La Moncloa
SUMARIO
Economía, Comercio y Empresa
- REAL DECRETO por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2023.
- ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España a la Facilidad del Partenariado para Financiación del Agua (WFPF) del Banco Asiático de Desarrollo por un importe total de 4.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España a la Facilidad del Agua en África (AWF) del grupo del Banco Africano de Desarrollo por un total de 4.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el pago de la contribución voluntaria a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para la realización de un estudio sobre la revisión de las políticas de comercio y género en Latinoamérica, por importe de 100.000 euros.
- ACUERDO por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y se modifican los acuerdos de Consejo de Ministros de 10 de mayo, 11 de octubre, 22 de noviembre y 27 de diciembre de 2022 que desarrollan los tramos primero y segundo de la línea de avales regulada por el artículo 29 de dicho real decreto-ley.
Trabajo y Economía Social
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la Fase-2 para la reparación de daños urgentes en el cauce e infraestructuras hidráulicas dañadas tras las avenidas de septiembre de 2023 en la cuenca del Tajo, por un importe máximo de 1.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la firma del Anexo V del Memorando de Entendimiento sobre cuestiones de cooperación entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Agencia Estatal de Meteorología, y el pago de la contribución voluntaria de AEMET al fondo fiduciario del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN) de la OMM en 2023, por un importe de 100.000 euros.
Hacienda y Función Pública
- REAL DECRETO por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
- REAL DECRETO por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retribuciones en especie, deducción por maternidad, obligación de declarar, pagos a cuenta y régimen especial aplicable a trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, en materia de retenciones e ingresos a cuenta.
- ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, por importe de 6.090.462,26 euros, para atender la insuficiencia de crédito generada por los servicios de telecomunicaciones prestados de noviembre 2018 a marzo 2020.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C31, I1,I2). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 800.000.000 de euros, desde la Sección 20, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Sección 23, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para financiar actuaciones del Componente 31 RePowerEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C21). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 50.000.000 de euros, desde la Sección 20, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Sección 33, Ministerio de Universidades, para financiar el Plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 21, Inversión 6).
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C17). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 340.000.000 de euros, desde la Sección 20, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Sección 28, Ministerio de Ciencia e Innovación, para la correcta ejecución de las inversiones de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 17, Inversión 10).
- ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la contratación del suministro de ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo (AM 02/2023) por un valor máximo estimado de 642.000.000 de euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A., (SIEPSE), la celebración del contrato para la ejecución de las obras para la construcción de un nuevo edificio para la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por un valor estimado de 43.506.810,31 euros.
- ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la tramitación de expedientes de gastos relativos a diversos contratos, encargos y convenios.
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio con la Generalitat de Cataluña para la mejora de la conectividad en la AP-2 y AP-7.
- ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio con la Generalitat de Cataluña para la mejora de la N-260 Eje Pirenaico.
- ACUERDO por el que modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la ejecución del gasto de Acción concertada de atención humanitaria y protección internacional.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C6, I2). ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la realización de diversas actuaciones en el Programa 45FB "C06.I02 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes".
- ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Fondos Comunitarios la adquisición de compromisos de gasto para ejercicios futuros, años 2024 a 2027, en la aplicación 34.01.943M.489 "Aportación a la Unión Europea para ayuda a Ucrania".
- ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a conceder un aval en 2023 a Global Steel Wire, S.A., a través del Instituto de Finanzas de Cantabria, por un importe máximo de 13.250.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención nominativa para financiar el proyecto Catalunya Media City por importe de 60.000.000 de euros para el ejercicio 2023.
- ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Administración Pública la contribución de 55.000 euros en el presente ejercicio presupuestario 2023 para pagar la cuota voluntaria a la entidad internacional Instituto Europeo de Administración Pública (European Institute of Public Administration).
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- PROYECTO de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda modificativa tercera del Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, competencia actual del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Universidad Politécnica de Madrid para la conservación de los olmos ibéricos.
- ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la modificación de la campaña sobrevenida de publicidad institucional sobre el 45.º aniversario de la Constitución Española.
Interior
Transportes y Movilidad Sostenible
Industria y Turismo
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14, I4). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14, I4). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial, entre comunidades y ciudades autónomas, del crédito destinado a la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas para el ejercicio 2023, en el marco del Componente 14, Inversión 4, submedida 2, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Turismo.
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C19, I3). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial, entre comunidades y ciudades autónomas, del crédito destinado al Plan de Competencias Digitales para Turismo para el ejercicio 2023, en el marco del Componente 19, Inversión 3, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Turismo.
Agricultura, Pesca y Alimentación
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.
- ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de una segunda adenda al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2023.
- ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del Porma (León), sectores II y III, fase I (León), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, Fase I.
Política Territorial y Memoria Democrática
- ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia y de la tramitación por dicha vía del expediente de obras de apuntalamiento del forjado de planta baja del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, situado en Plaza de la Montanyeta 6, por importe de 3.613,02 euros.
Cultura
- ACUERDO por el que se autoriza a la Biblioteca Nacional de España, O.A. (BNE), el pago de contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, correspondientes al ejercicio 2023, por importe total de 28.155 euros.
Sanidad
- ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a la anualidad de 2023, al Instituto Federal de Alemania de Medicamentos y Productos Sanitarios [Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinischen Produkten (BfArM)] con referencia al mantenimiento y mejora de la aplicación informática CTS (Communication and Tracking System), por importe de 21.524,38 euros.
Ciencia, Innovación y Universidades
- REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1024/2015, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ACUERDO por el que autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas la celebración de un contrato de obras de acondicionamiento y reforma del antiguo Instituto Juan de la Cierva, por un valor estimado de 13.749.000,06 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., el pago de la contribución voluntaria al organismo y programa de investigación internacional EBRAINS, correspondiente al ejercicio 2023, por importe de 5.000 euros.
- ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas el pago de la contribución voluntaria a la organización internacional Hydrogen Europe Research AISBL (HER), correspondiente al ejercicio 2023, por importe de 1.167 euros.
Igualdad
- Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C22, I4). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- ACUERDO por el que se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2023 a Mutua Balear, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183.
- ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al Consorcio para la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE-ERIC), por un importe de 100.000 euros.
Transformación Digital
- ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia a efectos de lo dispuesto en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
Juventud e Infancia
Presidencia del Gobierno
- REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Seguimiento y Análisis Territorial del Gabinete de la Presidencia del Gobierno aD.JOSÉ ALARCÓN HERNÁNDEZ.
- ACUERDO de toma de conocimiento del nombramiento del director del Gabinete del director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 a D.SALVADOR LLAUDES CAÑETE.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Industria y Turismo
Politica Territorial y Memoria Democrática
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Igualdad
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Juventud e Infancia
CONDECORACIONES
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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ASUNTOS GENERALES
Economía, Comercio y Empresa
El Consejo de Ministros ha aprobado el tercer tramo de la Línea de Avales-Ucrania para autónomos y empresas, por importe de hasta 4.500 millones de euros, que forma parte de las medidas incluidas en el Plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2022.
Con la aprobación de este nuevo tramo se pone a disposición de autónomos y empresas la totalidad de los 10.000 millones de euros previamente aprobados, que ya están contribuyendo a reforzar la liquidez de las empresas. Se suman, así, a los 5.000 millones puestos en marcha en marzo de 2022 y los 500 millones previstos como refuerzo específico para la industria gas intensiva en diciembre de 2022.
El primer tramo de la Línea de Avales de Ucrania se puso en marcha en marzo de 2022, por importe de 5.000 millones de euros. Desde entonces se han garantizado 26.421 operaciones de casi 22.000 empresas, de las cuales el 97% son pymes y autónomos, que han obtenido financiación por importe de 5.675 millones de euros.
Por sectores, las empresas de construcción e infraestructuras son las que más han recurrido a este programa de avales, con 3.307 operaciones aprobadas por importe de 653 millones de euros, seguidas de las del sector del turismo, ocio y cultural, con 2.910 operaciones por importe de 365 millones, y las de bienes de equipo e industriales con 2.707 operaciones y 576 millones financiados.
Por comunidades autónomas, las empresas catalanas han recibido financiación avalada por importe de más 1.100 millones de euros, a través de 5.922 operaciones, seguida de Andalucía con más de 4.000 operaciones aprobadas por importe de 742 millones de euros y Madrid, con 3.720 operaciones que han recibido una financiación de 948 millones de euros.
Tras los cambios introducidos en el Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia, aprobados por la Comisión Europea el pasado 20 de noviembre, el Gobierno libera un nuevo tramo de avales. Para el despliegue de este último, aumentan los umbrales de los préstamos avalados de 2 millones a 2,25 millones de euros y se amplía el plazo de solicitud de la correspondiente línea de avales hasta el 1 de junio de 2024.
Así, el aval podrá garantizar el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 2,25 millones de euros con carácter general, o 335.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.
Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses.
Colaboración con las Entidades Financieras: clave para la ejecución de fondos Next Generation EU
Este nuevo tramo de avales seguirá siendo gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las entidades financieras y está dirigido a todos los autónomos y empresas de todos los sectores afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros. Por su parte, las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes.
Junto con los activados como respuesta a la Covid-19, estos avales constituyen un ejemplo de colaboración público-privada para favorecer la resiliencia del tejido productivo. Esta colaboración será igualmente clave en el próximo despliegue de los fondos de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que el ICO participará, con la ejecución de hasta 40.000 millones de euros para fomentar la transición verde y digital de las empresas.
Trabajo y Economía Social
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que agiliza y simplifica el procedimiento sancionador del Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OITSS).
Con el fin de posibilitar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las comunidades autónomas tramiten el procedimiento sancionador en el orden social en un entorno tecnológico compartido e integrado, se permitirá que ambas administraciones se adhieran a plataformas o aplicaciones informáticas diseñadas para ese fin.
Hasta la fecha, la intervención de diferentes administraciones a la hora de confirmar las actas de la ITSS en materia laboral o de seguridad y salud en el trabajo ralentizaba su tramitación. Con esta medida se consigue una gestión más eficiente, ágil e interconectada a la hora de gestionar las sanciones.
Asimismo, se crea un Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que facilitará en un soporte tecnológico común la relación con el ciudadano o el sujeto inspeccionado.
El real decreto modifica el reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado en el Real Decreto 928/1988, del 14 de mayo, así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en materia de administración electrónica.
El uso eficiente de la tecnología permitirá una planificación más certera de la actividad inspectora a la vez que posibilitará reducir los tiempos y las gestiones administrativas en beneficio de la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y la leal competencia entre las empresas.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Este real decreto complementa los anteriores reales decretos 829/2023, 830/2023, 837/2023 y 890/2023, que reformaron las estructuras de la Presidencia del Gobierno, vicepresidencias y ministerios con el fin de desarrollar el programa político del Gobierno y lograr la máxima eficacia y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado.
Una vez adoptados los anteriores reales decretos resulta necesario reordenar y actualizar la estructura orgánica dependiente de los ministerios hasta el nivel de dirección general, con el fin de conseguir la máxima racionalización en el desarrollo de las políticas públicas y alcanzar el objetivo esencial del Ejecutivo, que es la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
La reestructuración ministerial responde a la necesidad de modernizar la administración pública, que debe contar con instrumentos propios del siglo XXI para poder cumplir sus funciones de un modo eficaz, estratégico y basado en el cumplimiento de objetivos, para dar una mejor respuesta a la sociedad mediante unos servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles y eficientes.
Además, este real decreto contribuye a la mejora de la transparencia, al posibilitar a la ciudadanía con la mayor claridad y simplicidad administrativa, el reconocimiento de los órganos encargados de la gestión de las políticas públicas, dotando de la máxima eficacia en la asignación y utilización de los recursos, así como en el uso de los principios de buena gestión económico-financiera y sostenibilidad presupuestaria.
El articulado contiene la estructura de los departamentos, incluyendo secretarías generales, subsecretarías y las estructuras de los gabinetes, así como las direcciones generales de las diferentes carteras. Todo ello sin perjuicio de que cada ministerio pueda desarrollar su estructura orgánica básica con el fin de completar su organización.
Los cambios en la estructura consisten en la redistribución de órganos directivos ya existentes de acuerdo con la nueva adscripción de las Secretarías de Estado, la creación de nuevos órganos directivos y la modificación de la denominación de otros.
La nueva estructura incluirá 11 comisionados, 23 secretarías generales y 149 direcciones generales.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un real decreto, el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
El objetivo de la norma es impulsar la lucha contra el incumplimiento tributario y la economía sumergida derivados del uso del 'software de supresión de ventas' (denominado 'software de doble uso'). En concreto, este reglamento desarrolla lo contemplado en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en lo que se refiere a los procesos de facturación para asegurar la estandarización de sistemas y programas informáticos de facturación y evitar la alteración de las facturas y facturas simplificadas una vez emitidas.
Asimismo, esta norma también pretende conseguir la modernización de la dotación digital de pymes, microempresas y autónomos, a la vez que lograr una mejora en el cumplimiento tributario y en la lucha contra el incumplimiento.
De hecho, en cuanto a la facilitación del cumplimiento, los usuarios pueden voluntariamente remitir sus registros de facturación a la Agencia Tributaria a la vez que facturan a su cliente, lo cual permitirá que la Agencia les lleve directamente sus libros registro de IVA para facilitarles la presentación de las declaraciones, y los clientes podrán contrastar sus facturas en la sede de la Agencia.
Hay que tener en cuenta que las obligaciones que recoge el reglamento no se dirigen tanto a los empresarios o profesionales, sino que están definidas, sobre todo, para los productores y comercializadores del software de facturación, que son quienes deberán ofertar a los empresarios sistemas informáticos de facturación adaptados a la norma. En este sentido, para la redacción del real decreto se ha consultado con los productores y desarrolladores de software, incluyendo parte de sus consideraciones.
El real decreto se basa en una solución informática integral y segura que simplifique el cumplimiento. Para ello, los sistemas de facturación de ventas de bienes y servicios, que son la base de las declaraciones tributarias, deben realizar su tarea de una forma segura y fiable, evitando alteraciones indebidas de los registros.
Las obligaciones de funcionamiento de los sistemas electrónicos de facturación que se incluyen en el reglamento afectan a todas las facturas o justificantes equivalentes, incluyendo especialmente la factura simplificada, y a todos los empresarios y profesionales. Sin embargo, la norma recoge algunas excepciones. En concreto, no se aplicarán a los obligados al Suministro Inmediato de Información (SII), ni a algunos supuestos del régimen de agricultura, ganadería y pesca, y tampoco a una serie de operaciones excluidas de la obligación de facturar.
Registros con información de facturación
La norma establece que los sistemas informáticos deberán garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.
Así, la pieza fundamental del sistema es la capacidad de generar y almacenar de forma segura los registros de facturación. Para ello, los registros informáticos de facturación de 'alta' deberán incluir, entre otros datos:
Número de identificación fiscal y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
- El número y, en su caso, serie de la factura.
- La fecha de expedición de la factura y la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan en ella.
- El tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada
- La descripción general de las operaciones y el importe total de la factura.
- Indicación del régimen o regímenes aplicados a las operaciones documentadas a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, o de otras operaciones con trascendencia tributaria.
La norma también incluye dos elementos de seguridad para garantizar que no se alteran los registros de facturación una vez producidos. En primer lugar, el denominado 'hash' encadenado. Es decir, cada factura genera una huella única que la vincula con determinados elementos de las facturas anteriores, de modo que una alteración en cualquier factura altera la referida huella. En segundo, lugar la firma electrónica de los registros que no es necesario en el supuesto de envío de datos voluntario a la Agencia Tributaria.
Declaración responsable
Por otra parte, se recoge que la certificación de los sistemas es obligatoria para los productores y comercializadores de estos programas. En concreto, corresponderá a la persona o entidad productora del sistema informático certificar, mediante una declaración responsable, que el sistema informático cumple con lo dispuesto en el reglamento y en las especificaciones que, en su desarrollo, se aprueben mediante orden ministerial.
El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, para dar tiempo a los empresarios a realizar los cambios incluidos se fija la obligación de tener adaptados los sistemas a la normativa hasta el 1 de julio de 2025.
Por su parte los desarrolladores y fabricantes de sistemas informáticos deberán tenerlos en el mercado en un plazo de 9 meses desde la aprobación de la Orden Ministerial que especifique todos los detalles técnicos del registro.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permite adaptar el Reglamento del IRPF a las mejoras en las deducciones por maternidad contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, así como a los cambios en la tributación del IRPF que beneficia a las rentas más bajas como es, por ejemplo, elevar el umbral de la obligación de declarar el IRPF desde 14.000 euros a 15.000 euros, o la minoración en la tributación a rentas hasta los 21.000 euros, que también se recogía en las cuentas públicas de este año.
En concreto, las novedades que se adaptan ahora al Reglamento del IRPF respecto a la deducción por maternidad derivan de la aplicación, con la entrada en vigor de los presupuestos 2023, de la ampliación de esta deducción a las madres que en el momento del nacimiento del menor estuvieran percibiendo prestaciones por desempleo o estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o bien que, en cualquier momento posterior al nacimiento, estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o mutualidad, con un período mínimo de 30 días cotizados.
Así, la norma aclara su aplicación en los casos de adopción, acogimiento permanente o delegación de guarda para la convivencia, donde se atenderá a la fecha de su inscripción en el Registro Civil o, en su caso, a la fecha de la resolución judicial o administrativa, en lugar de la fecha de nacimiento del menor.
Cambios en el IRPF que benefician a rentas de hasta 21.000 euros
Por otra parte, el real decreto modifica el Reglamento de IRPF para adaptarlo a lo recogido en los presupuestos de 2023 sobre el incremento del salario bruto anual a partir del cual se empieza a pagar el IRPF, que pasó desde los 14.000 euros anuales aplicables en el ejercicio anterior hasta los 15.000 euros anuales, minorando la tributación a contribuyentes con un salario bruto anual de hasta 21.000 euros, equivalente al salario mediano en España. Como consecuencia de lo anterior, se eleva el umbral inferior de rendimientos del trabajo de la obligación de declarar a 15.000 euros anuales.
Asimismo, el real decreto también modifica el Reglamento de IRPF para adaptarlo a la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, donde se efectuó una extensión del régimen de impatriados a nuevos supuestos, como los relacionados con el teletrabajo, emprendedores innovadores, profesionales altamente cualificados o contribuyentes que realizan actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación o familiares acompañantes. Estas modificaciones se efectuaron el objetivo de atraer el talento extranjero y permiten apoyar la innovación del tejido productivo, uno de los objetivos de este Ejecutivo.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos que autorizan sendas transferencias de crédito del Ministerio de Industria y Turismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por importe de 800 millones de euros y de 50 millones de euros, respectivamente.
La primera transferencia de 800 millones de euros se utilizará para financiar actuaciones del Componente 31 "RePowerEU" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como inversiones relativas a la promoción del autoconsumo, la cadena de valor vinculada a transición energética y el hidrógeno renovable.
La segunda transferencia de 50 millones de euros se usará para financiar el Plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, las líneas principales de actuación en este Plan son el desarrollo de proyectos de producción de microcredenciales, por importe de 44,6 millones de euros, líneas de ayudas para garantizar el acceso a trabajadores desempleados o vulnerables a los programas de microcredenciales, por importe de 4,2 millones de euros y la evaluación y transferencia de conocimiento de los proyectos piloto en la aplicación de las microcredenciales, por importe de 1,2 millones de euros.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de 340 millones de euros, desde la sección 'Ministerio de Industria, Comercio y Turismo' a la sección 'Ministerio de Ciencia e Innovación' para la correcta ejecución de las inversiones relacionadas con los PERTE Aeroespacial y para la Salud de Vanguardia.
Estas inversiones se contemplan en la Adenda al Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha incoado expediente de transferencia de crédito para la correcta ejecución de las inversiones del Componente 17 'Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación', Inversión 10 'Préstamos en los PERTE de Salud de Vanguardia y Aeroespacial', de la Adenda al Plan de Recuperación.
Dentro de dicha Adenda al Plan de Recuperación, entre otras, se ve afectada la Inversión 10 del Componente 17, incluyendo nuevas inversiones en los PERTES Aeroespacial y para la Salud de Vanguardia que requieren de una dotación de fondos según la planificación prevista para los años 2023 y 2024.
Dado que la distribución por programas y por aplicaciones presupuestarias de los fondos consignados en el servicio 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 no coinciden con la planificación final de la Adenda aprobada, es necesario transferir parte de dichos fondos desde los programas y aplicaciones presupuestarias que no van a requerir de su utilización a los programas y aplicaciones presupuestarias adecuadas para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En consecuencia, y con la finalidad indicada, se ha aprobado la citada modificación de crédito.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo, con un valor máximo estimado de 642 millones de euros.
Este nuevo acuerdo marco sustituirá al anterior de 2021. Su plazo de duración es de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos años.
El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades del sector público estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo marco.
La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, seleccionándose a las empresas que ofrezcan productos técnicamente adecuados, garanticen el respeto a los principios de protección del medio ambiente conforme a los criterios de contratación pública ecológica y ofrezcan la mejor relación calidad-precio.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado varios acuerdos por los que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la firma de varios convenios con la Generalitat de Cataluña que permita mejorar la conectividad por carretera en varias vías catalanas.
En el primer caso, se modifican los límites de gasto para permitir al Ministerio de Transportes la suscripción de un convenio con la Generalitat para la mejora de la conectividad en la AP-2 y AP-7.
Ese primer convenio venía recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y se inscribe en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a las encomiendas de gestión. La aportación plurianual del Estado prevista en el citado Convenio alcanzará un total de 250 millones de euros.
En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Cataluña han redactado el borrador del convenio para la ejecución de actuaciones de mejora de la conectividad de la AP-2 y AP-7.
De acuerdo con lo previsto en el borrador, el Ministerio de Transportes financiará las actuaciones hasta un importe máximo de 250 millones de euros, con la siguiente distribución de anualidades:
Año | | Importe (€) |
| | |
2023 | | 8.000.000 |
2024 | | 17.000.000 |
2025 | | 40.000.000 |
2026 | | 40.000.000 |
2027 | | 40.000.000 |
2028 | | 40.000.000 |
2029 | | 40.000.000 |
2030 | | 25.000.000
|
Por todo ello, se solicita al Consejo de Ministros autorización para elevar los límites para adquirir compromisos de gasto en los ejercicios 2024 a 2030, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
Segundo convenio
En cuanto al segundo acuerdo de Consejo de Ministros, también se ha autorizado modificar los límites para adquirir compromisos de gasto, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, para permitir al Ministerio de Transportes la suscripción de otro convenio con la Generalitat catalana para la mejora de la N-260 Eje Pirenaico.
Este convenio también aparece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, donde se apunta a la ejecución de un Plan de actuaciones en el Eje Pirenaico, con una aportación plurianual por parte del Estado prevista que alcanzará un total de 260 millones de euros.
De esta manera, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Cataluña han redactado el borrador del Convenio para la ejecución del Plan de actuaciones en el Eje Pirenaico (N-260).
De acuerdo con lo previsto en el citado borrador, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará las actuaciones hasta un importe máximo de 260 millones de euros, con la siguiente distribución de anualidades:
Año | | Importe (€) |
| | |
2023 | | 5.000.000 |
2024 |
| 21.000.000 |
2025 | | 40.000.000 |
2026 | | 40.000.000 |
2027 | | 40.000.000 |
2028 | | 40.000.000 |
2029 | | 40.000.000 |
2030 | | 34.000.000
|
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la ejecución del gasto de acción concertada de atención humanitaria y protección internacional.
La Secretaría de Estado de Migraciones solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003 en relación con la aplicación presupuestaria 'Material, suministros y otros', computada a nivel de vinculación, cuya dotación inicial en el año 2023 asciende a 687.686.660 euros.
La citada Secretaría de Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 216/2022, de 29 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene competencia en la elaboración y desarrollo de la política del Gobierno en materia de inmigración, extranjería y emigración.
El sistema de gestión y financiación mediante acción concertada ha sido desarrollado en el Título V del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado mediante Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, y en la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada.
De conformidad con el artículo 11 de la citada orden, el órgano gestor realizará una planificación de los recursos necesarios que van a ser objeto de acción concertada. Esta planificación debe establecerse en las correspondientes resoluciones de la Dirección General de Gestión del Sistema de Protección Internacional y Temporal y de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, para cuya publicación es necesario, con carácter previo, disponer del certificado de la existencia de crédito y, en su caso, el certificado de cumplimiento de límites de ejercicios posteriores y la aprobación del gasto.
Con fecha 14 y 25 de octubre de este año se adoptaron, respectivamente, tanto la Resolución por la que se declara la emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas, por importe de 33 millones de euros, como la Resolución por la que se amplía la emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas, por importe de 76.051.811 euros.
Para hacer frente al coste de los servicios contratados con la resolución de declaración de emergencia inicial, se realizó una reordenación de las retribuciones comprometidas en el marco de la gestión mediante acción concertada del sistema de acogida de protección internacional y del programa de atención humanitaria.
Esta reordenación se efectuó mediante una modificación de la resolución de planificación, que afectó tanto al sistema de acogida de protección internacional como al programa de atención humanitaria.
Por lo que se refiere al coste de los servicios contratados con la ampliación de la declaración de emergencia, se propone realizar una reordenación similar. Esto implica realizar un compromiso de gasto negativo en 2023 del importe no imputable a los presupuestos de este año, y adquirir un compromiso por importe idéntico que, aprovechando la flexibilidad que permite el sistema de financiación mediante acción concertada, se propone traspasar mediante reducciones del anticipo del coste del sistema del ejercicio posterior, hasta el año 2026.
Todo lo anterior, con el objetivo de poder disponer de crédito con el que hacer frente a los costes imprevistos de la declaración de emergencia como consecuencia del incremento de llegadas a las costas españolas en el segundo semestre de 2023.
De acuerdo con las previsiones realizadas por la Secretaría de Estado de Migraciones, teniendo en cuenta las necesidades citadas, y el crédito inicial y retenido, la situación en la aplicación 32.03.231H.22, a nivel de vinculación, es la siguiente:
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| 2024 | | 2025 | | 2026 |
Límites actuales | | 687.652.320,62 | | 652.856.474,63 | | 418.679.385,74 |
Gasto total a comprometer |
| 687.652.320,62
| | 652.856.474,63 | | 523.994.437,39
|
Por todo ello, al superarse el límite establecido en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es necesaria la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para la citada aplicación.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la realización de diversas actuaciones en el Programa 'Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes'.
El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitó, con base en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, autorización para fijar los límites de los compromisos máximos a adquirir en ejercicios futuros a fin de posibilitar la realización de diversas actuaciones en el Programa antes mencionado, la cual tiene un crédito presupuestario que asciende a 251.582.780 euros.
Según se pone de manifiesto en la Memoria, los Hitos y Objetivos de la aplicación afectada serían los Hitos números 88 y 94, que son comunes a actuaciones no solo de la de la Dirección General de Carreteras, sino también de SEITTSA, ADIF y SECEGSA.
Al formar parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las actuaciones se ejecutarán respetando los principios establecidos para el cumplimiento del mismo, entre los que se encuentran los señalados en los artículos 5, 9 y 22 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, así como los compromisos adquiridos respecto al gasto verde y digital, el cumplimiento del principio de no realizar daño significativo al medio ambiente, respetando la planificación y distribución plurianual de costes y la legislación europea de ayudas de estado.
Los compromisos de gasto propuestos por la Dirección General de Carreteras en nuevas actuaciones a llevar a cabo, así como los importes ya retenidos para cada una de las anualidades:
Actuaciones | 2024 | 2025 | 2026 |
Crédito retenido | 168.741.602,67 | 138.851.740,62 | 101.401.538,36 |
Bajas pendientes de contabilizar | -5.371.926,73 | -3.758.985,53 | -2.004.042,06 |
Nuevas actuaciones | 131.224.500,00 | 158.510.000,00 | 31.702.000,00 |
Liquidación 10% para nuevos contratos o pendiente de retener | 367.711,88 | 520.788,97 | 26.112.716,77 |
TOTAL | 294.961.887,82 | 294.123.544,06 | 157.212.213,07 |
En consecuencia, para el gasto imputado a las anualidades 2024 a 2026 se solicitó que el Consejo de Ministros autorizara los límites para adquirir compromisos de gasto en dichos ejercicios de conformidad con lo establecido en el artículo 41.3 de la norma en los siguientes términos:
Año | | Límite de compromiso máximo a adquirir (€) | |
2024 | | 294.961.887,82 | |
2025 | | 294.123.544,06 | |
2026 | | 157.212.213,07 |
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Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Fondos Comunitarios la adquisición de compromisos de gasto para ejercicios futuros en los años 2024 a 2027, en la aplicación 'Aportación a la Unión Europea para ayuda a Ucrania'.
La Dirección General de Fondos Comunitarios, que gestiona los créditos de la Sección 34 "Relaciones financieras con la Unión Europea", solicita autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003 en la aplicación antes mencionada, al no existir crédito inicial en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
El Reglamento (UE) 2022/2463 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, establece un instrumento para prestar apoyo de la Unión a Ucrania (ayuda macrofinanciera +) en forma de préstamos, ayudas no reembolsables y bonificaciones del tipo de interés, con el objetivo de contribuir a paliar su déficit de financiación. En particular, proporcionando ayuda a corto plazo en condiciones muy favorables a su presupuesto de manera predecible, continua, ordenada y oportuna, así como financiar la rehabilitación y el apoyo inicial a la reconstrucción tras la guerra, cuando proceda, con vistas a apoyar a Ucrania en su camino hacia la integración europea.
Según el artículo 7 del citado reglamento UE, la aportación de cada Estado miembro vendrá determinada por su participación relativa en la RNB total de la UE. A España le corresponde una contribución máxima de 237.558.508 euros, distribuidos, según el centro gestor, en cuatro anualidades, de 2024 a 2027, con la siguiente distribución por anualidades:
Año | | Compromiso máximo a adquirir (€) |
2024 | | 59.389.627 |
2025 | | 59.389.627 |
2026 | | 59.389.627 |
2027 | | 59.389.627
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En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es necesaria la autorización del Consejo de Ministros en los términos previstos en esta Propuesta.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado a Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 35 millones de euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En concreto, esta Comunidad Autónoma ha solicitado autorización para formalizar un préstamo a largo plazo entre el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe máximo de 35 millones de euros para la financiación del proyecto denominado 'Cantabria Prehistoric Museum'. Dicha entidad forma parte del Sector de las Administraciones Públicas de la Comunidad.
Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Hacienda y Función Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado una subvención para financiar el proyecto 'Catalunya Media City', por un importe de 60 millones de euros.
El proyecto 'Catalunya Media City', impulsado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, nace con el objetivo de constituirse en un 'hub' del audiovisual, la cultura digital y el videojuego y ofrecer un apoyo integral a la cadena de valor del macrosector audiovisual y digital.
El proyecto tendrá como sedes el sector Tres Xemeneies, zona limítrofe entre Sant Adrià del Besós y Badalona, y el Parc Audiovisual de Cataluña, en la ciudad de Terrassa.
Para acometer la financiación del proyecto, está prevista la firma del convenio entre la Administración General del Estado y la Generalitat catalana. De esta forma, suscribirían este acuerdo el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga.
En el Plan de Impulso del Sector Audiovisual del Gobierno de España se incluyen medidas con las siguientes prioridades: convertir España en polo de atracción de la producción audiovisual, reduciendo los costes administrativos y regulatorios; mejorar la competitividad de las empresas a través de la aplicación de nuevas tecnologías que les permitan competir en un mercado digitalizado y generar talento reduciendo la brecha de género.
Por su parte, el fomento del audiovisual y la innovación y la cultura digital han sido considerados como ejes estratégicos por la Generalitat catalana, que hay impulsado un 'hub' del audiovisual, la cultura digital y el videojuego, a través del proyecto 'Catalunya Media City'.
Así, 'Catalunya Media City' se configura como una iniciativa público-privada siguiendo un modelo de cuádruple hélice en el que colaboren el sector público, las empresas, las instituciones académicas (universidad, formación, investigación y desarrollo) y la sociedad civil.
El impulso de un 'hub' centrado en la industria audiovisual, la cultura digital y el videojuego puede ser piedra fundamental para el impulso económico del macrosector y para la atracción de talento e inversión internacional.
Asimismo, la formación, la investigación y el desarrollo, el impulso de la innovación y la constitución de plataformas de distribución y exhibición de productos audiovisuales y digitales es un factor de crecimiento fundamental y estratégico para el sector. Además, la ampliación recogida en el proyecto de la construcción de dos platós de 2.300 m2 y 1.500 m2 respectivamente, convertirán al Parc Audiovisual de Cataluña en un referente a nivel internacional.
El presupuesto total estimado del proyecto asciende a 135.863.931,53 euros y el importe de la subvención en relación con el presupuesto total del proyecto a financiar representa un 44%.
Tanto la Generalitat como la Administración General del Estado consideran prioritaria la realización de las actuaciones necesarias para que el proyecto 'Catalunya Media City' se convierta en una realidad.
Actuaciones concretas
Con este propósito, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 contempla un crédito de 60 millones de euros para la concesión de una subvención nominativa con la que impulsar el proyecto en su primera fase, aportando financiación para las siguientes actuaciones:
- La adquisición de los terrenos destinados a actividad económica en el sector Tres Xemeneies.
- La contratación y elaboración del proyecto y obras Nave Turbinas, destinada a equipamiento público de apoyo a la cadena de valor.
- El proyecto y construcción de platós en el Parc Audiovisual de Catalunya
De esta forma, el convenio regula la concesión de una subvención nominativa en el ejercicio 2023 a la Generalitat de Catalunya por importe de 60 millones de euros con el fin de contribuir a la financiación del proyecto, de acuerdo con lo contemplado en la Ley General de Subvenciones.
El plazo de ejecución de las inversiones financiables finaliza el 31 de diciembre de 2026.
Para el seguimiento y control de la ejecución del convenio se constituirá una comisión de seguimiento, que se reunirá, al menos, una vez al año.
La Generalitat informará cada año a la Comisión de Seguimiento del grado de ejecución real de las obras realizadas, detallando los proyectos e importes ejecutados.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales, por importe total de 25 millones de euros.
Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza las siguientes contribuciones:
- 10.000.000 de euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) - Situación humanitaria en Gaza.
- 4.000.000 de euros al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - Situación humanitaria en Gaza.
- 3.000.000 de euros a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) - Situación humanitaria en Gaza.
- 2.000.000 de euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) - Situación humanitaria en Gaza.
- 2.000.000 de euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) - Situación humanitaria en Gaza.
- 2.000.000 de euros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - Situación humanitaria en Gaza.
- 2.000.000 de euros a la Organización Mundial de la Salud (OMS) - Situación humanitaria en Gaza.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de cuatro vehículos blindados para determinadas representaciones españolas de riesgo en el exterior, por importe de 559.582 euros. (MAUC)
Las emergencias derivadas por la violencia ejercida por las bandas armadas en Haití, por la situación de inseguridad extrema en la que se encuentra el Estado de Israel, y por último, el recrudecimiento de la situación de inestabilidad e inseguridad en Ecuador, especialmente en Guayaquil y las zonas que conforman la demarcación del Consulado, y con el fin de garantizar la seguridad del personal que presta servicio en las Embajadas de España en Puerto Príncipe y Tel Aviv y en el Consulado General de España en Guayaquil, se ha procedido a la adquisición de cuatro vehículos blindados.
Para poder prever y dotar de estos recursos esenciales a las Embajadas y Consulados afectados, se ha procedido a la tramitación de emergencia, al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la necesidad de actuar de manera inmediata, al concurrir una situación excepcional.
De conformidad con la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, en los acuerdos marco o sistemas dinámicos de contratación vigentes, la contratación de los servicios o suministros incluidos en el ámbito objeto del mismo al margen de la Central de Contratación del Estado sólo podrá ser realizada por el órgano competente conforme a las normas generales de competencia y procedimiento, previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Este informe favorable se emitirá cuando se acredite que los bienes adjudicados o el régimen de prestación de los servicios establecido no reúnen las características indispensables para satisfacer las concretas necesidades del organismo peticionario, como sucede en este caso concreto.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España al programa de Tax y Development del CTPA (Center for Tax Policy and Administration) de la OCDE en el ejercicio 2023, por un importe de 50.000 euros. (MAUC).
El programa Tax y Development del CTPA (Center for Tax Policy and Administration) es uno de los Comités sustantivos de la OCDE en los que España participa, representada por la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenibles. El objetivo de este programa es apoyar a los países en desarrollo a implementar políticas fiscales que les ayuden a incrementar la movilización de sus recursos domésticos.
Muchos donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) apoyan tradicionalmente a los países socios con programas de capacitación técnica en materia fiscal. El programa Tax y Development aporta resultados tangibles en términos de incremento de ingresos fiscales.
La relación institucional entre España y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se consolida mediante la participación en sus distintos comités. Durante los últimos años, España contribuye a este Programa y participa en las reuniones del grupo de donantes que definen los programas, presupuestos asignados y distribución en función de las prioridades.
La cuantía de la contribución para el año 2023 es de 50.000 euros.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España al Centro de Desarrollo de la OCDE (DEV) en el ejercicio 2023, por un importe de 275.000 euros. (MAUC)
España apoya anualmente al DEV mediante contribuciones voluntarias, tanto al presupuesto general y sin marcar del organismo, como también con contribuciones específicas a determinados programas de trabajo que resultan de especial relevancia para nuestro país.
El Centro de Desarrollo de la OCDE (DEV). es uno de los Comités sustantivos de este organismo. España participa representada por la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenibles. El Centro de Desarrollo y el Club del Sahel son instituciones asociadas, que integran a estados miembros y no miembros de la organización.
La contribución propuesta para el DEV este año se desglosa siguiendo las distintas líneas:
- 100.000 euros se dedicarán al presupuesto general del DEV.
- 25.000 euros se dedicarán a la Unidad de Comunicación del DEV (DEVCOM).
- 75.000 euros para la financiación del Estudio y Seminario sobre la Triple Transición "Shaping international co-operation to face the digital, green, and social transitions" organizado en el marco y en apoyo a la Presidencia de española del Consejo de la Unión Europea.
- 75.000 euros para la financiación del LEO (Latin Economic Outlook).
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales, por un importe global de 8.000.000 euros.
Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza:
- Contribución de 5.000.000 euros a la Corte Penal Internacional (CPI):
- Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de las Víctimas (2.000.000 euros)
- Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (3.000.000 euros).
- Contribución de 500.000 euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) - Operaciones en el Sahel y en Mauritania (campamento de refugiados Mbera y otros).
- Contribución de 500.000 euros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) - Operaciones en el Sahel y Mauritania (campamento de refugiados Mbera y otros).
- Contribución de 1.000.000 de euros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - Apoyo a las niñas en Afganistán.
- Contribución de 1.000.000 de euros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) - Conectividad de refugiados.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, una ley que manifiesta el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades. Se trata de una iniciativa que avanza en el camino trazado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ya incorporaba el principio de representación equilibrada.
La nueva norma va más allá y busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad. Para ello, introduce modificaciones sustanciales en distintas normas del ordenamiento jurídico español. Se trata de romper los techos de cristal y de avanzar de forma real en la igualdad entre hombres y mujeres, y cumplir con el mandato constitucional y los mandatos europeos.
El proyecto de ley traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas. De esta forma, España asume una posición de liderazgo a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género. De esta forma, el proyecto de ley incorpora el principio de representación equilibrada al ámbito empresarial.
Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras). Con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores, o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros, o un activo superior a 43 millones, deberán tener una composición acorde con el principio de paridad: el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo. Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo. En el caso de las sociedades cotizadas, se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.
En el ámbito político, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera. Es decir, establece que las candidaturas estén integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares. También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos, como por ejemplo las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales de cada ministerio, deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
El principio de representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo. También se deberá cumplir con el principio de representación equilibrada en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquellas.
Con esta iniciativa, España avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030, en concreto en el objetivo número 5, destinado a la garantía real de la igualdad entre hombres y mujeres.
Interior
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio del Interior una inversión de 3 millones de euros en la adquisición de infraestructuras estables y modulares para la creación de un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en la isla canaria de Fuerteventura, con capacidad para 600 personas.
La instalación de este nuevo CATE en Fuerteventura tiene por objeto paliar el déficit de recursos de la Policía Nacional para la atención de los inmigrantes que arriban a sus costas de manera irregular, después de que parte de estos recursos fueran trasladados a El Hierro semanas atrás.
El refuerzo trasladado a El Hierro dejó en Fuerteventura solo una instalación provisional en la denominada 'Nave del Queso' con capacidad para 200 personas. La inversión aprobada este martes permitirá ampliar su capacidad de respuesta e instalar un nuevo CATE en terrenos del Ministerio del Interior en la isla con capacidad aproximada para 600 personas.
Este CATE contará con los servicios y suministros necesarios para el alojamiento de los inmigrantes en las mejores condiciones de albergue asistencial mientras se realizan las primeras actuaciones policiales con un tiempo máximo de estancia de 72 horas, plazo legal para tramitar las diligencias iniciales de identificación y comprobación de antecedentes antes de ser derivados a la red de acogida.
La tramitación del expediente de construcción del CATE de Fuerteventura se realizará por el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado licitar dos contratos de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Girona por un valor de 39,15 millones de euros (sin IVA), que incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
La duración de ambos contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, e incluyen un total de 213 kilómetros de carreteras, de los que 84 km son de autovía.
Los pliegos contienen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y las actuaciones se enmarcan en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Los trabajos consisten en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinadas actuaciones específicas de mejoras en el drenaje de las carreteras o rehabilitación del firme.
Los contratos responden a la conservación de los sectores 2 y 3 de la provincia de Girona, que comprenden las siguientes carreteras:
- Contrato del sector nº2, por valor de 26,77 millones de euros (IVA no incluido): para 129 km repartidos en distintos tramos de las carreteras A-26, N-260, N-260A y los ramales de enlace de la A-26 con la C-66.
- Contrato del sector nº3, por valor de 12,38 millones de euros (IVA no incluido): para 84 km repartidos en distintos tramos de las carreteras N-260, N-152, N-154, N-155.
Sostenibilidad
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la RCE contemplan objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.
La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Valladolid, con un valor estimado de 34,45 millones de euros (sin IVA), que incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 183 kilómetros (km) de carreteras de las que 157 km son de autovías, incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE) asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Los trabajos señalados en este contrato se realizarán en el sector nº 3, que incluye distintos tramos de la A-6 y sus vías de servicio, y de la N-6A.
Junto a las carreteras relacionadas, serán objeto del contrato la ejecución de las obras de:
- Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-6 entre los km 156 al 179.
- Instalación de malla conejera y despeje de taludes en diversos puntos de la carretera A-6.
Sostenibilidad
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) contemplan objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.
Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.
Características del modelo de conservación
El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado licitar dos contratos de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de León por un valor estimado de 86,8 millones de euros (sin IVA), que incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
La duración de ambos contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, e incluyen un total de 598 kilómetros de carreteras, de los que 170 km son de autovía.
Los pliegos contienen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y las actuaciones se enmarcan en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Los trabajos consisten en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinadas actuaciones específicas de renovación de barreras de seguridad metálicas o rehabilitación del firme en distintos tramos.
Los contratos responden a la conservación de los sectores 1 y 3 de la provincia de León, que comprenden las siguientes carreteras:
- Contrato del sector nº1, por valor de 57,26 millones de euros (IVA no incluido): para 346 km, repartidos en distintos tramos de las carreteras A-6, N-120, N-120A, N-6, N-6A, N-536.
- Contrato del sector nº3, por valor de 29,57 millones de euros (IVA no incluido): para 252 km, repartidos en distintos tramos de las carreteras A-60, N-120, N-601, N-621, N-625.
Sostenibilidad
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la RCE contemplan objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.
La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.
Características del modelo de conservación
El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado licitar dos contratos de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Lleida por un valor estimado de 48,9 millones de euros (cifra sin IVA), que incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
La duración de ambos contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, e incluyen un total de 295 kilómetros de carreteras, de los que 37 km son de autovía.
Los pliegos contienen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y las actuaciones se enmarcan en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Los trabajos consisten en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinadas actuaciones específicas de rehabilitación del firme.
Los contratos responden a la conservación de los sectores 2 y 3 de la provincia de Lleida, que comprenden las siguientes carreteras:
- Contrato del sector nº2, por valor de 22 millones de euros (IVA no incluido): para 131 km repartidos en distintos tramos de las carreteras N-230, A-14, ramales de conexión A-14 con A-2, A-14R2, N-240, A-22, A-22R1, A-22R2.
- Contrato del sector nº3, por valor de 26,86 millones de euros (IVA no incluido): para 164 km repartidos en distintos tramos de las carreteras N-145, N-260, N-260R.
Sostenibilidad
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) contemplan objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.
La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.
Características del modelo de conservación
El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Industria y Turismo
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones de cuantía 3 millones de euros, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, para la rehabilitación y mejora de bienes de interés cultural de titularidad pública en Ceuta y Melilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que recibirán 1,5 millones de euros cada una.
Se financiarán, como mínimo, 9 actuaciones en bienes de interés cultural de titularidad pública con uso turístico que no realicen actividad económica o en el entorno de bienes de interés cultural como, por ejemplo:
- Rehabilitación de espacios para su uso turístico.
- Mejora de la eficiencia energética.
- Rehabilitación y aprovechamiento de espacios con tecnologías inteligentes.
- Rehabilitación y restauración de edificios declarados como Bien de Interés Cultural para uso turístico y cultural.
El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables finalizará el segundo trimestre de 2026.
El turismo es un sector estratégico de nuestra economía, que ha generado el 12,4% del PIB y cerca del 12,9% del empleo, además de una herramienta de cohesión social y territorial, de desarrollo económico y de fijación de población.
Industria y Turismo
El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre comunidades autónomas y ciudades autónomas de 108 millones de euros para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas para el ejercicio 2023, en el marco del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Acuerdo deberá ratificarse en la Conferencia Sectorial de Turismo.
El criterio objetivo de reparto territorial considera el número de establecimientos y número de habitaciones ofertadas por cada Comunidad Autónoma, que figuran en la Encuesta de Ocupación Hotelera de 2019, última disponible antes de la pandemia.
La distribución por CCAA quedaría según recoge el siguiente cuadro:
| Presupuesto 2023 | |
| Importe (miles) | Beneficiarios |
Total | 108.000,00 | 773 |
01 Andalucía | 17.255,15 | 124 |
02 Aragón | 4.736,83 | 34 |
03 Asturias, Principado de | 4.210,03 | 30 |
04 Balears Illes | 8.082,13 | 58 |
05 Canarias | 10.503,62 | 75 |
06 Cantabria | 1.992,91 | 14 |
07 Castilla y León | 10.363,80 | 74 |
08 Castilla-La Mancha | 5.243,92 | 38 |
09 Cataluña | 16.721,23 | 120 |
10 Comunitat Valenciana | 8.805,80 | 63 |
11 Extremadura | 2.359,73 | 17 |
12 Galicia | 4.963,60 | 36 |
13 Madrid, Comunidad de | 5.835,28 | 42 |
14 Murcia, Región de | 1.284,00 | 9 |
15 Navarra, Comunidad Foral de | 2.354,64 | 17 |
16 País Vasco | 2.504,41 | 18 |
17 Rioja, La | 701,11 | 5 |
18 Ceuta | 42,30 | 0 |
19 Melilla | 39,53 | 0 |
| 108.000,00 | 773 |
Los beneficiarios de este Acuerdo de reparto son las CCAA. Estas deberán asignar, a través de las convocatorias de subvenciones que efectúen en sus respectivos territorios, el presupuesto que les haya correspondido a los destinatarios últimos; es decir, a las empresas del sector turístico definidas en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial: transporte de pasajeros, hoteles, alojamientos, campings, restauración, alquiler de vehículos, agencias de viajes, operadores turísticos, organización de convenciones y ferias, etc.
Las actuaciones subvencionables deben dedicarse a la mejora de la eficiencia energética, medidas de gestión de residuos y actuaciones orientadas a la reutilización, acciones destinadas a fomentar los suministros de proximidad y mejora en instalaciones y equipos en materia de iluminación, climatización y almacenamiento térmico.
El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables será hasta el 30 de junio de 2025.
Industria y Turismo
El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre comunidades autónomas y ciudades autónomas de 54 millones de euros para un Plan de Formación en Competencias Digitales para el sector turístico para el ejercicio 2023, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este acuerdo deberá ratificarse en la Conferencia Sectorial de Turismo.
El criterio para la distribución de los créditos es la cifra de empleo turístico en cada comunidad autónoma, proponiéndose un indicador que mide el promedio de los 3 meses de mayor afiliación a la seguridad social de cada comunidad autónoma.
La aplicación del criterio supone la siguiente distribución territorial de créditos:
| AFILIADOS EN HOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS (promedio de los 3 meses de más afiliación nov 2022 - oct 2023) | Cantidad asignada | Número de personas que terminan con éxito cursos de al menos 150 horas |
Andalucía | 344.208 | 9.425.599,53 € | 3378 |
Aragón | 42.510 | 1.164.079,21 € | 417 |
Asturias | 37.546 | 1.028.138,68 € | 368 |
Baleares | 177.200 | 4.852.336,65 € | 1739 |
Canarias | 163.868 | 4.487.269,74 € | 1608 |
Cantabria | 25.643 | 702.202,71 € | 252 |
Castilla - La Mancha | 52.497 | 1.437.539,38 € | 515 |
Castilla y León | 77.951 | 2.134.557,50 € | 765 |
Cataluña | 319.704 | 8.754.604,81 € | 3137 |
C. Valenciana | 209.378 | 5.733.481,02 € | 2054 |
Extremadura | 28.574 | 782.463,58 € | 280 |
Galicia | 90.937 | 2.490.167,99 € | 892 |
C. Madrid | 247.524 | 6.778.068,03 € | 2429 |
Murcia | 47.473 | 1.299.964,98 € | 466 |
Navarra | 19.641 | 537.838,17 € | 193 |
País Vasco | 72.392 | 1.982.342,08 € | 710 |
Rioja | 10.674 | 292.299,98 € | 105 |
Ceuta y Melilla | 4.274 | 117.045,96 € | 42 |
Total | 1.971.995 | 54.000.000,00 € | 19.350 |
Las beneficiarias de estas líneas de financiación son las CCAA, si bien los destinatarios finales del programa para la transformación digital de las pymes son las pymes y los trabajadores y jóvenes del sector turístico.
Cada comunidad autónoma elaborará un programa de Formación en Competencias Digitales para el Turismo y será la coordinadora de la ejecución y justificación.
Plan de Formación en Competencias Digitales para el Sector Turístico
El plan tiene como objetivo general acordar los elementos comunes que deben estar presentes en cada programa de Formación diseñado e implantado por las CCAA ya que, al ser financiados por Fondos NextGeneration, se requiere considerar algunos extremos de manera coordinada. Sus objetivos específicos son:
1.- Diseñar acciones formativas.
2.- Identificar niveles competenciales.
3.- Diseñar acciones de formación correctamente niveladas.
4.- Potenciar la colaboración del sector privado.
5.- Orientar las acciones de formación a las necesidades de cada empresa.
El contenido fijado para las acciones formativas está integrado por 5 ejes competenciales:
- Informatización y alfabetización de datos: buscar datos e información en entornos digitales, acceder y navegar por ellos, juzgar la relevancia de la fuente y su contenido, almacenar y organizar información y contenidos...
- Comunicación y colaboración: participar en la sociedad a través del uso de los servicios digitales públicos y privados.
- Creación de contenidos digitales: crear y editar contenidos digitales y mejorar e integrar la información y contenidos en un cuerpo de conocimientos existente, y comprender cómo deben aplicarse los derechos de autor y las licencias.
- Seguridad: proteger los dispositivos, los contenidos, los datos personales y la privacidad en entornos digitales, así como ser conscientes de las tecnologías digitales en el bienestar social y la inclusión social y de su impacto medioambiental.
- Resolución de problemas: identificar necesidades y problemas y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en el entorno digital. Utilizar herramientas digitales para innovar procesos y productos.
Los destinatarios de las acciones formativas, que tendrán una duración de 150 horas, serán las pymes y los trabajadores del sector turístico (se pretende que participen 19.350 personas antes de finalizar el segundo trimestre de 2026).
Agricultura, Pesca y Alimentación
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se actualizan los baremos para el establecimiento de las ayudas para compensar la paralización temporal de la actividad de la flota pesquera con financiación del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA)
El anterior baremo se aprobó en 2015 y se ha aplicado en el periodo 2014-2020 de ejecución de este fondo europeo. Ahora se considera necesaria su actualización, dado el tiempo transcurrido y los cambios habidos en el entorno económico.
La revisión del sistema de cálculo de las ayudas se modifica con la inclusión de dos componentes, una prima por coste fijo y otra prima por lucro cesante. De esta manera, se pretende que la ayuda compense de una forma más fiel y actual las consecuencias que tiene para los armadores la paralización de la actividad pesquera.
La modificación permitirá mejorar la capacidad de adaptación y sostenibilidad a medio plazo de la flota, en un contexto de incremento de precios de los insumos. La actualización de los importes percibidos por los pescadores y armadores podrá mejorar sus posibilidades de mantener la actividad económica, al compensar de modo más adecuado el lucro cesante ocasionado por las paralizaciones, lo que redundará en la capacidad de supervivencia del sector y de los puestos de trabajo
En la mayoría de los casos la paralización pesquera obedece a cuestiones biológicas, y se realiza con el objeto de garantizar la recuperación o el mantenimiento adecuado de las poblaciones afectadas. Esta garantía de mantenimiento de los recursos biológicos marinos es un bien social con beneficios generales, y son los pescadores y armadores uno de los actores más directamente implicados.
Esta actualización, junto con la ya realizada en julio de 2022, en el marco de la aplicación del Plan de gestión del Mediterráneo, supone el equilibrio entre la aportación del sector extractivo al mantenimiento de los recursos pesqueros y el esfuerzo económico directo que supone para ellos.
Juventud e Infancia
El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 20 millones de euros destinada a las comunidades autónomas y a la ciudad autónoma de Ceuta para la acogida solidaria de 396 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
El pasado mes de octubre, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron este traslado solidario en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se enmarca dentro del Plan de respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes 2022-2023, aprobado el 30 de septiembre de 2022.
El importe de la asignación corresponde al segundo y último reparto del crédito de los 35 millones de euros presupuestados para el traslado y la atención multidisciplinar necesaria para proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. El primer reparto, de 15 millones de euros, se destinó en mayo a la comunidad autónoma de Canarias y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por ser los territorios donde se ha producido un mayor número de llegadas.
El reparto de niñas, niños y adolescentes por comunidades y ciudades autónomas es el siguiente: Andalucía, 36; Comunidad de Madrid, 34; Cataluña, 33; Principado de Asturias, 32; Galicia, 28; Cantabria, 26; Comunitat Valenciana, 25; Extremadura, 25; Aragón, 24; Castilla y León, 23; Canarias, 21; Castilla-La Mancha, 20; Región de Murcia, 19; Comunidad Foral de Navarra, 17; País Vasco, 17; Illes Balears,10; La Rioja, 4 y Ceuta, 2. Melilla no acogerá a ningún menor en esta ocasión.
BIOGRAFÍAS
Presidencia del Gobierno
Director del Departamento de Seguimiento y Análisis Territorial del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
Licenciado en Derecho, experto en relaciones con la Unión Europea, asesor y gestor. Especialista en Derecho administrativo con amplia experiencia en derecho ambiental, de la energía y extranjería. Ha ocupado durante una década puestos directivos en la Administración y ha coordinado el Gabinete jurídico del Grupo parlamentario socialista en el Senado. Tiene el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública y el Máster en Derecho de la Energía. Fue también coordinador del Gabinete Jurídico en el Senado del Grupo Socialista, asesor en políticas migratorias en el Congreso de los Diputados, Grupo Socialista, asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración, asesor jurídico en la Secretaría de Políticas Sociales y Migratorias de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y coordinador de Programas en La Fundación Españoles en el Mundo
Ha sido director general de Migraciones y Encomienda de la Orden del Mérito Civil en 2020. Desde el 27 de julio de 2021 ha ejercido como director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
ACUERDO de toma de conocimiento del nombramiento del director del Gabinete del director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20
Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Completó su formación con un máster en Democracia y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid, un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática y un año académico en la Université Paris-IV Sorbonne.
Trabajó como investigador en el Real Instituto Elcano de 2013 a 2019. Posteriormente, entre 2019 y 2020, fue asesor y speechwriter del Secretario de Estado para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Además, ha trabajado en el Centre for European Policy Studies (CEPS) en Bruselas, ha co-dirigido el Observatorio de Asuntos Europeos de la Transatlantic Relations Initiative del IE, ha sido associate fellow en el German Council on Foreign Relations (DGAP) y ha realizado estancias de investigación en el Colegio de Europa en Brujas, el Institute for European Studies de la VUB en Bruselas y el Institut d'Études Européennes de la ULB en Bruselas. Tiene experiencia docente en el IE, la UNED, la UCM, la Escuela Diplomática o el INAP, entre otros.
Desde marzo de 2021 ha sido vocal asesor de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, donde se ha encargado de la coordinación del departamento, con especial énfasis en la coordinación de la política económica europea e internacional.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado de 2021 a 2023, diputada en el Parlament de Catalunya (de 2010 a 2021), miembro del Secretariado Nacional de la UGT de Cataluña (de 2002 a 2010) desempeñando su representación en el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña y en el de España. Ha trabajado en el área de responsabilidad social corporativa en Alstom (2007-2010) estando desde entonces en excedencia.
Su labor política ha estado centrada en la mejora de la protección social, el fomento del empleo y la construcción del proyecto común español. En la universidad, impulsó la Fundació Solidaritat-Universitat de Barcelona para la defensa de los derechos humanos.
Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona y Executive Master en Dirección Pública por ESADE.
Embajador de España Delegado Permanente en la Unesco
Ministro de Cultura y Deporte entre 2021 y 2023, ministro de Política Territorial y Función Pública en 2021, anteriormente ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña (1999 - 2021) y concejal del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (1987 - 1991). Entre 1991 y 1996 trabajó en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Ha participado en reuniones de Ministros de Cultura de la Unión Europea, del Mediterráneo y del G20. Fue uno de los cuatro vicepresidentes de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult, celebrada en 2022 en México.
Como ministro de Cultura, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, firmó la solicitud para que España sea designada sede de la próxima Conferencia Mundial de la UNESCO a celebrar en 2025.
Embajador en Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York
Licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado en Derecho y diplomado en la especialidad de Turismo.
Fue concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife) y diputado autonómico en el Parlamento de Canarias hasta su nombramiento como director general de Turespaña en 2018. En las Elecciones Generales de 2019 fue elegido diputado por Santa Cruz de Tenerife y desde entonces ha sido portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, jefe de delegación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En 2021 es nombrado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y posteriormente presidente de la Comisión Constitucional.
En marzo de 2023 es nombrado ministro de Industria, Comercio y Turismo y actualmente es diputado en las Cortes Generales por Santa Cruz de Tenerife.
Embajador de España en el Reino de Lesoto
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y diplomado en Derecho por la UNED, ingresó en la Carrera Diplomática en 2001, siendo su primer destino el de jefe de Servicio de Cuestiones Europeas de Desarme. Entre 2002 y 2006 fue Primer Secretario de la Embajada de España en Japón. Entre 2006 y 2009 fue consejero en la Embajada de España en Sudáfrica, y de 2009 a 2011 desempeñó la Segunda Jefatura de la Embajada de España en Senegal.
En 2011 es nombrado vocal asesor en la Dirección General de Política de Desarrollo y en 2012 es nombrado vocal asesor en el Departamento de Asuntos Internacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con nivel orgánico de subdirector general, encargándose de cuestiones asiáticas y africanas. En 2014 es nombrado Segunda Jefatura de la Embajada de España en Chile. En julio de 2017 es nombrado director general para África en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Desde enero de 2022 es embajador de España en la República de Sudáfrica.
Embajador de España en la República Centroafricana
Licenciado en Derecho (2000) y en Administración y Dirección de Empresas (2001), por la Universidad Pontificia Comillas. Ingresó en la carrera diplomática en diciembre de 2003.
En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha estado destinado en la Subdirección General de Europa Occidental (jefe de Servicio y posteriormente jefe de Área, 2004-2007), en la Subdirección General de Países Andinos (consejero técnico, 2013-2015) y en la Subdirección General de Países UE (2019-2021, jefe de Área y posteriormente subdirector general).
En el exterior, ha estado destinado en el Consulado General en Sao Paulo (cónsul adjunto, 2007-2010), en la Embajada en Dublín (Consejero, 2010-2013), en el Consulado General en Quito (cónsul adjunto, 2016-2019), y en la Embajada de España en Kenia (2021-2022).
Desde el 27 de julio de 2022 es embajador de España en la República de Camerún.
Embajadora de España en la República de Malaui y de Zambia
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ingresó en la carrera diplomática en 2006.
En el exterior ha estado destinada en las representaciones diplomáticas de España en Angola, Reino Unido y Mozambique.
En los servicios centrales, de 2006 a 2009 trabajó en la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como jefa de servicio, jefa de área, consejera técnica y directora de división, consecutivamente.
Tras volver del extranjero en 2018, y tras un breve paso por la Subdirección General de Relaciones Bilaterales con los Países de la Unión Europea del Ministerio, en 2019 fue nombrada subdirectora adjunta en la Subdirección General de relaciones con los países de África subsahariana, dentro de la Dirección General para África. Desde 2020 y hasta junio de 2023, ejerció como subdirectora general en dicha Subdirección, hasta su nombramiento como Embajadora de España en Harare (República de Zimbabue) cargo que ejerce desde julio de 2022 hasta la actualidad.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid 1988. Ingresó en la Carrera Fiscal el 12 de junio de 1991.
Ha trabajado como fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Palencia, fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Valladolid, inspectora fiscal de la Fiscalía General del Estado y como delegada de delincuencia informática y de delitos de odio.
Director general de Relaciones con las Cortes
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga (1994) y experto en Economía Urbana y Regional por la Universidad de Roskilde, Dinamarca (1993).
Ha trabajado como director del gabinete jurídico y de asesoramiento del Grupo Parlamentario Socialista en Congreso y Senado. Entre 2018 y 2023. Ha trabajado también como asesor económico y jurídico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado (2013-2018), asesor económico y jurídico en el Senado (2008-2011) y asesor ejecutivo de la ministra de Vivienda (2007-2008).
Con anterioridad, ha trabajado como miembro del equipo directivo y del equipo docente del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU), miembro del equipo de investigación sobre indicadores de sostenibilidad urbana junto a la Oficina para América Latina y el Caribe de Habitat-Naciones Unidas (ROLAC). 2003-2007 y miembro del equipo directivo del Centro de Documentación del Programa URB-AL (2005-2007).
Defensa
Secretario general técnico
Licenciado en Derecho, recibió su despacho de Teniente en 1987. Ha realizado los cursos de 'Defensa Nacional', 'Derecho de los conflictos armados', 'Alta Gestión de Recursos Humanos' y el curso de 'Derecho Administrativo Militar'.
Ha desempeñado su carrera en destinos de asesoría jurídica y actualmente desempeñaba el cargo de jefe adjunto de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.
Ha recibido la Gran Cruz al Mérito Militar, y la Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, entre otras condecoraciones.
Interior
Subsecretaria del Interior
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde el año 1994.
Entre los años 1994 a 2005, desempeñó distintos puestos en el Ministerio de Justicia, donde fue coordinadora de la Unidad de Apoyo del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, vocal asesora en el Gabinete del ministro y vocal asesora en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
Entre 2005 y 2008 fue vocal asesora en el Gabinete del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En abril de 2008 fue nombrada jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. En enero de 2012 fue nombrada directora del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, cargo que ostentó hasta marzo de 2015.
En marzo de 2015 pasó a prestar servicios en el Consejo General del Poder Judicial, siendo nombrada directora del Gabinete del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en 2019.
Desde octubre de 2020, ha trabajado como directora del Gabinete del ministro del Interior
Director del Gabinete del Ministro del Interior
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba, cursando parte de sus estudios en Universidad de Bergen (Noruega). En julio de 2018 entra a formar parte del Ministerio del Interior y en enero de 2020 fue nombrado asesor del Gabinete del ministro del Interior.
Hasta su nombramiento como asesor ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, en el Centro de Seguros y Servicio E.C.I. y en la empresa cordobesa de centros deportivos TOP HEALTH habiendo sido director adjunto de la misma.
Ha realizado el curso de 'Defensa Nacional: La Desinformación y su impacto en la Seguridad Nacional' (2020 CESEDEN).
Transportes y Movilidad Sostenible
Secretaria general de Transporte Terrestre
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde 2005 su experiencia profesional se ha enfocado en el desarrollo de proyectos y estudios relacionados con la planificación urbana y la movilidad sostenible. Además, ha cursado el diploma de Gestión del Transporte Público en UITP.
Entre los años 2020 y 2023 ha sido la directora gerente de la Empresa Municipal de Transporte de València. Con anterioridad fue directora de Comunicación y Consultoría en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Antes de su incorporación a EMT Madrid trabajó en distintas empresas privadas, tanto de consultoría de proyectos de movilidad como de gestión de concesiones de transporte por carretera.
Ha sido ponente en numerosos congresos, jornadas y cursos de temas relacionados con la movilidad sostenible, el transporte público y la igualdad de género.
Secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo
Ingeniero Naval y Oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales desde el año 2004.
Ha trabajado como inspector naval en la Capitanía Marítima de Burela entre los años 2004 y 2005. Desde 2005 a 2009 desempeñó los puestos de director del Servicio Provincial en Albacete, subdirector adjunto a la Secretaría General y vocal asesor en la Unidad de Apoyo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. En 2009 fue nombrado subdirector general Económico-Administrativo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y en 2010 asesor del Gabinete de la Vicepresidencia primera del Gobierno. Desde noviembre de 2010 trabajó como vocal asesor-jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Marina Mercante y desde 2014 ejerció de representante alterno de España en el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Seguridad Marítima.
Desde el año 2018 ha desempeñado el puesto de director general de la Marina Mercante.
Directora general de Transporte por Carretera
Doctora ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de València (2016). Su formación se complementa con el máster en Transporte, Territorio y Urbanismo de la Universitat Politècnica de València (2009) y el máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (2012) avalado por la Universidad de Comillas. Ha colaborado con la Autoridad Portuaria de Róterdam a través de una estancia en la Delft University of Technology (Países Bajos).
Comenzó su carrera profesional en la Unidad de Ingeniería Marítima y Portuaria de la Universitat Politècnica de València durante cinco años. Esta experiencia fue complementada con una beca en la Autoridad Portuaria de Castelló.
A lo largo de seis años formó parte del equipo de Logitren Ferroviaria (CSP Logitren), ocupando los cargos de directora de Operaciones y directora de Desarrollo. En 2018, se incorporó a la Oficina del Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, donde hasta este momento ha compaginado sus tareas con la docencia en el Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universitat Politècnica de València.
Entre septiembre de 2019 y junio de 2023 ocupó el cargo de directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible en la Generalitat Valenciana.
Director general de la Marina Mercante
Licenciado en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero Mecánico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado, desempeñando en su última etapa el puesto de consejero técnico de la Dirección General de la Marina Mercante.
Durante su trayectoria profesional ha ejercido puestos de responsabilidad pública como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, vicepresidente y director gerente del Ente Público Empresarial Puertos Canarios. Asimismo, en el sector privado y docente ha sido directivo de naviera de pasajeros y mercancías, consultor de ingeniería naval e industrial y profesor asociado de la ULPGC en el Grado de Ingeniería Naval.
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia en la promoción del año 2000, está en posesión de diversos cursos de postgrado de construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias.
En su trayectoria profesional, entre los años 2000 y 2006, participó en la ejecución de obras como el soterramiento de la línea de metro Valencia en el entorno de Alboraia, la línea del tranvía en Burjassot y diversos proyectos de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Levante.
Desde el 2006 hasta el 2011, fue director de Obra de diferentes actuaciones de plataforma de alta velocidad. A partir de 2012 pasa a desempeñar las responsabilidades de construcción y mantenimiento de la Red Convencional en la Subdirección de Operaciones Este de ADIF.
En 2018 es nombrado director General de Conservación y Mantenimiento de AD.
Industria y Turismo
Secretaria de Estado de Industria
Licenciada en Derecho por la Universitat de València y abogada colegiada no ejerciente.
Entre 2007 y 2011 ocupó el cargo de asesora jurídica del grupo socialista en la Diputación de Valencia, comenzando su carrera política en 2007 como concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent, cuya portavocía ostentó entre 2011 y 2019. Desde 2011 a 2019, fue teniente de alcalde y concejal coordinadora del área de Territorio, Sostenibilidad y Servicios municipales y concejal de Innovación en el consistorio, cargo que, desde 2018, compaginó con el de vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda de la Diputación de Valencia.
Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana desde 2016 a 2018 y secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana de 2019 a 2022, bajo cuya responsabilidad hizo posible la llegada del proyecto de la gigafactoría de baterías de Volkswagen a Sagunt (Valencia), entre otros proyectos inversores y el desarrollo de iniciativas público-privadas.
En mayo de 2022, fue nombrada consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en el Gobierno de la Generalitat Valenciana y, desde julio a diciembre de 2023, ha sido diputada y portavoz parlamentaria del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas.
Subsecretario de Industria y Turismo
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Hasta su nombramiento desempeñaba el cargo de subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, nombrado en julio de 2020. Por razón de ese cargo preside la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Previamente, desde junio de 2018, fue secretario general técnico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En el sector público ha desarrollado distintos puestos vinculados a la regulación y elaboración normativa, como vicesecretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y, anteriormente, en la Secretaría General del Tesoro. Además, ha sido miembro de los consejos de administración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).
En el sector privado ejerció la profesión de abogado durante diez años, especializado en derecho tributario y fue, a lo largo de esa etapa, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), en los Máster en Asesoría Fiscal y en el de Asesoría Jurídica de Empresas.
Politica Territorial y Memoria Democrática
Secretario de Estado de Política Territorial
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de València. Máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros
Internacionales. Formación especializada en el Sector Público, tanto en la empresa privada, como consultor, como en la Administración Central y Autonómica.
En la Administración General del Estado ha sido asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
En la Administración Autonómica, director del Gabinete del President de la Generalitat Valenciana, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y conseller de Hacienda y Modelo Económico.
Hasta su nombramiento era portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialistas en Les Corts Valencianes.
Director del Gabinete del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria de Europa por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía Aplicada "La Economía de la Unión Europea" por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna.
Economista especializado en análisis macroeconómico, economía de Canarias, estrategia corporativa y colaboración público-privada.
Viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, presidente de la Zona Especial Canaria, director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia, director-gerente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y jefe de Gabinete del presidente de la Zona Especial Canaria, entre otros puestos de responsabilidad.
Investigador-colaborador del Consejo Económico y Social de Canarias en la elaboración de su Informe Anual entre los años 2006 y 2011. Autor y coautor de más de quince artículos publicados en diversas revistas y libros profesionales de ámbito internacional, nacional y regional.
Vivienda y Agenda Urbana
Directora general de Agenda Urbana y Arquitectura
Funcionaria de carrera, perteneciente al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, máster en Urbanismo y Estudios Territoriales por la UIMP y en Gestión Pública Directiva, por el I.N.A.P.
Ha ocupado diversos puestos directivos en la Administración General del Estado y en la administración local; entre otros, ha sido subdirectora general de Ayudas a la Vivienda, vocal asesora en distintos gabinetes estatales (Subsecretaría de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo; Dirección General de Arquitectura y Agenda Urbana) y directora general de Servicios Generales y seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Gran parte de su carrera vinculada a temas de arquitectura, vivienda, rehabilitación y políticas urbanas, así como a la planificación y gestión económico-presupuestaria y de recursos humanos.
Secretario general técnico
Graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Administración Civil del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Hasta su nombramiento, y desde el año 2020, ejercía como secretario general del Centro de Investigaciones Sociológicas. Anteriormente, desempeñó puestos predirectivos en la Secretaría General del mencionado organismo, así como estuvo destinado en la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Directora general de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de 2019 a 2023, área desde el que se han impulsado las infraestructuras, la estrategia logística y la de rehabilitación edificatoria, desarrollado y ejecutado los programas del plan estatal y autonómico de vivienda, además del impulso y desarrollo normativo de las políticas públicas de vivienda en la comunidad autónoma.
Con anterioridad, consejera de Cultura e Igualdad, asumiendo la puesta en marcha del V Plan de igualdad de género, la estrategia contra violencia de género y las ayudas a la víctimas para su emancipación.
Diputada en el Congreso en la X legislatura, asumiendo, entre otras, la portavocía de la Comisión de Fomento en materia de vivienda.
Entre 2009 y 2001 fue secretaria general adjunta de la OIJ, organismo internacional que promueve la cooperación iberoamericana.
Entre 2004 y 2008 directora general del INJUVE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, etapa en la que destacan programas relacionados con la concertación social, el empleo y la vivienda.
Procedente del movimiento asociativo, fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres y directora general de Juventud de la Junta de Extremadura.
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Director general de Consumo
Es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, y Máster en Derecho de la Unión Europea por la misma universidad. En su etapa universitaria, realizó estancias académicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superios de Monterrey, México, y en la Universidad Comercial Luigi Bocconi de Milán, Italia.
En el ámbito privado, ha sido abogado asociado en los Departamentos de Derecho de la Competencia y de la Unión Europea en despachos de abogados españoles e internacionales, en las oficinas de Madrid y Bruselas, donde participaba en el asesoramiento jurídico en expedientes administrativos sancionadores ante autoridades nacionales y de la Unión Europea, así como en procedimientos de control de concentraciones, Ayudas de Estado o en materia de publicidad.
Durante esos años de práctica privada, se especializó en sectores directamente relacionados con los consumidores, principalmente telecomunicaciones y energía, derecho farmacéutico, publicidad y gran consumo.
En el ámbito público, y hasta su nombramiento como director general de Consumo, desde enero de 2020 ha sido el responsable jurídico en materia de consumo en el Gabinete del Ministro de Consumo, liderando la producción normativa y el asesoramiento jurídico de la materia, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado como en labores de apoyo técnico jurídico prestado a autoridades de consumo de ámbito autonómico.
Ha publicado distintos artículos en revistas especializadas, así como en prensa económica, analizando asuntos relevantes en el ámbito del Derecho de la Competencia y de la publicidad. Asimismo, ha participado como ponente en jornadas organizadas por distintas autoridades de consumo, analizando los desarrollos normativos en el ámbito de consumo.
Igualdad
Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género
Licenciada en Filosofía y Letras (1992) y doctora en Ciencias de la Educación (1997). Es profesora titular de Universidad desde el mes de julio de 2000 en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears.
Ha ostentado diversos cargos políticos entre los que cabe destacar: diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament de les Illes Balears (2003-2004), subdirectora general de Cooperación y Promoción Cultural Exterior en la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas (MAEC-AECID) (2004-2006); alcaldesa de Palma (2007-2011); copresidenta del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (2011); portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Palma (2011-2015) y directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (2018-2020).
Medalla de la Orden Nacional del Mérito de Francia (octubre 2021).
Delegada del Gobierno en Illes Balears desde febrero de 2020.
Director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+
Fue diputado en Cortes Generales en la XIV legislatura (2020-2023). En el ámbito local, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valladolid (2003-2011), concejal en el Ayuntamiento de Serrada (2011-2019) y diputado en la Diputación de Valladolid en ese mismo periodo de tiempo. Ha desempeñado también el puesto de vocal asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue miembro del Consejo Rector del Instituto de la Juventud y también de la Comisión de Participación del Plan Nacional sobre Drogas.
Ha ejercido diferentes cargos en asociaciones y plataformas estatales de participación social, como presidente y responsable Internacional en el Consejo de la Juventud de España, vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado, secretario general de la Plataforma de Infancia o Presidente de ASDE - Scouts de España.
Ha sido técnico de gestión y gerente en diversas empresas del sector de la formación y en organizaciones sociales.
Ha recibido diferentes premios y condecoraciones por su labor como la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, el premio Derechos de la Infancia de Castilla y León, el premio Derechos de la Juventud de la Fundación Tomás Meabe, el premio Trayectoria de Defensa de los Valores de la Juventud en Castilla y León, y en el ámbito LGTBI+, cuenta con dos reconocimientos de organizaciones de su ciudad natal, Valladolid.
Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, experta universitaria en sistema y ejecución de penas por la Universidad Hispalense y obtuvo el certificado de suficiencia investigadora por la Universidad Pablo de Olavide en el Doctorado en Derecho Penal y Criminología.
Cuenta con formación en materia de Justicia Transnacional y Derechos Humano (Consejo General del Poder Judicial) y en violencia contra las mujeres (Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Europa).
Tras veinte años ejerciendo la abogacía (1995 y 2015), inició su carrera como Magistrada en el año 2015.
En el ejercicio de la judicatura ha sido titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Figueres (2016-2017), titular del Juzgado de Instrucción Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras (2017-2021) y titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Huelva (desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2023). Realizó un intercambio judicial en Bulgaria en el año 2017.
Como docente ha sido profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide entre los años 2006 y 2007.
Directora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación y contra el Racismo
Licenciada en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde funda en 2001 el primer movimiento de mujeres gitanas universitarias de España. En esa misma universidad realizó el curso de postgrado de Investigación y Acción Participativa.
En 2017, es elegida por unanimidad vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el máximo órgano de representación y de interlocución con el Estado de la comunidad gitana en España, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar este cargo hasta finales de 2022.
Desde mayo de 2019 hasta agosto de 2023 ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados en representación del Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Sevilla, siendo una de las pocas personas de etnia gitana que ha ostentado dicha representación institucional a lo largo de la historia democrática de nuestro país. Es la primera mujer gitana que ocupa un alto cargo en el partido como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, ostentando la responsabilidad de la Secretaría de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales.
En el Congreso, se convierte en la primera mujer gitana en ostentar la presidencia de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y lleva a cabo la ponencia y los trabajos para lograr la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en la Comisión de Igualdad.
En el ámbito de la Administración General del Estado, ha sido miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Delitos de Odio, Vicepresidenta Segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y miembro del Patronato del Instituto de Cultura Gitana.
También ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias Romís Andaluzas por la Defensa de sus Intereses (AMURADI) y de la federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI), que aglutina buena parte del movimiento asociativo gitano desde la óptica feminista de base.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Secretaria de Estado de Migraciones
Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (1990). Técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales (1991). Diplomada en el II Curso sobre Comunidades Europeas (1992).
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (desde 2021 hasta su nombramiento). Presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados (2016-2021). Presidenta de la Comisión para el Pacto de Estado de Violencia de Género (2018). Diputada en el Congreso de los Diputados en la XI, XII, XIII y XIV legislaturas (2016-2021). Directora general de Relaciones Laborales en la Xunta de Galicia (2003-2004; 2005-2009). Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia.
Director general de Migraciones
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con cursos de especialización en "La administración española ante las Comunidades Europeas" por la Escuela Diplomática y "de relaciones laborales en Europa y diálogo social" por el Instituto Europeo de Relaciones Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y ha sido director del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Madrid, subdirector de Inmigración, consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Dinamarca, países nórdicos y bálticos, director general de atención humanitaria e inclusión social de la inmigración; y es autor de numerosas publicaciones en el ámbito migratorio y sociolaboral.
Directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional
Ha trabajado en el ámbito de las migraciones y la protección internacional, durante más de 17 años desde 2005 hasta la actualidad.
En abril de 2022 fue nombrada directora general del Sistema de Acogida de protección internacional y temporal, y asumió la responsabilidad de coordinar las actuaciones de acogida de personas desplazadas por la guerra en Ucrania.
Ha coordinado misiones de reasentamiento de refugiados en el Líbano y Turquía, y numerosas operaciones de acogida de emergencia de migrantes y refugiados.
Ha colaborado como docente con diferentes Universidades y con el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Ha sido condecorada con la Cruz del Mérito policial y la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.
Directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno
Subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid desde febrero de 2020 hasta la fecha actual.
Licenciada en Derecho, perteneciente al Cuerpo Superior de la Administración Local y Directiva Pública Local. Formada en políticas públicas y empresariales.
Trayectoria profesional desarrollada en torno al Municipalismo, habiendo trabajado en áreas de desarrollo económico y empleo en diferentes administraciones locales y autonómicas, además de impulsar proyectos europeos con la responsabilidad de la gestión de subvenciones de carácter internacional.
Los puestos de trabajo desarrollados desde el año 2004 han sido como responsable de Desarrollo Económico de administración local, vocal asesora en la Secretaría de Estado de Política Territorial y directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Secretario general técnico
Licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Administración Civil del Estado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Hasta su nombramiento ejercía como vocal asesor del Gabinete Técnico del Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ha sido también director del Gabinete de la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Anteriormente, desempeñando también puestos en el Gabinete Técnico del Subsecretario de Sanidad y en la Oficina del Secretariado del Gobierno.
Transformación Digital
Secretaria general técnica
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, desde 1990, funcionaria de la Administración del Estado como miembro del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
En su experiencia profesional ha ocupado cargos en la Administración General del Estado como directora de Organización Administrativa en el Ministerio de Administraciones Públicas y directora del Servicio Público de Empleo Estatal. En el exterior ha desempeñado el puesto de consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la Embajada de España en Londres.
Además de ocupar en la actualidad el cargo de subdirectora general de Coordinación Jurídica en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2021, ha ocupado diversos puestos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social destacando el cargo de secretaria general de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Ha publicado numerosos artículos sobre materias de su competencia en revistas especializadas y en obras colectivas.
Juventud e Infancia
Secretaria general técnica
Grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y licenciatura en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca. Ha cursado el máster Universitario en administración civil del Estado en la Universidad Menéndez Pelayo, el máster en Estudios de política y administración Europea en el Colegio de Europa de Brujas, el máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho en ICADE y el Programa de Desarrollo para la Dirección y el Liderazgo de Mujeres en la Escuela de Organización Industrial.
Pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado.
Vicesecretaria general técnica en el Ministerio de Universidades desde 2020.
Consejera técnica en la unidad de apoyo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Previamente trabajó como consultora especializada en el sector público en consultoras internacionales, realizó tareas de asistencia técnica en la Secretaría General para la Unión Europea del Ministerio de Exteriores y Cooperación durante la Presidencia Española de 2010 y ha realizado estancias en la Comisión Europea y en la Organización de Naciones Unidas.
CONDECORACIONES
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, a título póstumo
Nacida en Valladolid, el 29 de noviembre de 1939. Fallecida en Madrid el 2 de diciembre de 2023.
Actriz y cantante española.
Pasa su infancia en Larache (Marruecos) donde inicia estudios de danza española. Al trasladarse toda la familia a Madrid, continúa formándose en baile español y danza clásica.
Trabaja en el ballet de la Compañía Nacional de Ópera, debutando en La Coruña y más tarde la contratan como bailarina de flamenco en la compañía de Manolo Caracol. En muy poco tiempo se incorpora a la revista de Celia Gámez, donde estrena «El águila de fuego».
Con 16 años, debuta en el cine en «El bandido generoso» (1954), de José María Elorrieta, destacando su participación en películas de gran éxito como «Las chicas de la Cruz Roja» (1958), de Rafael J. Salvia, «El día de los enamorados», de Fernando Palacios (1958), «Los tramposos (1959)», de Pedro Lazaga, y posteriormente en «La colmena» (1982) de Mario Camus, «Más allá del jardín» de Pedro Olea (1997) y «París-Tombuctú» (1999), de Luis García Berlanga.
En la década de los 80, colabora en los medios televisivos como presentadora y como actriz, destacando su papel protagonista en «Teresa de Jesús» (1984), de Josefina Molina.
En teatro, destacan sus interpretaciones de: «Carmen, Carmen» (1988), «La truhana» (1992), «La Rosa tatuada» (1997) y «Las manzanas del viernes» (2000), obras escritas por Antonio Gala, también como empresaria y como actriz tuvo gran éxito con el musical «Hello Dolly». En 2015 trabaja en «Hécuba», y en 2016 en la «Reina Juana».
Galardonada con el premio Goya de Honor 2012, destacan otros premios como la Medalla de Oro de la Academia de Cine 2003, Medalla de Oro del Mérito en el Trabajo 2008, Premio «Toda una vida» de la Academia de Televisión 2009, la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos 2010, Premio de la Unión de Actores 2012 y Premio Valle-Inclán de Teatro en 2015, el Premio Corral de Comedias en 2016, y el Premio Nacional de Teatro 2016, entre otros.