la recaudación definitiva de los fondos del IRPF y la asignación tributaria del Impuesto sobre Sociedades hasta alcanzar aproximadamente los 83 millones de euros. Esta convocatoria mantiene el reparto 80%-20% entre comunidades autónomas y Estado de los fondos disponibles, en razón del acuerdo al que se llegó en el año 2020.

Las prioridades de la convocatoria se han definido según lo propuesto por los ministerios de Juventud e Infancia; Igualdad; Sanidad; Interior; Inclusión y Servicios Sociales y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de 16 centros directivos, que, año tras año, participan en la evaluación de los programas sociales presentados por las entidades.

Las entidades que podrán beneficiarse de esta convocatoria de subvenciones serán la Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que cumplan los requisitos que se establecerán en las bases.

Las actuaciones subvencionables tendrán que ser programas estatales orientados a la generación de conocimiento y buenas prácticas en el ámbito de la atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria; que contribuyan a la consecución de objetivos de las estrategias nacionales con contenido sociosanitario.

Asimismo, programas plurirregionales cofinanciados con el Fondo Social Europeo para la lucha contra la discriminación, el fomento de la educación y el empleo, así como y la inclusión social de grupos de población en situación de vulnerabilidad; orientados a la generación de conocimiento y buenas prácticas para la mejor atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral; orientados al diseño, desarrollo y ejecución de medidas que favorezcan la mejor atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral y programas de atención y apoyo a la población reclusa, exreclusa y sujeta a medidas alternativas. También programas de promoción de la igualdad de trato y la no discriminación; de lucha contra la violencia contra las mujeres; de promoción y defensa de Derechos.

Por último, programas de promoción de la autonomía y la sostenibilidad financiera de las entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal; de internacionalización de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal; de promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) en el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal y proyectos de modernización, transformación digital y fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ESQUEMA DE CIBERSEGURIDAD 5G

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad en Redes 5G, que se contempla en el Real Decreto Ley de Ciberseguridad 5G. Se trata de una norma que describe los procedimientos, certificaciones y esquemas de seguridad que los operadores deben llevar a cabo para cumplir las obligaciones de gestión de los riesgos de ciberseguridad 5G, singularmente en aquellas instalaciones especialmente importantes para la seguridad nacional. Incluye las medidas de mitigación de estos riesgos que los operadores han de llevar a cabo y las estrategias de diversificación.

Entre las principales novedades, incorpora la creación de un Centro de Operaciones 5G, pionero en Europa, financiado con fondos del PRTR (15 M€) en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, con las siguientes tareas:

Adquirir capacidades en materia de ciberseguridad 5G
Supervisar y garantizar que se implementan las medidas de seguridad recogidas en el Esquema
Determinar la criticidad de los elementos de la infraestructura 5G
Desarrollar propuestas de mejora para incrementar la monitorización y defensa en redes 5G
Desarrollar capacidades de I+D en términos de seguridad
Garantizar una adecuada capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad 5G

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

REGULACIÓN DE REQUISITOS DE INFLUENCERS

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece por primera vez los requisitos para regular a los 'influencers' para cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022.

Esta regulación da mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica a estos usuarios, que han alcanzado una notable importancia y un volumen económico significativo en las plataformas de intercambio de videos a través de las que difunden sus contenidos.

El Real Decreto define a los "usuarios de especial relevancia" ('influencers') en función de dos criterios simultáneos. En primer lugar, el criterio económico, que exige que estos prestadores tengan unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros derivados del conjunto de su actividad audiovisual. En segundo lugar, el criterio de audiencia, que exige que superen el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones de seguidores en el global de su actividad, y que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año.

Todos los 'influencers' que cumplan ambos criterios deberán inscribirse, en el plazo de dos meses, en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

A partir del momento de inscripción tendrán que cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, como identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol; es decir, sus obligaciones se homologarán con las del resto de agentes audiovisuales.

Para la Transformación Digital y dela Función Pública

CARGADOR ÚNICO OBLIGATORIO USB TIPO C

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento sobre la comercialización de equipos radioeléctricos del Real Decreto 188/2026, de 6 de mayo, de forma que todos los nuevos cargadores de aparatos electrónicos sean USB tipo C.

De este modo, a partir del 28 de diciembre de 2024 todos los cargadores de teléfonos móviles, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces o videoconsolas portátiles, entre otros, deberán ser de tipo C para ofrecer una mayor comodidad al usuario, disponer la posibilidad de adquirir estos equipos sin el dispositivo de carga, y lograr un menor impacto medioambiental con la reducción de residuos electrónicos. Para los ordenadores portátiles la misma obligación entrará en vigor en abril de 2026.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en el Estado de Libia

D. JAVIER SORIA QUINTANA

Licenciado en Derecho y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas - ICADE. Master en Relaciones Internacionales (MSFS) por la Universidad de Georgetown (Washington DC).

Ingresó en la Carrera Diplomática en 2008. Previamente fue analista financiero en el Departamento de Análisis de Inversiones Globales de Goldman Sachs en Londres.

Como diplomático ha trabajado como jefe de servicio en la oficina del Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea en Presidencia del Gobierno (2008-2009) y ha dedicado diez años de su carrera a Oriente Medio, habiendo desempeñado los puestos de Jefe de Área para Oriente Medio en la Dirección General de Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo (2009-2012), Secretario de Embajada, encargado de Asuntos Consulares y Administrativos en la Embajada de España en Jordania (2015-2019) y Segunda Jefatura en la Embajada de España en Arabia Saudí (2019-2021). Además, ha desempeñado el puesto de asesor diplomático en el gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz (2012-2015).

Desde 2021 estaba destinado en la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas y otros Organismos Técnicos en Ginebra, con responsabilidad sobre diversos organismos técnicos (OMPI, OIT y UIT).

Embajadora de España en la República Checa

Dª. MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ-LAULHÉ

Licenciada en Derecho (E-1) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

En 2006 ingresa en la Carrera Diplomática y, entre 2006 y 2008, ejerce sus funciones en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En 2008 se incorpora al gabinete de la Secretaria de Estado para Iberoamérica. Entre 2009 y 2010 forma parte del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social. Entre 2010 y 2019 estuvo destinada en las Embajadas de España en Bolivia y Costa Rica. En 2013 le fue otorgada la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

En 2019 regresa a Madrid y se incorpora a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), primero como jefa de la Unidad de Apoyo de la directora de Cooperación con América Latina y el Caribe, y luego como jefa del Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur. En agosto de 2021 se incorpora Ministerio de Cultura y Deporte, como jefa del Gabinete del secretario general de Cultura y Deporte. En febrero de 2023 es nombrada subsecretaria de Cultura y Deporte y, de noviembre de 2023 a febrero de 2024 ha sido subsecretaria de Cultura.

Economía, Comercio y Empresa

Director general de Análisis Económico

D. EDUARDO AGUILAR GARCÍA

Licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (2012) y máster en Políticas Públicas por la Goldman School de la Universidad de Berkeley -California con una beca Fulbright (2020). Desde 2014 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Ministerio de Economía ejerciendo distintos puestos de responsabilidad en la Dirección General de Análisis Macroeconómico a la que se incorporó en 2014 como jefe de servicio. En 2021 fue nombrado subdirector general de Análisis Económico y Coordinación Internacional a cargo de la coordinación del Programa de Estabilidad, la elaboración de análisis de las tendencias a medio y largo plazo de la economía española, la evaluación y cuantificación del impacto económico y sobre la sostenibilidad de la deuda de medidas de política económica así como del desarrollo y adaptación de instrumentos cuantitativos y modelos orientados al análisis estructural y a la simulación ex antes y evaluación ex post del impacto de medidas de políticas públicas.

Desde febrero de 2024 ha sido director general de Análisis Macroeconómico.