Referencia del Consejo de Ministros

23.4.2024

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria, por importe de 1.539.978,66 euros, con la finalidad de posibilitar el pago de ayudas directas a agricultores en compensación por el incremento de costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes.
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo suscribir una adenda al Convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI para regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el crecimiento empresarial de las PYMES.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio del Interior para llevar a cabo varios expedientes de gasto de seguros y la contratación de varios servicios de realización de reconocimientos médicos y de atención psicológica para el personal que ocupe un puesto en el ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil, entre otros.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Hacienda para la contratación de distintos servicios de mantenimiento y soporte informático, así como de desarrollo de aplicaciones informáticas y la realización de inversiones que mantengan las infraestructuras operativas y actualizadas, a realizar por la Intervención General de la Administración del Estado.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa financiar la contratación de proyectos de obras en viviendas militares y otros inmuebles de su patrimonio, así como el reajuste de anualidades y revisiones de precios de obras en ejecución.
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social la tramitación de diversos contratos en capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo diversas actuaciones en materia de carreteras.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2024 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 275, la tramitación anticipada de un expediente de contratación para el suministro y reposición de botiquines para las empresas asociadas.
ACUERDO por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la tramitación de la Adenda al Convenio suscrito con la Administración de la Generalidad de Cataluña y la Fundación Centre de Regulació Genòmica para la constitución del Consorcio para la explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2024 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación anticipada de los convenios con las comunidades autónomas (excluidas la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra) e INGESA para el control de la incapacidad temporal para los años 2025 a 2028.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la realización de determinadas actuaciones en materia de transporte.

Trabajo y Economía Social

ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria a la Organización Internacional del Trabajo para la financiación, en 2024, del proyecto "Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo", por un importe de 59.000 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del servicio de ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, cuyo valor estimado asciende a 29.401.368,79 euros.
ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de agrupación de vertidos y estación depuradora de aguas residuales de Burguillos (Sevilla).
ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras de las depuradoras de aguas residuales de los núcleos urbanos del entorno de la presa de Castrovido en el río Arlanza (Burgos), actuaciones en Regumiel de la Sierra y Monasterio de la Sierra.
ACUERDO por el que se declara la reserva de 4.702 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras del emisario submarino de Montalvo, dentro de la actuación para la mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó, en los términos municipales de Sanxenxo y Poio (Pontevedra).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO sobre desclasificación de documentos relativos a los días 26 y 28 de abril y 31 de mayo de 1974 en relación con el aniversario de la Revolución Portuguesa.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América relativo a la cooperación en el despliegue de agentes de seguridad en el interior de vuelos hacia, desde, o entre ambos países y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Acuerdo.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Enmienda del Anexo del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Cuba.
ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
ACUERDO por el que el Gobierno de España apoya la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol para que en la ciudad de Bilbao y en el estadio del Athletic Club se celebren los partidos de fútbol de la Final de la UEFA Champions League Femenina 2024 y de la Final de la UEFA Europa League 2025.
ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional en defensa y promoción de los derechos de propiedad intelectual e industrial con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial de 2024.
ACUERDO por el que se aprueba el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para la promoción y protección recíproca de inversiones.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay.

Interior

ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación de un seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria y asistencia en viaje para los vehículos oficiales de dicho organismo, por un valor estimado de 12.904.725,35 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicio de gestión integral de las instalaciones de protección civil en túneles pertenecientes a la línea de alta velocidad Zamora - Pedralba - Taboadela. Valor estimado del contrato: 14.216.133,86 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de daños y adopción de medidas a consecuencia de temporales (ciclogénesis explosivas Ciarán y Domingos) y del incendio en el interior del túnel del Folgoso: puntos kilométricos 278+570 al 281+100 de la autovía A-52, en la provincia de Pontevedra, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 932.955,31 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación y sostenimiento del talud situado en el punto kilométrico 111+800 de la carretera N-625, en la provincia de León, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 375.105,25 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorándum del Sistema de Información EQUASIS, correspondiente a 2024, por importe de 50.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorándum de Entendimiento de París de 1982 sobre el control por el Estado Rector del Puerto (MOU-PSC), correspondiente a 2024, por importe de 42.237,81 euros.
ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa denominado "Aeropuerto de A Coruña. Expropiación de los terrenos necesarios para la nueva zona de prácticas del SSEI", en el término municipal de Culleredo (A Coruña).
ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa denominado "Expediente de expropiación forzosa de terrenos para la regularización patrimonial y desarrollo del Plan Director del aeropuerto de Vigo (4.ª fase) Monte en Mano Común de Vilar de Infesta", en el término municipal de Redondela (Pontevedra).
ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa denominado "Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Expropiación de terrenos necesarios para la ampliación de franja norte. Cabecera 09", en el término municipal de Chauchina (Granada).

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo.
REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en el Sultanato de Omán a D. FRANCISCO JAVIER DE ISTÚRIZ SIMONET.
REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República de Sierra Leona a D. ÁNGEL ANTONIO CARRASCAL GUTIÉRREZ.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

CRÉDITO PARA PAGO DE AYUDAS A AGRICULTORES POR AUMENTO DEL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en el Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe de 1.539.978,66 euros, con la finalidad de posibilitar el pago de ayudas directas a agricultores en compensación por el incremento de costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes.

Por Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, se adoptaron medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

El artículo 30 de dicho Real Decreto-ley establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la concesión de ayudas directas a los agricultores, en compensación por el incremento de costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes, derivado de la situación creada por la invasión de Ucrania.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, para hacer frente a las ayudas por el incremento de los costes de los agricultores por el uso de productos fertilizantes, se dotó al presupuesto de gastos e ingresos del FEGA con 300 millones de euros.

En el actual ejercicio, es necesario hacer frente a algunos compromisos pendientes sobre las resoluciones. Por consiguiente, el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., considera necesario tramitar un expediente de crédito extraordinario por importe de1.539.978,66 euros, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del Organismo.

Hacienda

ACTUACIONES DE DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS PYMES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo suscribir una adenda al convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI para regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el crecimiento empresarial de las pymes.

La colaboración entre la Fundación EOI y la Administración General del Estado (a través del actual Ministerio de Industria y Turismo) para la realización de las actuaciones en materia de Digitalización de la Industria y el Crecimiento Empresarial de las PYMES, se ha regulado mediante convenio suscrito el 31 de julio de 2020.

Para financiar las actividades a desarrollar por la Fundación EOI, el convenio preveía, para el periodo 2020-2023, una aportación anual máxima de 2.650.000 euros por parte del citado Ministerio y de 800.000 euros por parte de la Fundación EOI, debiendo realizarse el pago de la financiación una vez efectuada la justificación de los gastos incurridos en el ejercicio anterior.

Desde su firma, las partes del convenio han suscrito tres adendas, con objeto de reajustar los importes previstos a los efectivamente aportados por el Ministerio de Industria y Turismo en 2020, 2021 y 2022.

Con objeto de prorrogar el convenio por un periodo de cuatro años, ambas partes han considerado conveniente suscribir una cuarta adenda al mismo, en la que también se va a ajustar el importe de la anualidad de 2023 al pago efectuado por parte del Ministerio de Industria y Turismo.

Esta cuarta adenda prevé una aportación anual del Ministerio de Industria y Turismo de 2.650.000 euros en el nuevo periodo de vigencia del Convenio (2024-2027), tal y como se refleja en la tabla siguiente:

Año Importe en euros

2024 2.650.000

2025 2.650.000

2026 2.650.000

2027 2.650.000

Hacienda

MODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA OBRAS EN INMUEBLES DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa pueda financiar la contratación de proyectos de obras en viviendas militares y otros inmuebles de su patrimonio.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, ha sido el ente que ha solicitado autorización para modificar los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria.

El INVIED tiene que realizar en este ejercicio distintos expedientes de contratación para mantener, conservar y gestionar las viviendas militares, pabellones de cargo y demás bienes inmuebles que se integran en su patrimonio.

Asimismo, las obras que ya se encuentran en ejecución van a tener algunos reajustes de anualidades, así como prórrogas, modificaciones contractuales y revisiones de precios.

Por todo lo anterior, el INVIED necesita adquirir nuevos compromisos de crédito por importe de 10.002.073,75 euros, tal y como se refleja en la tabla siguiente (en euros):

Año	Compromisos asumidos	Nuevos compromisos	Total Compromisos
2025	21.497.926,25	10.002.073,75	31.500.000,00
2026	6.142.573,04	-	6.142.573,04
2027	1.685.047,11	-	1.685.047,11
2028	59.443,85	-	59.443,85

Dado que los compromisos adquiridos en el año 2025 superan los límites a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para modificar dichos límites.

Hacienda

CONSORCIO DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS GENÓMICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la tramitación de la adenda al convenio suscrito con la Generalitat de Cataluña y la Fundación Centre de Regulació Genómica, para la constitución del consorcio para la explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG).

El CNAG es una entidad sin ánimo de lucro creada mediante un convenio suscrito el 18 de enero de 2010 entre la Administración General del Estado (AGE) y la Generalitat de Cataluña por el que se crea un Centro de Secuenciación Genómica en Barcelona, equipado con tecnología de última generación, cuya gestión inicial fue llevada a cabo por la Fundación Parque Científico de Barcelona, hasta el momento en que las partes acordaran, mediante la suscripción de un nuevo convenio, la creación de una entidad con personalidad jurídica a la que atribuir el equipamiento y la gestión del Centro de Secuenciación, por lo que desde el 1 de julio de 2015, el CNAG está integrado con el Centro de Regulación Genómica (CRG).

En este sentido, la Administración General del Estado (a través del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Generalitat de Cataluña, con fecha 29 de diciembre de 2022 suscribieron un convenio para la constitución del Consorcio para la Explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG).

El objeto de dicho convenio es establecer la colaboración para la explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) mediante la creación de un consorcio orientado a proporcionar servicios de secuenciación de alto rendimiento en el área de la salud humana y de ciencias de la vida, con una clara perspectiva clínica y de apoyo a la toma de decisiones sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud individual y poblacional.

En este convenio las partes firmantes acordaban la financiación del consorcio en el periodo 2021 a 2027. La aportación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades correspondía a transferencias de capital que se debían aplicar a inversiones del consorcio, conforme al Acuerdo aprobado por Consejo de Ministros con fecha 14 de diciembre de 2021.

Posteriormente, las administraciones consorciadas han considerado necesario modificar la naturaleza de las transferencias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del periodo 2024-2027 a fin de destinarlas a la financiación de operaciones corrientes del consorcio. Es por ello que se ha elaborado un proyecto de adenda que tiene como objeto la modificación de la naturaleza de las citadas transferencias y adicionalmente la modificación con fines aclaratorios de la cláusula de financiación, la modificación de la atribución y ampliación de las funciones relativas al seguimiento, vigilancia y control del convenio y la eliminación del anexo IV del convenio.

En este sentido, la cláusula segunda de la citada Adenda establece que las dos administraciones contribuirán al 50% a la financiación del Consorcio, financiación que en el periodo 2022 a 2027 asciende a un total de 17.998.000 euros, con la siguiente distribución:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
AGE-MCIU	-	2.250.000	1.500.000	1.500.000	1.874.000	1.875.000	8.999.000
GENCAT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.000	1.500.000	8.999.000
TOTAL	1.500.000	3.750.000	3.000.000	3.000.000	3.373.000	3.375.000	17.998.000

Por lo expuesto, y al objeto de dar cobertura a estos compromisos, se solicita autorización del Consejo de Ministros para autorizar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para las anualidades de 2025, 2026 y 2027, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Hacienda

CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL PARA LOS AÑOS 2025 A 2028

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la tramitación anticipada de los convenios con las Comunidades Autónomas de régimen común e INGESA para el control de la incapacidad temporal para los años 2025 a 2028.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social es la entidad gestora competente para gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal de todos los regímenes de la Seguridad Social, excepto del régimen de Trabajadores del Mar, que corresponde al Instituto Social de la Marina.

Por su parte, las Comunidades Autónomas gestionan la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y, a través de los facultativos de los Servicios Públicos de Salud, extienden los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta, que determinan el inicio y la duración de los procesos de incapacidad temporal en su territorio.

Asimismo, las CCAA, a través de la Inspección Médica del Departamento de Salud correspondiente, participan junto con las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social en la responsabilidad de controlar la prestación de incapacidad temporal.

Los convenios actualmente vigentes, suscritos entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) y las Comunidades Autónomas (excluidas las del País Vasco y Navarra) e INGESA, por una duración inicial de dos años (2021-2022) fueron prorrogados y modificados para los ejercicios 2023 y 2024. Estando próxima la finalización de los mismos, el INSS va a elaborar nuevos convenios con las CCAA de régimen común e INGESA para los años 2025 a 2028, cuyo importe ascenderá a 315.023.458,60 euros para cada uno de los ejercicios.

La participación de cada Comunidad Autónoma e INGESA en el crédito que se destina a dar cobertura económica a los convenios se hará en función de su número de asegurados con derecho a la prestación de incapacidad temporal en el Sistema de la Seguridad Social.

El Presupuesto para 2024 (prorrogado del 2023) del concepto 'Otras transferencias corrientes', a nivel de vinculación, grupo de programas 11 'Gestión de prestaciones económicas contributivas', es de 335.729.010,00 euros.

Los expedientes tramitados hasta la fecha e imputados a dicho concepto del grupo de programas 11 del presupuesto de gastos de la entidad gestora correspondientes a los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028, sumados a los nuevos compromisos, presentarían los siguientes datos:

Nivel de Vinculación	Comprometido hasta la fecha	Nuevos compromisos	Total Comprometido
GP 11
Concepto 459
Ejercicio 2025	1.652.774,16 €	315.023.458,60 €	316.676.232,76 €
Ejercicio 2026	0,00 €	315.023.458,60 €	315.023.458,60 €
Ejercicio 2027	0,00 €	315.023.458,60 €	315.023.458,60 €
Ejercicio 2028	0,00 €	315.023.458,60 €	315.023.458,60 €

En consecuencia, resulta necesario someter a la decisión del Consejo de Ministros la elevación del límite de compromiso de gasto sobre el crédito presupuestario para el concepto 'Otras transferencias corrientes' del grupo de programas 11 'Gestión de prestaciones económicas contributivas' para el ejercicio 2025 y para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Hacienda

IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA A TRAVÉS DEL PRTR

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la realización de determinadas actuaciones en materia de transporte.

Según señala la Memoria, los compromisos de gasto contabilizados para los ejercicios 2025 y 2026 corresponden a las 'Ayudas para impulso de digitalización, sostenibilidad e innovación de la cadena logística - Grandes Empresas y Entidades del SP Empresarial'. Esta subvención se enmarca en el Plan de Recuperación, dentro de la Componente 6, Inversión 4 relativa al 'Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital' y, en concreto, al cumplimiento de los Objetivos CID 99, 100 y 101, con el siguiente desglose de anualidades e importes:

Año	Compromisos de gasto contabilizados (€)
2024	156.531.112,39
2025	174.031.169,27
2026	81.717.343,57

Además de los compromisos ya adquiridos, es necesaria la tramitación de los nuevos expedientes con incidencia en ejercicios futuros que se detallan a continuación:

-Tercera convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva del Ecoincentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación financiado por los fondos NextGenerationEU correspondiente al periodo de elegibilidad 2023.

En cada convocatoria de esta línea de subvenciones, tanto la presentación de solicitudes, como la resolución de concesión de las ayudas, se produce durante el año posterior al que se generan los tráficos incentivados. De esta manera, cada una de las convocatorias anuales, que cubren una única anualidad, se efectúa por tramitación anticipada.

De acuerdo con lo anterior, resulta la siguiente anualidad para el ejercicio 2025:

Año	Importe (€)
2025	23.512.734,21

-Tercera convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva del Ecoincentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación financiado por los fondos NextGenerationEU correspondiente al periodo de elegibilidad 2024-2025.

Esta tercera convocatoria, por tanto, se financiará con el crédito del ejercicio 2025, comenzando el devengo de las ayudas en 2024 y recibiéndose las solicitudes para la concesión de ayudas en 2025:

Año	Importe (€)
2025	20.000.000,00

Partiendo de los nuevos compromisos a adquirir que se derivan de las necesidades expuestas, y teniendo en cuenta las retenciones de crédito ya existentes en la aplicación presupuestaria 17.50.45FD, se obtiene el siguiente cuadro de necesidades totales:

Año	Crédito retenido	Nuevas necesidades	Importe necesario
2025	174.031.169,27	43.512.734,21	217.543.903,48
2026	81.717.343,57	-	81.717.343,57

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AGENTES DE SEGURIDAD EN VUELOS CON ESTADOS UNIDOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América relativo a la cooperación en el despliegue de agentes de seguridad en el interior de vuelos hacia, desde, o entre ambos países y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Acuerdo.

El Acuerdo, una vez autorizado por el Consejo de Ministros del 23 de agosto de 2022, fue firmado en Madrid el 29 de diciembre de 2022.

La finalidad de este Acuerdo es combatir las amenazas terroristas contra la aviación civil, así como desarrollar la cooperación policial entre los dos países.

La cooperación se prestará con respeto a las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales asumidos por ambas partes y guiados por los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.

El crimen organizado en todas sus formas y el terrorismo internacional son uno de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional. La lucha contra la delincuencia organizada trasnacional constituye un objetivo prioritario de las organizaciones internacionales de ámbito mundial y la seguridad aérea es uno de las áreas más sensibles que requiere reforzamiento el de la seguridad.

La cooperación internacional en estos aspectos es necesaria en beneficio de ambos países. El interés común que comparten España y Estados Unidos en el sentido de fortalecer sus relaciones de amistad y de cooperación en estas materias, ha llevado a las partes a alcanzar un acuerdo de colaboración.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MODIFICACIONES EN LAS RUTAS DE TRANSPORTE AÉREO CON CUBA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Enmienda del Anexo del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Cuba.

El Acuerdo se firmó en La Habana el 22 de abril de 2005, y entró en vigor el 12 de julio de 2006. Incluye un anexo que enumera las rutas que pueden ser explotadas por las empresas de los dos Estados contratantes. El 3 de octubre de 2022, se acordó en Montreal una modificación del contenido de dicho anexo. Mediante esta modificación, se instaura un cuadro de rutas abierto. Además, las compañías aéreas designadas tendrán derecho a operar vuelos exclusivos de carga con derechos de tráfico de quinta libertad.

En el Cuadro de Rutas, recogido en el Anexo I, se han aprobado diversas modificaciones que mejoran y flexibilizan -en los vuelos de pasajeros y mixtos- la regulación de los puntos intermedios y los posteriores, la realización de escalas en un mismo servicio, se aumenta la capacidad y otras medidas similares.

La firma de este acuerdo es conveniente, en tanto que supone nuevas oportunidades comerciales para las compañías aéreas españolas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REFUERZO DE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que introduce modificaciones en la regulación del actual Registro Central de Delincuentes Sexuales, con el fin de reforzar el cumplimiento de sus objetivos de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Este registro, que se encuentra en funcionamiento desde 2016, es una herramienta básica para garantizar que nadie con antecedentes por delitos sexuales trabaje en contacto habitual con menores. Se trata de una base de datos gratuita y no pública que contiene los datos identificativos, las condenas y las medidas de seguridad impuestas a personas condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual.

La reforma aprobada del Real Decreto 1110/2015 cambia la denominación del registro, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. De esta forma, el sistema también incluirá, a partir de ahora, información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima.

La segunda novedad tiene que ver con la vía para acreditar la carencia de antecedentes por delitos sexuales. Hasta ahora, eran los ciudadanos los que solicitaban y aportaban el certificado a su empleador, y no siempre se podía saber si las personas habían cometido un delito tras haber sido contratadas. Con esta reforma, se habilita a empresas, instituciones, ONGs y algunos colegios profesionales a solicitar, de forma periódica, el certificado negativo para sus trabajadores, siempre contando con su consentimiento. Con ello, se facilita el control efectivo de los antecedentes por delitos sexuales o vinculados a la trata de seres humanos de quienes están en contacto continuo con menores.

Otra novedad destacada es que la norma habilita a las personas de entre 16 y 18 años -por ejemplo, monitores de campamento o socorristas- a solicitar este tipo de certificados directamente, y no a través de su tutor o representante legal.

También agiliza el régimen de certificación de estos antecedentes para los ciudadanos procedentes de otros países de la UE que trabajen o quieran trabajar en España, a través de la interconexión del registro con el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Con ello, se asegura que los ciudadanos europeos tengan un certificado de ausencia de antecedentes simultáneo en relación con su país de origen y de España.

Por último, con esta reforma se equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas a personas condenadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español -es decir, imposibilidad de trabajar con menores durante 30 años desde el cumplimiento de la pena-, con independencia de la norma que se aplique en el país donde se cometió el delito.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APOYO A BILBAO COMO SEDE DE LAS FINALES DE LA UEFA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que el Gobierno de España apoya la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol, para que en la ciudad de Bilbao y en el estadio del Athletic Club se celebren los partidos de fútbol de la Final de la UEFA Champions League Femenina 2024 y de la Final de la UEFA Europa League 2025.

La Real Federación Española de Futbol solicitó el apoyo del Gobierno español para la celebración de ambos eventos, lo que supone una inmejorable oportunidad para la capital de Vizcaya de albergar una competición internacional seguida por millones de espectadores en todo el mundo.

Dado el interés de que ambas finales se celebren en nuestro país, el Gobierno manifiesta su apoyo a la celebración de las mismas por lo que, en caso de que Bilbao sea designada como sede de la Final de la UEFA Champions League Femenina 2024 y de la Final de la UEFA Europa League 2025, mediante este acuerdo, garantiza los compromisos establecidos en las "Bases de Licitación" elaboradas por la UEFA.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente declaración institucional del Gobierno de España con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, que se celebra el viernes 26 de abril:

"A lo largo de su historia, España ha destacado en los ámbitos de la innovación y la creación artística, literaria, científica, industrial y empresarial en innumerables ocasiones. Mujeres y hombres de nuestro país se han distinguido por su capacidad para idear y materializar obras y creaciones pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, escénicas, audiovisuales, literarias, arquitectónicas, así como invenciones tecnológicas, científicas e industriales, que han dejado su impronta en el mundo.

La existencia de un sistema desarrollado y avanzado de derechos de propiedad intelectual e industrial en nuestro país, en línea con el de los estados más innovadores del mundo, ha sido, sin duda, un elemento decisivo a la hora de consolidar estos logros, otorgando la necesaria protección a las creaciones, mediante derechos de autor, conexos, patentes, marcas o diseños.

Estos derechos contribuyen de manera directa al reconocimiento de la autoría, el mérito, el esfuerzo y el trabajo, protegen e incentivan la inversión y garantizan remuneraciones equitativas. Todo ello redunda en el crecimiento artístico, literario, cultural, tecnológico, científico e industrial, así como en el progreso económico, en el bienestar y la cohesión social de nuestro país.

De acuerdo con los resultados más recientes de la Cuenta Satélite de la Cultura en España (CSCE), el sector cultural, incluyendo el conjunto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, supone para España el 3,4% del PIB y el 3,6% del VAB, siendo la propiedad intelectual el principal activo de este sector de futuro del que dependen, según el INE, 723,3 mil puestos de trabajo, un 3,4% del empleo total en 2023.

Además, las empresas que son usuarias intensivas de derechos de propiedad intelectual e industrial representan el 27,5 % del total de puestos de trabajo y el 43,2 % del total de la actividad económica (PIB) de nuestro país y ofrecen salarios significativamente superiores a los de otros sectores, de acuerdo con los datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Según estas mismas fuentes, las empresas de nueva creación que solicitan patentes o marcas durante su fase inicial o de crecimiento tienen hasta 10,2 veces más probabilidades de obtener financiación de los inversores.

Podemos afirmar, por tanto, que la defensa y promoción de los derechos de propiedad intelectual e industrial contribuye a construir y fortalecer un modelo artístico, cultural, tecnológico y empresarial más sostenible y más competitivo, que sitúa a España como un referente mundial en industrias culturales, tecnológicas e innovadoras, con efectos positivos para el conjunto de la ciudadanía y para la prosperidad y la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) instauró en el año 2000 el 26 de abril como el Día Mundial de la Propiedad Intelectual en conmemoración del aniversario del Convenio de Estocolmo, que fundó la OMPI en 1970 con el objeto de impulsar la defensa y promoción de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el mundo.

En línea con ello, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual este año, el Gobierno reitera su compromiso con estos objetivos, concretado en proyectos como la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, acciones de lucha contra la piratería y las falsificaciones o la reciente aprobación del Reglamento europeo en materia de Inteligencia Artificial y en el decidido impulso de un nuevo marco regulatorio en indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, la actualización de la normativa de diseños o el nuevo paquete legislativo europeo de patentes.

En especial, este año 2024 se quiere poner de manifiesto cómo los derechos de propiedad intelectual e industrial contribuyen de manera positiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con especial mención a ámbitos tan relevantes como la salud, el medio ambiente, la educación, la innovación y el trabajo de calidad, así como para lograr la igualdad de género, todos ellos pilares de un modelo de convivencia que aspira a lograr un alto grado de bienestar ciudadano.

Por ello, mediante la presente declaración institucional, el Gobierno de España expresa su firme determinación en la defensa, protección y fomento de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para estimular la creatividad artística y literaria y la investigación e innovación, contribuyendo, de este modo, al crecimiento y desarrollo de la cultura, la economía, la sociedad y la democracia de nuestro país".

El Gobierno reitera su compromiso con los derechos de propiedad intelectual e industrial, concretado en proyectos como la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, acciones de lucha contra la piratería y las falsificaciones o la reciente aprobación del Reglamento europeo en materia de Inteligencia Artificial y en el impulso de un nuevo marco regulatorio en indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, la actualización de la normativa de diseños o el nuevo paquete legislativo europeo de patentes.

A lo largo de su historia, España ha destacado en los ámbitos de la innovación y la creación artística, literaria, científica, industrial y empresarial. Mujeres y hombres de nuestro país se han distinguido por su capacidad para idear y materializar obras y creaciones pictóricas, escultóricas, fotográficas, musicales, escénicas, audiovisuales, literarias, arquitectónicas, así como invenciones tecnológicas, científicas e industriales, que han dejado su impronta en el mundo.

La existencia de un sistema desarrollado y avanzado de derechos de propiedad intelectual e industrial, en línea con el de los estados más innovadores del mundo, ha sido, sin duda, un elemento decisivo a la hora de consolidar estos logros, otorgando la necesaria protección a las creaciones, mediante derechos de autor, conexos, patentes, marcas o diseños.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PLAN DE RESPUESTA A INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE ABUSOS SEXUALES DE LA IGLESIA CATÓLICA

El Consejo de Ministros ha presentado el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que es fruto del trabajo y la coordinación entre siete ministerios.

Este Plan pone en marcha medidas concretas para sensibilizar sobre este problema, evitar nuevos casos reforzando la protección a menores y saldar la deuda existente con las víctimas, en especial con aquellas que no han podido seguir un proceso penal por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del victimario.

Con este Plan se busca que la democracia española salde una deuda con todas las víctimas de abusos, situándolas en el centro de la acción política del Gobierno. La intención del Ejecutivo es trabajar en colaboración con la Iglesia católica, con quien ya se han iniciado conversaciones.

Las iniciativas se ordenan en cinco ejes de acción, correspondientes con los cinco ejes de recomendaciones del Defensor del Pueblo.

El primer eje incluye medidas de reconocimiento y reparación. En este sentido, prevé la organización de un acto público con las víctimas y sus familias que suponga un primer paso para una reparación simbólica. También recoge una reparación material adecuada y suficiente, tanto en términos económicos como de atención psicológica. Además, para apoyar a las víctimas que no han tenido la oportunidad de ejercer la acción penal, el Plan contempla la adopción de las medidas normativas necesarias para su reparación, así como la modificación de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil, cuyo cómputo no se iniciará hasta que la víctima haya cumplido 35 años.

El segundo eje se orienta hacia la garantía de la atención integral de las víctimas, con medidas como la prestación de un trato óptimo por parte de los servicios especializados; la generación de entornos seguros, cómodos y adecuados para las personas menores de edad que presten declaración; y la garantía de que todas las víctimas disponen de asistencia jurídica gratuita.

El tercer eje establece acciones para la prevención de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, entre ellos, el refuerzo de las labores de supervisión de las inspecciones educativas y la formación de coordinadores de bienestar y protección en los centros docentes.

El cuarto eje incluye medidas de formación y sensibilización, incluyendo la introducción de contenidos en los currículos de los futuros profesionales que vayan a estar en contacto continuo con menores, con independencia de su ámbito de actuación.

Por último, el quinto eje prevé dos obligaciones para los poderes públicos: la investigación de la violencia infantil, con el objetivo de facilitar el impulso de mejores políticas públicas, y la mejora de los sistemas de información y de obtención de datos, especialmente en el ámbito judicial.

Además, el Plan prevé la creación de una Comisión de seguimiento, encargada de garantizar la correcta evaluación y ejecución de todas las medidas y de impulsar la coordinación necesaria para ello con la Iglesia católica.

Con este Plan, el Gobierno da respuesta al informe elaborado por la comisión independiente que el Congreso le encomendó crear al Defensor del Pueblo en marzo de 2022, con el objetivo de estudiar las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos ante esta situación.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES CON EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para la promoción y protección recíproca de inversiones.

Con fecha 9 de marzo de 2023, y conforme al Reglamento 1219/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión Europea autorizó al Reino de España a firmar el texto acordado con los Emiratos Árabes Unidos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CON URUGUAY

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay.

El texto del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay se rubricó en Madrid el 2 de octubre de 2018.

Este Acuerdo desarrolla y modifica el marco jurídico aplicable a la explotación de servicios aéreos regulares entre ambos países, adecuándolo a la normativa comunitaria. Además, recoge la fórmula habitual de este tipo de convenios bilaterales sobre servicios aéreos e incluye en su articulado las cláusulas administrativas que la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) recomienda a sus Estados miembros recoger en los acuerdos sobre servicios aéreos.

Al tratarse de un Acuerdo de competencia mixta entre España y la Unión Europea (UE), para su conclusión se han cumplido todos los preceptos del Reglamento (CE) Nº 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, al incluir en su articulado los principios y cláusulas estándares establecidos y exigidos por la UE. La Comisión Europea ha dado su conformidad para que España suscriba este Acuerdo.

Transportes y Movilidad Sostenible

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN 43 TÚNELES DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD A GALICIA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el contrato de servicio de gestión integral de las instalaciones de protección civil en los túneles del tramo Zamora-Pedralba-Taboadela, dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, con un valor estimado de 14,2 millones de euros (IVA no incluido).

La gestión integral de estos elementos claves para la seguridad de los viajeros y las infraestructuras se realizará en 43 túneles, 15 monotubo y 14 bitubo y comprenderá diferentes ámbitos:

-Alumbrado en túneles, galerías de evacuación, zonas seguras de rescate en el exterior de los túneles, centros de transformación y salas técnicas.

-Sistemas de extinción de incendios.

-Sistemas de circulación del aire/presurización en galerías y salidas de emergencia.

-Señalización y balizamiento de emergencia.

Asimismo, incluye la limpieza de los túneles y sus drenajes, galerías, salidas de emergencia, andenes de evacuación y locales técnicos, así como las edificaciones en las bocas de los túneles. También el mantenimiento de arquetas y canaletas de hormigón, cableados de energía, señalización y comunicaciones y barandillas.

El período de actuación es de 48 meses, prorrogables un máximo de 12 meses más.

Agricultura, Pesca y Alimentación

BASES REGULADORAS PARA AYUDAS DEL PLAN RENOVE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica las bases reguladoras para la concesión directa de las ayudas estatales para la renovación de maquinaria agraria que están estipuladas en el Real Decreto el 1055/2021, de 30 de noviembre.

Este real decreto tiene como objetivo mantener el impulso a la modernización del parque de maquinaria agrícola mediante el apoyo a la adquisición de equipos y maquinaria que incorporen nuevas tecnologías y procuren prácticas más sostenibles con el medio ambiente.

La principal novedad reside en la inclusión de los equipos asociados al mantenimiento de las cubiertas vegetales entre los tipos de máquinas subvencionables, modificación que responde a una demanda del sector, con el objetivo de facilitar la renovación de esta maquinaria, en coherencia con el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) que incluye intervenciones que fomentan ese tipo de prácticas agrarias.

Las medidas previstas en este real decreto están orientadas a incentivar la adquisición de maquinaria nueva y el achatarramiento de la antigua, y buscan reducir las emisiones de CO2, de amoníaco y de partículas, además de optimizar la aplicación de insumos y de fijar carbono en el suelo. Al mismo tiempo se persigue también mejorar la eficiencia energética.

Con esta modificación, además, se clarifican algunos documentos que deben presentar los solicitantes para facilitar la tramitación de la ayuda y mejorar la gestión del procedimiento.

La modificación del real decreto da cumplimiento a la extensión de la validez de la normativa comunitaria en la que se basa, el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por lo que se extiende también la validez de las bases reguladoras que ahora se actualizan.

Estas bases renovadas constituyen el marco para la convocatoria de las ayudas del Plan Renove 2024, cuya publicación está prevista realizar entre los meses de junio y julio.

Ampliación del plazo de solicitudes de la PAC

En el real decreto aprobado se incorpora también la modificación del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, para ampliar, hasta el 31 de mayo, el plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas directas y de las ayudas por superficie y animales de desarrollo rural de la Política Agraria Común (PAC) para el año 2024. Inicialmente este plazo expiraba el 30 de abril. También se amplía el plazo de modificación de la solicitud única, que podrá realizarse hasta el 15 de junio.

Esta ampliación de plazo tiene como objetivo garantizar que todos los agricultores y ganaderos puedan presentar su solicitud de la PAC del año 2024 con la incorporación de las medidas de flexibilidad de determinados aspectos de la normativa comprometidas por el Gobierno y que están actualmente también en proceso de tramitación. La expectativa por estos cambios ha motivado que el ritmo de presentación de solicitudes sea más lento de lo habitual.

La flexibilidad en los requisitos y condiciones para el acceso a las ayudas de la PAC es una de las medidas incluidas entre el conjunto de 43 propuestas del Gobierno para mejorar la situación de agricultores y ganaderos y que han sido suscritas por las organizaciones agrarias Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Política Territorial y Memoria Democrática

COMISIONES PREVISTAS EN LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se crean tres comisiones de estudio y técnicas previstas en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática: Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España; Comisión técnica para el estudio de la cobertura alcanzada por las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura; y Comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos.

La Ley de Memoria Democrática contempla en sus disposiciones adicionales duodécima, decimoquinta y decimosexta la creación de sendas comisiones técnicas para el estudio de diversas cuestiones.

-La disposición adicional duodécima establece la constitución de una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.

-La disposición adicional decimoquinta de la Ley establece la designación de una comisión técnica que elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables.

-Por último, la disposición adicional decimosexta señala que el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.

Se considera también necesario que dichas comisiones, de carácter esencialmente técnico y de asesoramiento, dada su finalidad estrictamente tasada en la ley, cuenten en su composición con personas expertas especializadas en las materias objeto de estudio.

Estas comisiones, que quedan adscritas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se constituyen de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Comisión para Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano en España

El objetivo de la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España consiste en elaborar un informe sobre las medidas necesarias para la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.

La presentación del informe deberá producirse en el plazo de un año, desde la constitución de la Comisión, que estará compuesta por las siguientes personas:

a. Titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la presidirá.

b. Titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que ostentará la vicepresidencia.

c. Vocales: una persona, con rango al menos de director o directora general, en representación de cada uno de los ministerios de la Presidencia; Justicia y Relaciones con las Cortes;Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; Ministerio de Cultura; Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Ministerio de Igualdad; y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

d. Las siguientes personas designadas por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: dos personas en representación de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a propuesta del Consejo Territorial de Memoria Democrática; dos personas en representación de las entidades locales a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); ocho personas en representación de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de ámbito estatal, integrantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano a propuesta de dicho Consejo; dos personas expertas en el estudio de asuntos sobre la población gitana en España y el campo de la recuperación de la memoria democrática a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática; y una persona en representación del Consejo de la Memoria Democrática a propuesta de dicho Consejo; la secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del subgrupo A1, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, con voz pero sin voto.

Comisión para reparación económica a víctimas de la guerra y la dictadura

El objetivo de la Comisión, elaborar y presentar un estudio que describa las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables. La elaboración del estudio abordará la naturaleza de las ayudas, las personas destinatarias, el alcance, la vigencia temporal, así como cualesquiera otros elementos relevantes en cuanto a su finalidad reparadora y el impacto y resultados obtenidos.

La presentación del estudio deberá producirse en el plazo de un año, desde la constitución de la Comisión, que estará compuesta por las siguientes personas:

a. Titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la presidirá.

b. Titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que ostentará la vicepresidencia.

c. Vocales: una persona, con rango al menos de Director o Directora General, en representación de cada uno de los ministerios de Hacienda; Trabajo y Economía Social; Cultura: Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y para la Transformación Digital y de la Función Pública.

d. Dos personas en representación de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, designadas por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a propuesta del Consejo Territorial de Memoria Democrática.

La secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del subgrupo A1 de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, con voz, pero sin voto.

Comisión para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia

El objetivo de la Comisión es elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.

Entre las eventuales víctimas de tales vulneraciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista, o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

La presentación del estudio deberá producirse en el plazo de un año, desde la constitución de la Comisión, que estará compuesta por las siguientes personas:

a. Titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la presidirá.

b. Titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que ostentará la vicepresidencia.

c. Vocales: Nicolás Sartorius y Álvarez de las Asturias Bohorques, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación por la Paz y presidente honorífico de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y ex director de la UNESCO; José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid; Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid; Carmen Molinero Ruiz, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea; Antonio Rivera Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y Director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda; Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva; José Antonio Martínez Soler, Doctor en Ciencias de la Información, escritor y periodista; Sophie Baby, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de la Borgoña (Francia); Jon-Mirena Landa Gorostiza, catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco; Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado, catedrática de derecho penal de la Universidad de Cantabria; Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.

Las comisiones no representan incremento de gasto público

La creación y funcionamiento de estas comisiones no supondrá incremento del gasto público y será atendido con los medios personales y materiales adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Las comisiones dejarán de desempeñar sus funciones y se considerarán extinguidas una vez presentados el informe y los estudios previstos en este acuerdo.

Cultura

AMPLIACIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN LAS MURALLAS DE CIUDAD RODRIGO

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de la ejecución de obras de emergencia en las murallas de Ciudad Rodrigo (Salamanca). La nueva intervención del Ministerio de Cultura supondrá una inversión de 417.735,63 euros, que se añadirán a los 649.530,91 euros iniciales, con un plazo ampliado en seis meses.

La actuación consiste en acometer los trabajos de estabilización de un tramo de la muralla que estaba siendo objeto de estudio estructural durante los trabajos de consolidación de la inicial de la obra de emergencia, aprobada en el Consejo de Ministros del 20 de marzo de 2023. La ampliación, centrada en el tramo de la calle Puerta de Santiago y Hospital, seguirá las líneas de actuación y criterios establecidos para la obra ya iniciada, ampliando los trabajos de seguimiento arqueológico, consolidación de fábricas o cosidos, ya definidos en la obra inicial, para estabilizar este tramo de la fortificación.

La propuesta de la actuación de emergencia fue motivada tras el derrumbe de una parte de la muralla situada en la Plaza de Herrasti, junto a la Catedral de Santa María, el día 2 de enero de 2023. Personados en el lugar los técnicos de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura, se procedió a inspeccionar la zona afectada, así como el resto de la muralla, para detectar otras posibles zonas que pudieran presentar problemas de estabilidad.

En este sentido, se comprobó que existían varios tramos distribuidos a lo largo de todo su perímetro que presentaban peligro inminente de desprendimiento, por lo que se planteó, no solo actuar sobre el derrumbe producido sino, además, en aquellas zonas cuya estabilidad se encontraba comprometida.

Las murallas de Ciudad Rodrigo están declaradas Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico Artístico por Decreto de 29 de marzo de 1944. Constan de dos líneas de murallas que forman un cinturón de forma ovalada alrededor de la ciudad, con una longitud de, aproximadamente, 2.200 metros y están flanqueada por cinco torreones.

Igualdad

FONDOS PARA EL PLAN CORRESPONSABLES 2024

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la distribución de un total de 190 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2024. El reparto de las cuantías se concretará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, el 29 de abril.

El Plan Corresponsables, enmarcado en la Estrategia Europea de Cuidados, significa un avance hacia la consolidación de las políticas públicas que abordan los cuidados como un derecho. El Plan tiene como objetivo el desarrollo de tres ejes de acción:

En primer lugar, facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años de edad mediante la puesta en marcha de servicios de cuidado personal.

Por otra parte, tiene como fin crear empleo de calidad en el sector de los cuidados de menores de hasta 16 años, acompañado del despliegue de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia informal y no profesional.

En tercer lugar, pretende sensibilizar y formar a la sociedad, especialmente a los hombres, en materia de corresponsabilidad y cuidados, con el fin de impulsar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

Estos tres ejes de acción se materializan a través de proyectos y planes específicos que llevarán a cabo las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Entre los fines a los que se destinarán los 190 millones destaca, por ejemplo, la habilitación de servicios de cuidado profesional de calidad de niñas, niños y jóvenes de hasta dieciséis años de edad.

Los programas también se refieren, entre otros, al establecimiento de convenios con el SEPE o con los organismos de empleo de carácter autonómicos para fomentar la inclusión en las bolsas de cuidado de las personas con experiencia profesional en el sector.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo, lo que supone un refuerzo en la gestión de sus fondos y competencias.

Este ministerio es el departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria y turismo. Entre las competencias que abarca, destacan la estrategia y el desarrollo industrial, el emprendimiento, la pyme, la promoción y defensa de la propiedad industrial y la política de turismo.

La estructura del ministerio queda conformada por la Secretaría de Estado de Industria (SEI), la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y la Subsecretaría.

Novedades

Teniendo en cuenta la evolución de los PERTE que gestiona el Ministerio de Industria y Turismo, se produce una reorganización de la gestión e impulso de los mismos. Así, las actuaciones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado las asume la propia Secretaría de Estado de Industria.

La estructura de la nueva SEI obedece a un ejercicio de racionalización en el reparto y en la temática de las competencias que ostentan las dos nuevas Direcciones Generales que se le adscriben: la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME, y la Dirección General de Programas Industriales. Como novedad, se crea, adscrita a la SEI, la División de Estadísticas Industriales, Análisis de la Información e Informes.

La nueva estructura de la SETUR pretende responder a las necesidades de la misma de reforzar su organización mediante la creación de una nueva dirección general de Políticas Turísticas que permita incrementar la coordinación entre las distintas unidades de la propia SETUR, así como equiparar el nivel de comunicación institucional para asimilarlo a las direcciones generales de las CCAA en donde recaen las competencias de ordenación e inspección turística.

Por último, como novedad en el ámbito de la Subsecretaría, se añade la constitución de la unidad de inclusión del personal con discapacidad.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en el Sultanato de Omán

D. FRANCISCO JAVIER DE ISTÚRIZ SIMONET

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1997.

Ha estado destinado, como titular de la Segunda Jefatura, en las Embajadas de España en Kiev, Seúl y Hanoi; como secretario de embajada en la Embajada de España en Tokio; y como consejero de embajada en las Embajadas de España en Pekín y en Washington DC.

Ha servido como jefe adjunto de Protocolo en la Casa de Su Majestad el Rey.

En los servicios centrales ha prestado servicios en el gabinete del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, como jefe adjunto en la Oficina de Asuntos de Gibraltar, subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales y Diplomacia Económica y director del Gabinete Técnico del Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Embajador de España en la República de Sierra Leona

D. ÁNGEL ANTONIO CARRASCAL GUTIÉRREZ

Licenciado en Derecho y en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca. Ingresó en la Carrera Diplomática en 2009.

Actualmente ocupa el puesto de embajador de España en la República de Guinea desde noviembre de 2023. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha desempeñado, entre otros, los puestos de director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y de subdirector general de Comunicación Estratégica, Diplomacia Pública y Redes. En el exterior, ha prestado servicio en las Embajadas de España en Senegal, en Irlanda y en Japón.

Es intérprete jurado del idioma francés.