Referencia del Consejo de Ministros

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Variante de Langa de Duero- Variante de Aranda de Duero. Provincia de Burgos. Valor estimado del contrato 175.067.102,04 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de prestación del servicio aéreo de salvamento marítimo con helicópteros, con un valor estimado de 305.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción de los proyectos básicos y constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistema de protección del tren, CTC, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas y sistema de suministro de energía de la línea de alta velocidad Murcia - Almería y ramal Pulpí - Águilas. Valor estimado del contrato 223.630.358,12 euros.
• ACUERDO por el que se aprueba la primera Resolución para liquidar el contrato y determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) del contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-I.
• ACUERDO por el que se aprueba la Resolución complementaria para liquidar el contrato y determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración del contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 - Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 - Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación del viaducto de Rules en el punto kilométrico 171+400 de la autovía A-44, provincia de Granada, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 9.545.140,99 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para las obras de estabilización del talud en el ramal salida 28, dirección Doriga, en la autovía A-63, Concejo de Salas, Asturias, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 308.295,65 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la estructura 0N-0430-0414+520: pontón sobre canal en el punto kilométrico 414+520 de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, en el término municipal de Ruidera, provincia de Ciudad Real, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 160.662,81 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia, y de su ampliación, para las obras de sustitución de vigas en el vano 30 del puente José León de Carranza, en la carretera CA-36 en Cádiz, provincia de Cádiz, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe total de 3.161.941,63 euros.
  

Educación, Formación Profesional y Deportes

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a Unipublic, S.A.U., para la organización de la vuelta ciclista a España femenina.
• REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las entidades Circuits de Catalunya S.L. y Deporte And Business Sports Marketing S.L. y a la Fundación Real Club de Polo de Barcelona para la realización de actuaciones de interés público durante el ejercicio 2023.
  

• REAL DECRETO por el que se modifican diversos reales decretos dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.
• ACUERDO por el que se aprueba el cuadragésimo quinto Plan de Seguros Agrarios Combinados.

• ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación con el contrato "Asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación preliminar de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya guarda o tutela la tienen las Administraciones públicas" licitado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

• REAL DECRETO por el que se nombra secretaria general de Investigación a Dª. EVA ORTEGA PAÍNO.
  
• REAL DECRETO por el que se nombra comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia a Dª. RAQUEL YOTTI ÁLVAREZ.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

Economía, Comercio y Empresa

IMPULSO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a las ciudades de Ceuta y de Melilla para el desarrollo de programas en materia de comercio interior. El Gobierno destinará cerca de 2 millones de euros para incentivar la actividad comercial en estas ciudades autonómicas, concretamente 950.000 euros a cada una de ellas.

El objetivo de esta ayuda es dinamizar el sector comercial de estos territorios para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. También está destinado a consolidar el tejido comercial productivo de Ceuta y Melilla para crear empleo de calidad en las ciudades y contribuya de forma positiva al bienestar vecinal, al desarrollo local y dinamismo urbano.

La Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, encargada de estas ayudas, ha acordado las actuaciones a financiar con las Consejerías competentes de las dos ciudades autónomas. Forman parte de los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de las ciudades de Ceuta y Melilla y se financian con fondos europeos y con presupuestos Generales del Estado, procedentes del Ministerio de Administración Territorial.

En Ceuta se implementarán programas de bonos descuento en establecimientos comerciales para consumidores y turistas.

Por su parte, en Melilla se aprobarán subvenciones a pymes o autónomos para impulsar la transformación digital y sostenible en el punto de venta. Las actuaciones deberán implementarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Economía, Comercio y Empresa

PROTECCIÓN DEUDORES HIPOTECARIOS VULNERABLES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se amplía el marco preventivo para el alivio de los deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.

Se eleva el umbral de renta para poder acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad. Este umbral aumenta de 3,5 a 4,5 veces el IPREM, lo que supone que podrán acceder hogares con una renta anual de hasta aproximadamente 38.000 euros.

Asimismo, se amplía a 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios a tipo variable y la conversión a tipo fijo y se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto.

Por otro lado, una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.

Economía, Comercio y Empresa

PROTECCIÓN DE INVERSORES Y REFUERZO DE LA ESTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se moderniza el Fondo de Garantía de Inversores (FOGAIN) y se completan las reformas en el ámbito de fondos de inversión, que complementa a la nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y toda su normativa de desarrollo aprobada este año.

La reciente reforma de la normativa de los mercados de valores estableció la obligación de que las empresas de asesoramiento financiero y las empresas de asesoramiento financiero nacionales tengan que estar adheridas al FOGAIN, como garantía adicional de protección de los clientes.

Para garantizar la aplicación del principio de proporcionalidad en esta obligación de las empresas de asesoramiento financiero y de las empresas de asesoramiento financiero nacionales de adherirse al FOGAIN, se ha llevado a cabo una revisión del régimen de aportaciones a dicho Fondo.

Esta revisión va encaminada a conseguir una mayor equidad y proporcionalidad del conjunto de aportaciones, de modo estén más directamente vinculadas al riesgo que cada entidad financiera supone para el sistema financiero y la protección necesaria para los inversores.

Se introduce un nuevo método para calcular del nivel de patrimonio del FOGAIN que se considera adecuado para la cobertura de los posibles riesgos del sistema. Así se contribuye a hacer más eficiente todo el sistema, ya que se establece un escenario progresivo de reducción de aportaciones según se vaya alcanzando ese nivel suficiente de patrimonio.

Por último, se introduce un procedimiento progresivo de adaptación al nuevo régimen legal de aportaciones, con el objetivo de garantizar una transición adecuada a este nuevo sistema por parte del conjunto de entidades adheridas, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de las gestiones necesarias para llevar a cabo su adecuada implementación.

En el real decreto aprobado se introducen también mejoras adicionales en el régimen jurídico de las instituciones de inversión colectiva para impulsar la competitividad y el desarrollo de un sector que en los últimos años ha vivido una notable aceleración y dinamización, y cuyo correcto funcionamiento beneficia al conjunto de la actividad económica.

Economía, Comercio y Empresa

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE FINANCIACIÓN PARA PYMES Y PEQUEÑOS PROYECTOS DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado ampliar en 100 millones de euros la dotación de la línea de financiación para pymes y pequeños proyectos de exportación e inversión, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

La línea 'FIEM PYME' se aprobó en Consejo de Ministros en junio de 2017 y se ha ido ampliando su dotación económica ante el creciente interés de las empresas españolas. Ha contribuido de manera creciente al apoyo a la exportación e inversión en el exterior especialmente de las pymes españolas en un contexto de crecientes restricciones en el sector financiero agravadas por la inestabilidad geopolítica a nivel global.

El número de operaciones imputadas a esta línea ha crecido cada año desde su aprobación, destacando las 32 operaciones en 2022 y las 33 operaciones en 2021, frente a las 19 operaciones acumuladas en los tres años anteriores.

En lo que va de año 2023, se han imputado ya 38 operaciones, por un valor de 45 millones de euros y se espera que se llegue aproximadamente a las 50 operaciones a finales de año y una imputación por un valor de 55-60 millones de euros.

Economía, Comercio y Empresa

OPERACIONES DEL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

El Consejo de Ministros ha aprobado tres operaciones a cargo del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de proyectos de gran interés para la internacionalización de la economía española.

Dos de ellos impulsarán la presencia de empresas en África y contribuirán al desarrollo del continente africano en el marco de la estrategia 'Horizonte África' del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

• La concesión de un crédito reembolsable para la construcción, mantenimiento y transferencia de la mayor planta desaladora de agua con última tecnología en el norte de África. La financiación del FIEM será de un máximo de 250 millones euros para desarrollar una de las infraestructuras de desalación más relevantes en todo África a través de los servicios y suministros de empresas españolas.
• Una línea de crédito para el Ministerio de Finanzas de Angola por valor de 30 millones de euros en condiciones concesionales para financiar pequeños proyectos privados en Angola de adquisición de bienes y servicios españoles. Se prevé que se incremente las exportaciones españolas a Angola y será un incentivo para que las empresas angoleñas adquieran más productos españoles.

Además, se ha aprobado una tercera operación para la construcción de una planta procesadora de camarón en Ecuador financiada por el FIEM hasta en 16.439.400 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SÉPTIMO PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), documento en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares.

Este 7º PGRR ha superado una larga tramitación, iniciada en marzo de 2020 con la difusión del borrador del Plan. Es el primer PGRR sometido a evaluación ambiental estratégica -que también incluye una fase de consultas e información pública- y al informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de las comunidades autónomas, al objeto de garantizar una amplia participación, consenso y respaldo social.

El 7º PGRR sustituye al 6º PGRR vigente, que se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015, de acuerdo con el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.

En consonancia con la planificación

El 7º PGRR está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.

El Plan aprobado contempla un escenario de referencia que incluye:

• Cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Según el 6º PGRR la parada definitiva de las centrales que están en operación se hubiera producido, a los 40 años de vida útil, entre 2021 y 2028.
• Inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
  
• Continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba planificado en el 6º PGRR.
  
• Continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento, como ya estaba previsto en el 6º PGRR.
• Puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD de cada central estará formado por su ATI más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa.
  
• Almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacén Geológico Profundo (AGP), que es la solución técnica que ya estaba prevista en el 6º PGRR y que ha sido elegida por los países más avanzados en esta materia. El 7º PGRR establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia.
  

Hacienda y Función Pública

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN EN LA AGE

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se aprueba una tasa adicional de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado, que incorporará un total de 884 plazas.

El real decreto tiene por objetivo aprobar, para el ámbito de la Administración General del Estado, la tasa adicional que fue previamente autorizada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con el objetivo de convocar procesos selectivos conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El artículo 217 del Real Decreto-ley 5/2023 contemplaba, en cuanto a los procesos de estabilización de interinos, una tasa adicional a las Administraciones Públicas Estatal, Autonómicas y Locales.

La norma aprobada es la relativa a la Administración General del Estado. De esta forma, con ella se garantiza en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad, con los criterios previstos en dicho Real Decreto-ley 5/2023.

Se cumple así con el espíritu de la Ley 20/2021, que tiene por objeto situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, en línea con lo comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta ley autorizaba una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal.

La oferta de empleo público que se aprueba, cuyos principios van en consonancia con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, se ha elaborado previa comprobación con los distintos departamentos ministeriales del volumen de empleo temporal susceptible de estabilización. En ella se cuantifica el número de plazas a convocar en función del colectivo de personal afectado.

Asimismo, se trata de una medida acordada con los sindicatos, ya que se ha negociado en la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo de la Administración General del Estado. Cuenta además con el acuerdo de los sindicatos UGT y CCOO en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, celebrada el pasado 22 de diciembre.

Casi 900 plazas

De esta forma, este proceso de estabilización permitirá la incorporación de 884 plazas, en su mayor parte funcionarios.

En concreto, del total, 793 plazas serán de funcionarios de la Administración General del Estado, de los cuerpos A1 (73), A2 (224), C1 (8) y C2 (488). Otra plaza corresponde a personal laboral de Instituciones Penitenciarias.

El resto corresponden a plazas de personal estatutario. Así, habrá 77 plazas correspondientes a la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa, sumando el personal facultativo, el personal no facultativo y el personal de gestión y servicios. Los 13 restantes forman parte del personal estatutario del Ministerio de Sanidad, tanto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) como de la Organización Nacional de Trasplantes.

Los procesos de estabilización que se celebren deberán garantizar, por tanto, el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El sistema de selección para los procesos de la tasa adicional de estabilización previstos en el Real Decreto será el sistema de concurso, que deberá ser convocado y resuelto por cada departamento ministerial.

Además, las convocatorias derivadas de esta tasa adicional de estabilización deben estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2024.

Con estas convocatorias de estabilización, unidas a las ofertas de empleo público sin precedentes que se han celebrado en estos últimos años, se pretende seguir profundizando en el fortalecimiento de los servicios públicos, reforzando las plantillas de empleados públicos que tantos años se han visto mermadas tras años de recortes.

Además, se mejora y dignifica la calidad en el empleo público, uno de los objetivos primordiales de este Gobierno. Ello incide en la mejora del Estado del Bienestar y en conseguir unos servicios con unos medios humanos y materiales suficientes y de calidad, que presten servicios a todos los ciudadanos vivan donde vivan.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN REGLAMENTOS IMPUESTOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifican varios reglamentos impositivos. En concreto, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Reglamento de los Impuestos Especiales y el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa. Estas tres normas se modifican para adaptarlas a diferentes directivas comunitarias.

De esta forma, se modifica el Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, con el objetivo de culminar la transposición de la Directiva (UE) 2020/284 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por la que, a su vez, se modifica la Directiva armonizada del IVA en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servicios de pago.

La referida Directiva (UE) 2020/284, de aplicación desde el 1 de enero de 2024, establece la obligación a los proveedores de servicios de pago de mantener registros suficientemente detallados de los pagos transfronterizos realizados en los que intervengan y a suministrar esta información a la Administración Tributaria cuando el ordenante esté ubicado en un Estado miembro y el beneficiario esté situado en otro Estado miembro o en un tercer país.

Estas nuevas obligaciones que atañen a los proveedores de servicios de pago se han incorporado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor Añadido, a través de la Ley 11/2023, de transposición de Directivas de la Unión Europea. No obstante, la transposición completa de la Directiva (UE) 2020/284 precisa definir en el Reglamento del IVA el contenido de los registros de los proveedores de servicios de pago. En particular, lo relativo a los datos identificativos del proveedor de servicios de pagos, del beneficiario y los números y códigos de las cuentas bancarias del ordenante y del beneficiario.

A estos efectos, la Agencia Tributaria garantizará que la tramitación de la información suministrada se realice con sujeción a las bases legales del modelo europeo de protección de datos.

También es objeto de regulación en el Reglamento del IVA la presentación de la declaración relativa a los registros que están obligados a mantener los proveedores de servicios de pago.

Por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha introducido diversas modificaciones en la Ley 37/1992 que exigen la adaptación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la armonización y adaptación de su contenido a la normativa aduanera comunitaria.

A su vez, las modificaciones realizadas por la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado en la Ley 37/1992, en materia de recuperación por el sujeto pasivo del IVA devengado de créditos incobrables, precisan una modificación del reglamento en relación con la modificación de la base imponible en caso de créditos incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia declarada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.

Reglamento de Impuestos Especiales

El Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, se modifica para adaptar la norma española a las exigencias derivadas de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE.

Esta Directiva comunitaria prevé que las unidades de envasado de los productos del tabaco se identifiquen de forma única y segura y se registren sus movimientos a fin de facilitar la trazabilidad y reforzar la seguridad de estos productos en la Unión.

Para ello, los Estados Miembros deben garantizar que todas las unidades de envasado de productos del tabaco estén marcadas con un identificador único. Además del identificador único, los Estados Miembros deben exigir que se integre en todos los envases que se comercializan un marcado de seguridad que sea visible, indeleble e inamovible.

En un primer momento temporal de entrada en vigor de esta normativa, el 20 de mayo de 2019, solo estaban sujetos al sistema de trazabilidad y a las nuevas medidas de seguridad los cigarrillos y la picadura para liar; a partir del 20 de mayo de 2024 lo estarán los demás productos del tabaco. Para dar cumplimiento a estas exigencias, mediante este real decreto se hace extensiva la obligación del uso de precintas en la circulación de todas las labores del tabaco fuera del régimen suspensivo.

Reglamento de procedimientos amistosos en imposición directa

Por último, con este real decreto se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, para recoger la obligación de que las autoridades competentes comuniquen las causas de terminación del procedimiento amistoso a las demás autoridades competentes de los Estados Miembros afectados, completando así la adecuada transposición de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

Hacienda y Función Pública

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA PRÓRROGA PARA 2024 DE LOS PGE

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. De esta forma, el Gobierno cumple con lo recogido en el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior hasta la aprobación de otras cuentas públicas.

Para este Gobierno la aprobación de unos nuevos Presupuestos es una prioridad. Así lo ha demostrado en la pasada legislatura donde se aprobaron tres presupuestos consecutivos en tiempo y forma, algo que no ocurría desde mediados de la pasada década.

Sin embargo, debido a que la conformación del Gobierno resultado de las elecciones generales del 23 de julio se realizó a finales del mes de noviembre, el Ejecutivo no ha tenido tiempo para aprobar unos nuevos Presupuestos antes del 1 de enero de 2024.

Por tanto, aunque se encuentra ya iniciado el proceso de elaboración de las próximas cuentas públicas con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad por parte del Consejo de Ministros, es necesario adoptar los criterios de prórroga de los Presupuestos de 2023 hasta la aprobación de las nuevas cuentas públicas.

Así, el acuerdo adoptado recoge que el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, precisa que la prórroga del presupuesto no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan y para obligaciones que se extingan en el mismo. Asimismo, prevé que la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adapte, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

En este sentido, el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, ha introducido modificaciones de la estructura organizativa de la Administración General del Estado por la conformación del nuevo Gobierno. Esto hace necesario introducir cambios en la distribución de los créditos contenidos en el Presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para adaptarse a la nueva estructura.

De esta forma, el presupuesto prorrogado del Estado para 2024 asciende a 380.822 millones de euros.

Plan de Recuperación

Además, con el objeto de favorecer al máximo la absorción de los Fondos Next Generation, y de manera transitoria hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se incluye como requisito previo al inicio de nuevos expedientes de gastos asociados a estos fondos que los departamentos ministeriales y sus organismos adapten los créditos que tuvieran prorrogados a la anualidad para el año 2024 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante las oportunas transferencias de crédito desde los créditos que figuren en el presupuesto prorrogado a los créditos que se acomoden a dicho Plan.

En cualquier caso, sí se podrán registrar, sin necesidad de realizar la adaptación anterior, las operaciones contables del Plan de Recuperación derivadas de la aplicación al presupuesto prorrogado de los compromisos de gasto y otras operaciones contables que tengan origen en ejercicios anteriores.

De esta forma, se garantiza el desarrollo y la ejecución de los fondos europeos durante la prórroga presupuestaria de manera que seguirán siendo una herramienta fundamental de impulso y modernización de la economía.

Hacienda y Función Pública

LÍNEA DE PRÉSTAMOS ICO PARA VIVIENDA SOCIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana financiar una nueva línea de préstamos ICO para el impulso de la vivienda social.

El objetivo de esta autorización es permitir la financiación de las comisiones de gestión y administración recogidas en el convenio a suscribir por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objeto de instrumentar una nueva línea de préstamos para el impulso de la vivienda social, con una dotación de 4.000 millones de euros del tramo de préstamos incluidos en la nueva Inversión C2.I7, desarrollada en la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

De esta manera, el Gobierno y el ICO firmarán un acuerdo de ejecución, cuya entrada en vigor constituye el Hito L4, con fecha de referencia para el cuarto trimestre de 2023, vinculado al segundo tramo de contribución financiera de las ayudas en forma de préstamos del PRTR.

De esta forma, dicha medida se instrumentará a través de un convenio entre el Ministerio y el ICO en el que se fije el tipo y condiciones de los préstamos que tendrán la condición de actuaciones elegibles y se asegure el cumplimiento de los requisitos de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Por su parte, el impacto económico del convenio que se asume por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana corresponde a las comisiones de gestión y de administración a abonar al ICO y asciende a 10 millones de euros. Dicho importe será atendido desde la partida presupuestaria 'Gastos Línea ICO vivienda social', de acuerdo con el siguiente detalle:

Al no estar contemplada dicha aplicación en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y para poder atender el gasto correspondiente a las anualidades 2024 a 2026, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado los límites de compromisos máximos de gastos para los citados ejercicios presupuestarios.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de combustibles en estaciones de servicio, con un máximo estimado de 533.760.000 euros.

Este nuevo acuerdo marco sustituirá al anterior de 2020. Su plazo de duración es de dos años, prorrogable hasta un máximo de otros dos años.

El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo marco.

El acuerdo marco está dividido en seis lotes geográficos: Península, Islas Canarias (excepto La Gomera y El Hierro), Islas de La Gomera y El Hierro, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla e Islas Baleares.

La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN ENTRE LA COMISIÓN EUROPEA Y EL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA AYUDA MACROFINANCIERA PLUS A UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo de Contribución entre la Comisión europea y el Reino de España relativo a la ayuda macrofinanciera plus a Ucrania (derivado del artículo 7 del Reglamento UE 2022/2463 del Parlamento Europeo y del Consejo) cuya contribución máxima a realizar por España durante el periodo 2024-2027 será de 237.558.508 euros.

La UE en su apoyo firme a Ucrania, tras la agresión militar de Rusia de marzo de 2022, ha adoptado un enfoque colectivo organizado mediante la creación del Instrumento de ayuda macrofinanciera plus por el Reglamento (UE) 2022/2463 del Parlamento Europeo y Consejo, de 14 de diciembre, por el que se establece un instrumento específico para proporcionar a Ucrania una Ayuda Macro financiera de la UE en 2023 mediante la concesión de préstamos en condiciones muy favorables, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2023 con un importe máximo de 18.000 millones EUR.

El 16 de diciembre de 2022, los Estados miembros emitieron una Declaración sobre el apoyo financiero a Ucrania en la que expresaron su disposición a celebrar Acuerdos de Contribución con la Comisión, sujetos a los procedimientos nacionales aplicables, cuando los importes necesarios no puedan ser cubiertos, total o parcialmente, por el Presupuesto de la Unión.

En este contexto se enmarca el Acuerdo de Contribución entre la Comisión europea y el Reino de España relativo a la ayuda macrofinanciera plus a Ucrania (derivado del artículo 7 del Reglamento UE 2022/2463 del Parlamento Europeo y del Consejo) cuya contribución máxima a realizar por España durante el periodo 2024-2027 será de 237.558.508 EUR, cuya autorización para su suscripción se solicita en este Acuerdo de Consejo de Ministros. El Acuerdo de Contribución se ajusta a los fines, directrices y objetivos de la Política Exterior española.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL ANEXO I DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al Anexo I de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, de 18 de noviembre de 2005, ratificada por España el 25 de octubre de 2006, entró en vigor de forma general y para España el 1 de febrero de 2007. Su finalidad es la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje en el deporte y la cooperación en el plano nacional y mundial. El Anexo I de la Convención se refiere a la Lista de Sustancias y Métodos prohibidos en el deporte.

Con fecha 1 de octubre de 2023, la directora general de la Unesco remitió una Carta Circular a los Estados Parte de la Convención, informando de las propuestas de Enmiendas del Anexo I de la Convención, formuladas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Transcurrido el preceptivo plazo de 45 días, ningún Estado Parte ha hecho objeciones a las Enmiendas propuestas, por lo que las mismas, tal y como fueron propuestas por la Agencia Mundial Antidopaje, se consideran aprobadas por la Conferencia de las Partes.

Por ello, según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 34 de la Convención, las Enmiendas al Anexo I "Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de 2024" entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, 45 días después de la notificación de la Directora General de la UNESCO, realizada por carta de 15 de noviembre de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, siendo la posición española favorable a aceptar estas Enmiendas, se eleva el presente Acuerdo al Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al Anexo I de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que se producirá el 1 de enero de 2024.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

MEDIDAS PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DERIVADAS DE LOS CONFLICTOS EN UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO, ASÍ COMO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Revalorización de pensiones y prestaciones en 2024

Este real decreto-ley incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2024. La subida, efectiva desde el 1 de enero, supone un incremento del 3,8% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado.

Este aumento del 3,8% para 2024 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación, de 1.380 euros al mes, es de 734 euros al año, o 52 euros al mes. En los dos últimos años, la subida de esta pensión media de jubilación ha sido de unos 2.230 euros. La pensión media del sistema, de 1.200 euros, aumentará 638 euros al año en 2024, que suponen 46 euros al mes.

El Gobierno también ha acordado el incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será mayor, del 6,9%, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

En el caso de la pensión mínima de viudedad, con cargas familiares, en cumplimiento del mandato del Real Decreto-ley 2/2023, se equipara su cuantía a la de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, lo que supone un incremento del 14,1%.

Las pensiones no contributivas de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 6,9% para 2024, lo que supone alcanzar los 517,9 euros mensuales, que equivalen a 7.250,6 euros anuales.

La pensión mínima para los hogares unipersonales se fija en 11.552,8 euros anuales (frente a los 10.963,4 euros de 2023) y de 14.466,2 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2023, era de 13.526,80 euros).

En total, casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones van a ver conservado o aumentado su poder adquisitivo, entre los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el IMV y los perceptores de prestaciones por hijo a cargo con discapacidad.

El coste de la revalorización al 3,8%, estimado para el conjunto de 2024, es de 7.300 millones de euros. Si se añade la subida de las pensiones mínimas, de las no contributivas y del IMV, esta cifra asciende a 8.280 millones.

Mayor protección a investigadores

Por su parte, el texto permite la posibilidad de la suscripción de un convenio especial para investigadores. En concreto, se refiere a la adopción de disposiciones normativas oportunas que posibiliten de manera extraordinaria la suscripción de un convenio especial, a solicitud de los interesados, que permita ampliar, hasta un máximo de 5 años, el cómputo como cotizado de los periodos de formación.

Se refiere a aquellos graduados universitarios, con los correspondientes estudios oficiales de doctorado -fechados antes del 4 de febrero de 2006-, que hayan participado en programas de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

También se amplía el periodo para que se den las altas y bajas en la Tesorería General de la Seguridad Social de las prácticas formativas y facilitar así los trámites de esta medida para ampliar la protección de los jóvenes.

Contrato de relevo

Además, se incorpora a este real decreto-ley la prórroga de jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera. Así, se seguirá aplicando esta regulación para trabajadores con alto esfuerzo físico con al menos seis años de antigüedad en la empresa y siempre que en el momento de jubilación el porcentaje de trabajadores en la empresa con contrato indefinido supere el 70% de la plantilla. La reducción de jornada se mantiene entre 25% y 67%. La prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024.

Prórroga de las ayudas por el volcán de La Palma

Respecto a las medidas de apoyo para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, se prorroga el aplazamiento con condiciones más ventajosas del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyo devengo tenga lugar entre los meses de enero a marzo de 2024, en el caso de empresas, y entre los meses de febrero a abril de 2024, en el caso de trabajadores autónomos.

También se ha aprobado la prórroga durante 6 meses de la prestación especial por cese de actividad para los autónomos como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.

Y se mantiene la exención del 100% en la cotización aplicable a los ERTE por fuerza mayor en las unidades poblacionales de Puerto Naos y la Bombilla -dada la continuada incidencia del volcán en la activas en dichas poblaciones- sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo se produzca en los meses de enero a junio de 2024.

Prórroga de las medidas de protección para el trabajo

El Consejo de Ministros ha aprobado extender las medidas de protección para las personas trabajadoras con la prórroga del SMI vigente en la actualidad, y la extensión de los ERTE de La Palma y de la prohibición del despido, estos últimos, hasta el 30 de junio de 2024.
Estas medidas se incluyen en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Salario Mínimo Interprofesional

La norma aprobada incluye la prórroga de la vigencia del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del Salario Mínimo Interprofesional.

De esta manera se garantiza la continuidad del texto que dejaría de producir efectos el próximo 31 de diciembre, y se mantiene transitoriamente su vigencia a partir del próximo 1 de enero. Se da, por tanto, seguridad jurídica y continuidad a la función del salario mínimo interprofesional de servir de suelo o garantía salarial mínima para las personas trabajadoras.

ERTE

También se prorrogan, en este caso hasta el 30 de junio de 2024, las medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, previstas en el artículo 178 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, respecto de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

Prohibido despedir

Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos hasta el próximo 30 de junio.

Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

Nuevo fondo para atraer inversión extranjera a España en sectores estratégicos

Se crea un nuevo instrumento financiero, el Fondo de Coinversión (FOCO), que estará dotado con 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU que se despliegan en la segunda fase del Plan de Recuperación.

El objetivo de este fondo es contribuir a la transformación del modelo productivo español mediante la atracción de inversión extranjera hacia empresas privadas que acometan inversiones en España en actividades alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación como la transición energética, la transformación digital, la movilidad sostenible, la biotecnología o la agricultura sostenible.

El Fondo de Coinversión es uno de los nuevos instrumentos para otorgar financiación con fondos europeos Next Generation EU incluidos en la Adenda del Plan de Recuperación, cuya gestión se ha encomendado a sociedad pública COFIDES. A través de este fondo se realizarán prioritariamente inversiones de capital, siempre en régimen de coinversión con inversores extranjeros, tanto públicos como privados.

Los coinversores deberán aportar, para cada operación, un volumen de inversión como mínimo equivalente al de FOCO. El Fondo podrá realizar inversiones directas en empresas y también tomará participaciones de capital en vehículos de inversión que apoyen nuevas inversiones en España en los sectores objetivo de FOCO.

Inclusión financiera de personas mayores o con discapacidad

Se eliminan las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y personas discapacitadas, a través de la modificación del artículo 35 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

Seguridad de los sistemas de pago

El real decreto-ley incluye también el refuerzo de las medidas para aumentar la seguridad y confianza de los ciudadanos en los sistemas de pago y minimizar las incidencias tecnológicas.

Con este objetivo, se extiende a todas las entidades que intervienen en los servicios de pago el cumplimiento de las medidas establecidas en el Reglamento DORA sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero. De forma específica, todos los agentes relevantes del sistema de pagos deberán realizar una adecuada gestión del riesgo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Entre otras obligaciones tendrán que identificar todas las fuentes de riesgo relacionadas con las TIC, detectar rápidamente las actividades anómalas, los problemas de rendimiento de las redes y los incidentes y disponer de políticas y procedimientos de respaldo, restablecimiento y recuperación, además de planes de comunicación de crisis.

Las entidades deberán implementar las medidas necesarias de forma inmediata y el Banco de España dispondrá de todas las facultades que prevé la normativa aplicable para llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de estas obligaciones.

Prórroga de las rebajas fiscales en las facturas de luz y gas

En el ámbito de la energía, se mantiene la rebaja fiscal sobre el IVA de la electricidad que consumen los hogares. El tipo de IVA será el reducido del 10% sobre todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad. Dicha medida abarcará todo el año 2024. Antes de la crisis energética, la tributación era del 21%.

Para la factura del gas se aplicará el mismo gravamen del 10%. Una rebaja fiscal que estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo del próximo año. Este tipo de IVA se aplicará además a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción. El periodo comprendido para aplicar dicha rebaja abarcará el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de ese mismo año. Antes de la crisis, el IVA en ambos casos era del 21%.

El Impuesto Especial sobre la Electricidad mantendrá asimismo una reducción en su tipo impositivo en el primer semestre de 2024. Durante el primer trimestre de ese año, el tipo del IEE quedará fijado en el 2,5%. En el segundo trimestre, este pasará al 3,8%. Este impuesto alcanzaba el 5,113% antes de que el Gobierno empezara a impulsar medidas.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía, se impulsa una recuperación gradual del mismo tras el descenso de los precios de la electricidad y la normalización del mercado eléctrico. Durante 2024, la base imponible será el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. En el primer trimestre, esta base será minorada en la mitad de las retribuciones que correspondan a la electricidad incorporada al sistema. En el segundo, lo será en una cuarta parte de las retribuciones de la electricidad incorporada al sistema.

Todas estas medidas garantizarán el objetivo de mantener una reducción significativa de la factura de productos energéticos de los hogares, en particular durante el periodo invernal. Lo que se compaginará con la normalización de los precios de mercado, que han experimentado rebajas sustanciales con respecto a los periodos de mayor tensión, como el récord de los precios del mercado mayorista de 2021 y la invasión rusa en Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Medidas energéticas, impulso de las renovables y reducción del impacto de la sequía

En vista de la persistencia de las tensiones inflacionistas y de la incertidumbre que continúa afectando a los mercados internacionales, ahora también por la guerra en Gaza, el Ejecutivo ha decidido prolongar, durante seis meses con carácter general, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables; los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios; una fiscalidad reducida para gas y electricidad; los vigentes cargos de la electricidad; las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas.

Estas disposiciones de protección se financiarán con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 -y el que pueda registrarse en 2023- así como con partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Igualmente, con el objetivo de potenciar la generación de energía renovable y la industria asociada a la transición ecológica, ha extendido de forma voluntaria hasta ocho años el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovables; ha incorporado criterios cualitativos en las subastas de renovables que reconozcan el valor añadido social y ambiental de la industria europea; ha seguido impulsando el autoconsumo; y ha introducido el almacenamiento de energía entre los usos del agua, adaptando a esta finalidad las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo.

Por otro lado, con relación a la sequía, particularmente notable en las cuencas del sur y el este -como la del Guadalquivir o las internas de Cataluña-, y con la intención de evitar problemas de suministro de agua, se adoptan nuevas medidas urgentes de índole tributario y administrativo, que permiten paliar el impacto de la falta de agua y repartir el recurso de forma solidaria y equitativa entre todos los sectores afectados.

Prórroga del escudo social

Entre las disposiciones que se mantendrán hasta el 30 de junio de 2024 figuran la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, así como los descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos.

También se mantienen los límites aplicados al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal, al que pueden acogerse las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural. El precio máximo que podrá alcanzar el butano seguirá establecido en 19,55 euros por bombona.

Beneficiando a todos los consumidores, los cargos de la electricidad se mantendrán en el mismo nivel que ahora durante todo 2024, esto es, alrededor de un 55% por debajo del nivel que tenían en 2021, antes del estallido del conflicto en Ucrania.

Por otro lado, se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva, así como la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.

Fiscalidad energética reducida

En materia de fiscalidad energética, se fijan tipos impositivos reducidos sobre los suministros de electricidad, gas natural, combustibles de biomasa empleados para la calefacción -como pellets o briquetas-, así como para los suministros de calor.

En el caso de la electricidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situará en el 10% durante todo 2024; el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.

En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante seis meses. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta, dependiendo de su origen fósil o renovable.

Más apoyo a la industria renovable

La UE ha dado señales claras para que los estados miembros incrementen el apoyo a la industria europea de renovables, clave para garantizar la estabilidad y la seguridad de suministro, para alcanzar los objetivos climáticos y para reforzar su relevante impacto en el empleo y en el tejido empresarial, en un momento en que está reduciendo su cuota en el mercado global.

Concretamente, el reciente Paquete Europeo sobre la Energía Eólica plantea una mejora del diseño de las subastas de renovables para que, además de los criterios económicos, incluyan criterios cualitativos que ponderen los elevados estándares medioambientales y sociales de los productos europeos, que reconozcan el valor añadido de la producción europea.

En consecuencia, las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables podrán incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%, como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico.

Ocho años de tramitación para proyectos de renovables

Con la intención de potenciar la industria europea asociada a la transición energética y de evitar tensiones en la cadena de valor que pueden encarecer los proyectos y aumentar las importaciones de bienes de equipo, el Ejecutivo ha modificado los hitos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos de energías renovables que estableció el Real Decreto-ley 23/2020,

Con esta modificación también se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación.

Por lo tanto, el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses. Además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. El plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años.

Más capacidad de red para autoconsumo

Con un avance adicional de la política de fomento del autoconsumo, y favoreciendo particularmente a las instalaciones de gran escala, ligadas a la actividad industrial, el 10% de la capacidad de todos los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para celebrar concursos de acceso, queda a su vez reservado para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo.

Asimismo, se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas -encargadas del reparto de fondos territorializados- a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación.

Retribución a la cogeneración

Con el objetivo de aportar certidumbre a las instalaciones de cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos, cuyos costes de explotación dependen esencialmente del coste del combustible, el Gobierno ha aprobado los valores de referencia para calcular sus ingresos regulados a partir del próximo 1 de enero, como el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas.

La retribución a la operación que percibirán estas de instalaciones durante el primer semestre de 2024 asciende a 685 millones para la cogeneración y el tratamiento de residuos, y 2,23 millones para la biomasa. Estas cifras no implican sobrecoste con relación a las estimaciones de la propuesta de metodología para actualizar la retribución a la operación que inició su tramitación en noviembre.

Impulso al almacenamiento hidroeléctrico de energía

El almacenamiento de energía es fundamental para la integración de grandes volúmenes de producción renovable y la electrificación acelerada de la economía. En este sentido, el Gobierno ha integrado el almacenamiento entre los usos del agua, ubicándolo en tercer lugar en el orden de preferencia establecido, por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales. Igualmente, se adaptan las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación.

Distribución solidaria y justa de los recursos hídricos

La norma aprobada también incluye dos tipos de medidas para afrontar la sequía, de exención tributaria y de tipo administrativo, para corregir o mitigar la situación.

Por un lado, durante 2024 se conceden exenciones sobre el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para las explotaciones agrarias beneficiarias de las obras hidráulicas en las siguientes cuantías: el 50% de reducción de la cuota si se ha producido una bajada de la dotación de agua superior al 40% e inferior al 60%. Y del 100% de reducción de la cuota si la bajada de la dotación de agua es igual o superior al 60%.

Por otro lado, las confederaciones hidrográficas podrán establecer las reducciones de suministro necesarias para la justa y racional distribución de los recursos, modificar los criterios de prioridad en las asignaciones o suspender cautelarmente el otorgamiento de títulos que implique el incremento del consumo. Además, se refuerza el régimen sancionador para las infracciones relacionadas con estas medidas.

A los usuarios de las obras hidráulicas de la cuenca Guadalquivir se les concede una reducción del 50% al canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Y a los regadíos de la cuenca del Segura que usan el Acueducto Tajo-Segura, se les exime de las aportaciones correspondientes al coste de las obras y los gastos fijos de la tarifa de conducción de las aguas, entre otras facilidades.

Eficiencia energética

El texto del real decreto-ley refuerza la apuesta del Gobierno por impulsar la rehabilitación energética de viviendas o edificios, al prorrogar las deducciones de IRPF vinculadas a las obras realizadas con ese fin. Por este motivo, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos.
Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Unos porcentajes sujetos al tipo de vivienda y a la profundidad de las obras que se realicen para lograr el objetivo de reducir el consumo y obtener los certificados correspondientes que así lo avalen.
Junto a lo anterior, hay que destacar la prórroga en la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

IVA de los alimentos

La rebaja impositiva sobre los alimentos que ha estado vigente todo 2023 se prorrogará hasta el 30 de junio de 2024. Las pastas y los aceites de oliva y semillas también seguirán con el IVA reducido del 5% como ya ocurría hasta ahora. Además, los considerados como alimentos de primera necesidad mantendrán un tipo de IVA del 0%. Esto afectará a los siguientes:

• El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
• Las harinas panificables.
• Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
• Los quesos.
• Los huevos.
• Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Estas medidas que buscan seguir abaratando la cesta de la compra continuarán siendo únicamente para el consumidor. Por lo que dicha reducción no podrá dedicarse a incrementar márgenes de beneficios empresariales que puedan llevar a un encarecimiento de la cadena de producción.

Autónomos

El Ejecutivo continuará respaldando a los trabajadores autónomos con el mantenimiento de las ayudas y beneficios fiscales aprobados en los últimos años para facilitarles su labor. Para ello, se permitirá que apliquen el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica.
Esto evitará un incremento en sus obligaciones, al extenderse durante 2024 los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva.
La excepción son las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que ya dispone de un límite cuantitativo por volumen de ingresos específico. Lo mismo ocurrirá con el IVA, al prorrogarse el próximo ejercicio los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

 
Gravámenes energético, bancario y de solidaridad

El real decreto-ley incluye la prórroga durante 2024 de los dos gravámenes temporales previstos en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Además, contempla la futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario. De la misma manera, también se prevé una posible concertación con las comunidades de País Vasco y Navarra.
El texto plantea además el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales de 2024 de un incentivo para que los obligados al pago en el sector energético accedan al mismo si realizan inversiones estratégicas desde 1 de enero de 2024.
Y se prorroga la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las CCAA. Circunstancia que está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Descuentos en los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano e interurbano en 2024

El Gobierno ha prorrogado las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante todo 2024. En concreto, el Gobierno ha decidido subvencionar durante 12 meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.

Por otro lado, el acuerdo recoge también las particularidades que se aplicarán en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo seguirá siendo gratuito para todos los viajeros habituales en 2024.

Las iniciativas, incluidas en el Real Decreto ley aprobado hoy en Consejo de Ministros para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, se enmarcan en las medidas encaminadas a aliviar el bolsillo de la ciudadanía, a la vez que se incentiva el uso del transporte público colectivo, un modo más seguro y sostenible.

Descuentos del 50%

El Estado destinará un máximo de 660 millones de euros para cubrir el coste de la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de forma que las administraciones autonómicas y locales deberán financiar, con cargo a sus propios presupuestos, la cuantía restante para compensar a las empresas y operadores de transporte terrestre. Es decir, deberán financiar una rebaja de al menos el 20% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

En este sentido, la regulación recoge mecanismos de flexibilidad como la posibilidad de que, si la implantación efectiva se produce antes del 1 de febrero de 2024, se pueda habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de abonos y títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la reducción.

Para acceder a las ayudas, las Comunidades Autónomas y las entidades locales deberán presentar una solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Transportes antes de 31 de enero de 2024 en la que debe constar el compromiso de implantación de una reducción del 50% de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales.

Se trata de una medida en la que todas las administraciones competentes han de estar implicadas, que fomenta el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada, como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el coche particular, y reduce su coste para la ciudadanía en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios de la energía y los combustibles.

Canarias y Baleares

Respecto a la gratuidad del transporte público terrestre colectivo para viajeros habituales en Canarias y Baleares, el Real Decreto Ley regula la capacidad de estas Comunidades Autónomas para recibir la financiación que les permita establecer un descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje.

El establecimiento de este descuento se financiará con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible por importe de 124 millones de euros: 43 millones de euros a Baleares y 81 millones de euros a Canarias.

1.464 millones para impulsar el transporte público colectivo

Las políticas de bonificación del transporte urbano e interurbano se suman a la prórroga de un año de la gratuidad y los descuentos de los servicios de Renfe y de las líneas de autobús de titularidad estatal para fomentar una movilidad cotidiana más sana, sostenible y segura. En total, el Gobierno destinará 1.464 millones de euros en financiar las medidas:

• 600 millones de euros para compensar a Renfe la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional y los descuentos del 50% de los títulos multiviaje de Avant
• 80 millones de euros para compensar la gratuidad de las líneas autobús estatales para viajeros recurrentes.
• 660 millones de euros para financiar el 30% de los descuentos de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo de titularidad autonómica y local.
• 124 millones de euros para la bonificación del 100% del transporte público colectivo terrestre de canarias y baleares.

La extensión de los descuentos durante un año más, recogida en el Real Decreto-ley aprobado hoy. responde al compromiso del Gobierno de garantizar la movilidad obligada cotidiana, contribuyendo a impulsar la cohesión territorial y social, y a la gran acogida de la medida.

Impacto de las medidas

Las políticas de bonificación iniciadas en septiembre de 2022, y prorrogadas en todo 2023, han contribuido a aumentar el uso del transporte público.

En este sentido, se observa un "desacoplamiento" entre la evolución de la movilidad general, el consumo de carburantes y la demanda del transporte público urbano, que permiten deducir la "captación" de usuarios del vehículo privado gracias a las medidas implantadas. En concreto, la movilidad general dentro de las áreas urbanas se ha mantenido prácticamente estable este año, mientras que el consumo de gasolina y gasóleo en automoción cayó un 1,4% en junio de 2023, respecto al mismo mes de 2022, y la demanda del transporte público urbano ha crecido el 21,7%.

En todos los modos se produce un aumento de demanda en valores absolutos a partir de septiembre de 2022 respecto al mes de mayo de 2022 (mes de referencia).

Todos los servicios de transporte público urbanos y metropolitanos han seguido una evolución similar desde enero de 2019 y concretamente desde septiembre de 2022 cuando entraron en vigor los descuentos. Este efecto pone de manifiesto la necesidad de seguir manteniendo la homogeneidad en políticas tarifarias ya recogida hasta el momento.

El transporte público colectivo es un modo de transporte esencial, seguro, fiable, cómodo, más económico y evita atascos frente al transporte en vehículo particular. Por otro lado, es más justo en términos sociales, más inclusivo y tiene un alto impacto positivo en la economía y la industria. Además, es una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos y de reducción de emisiones de todo tipo y de mejora de la siniestralidad que nos hemos marcado como sociedad.

El transporte público colectivo permite, además, hacer un uso más eficiente del espacio público y reducir la congestión en las ciudades y en las carreteras de todo tipo. La capacidad de un autobús o un autocar estándar permite transportar a los viajeros de más de 30 vehículos privados y el metro o el ferrocarril convencional pueden acoger a cientos de viajeros en un solo convoy.

Prorroga de la gratuidad de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatales

El Gobierno ha aprobado prorrogar durante 2024 la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal para viajeros habituales, así como los descuentos del 50% de los abonos Avant. A través del Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, se recogen dichas medidas para incentivar el uso del transporte público colectivo y así acelerar el cambio a una movilidad más sana, segura y sostenible, contribuir a reducir las emisiones contaminantes y garantizar la accesibilidad y asequibilidad del transporte. Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre en la evolución de los precios de la energía por el conflicto en Ucrania y Oriente Medio y la superación de los efectos de la crisis del COVID-19 y del elevado incremento de la inflación.

La extensión de los descuentos durante un año, incluyendo la gratuidad en los servicios de proximidad, responde al compromiso del Gobierno de garantizar la movilidad obligada cotidiana, contribuyendo a impulsar la cohesión territorial y social, y a la gran acogida de la medida, aplicada desde septiembre de 2022. Por ejemplo, en el último cuatrimestre de 2023 Renfe ha emitido más de 2,4 millones de abonos gratuitos y con descuentos en toda España.

Así, con el inicio de estas bonificaciones se ha observado un impulso en el uso del transporte público que es necesario consolidar para ahondar en el uso de alternativas de movilidad más sostenibles en detrimento del vehículo privado.

Y es que, por ejemplo, el ahorro en todo el año 2024 para una familia (pareja con dos hijos mayores de 14 años) que utilice el tren de Cercanías desde las afueras de Madrid, desde la 'corona' o zona B3 (una de las más utilizadas), será de 3.297 euros, 274,7 euros al mes. El ahorro, en condiciones de movilidad similares, será de 3.357 euros en Barcelona, casi 280 al mes; y 5.585 euros en Valencia, 465,4 euros al mes. Asimismo, un estudiante sevillano/a, en sus rutas a la universidad del puede llegar a ahorrarse 920 euros anuales para el caso de un usuario del abono estudio, que cubra las 6 zonas de las Cercanías de Sevilla.

Un viajero que use la ruta de media distancia convencional entre Valladolid y Palencia se ahorrará 1.252 euros durante todo el año de vigencia de la medida. En el caso de la línea entre Ourense y A Coruña, el ahorro anual para los viajeros que adquirieran abonos para realizar 40 viajes al mes, se eleva a los 4.966 euros. Además, una persona que viaje todos los viernes entre Sevilla y Palma del Río en un tren media distancia, y regrese los domingos, se ahorra 756,8 euros al año con los descuentos.

Los nuevos títulos cuatrimestrales se podrán solicitar a través de la app de Cercanías Renfe y, en el caso de los abonos de Media Distancia, en la web de Renfe y por los canales habituales durante los próximos días, tras la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley.

El texto regula la prórroga de un año de las bonificaciones a los abonos y títulos multiviaje de dichos servicios ferroviarios de Renfe, que podrán adquirirse en la web del operador a partir de la publicación del Real Decreto-ley en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y la firma de la resolución de la Secretaría de Estado, que recoge las condiciones de comercialización, uso y vigencia de los abonos, en la sede electrónica del Ministerio. El momento concreto de adquisición de los abonos será comunicado por Renfe a través de sus canales de información habituales.

El Ministerio destinará 600 millones de euros para compensar a Renfe por los descuentos aplicados y los costes de implantación de la medida. Cifra que se eleva a los 680 millones si se incluye la gratuidad de las líneas de autobús competencia estatal.

Prórroga de los abonos gratuitos de Renfe

De cara al 2024, Renfe mantendrá los títulos multiviaje específicos por cada núcleo de Cercanías y para cada origen-destino de los servicios de media distancia convencional con una vigencia de cuatro meses que corresponde con cada cuatrimestre natural del año. Así, seguirán a disposición de los usuarios un abono con validez hasta 30 de abril, otro con vigencia hasta el 31 de agosto y un tercero válido hasta el 31 de diciembre.

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos son similares a las de los títulos actuales, aunque Renfe va a reforzar las medidas antifraude, medidas que irán acompañadas de campañas de información al ciudadano. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, en el caso de que adquiera un título de Cercanías o Rodalies, y de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional, que se devolverá al final de cada cuatrimestre, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado al menos 16 viajes en el periodo de vigencia de los abonos.

En cuanto a los servicios de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río, Illescas y Fuenlabrada, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia, de cara al año que viene les serán aplicables las condiciones de los abonos de Cercanías, por lo que la fianza será de 10 euros. En 2023 fueron asimilables como media distancia.

Estos abonos gratuitos (con fianza de 20 euros) de Media Distancia podrán ser utilizados en los servicios Avant punto a punto entre Madrid y Salamanca y en la relación A Coruña-Ourense, que se prestan sobre la red de ancho convencional, así como en la relación Murcia-Alicante, que se presta a través de la red de Atlas Prestaciones.

Renfe pondrá a disposición de los viajeros más información sobre las condiciones de adquisición, utilización y vigencia de los abonos a través de su página web.

Gratuidad de las líneas de autobús

Por otro lado, el Real Decreto-ley prorroga la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje a las líneas de autobús de titularidad estatal con el fin de evitar asimetrías entre los distintos modos de transporte terrestre.

Así, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, los usuarios recurrentes para un trayecto con origen-destino determinado tendrán derecho a una bonificación del 100% del precio del billete, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

• Que realicen, como mínimo, 16 viajes al cuatrimestre, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
• Que se hayan registrado en el lugar que habilite cada empresa concesionaria del servicio que atiende el origen-destino concreto, con el fin de obtener un código único personalizado (en formato QR y/o alfanumérico).

La Secretaría de Estado publicará próximamente una resolución para fijar las condiciones de comercialización, utilización, vigencia y caducidad de los títulos de viaje, la limitación en el número de títulos con descuento, así como las obligaciones que deben cumplir los concesionarios y las necesarias para establecer la operativa.

Abonos Avant al 50%

Por último, se prorroga durante un año el descuento del 50% para usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios Avant, declarados como obligación de servicio público. Por ejemplo, si el precio de un abono Avant mensual de 50 viajes para la ruta Barcelona - Lleida asciende a los 576,20 euros, el coste anual sumaría los 6.914 euros, por lo que con el descuento del 50%, el usuario se podrá ahorrar unos 3.457 euros al año.

Así, se mantiene una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, con condiciones de uso específicas.

En este sentido, aunque los diferentes tipos de abono disponen de un plazo distinto de utilización y validez, los títulos adquiridos el año que viene no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2024.

En el caso de los Avant, Renfe también va a acentuar las medidas antifraude, que se concretarán en los primeros días de enero.

Es importante señalar que el Gobierno convirtió en Obligaciones de Servicio Público (OSP) 13 líneas de alta velocidad de media distancia, 12 de las cuales conectan con una ciudad de Castilla y León: Madrid - Palencia, Madrid - Zamora, León - Valladolid, Burgos - Madrid, León - Palencia, Burgos - Valladolid, Ourense - Zamora, Palencia - Valladolid, León - Segovia, Segovia - Zamora, Palencia - Segovia, Medina del Campo - Zamora y Huesca - Zaragoza.

Las rutas en las que operan los abonos con descuentos del 50%:

Suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional

Se extiende el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2024, en los casos ya previstos por la normativa actual.

De esta forma, para atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional, se extienden determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para hacer frente al COVID-19.

Ello obedece, en gran parte, a la existencia de un escenario marcado por la extensión temporal de la Guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través del crecimiento de los precios al consumo que inciden de un modo especial en aquellas personas y hogares con menores recursos.

Compensaciones para arrendadores o propietarios

Junto a la ampliación de la medida durante un año más para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, se contempla también la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario, recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Asimismo, se extiende el plazo para que los arrendadores y titulares de vivienda afectados por la suspensión extraordinaria en vigor del desahucio o lanzamiento puedan presentar la solicitud de compensación prevista en ese mismo RDL. Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medidas. Así, con la ampliación prevista para estas medidas, el nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de enero de 2025.

Medidas de protección de carácter social

La ampliación de las medidas de protección se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

En estos casos, siempre se tendrán en cuenta aquellos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:

• Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.
• Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
  
• Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
• Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
• Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante
• Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020.

Ley de Vivienda

La extensión durante todo 2024 de la prórroga aprobada en el Real Decreto, se suman a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en este ámbito desde Mivau, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna adecuada, como la aprobación y entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La nueva legislación establece un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre e introduce un mandato al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que defina antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda para evitar incrementos desproporcionados en la renta. Cabe recordar que la limitación del 2% de la actualización anual de la renta aprobada a finales de 2022 ha continuado vigente durante todo este 2023.

La Ley de Vivienda también recoge mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.

En este sentido, se asegura que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad, de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona física, y de 3 a 4 cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.

Apoyo a los promotores públicos y privados para la construcción de vivienda a precio asequible

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como para mejorar el ya existente. Los fondos están vinculados a la Adenda del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

La medida está incluida en el Real Decreto-ley aprobado, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Esta línea de préstamos está relacionada con la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que establece el desarrollo de una nueva inversión, línea de préstamos ICO para ampliar la vivienda social, con una dotación de 4.000 millones de euros del tramo de préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Fue aprobada por la Comisión Europea el pasado 2 de octubre y su creación permitirá la construcción de más de 40.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler asequible.

De esta forma, la línea de préstamos para el impulso de la vivienda social se complementará con una línea de avales que proporcionará cobertura financiera parcial para la realización de proyectos por un importe máximo de hasta 2.000 millones de euros para la construcción de edificios energéticamente eficientes o la rehabilitación con criterios de eficiencia energética.

Avales dirigidos a promotores públicos o privados

Mediante este Real Decreto-ley se autoriza al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un plazo de hasta treinta y cinco años, se desarrolle una línea de avales que ofrezcan cobertura parcial del Estado, para la financiación a promotores públicos y privados en forma de préstamo dentro de la Facilidad ICO del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para promoción de vivienda social.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible. Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CREACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, que conlleva, además, la adecuación de la planta judicial. El objetivo es canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos.

En este real decreto se contemplan 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrada/o en órganos colegiados conforme a las propuestas formuladas por las CCAA, así como una plaza de juez o jueza de Adscripción Territorial, que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para realizar funciones de refuerzo y sustituciones.

Especial mención merecen, además, las medidas adoptadas en este real decreto en materia de violencia de género, con la creación de nuevos juzgados exclusivos y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados en esta materia. El objetivo es extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, a fin de lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento.

También se da respuesta a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal. Se avanza así, desde la Administración de Justicia, en el cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En concreto, el real decreto determina ocho nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en Andalucía, Canarias y Comunidad Foral de Navarra, así como la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de Quart de Poblet y de Mislata, como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia en el real decreto aprobado.

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PRÓRROGA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y OBSERVADORES MILITARES EN MISIONES MILITARES EN EL EXTERIOR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la participación de unidades de las Fuerzas Armadas y observadores militares en misiones militares en el exterior.

En estos momentos complejos a nivel global, con especial incidencia en nuestro entorno inmediato, es intención del Gobierno mantener la contribución a la estabilidad internacional mediante las misiones de las Fuerzas Armadas en el Exterior. Estas misiones, en línea con los principios y objetivos de la Política Exterior española, se realizan conforme a los principios de responsabilidad y solidaridad e integrando la Seguridad Humana como elemento esencial en la prevención de conflictos de conformidad con lo que se establece en la Directiva de Defensa Nacional vigente y en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

Con carácter general, el Gobierno prevé mantener durante 2024 el nivel de participación de las Fuerzas Armadas en Operaciones en el Exterior, incluida la continuidad en el mando de UNIFIL Líbano, EUTM Mali, EUNAVFOR Atalanta y la Misión OTAN en Irak (NMI), que actualmente desempeña España.

En 2024, como consecuencia de la implementación del nuevo modelo de Fuerzas de la OTAN (NFM) y de acuerdo con las rotaciones y responsabilidades asignadas por la Alianza, corresponderá a España el liderazgo del Grupo de Combate en la Presencia Avanzada de la OTAN en Eslovaquia, dentro del refuerzo combinado de los aliados al flanco Este de Europa. De esta forma, el despliegue actual dentro del territorio Euro-Atlántico se verá incrementado.

Asimismo, en función de las decisiones colectivas que adopte la Alianza ante la evolución de la crisis en Ucrania para reforzar la disuasión en el flanco Este de la OTAN, podrían producirse incrementos temporales de las capacidades desplegadas, o bien variaciones en los grados de disponibilidad, en caso de que se activasen determinados planes de defensa colectiva.

Las misiones de las Fuerzas Armadas y las misiones militares de la Guardia Civil en el exterior, cuya prórroga se autoriza, han sido aprobadas por las Cortes Generales, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional.

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la autorización de participación de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil españolas en las siguientes misiones fuera de territorio nacional con los efectivos anuales máximos que se señalan:

• UNIFIL (Líbano): 700, incluyendo al personal generado como consecuencia de que España haya asumido el Jefe de Misión/Mando de la Fuerza.
• EUFOR ALTHEA (Bosnia-Herzegovina): 3. Se podrá incrementar ligeramente el número de efectivos para llevar a cabo tareas de instrucción de desminado.
  
• EUMAM (Ucrania): 300 de promedio la mayor parte en territorio nacional y 2 militares en el EU MPCC (Military Planning and Conduct Capability). La contribución a la misión EUMAM UA varía en función de los módulos de formación activados.
• EUNAVFOR ATALANTA (Cuerno de África): 375, incluyendo el Cuartel General ESP-OHQ de Rota para el Mando de la Operación y dos despliegues (VIGMA D4) en los periodos inter-monzónicos.

• EUTM SOMALIA (Somalia y Kenia): 21.
• EUTM RCA (República Centroafricana): 9.
  
• EUTM MALI (Mali): 160. Supone una reducción con respecto a 2023, debido la revisión estratégica y el cierre de Koulikoro Training Center, ejerciendo España el liderazgo de la misión hasta mayo de 2024.
  
• Operación Apoyo a Mali / Destacamento Marfil (Senegal): 90. Una aeronave desplegada y otra disponible en territorio nacional.
  
• Coalición contra el DAESH/ISIS - OIR y eNM-I (Irak): 400, incluye el esfuerzo actual en personal y capacidades para NM-I, como consecuencia de que España ha asumido el liderazgo de la misión hasta mayo de 2024.

Se autoriza la participación en las siguientes Actividades de Vigilancia reforzada y misiones para disuasión y Defensa dentro del área Euro-Atlántica:

1. Presencia Avanzada de la Alianza y Refuerzo del flanco Este de Europa : con un máximo total de 1,700 militares asociados a la implementación de la nueva postura de Disuasión y Defensa de la OTAN acordada en la Cumbre de Madrid. Incluye la continuidad del despliegues de efectivos terrestres en Letonia, y nuevos contingentes en Eslovaquia y Rumania, y en su caso en otros países aliados a los que apoye este futuro núcleo español de Gran Unidad. También incluye la previsión de una nueva rotacion para defensa antiaérea durante el segundo semestre en Estonia.
2. Agrupaciones navales permanentes (SNF) de la OTAN o bilaterales, incluido en el Componente Marítimo de las Fuerzas en alto nivel de disponibilidad (VJTF) de la ARF y de las FSR.
3. Defensa integrada Aérea y de Misiles de la OTAN (NATO IAMD-Persistent Effort), con los siguientes cometidos:

• Policía Aérea
• Vigilancia Aérea (radar vigilancia)
• Apoyo a la defensa aérea y antimisil en los Países Bálticos y en Turquía

Las operaciones y misiones militares en el exterior constituyen un instrumento esencial para materializar el compromiso de España de lograr, especialmente en el marco de la complejidad del actual contexto geopolítico, un entorno internacional de paz y estabilidad basado en un sistema multilateral más justo y más cohesionado en torno a los valores y principios que sustentan la legalidad internacional.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de las adendas de prórroga y modificación de 13 convenios suscritos entre la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), 13 entidades locales y las CCAA a las que pertenecen. Los convenios tienen por objeto facilitar la continuidad de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turísticade cada entidad local y están cofinanciados por las tres administraciones públicas que los suscriben.

Corresponden a las actuaciones en la Reserva de la Biosfera la Siberia, en el Valle de Ambroz-Cáparra, en la Ribera Sacra, en la comarca de Bajo Cinca, en la comarca del Aranda, en el Valle de Arán, en las ciudades de Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Benidorm, Gandía, Ezcaray, Torroella de Montgrí i L'Estartit, y en la isla de Menorca.

Las adendas no generan nuevas obligaciones económicas ni para el Estado ni para ninguna de las partes implicadas, ya que no suponen una nueva aportación económica a estos destinos.

El Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino tiene el objetivo de avanzar en la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial y, en particular:

• Abordar un gradual reposicionamiento de los destinos turísticos de sol y playa hacia modelos más competitivos y sostenibles, sin traspasar los límites de su capacidad de carga ambiental.
• Consolidar modelos turísticos sostenibles en destinos urbanos.
• Impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y/o en espacios naturales protegidos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CREACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TRAIN PORT BARCELONA

El Consejo de Ministros ha autorizado la creación de la sociedad mercantil estatal Train Port Barcelona, S.A., S.M.E, participada al 50% por Adif y el Port de Barcelona. La nueva empresa, cuyo nacimiento supone un hito importante en la cooperación entre administraciones, se encargará del desarrollo y gestión del nodo logístico ferroviario del área metropolitana de la capital catalana.

Este nodo logístico es clave para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en el eje del mar Mediterráneo y su área de influencia, así como para el transporte internacional.

El ámbito de actuación comprende el complejo ferroviario de Can Tunis, la Terminal Intermodal y Logística de La Llagosta, la futura Terminal Intermodal del Port de Barcelona y la Terminal Intermodal de Autopista Ferroviaria o ferroutage.

Los socios trabajarán de forma coordinada en la planificación y desarrollo de estas infraestructuras, la optimización de las inversiones y una gestión eficiente de los recursos para la consecución de servicios más competitivos. Train Port Barcelona aspira, asimismo, a convertirse en el interlocutor ante los operadores ferroviarios y las terminales ferroportuarias, ofreciendo un servicio de calidad al cliente final.

La constitución de Train Port Barcelona estaba contemplada en el protocolo de colaboración para impulsar la construcción de los nuevos accesos sur, viario y ferroviario del Port de Barcelona, alcanzado en octubre de 2020 por el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya, Adif, Puertos del Estado y el Port de Barcelona.

Actividades de Train Port Barcelona

La sociedad gestionará y explotará el Centro de Gestión Ferroportuario de Barcelona (CGFB), donde se realiza la planificación y coordinación de la prestación de servicios entre la terminal de transportes de mercancías Can Tunis y las terminales ferroviarias del Puerto de Barcelona. Asimismo, asumirá la prestación de servicios de maniobra y operaciones de tren.

Train Port Barcelona construirá y explotará la futura Terminal Intermodal del Port de Barcelona por un plazo de 50 años, en régimen de concesión de dominio público. Las instalaciones (13,8 Ha) representarán una inversión de 22 millones de euros y contarán con una playa de cuatro vías, dos grúas pórtico y una zona de almacenamiento de contenedores.

La sociedad explotará igualmente la Terminal Intermodal y Logística de La Llagosta en régimen de arrendamiento por un plazo, también, de 50 años. La transformación global de esta terminal, situada a 20 km del Puerto, cuenta con una inversión de 25 millones de euros en una primera fase. La instalación dispondrá de una playa de cuatro vías, dos grúas pórtico y una zona de almacenamiento de contenedores de 14,5 Ha.

Train Port Barcelona formará parte del accionariado de la futura terminal de Autopista Ferroviaria (o ferroutage), con una participación minoritaria, que se construirá en el antiguo cauce del Llobregat.

Defensa

MANTENIMIENTO INORGÁNICO DE MOTORES EN SERVICIO EN DIFERENTES FLOTAS AÉREAS Y NAVALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el mantenimiento inorgánico de motores en servicio en diferentes flotas aéreas y navales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

El mantenimiento de los motores en servicio en las distintas flotas de las Fuerzas Armadas es imprescindible para el cumplimiento de los fines y objetivos de estas. Para asegurarlo, se requiere contratar el servicio de revisión, reparación y actualización correspondiente.

El valor estimado del Acuerdo Marco es de 173.400.000 euros.

Defensa

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN EN CENTROS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la toma de razón de la declaración de emergencia relativa al suministro de equipamiento de climatización de los centros de proceso de datos y centro de conducción de datos del Ministerio de Defensa.

Durante 2023 se han venido produciendo constantes averías del sistema de climatización, que han afectado a los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para evitar que se produzcan graves daños que pudieran afectar a dichos sistemas, ha sido necesario actuar de manera inmediata para adquirir el equipamiento de climatización adecuado.

El valor estimado de todas las actuaciones es de 180.179,71 €.

Transportes y Movilidad Sostenible

OBRAS EN LA AUTOVÍA DEL DUERO A-11

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar las obras de la Autovía del Duero A-11 entre Langa de Duero y Aranda de Duero, en las provincias de Burgos y Soria, con un valor estimado de 175 millones de euros (IVA no incluido).

La Autovía del Duero vertebrará los movimientos de la mitad norte de la península en dirección Este-Oeste. Actualmente se están desarrollando proyectos y obras de construcción en distintos tramos, pero cuenta con algunos tramos ya abiertos al tráfico. Una vez finalizada, conectará Soria con Valladolid y Zamora y continuará hasta la frontera con Portugal que, dentro de la Red de Carreteras del Estado Portugués continuará a través de la autovía A-4 portuguesa hasta Oporto siguiendo igualmente el recorrido del río Duero.

El objeto de las obras que ahora autoriza el Gobierno es proporcionar continuidad al corredor de la Autovía del Duero A-11 entre las localidades de Langa de Duero y Aranda de Duero, corredor que actualmente tiene en servicio los tramos contiguos al ahora proyectado.

Este proyecto supondrá un nuevo impulso para el desarrollo de la A-11, eje del que se llevan puestos en servicio en Soria 55 km desde 2019, tras la finalización del tramo El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz el pasado mes de julio.

Características técnicas

El tramo de la A-11 Langa de Duero-Aranda de Duero se inserta entre dos tramos en servicio de la autovía: la variante de Aranda de Duero y el tramo entre Langa de Duero y San Esteban de Gormaz.

El inicio del trazado se localiza en el término de Langa de Duero, que conecta con el final del tramo San Esteban de Gormaz (oeste) - Variante de Langa de Duero de la A-11.

El nuevo trazado discurre en general en forma de variante de la actual N-122 y, con una longitud aproximada de 22,3 km, finaliza en el término municipal de Fresnillo de las Dueñas, en su conexión con el tramo de la Variante de Aranda del Duero de la A-11.

El nuevo tramo de autovía se diseña con dos carriles de 3,5 m por calzada, arcenes exteriores de 2,5 metros, interiores de 1 metro y mediana de 10 metros.

A lo largo del trazado de la autovía se prevén los siguientes enlaces:

• Enlace de Langa de Duero Centro, conectando con la carretera provincial SO-P-5001.
• Semienlace de Langa de Duero Oeste, que permite la conexión de la calzada decreciente de la autovía A-11 (dirección San Esteban de Gormaz) con la N-122, y de la N-122 con la calzada creciente de la A-11 (dirección Aranda de Duero).
• Enlace de Zuzones - La Vid, que conecta con la carretera BU-923.
• Enlace de Vadocondes (p.k. 28+350), que conecta con la carretera BU-930.

Debe destacarse también la presencia del Área de Servicio y Descanso de Valladar, estando prevista la ejecución de sendas explanaciones en ambas márgenes del tronco proyectado.

La autovía garantizará la permeabilidad transversal pertinente para los caminos y carreteras afectadas, que se repondrán respetando en lo posible su trazado original, estando previstos más de 30 pasos superiores e inferiores de nueva ejecución. Deben destacarse por su entidad, el viaducto previsto en el semienlace de Langa de Duero, el viaducto sobre el río Duero ( 250 m de longitud) y el paso superior de la carretera N-122 sobre el tronco de autovía.

Transportes y Movilidad Sostenible

SERVICIO AÉREO DE SALVAMENTO MARÍTIMO CON HELICÓPTEROS

El Consejo de Ministros ha autorizado licitar el contrato de prestación del servicio aéreo de salvamento marítimo con helicópteros, por un valor estimado total de 305 millones de euros (IVA no incluido) y con un plazo de ejecución de cinco años desde la formalización del contrato.

Este contrato permitirá seguir disponiendo de un servicio aéreo de helicópteros rápido y eficaz, que opere y mantenga las unidades, de forma que se garantice una respuesta inmediata, las 24 horas del día, los 365 días del año, en toda la zona de responsabilidad de salvamento que la sociedad tiene asignada.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene encomendada la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico marítimo y de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino. Para cumplir con dichos objetivos, necesita de un conjunto de medios con los que poder atender cualquier emergencia que se produzca a lo largo de los 7.880 kilómetros de costa y en el millón y medio de kilómetros cuadrados de área de responsabilidad SAR asignada a España.

Dividido en dos lotes

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, y con el fin de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas, el expediente de contratación se ha dividido en dos lotes:

• Lote 1: prestación del servicio aéreo de Salvamento Marítimo desde 7 bases, utilizando 9 helicópteros de tipo mediano. Las bases estarán situadas habitualmente en los aeropuertos/helipuertos de El Musel (Gijón), Santander, Reus, Palma de Mallorca, Valencia, Almería y Jerez. Desde cada una de ellas, operará una unidad que estará formada por un helicóptero mediano propiedad de Salvamento Marítimo o del contratista, una tripulación compuesta por 4 personas y el material SAR.
• Lote 2: prestación del servicio aéreo de Salvamento Marítimo desde 4 bases utilizando 5 helicópteros, medianos y de gran porte. En este caso las bases estarán situadas habitualmente en los aeropuertos de A Coruña, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Desde cada una de ellas, operará una unidad que estará formada por un helicóptero mediano o de gran porte, según se establece en este pliego, pudiendo ser propiedad de Salvamento Marítimo o del contratista; una tripulación compuesta por 4 o 5 personas, según el tipo de helicóptero de que se trate, y el material SAR.

En ambos casos los contratos incluirán la operación; el mantenimiento y reparación de aeronaves, repuestos, equipos de tierra, utillajes e instalaciones; el combustible; el alquiler de una aeronave en exclusividad; las unidades de respaldo puntuales que fueran necesarias; y el alquiler de instalaciones complementarias.

No se limita el número de lotes para los que un mismo licitador pueda presentar oferta, ni el número de lotes que puedan adjudicarse a cada licitador. Asimismo, se autoriza expresamente la presentación de ofertas integradoras, dado que pueden existir sinergias de la provisión conjunta de los diferentes lotes.

Transportes y Movilidad Sostenible

SEÑALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar por 223,6 millones de euros (sin IVA) el contrato para el despliegue de los sistemas de señalización y gestión del tráfico en la línea de alta velocidad Murcia-Almería. Con esta inversión se abre, a través de Adif AV, una nueva fase en el desarrollo de la línea y se da un nuevo impulso al Corredor Mediterráneo.

En concreto, la actuación supone instalar en toda la línea (200 km) y en el ramal Pulpí-Águilas el sistema de control y mando del tren ERTMS nivel 2, en el que España es líder europeo, y el resto de los equipos asociados: enclavamientos (sistemas que regulan a distancia todas las señales de un tramo de ferrocarril), sistemas de protección del tren, auxiliares de detección ante eventuales caídas de obstáculos en la vía, control de tráfico centralizado (CTC) y telecomunicaciones para la operativa ferroviaria.

El contrato, que incluye el mantenimiento de los sistemas y equipos durante cuatro años, permitirá dotar a la nueva línea de equipos y sistemas de señalización de última tecnología para organizar la circulación de trenes y gestionar el tráfico en remoto y tiempo real.

Nuevo hito

La autorización de estos trabajos constituye un nuevo impulso a la construcción de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, a la que se destina una inversión de 3.500 millones de euros y en la que se avanza en distintos ámbitos.

Adif AV contrató recientemente los primeros trabajos de electrificación, mientras avanza en los proyectos para tender las vías en toda línea y en la construcción de su plataforma: todos los tramos están ya en marcha (finalizados, en construcción o contratación), tras arrancar las obras de llegada de la alta velocidad a Almería y su nueva estación. También se trabaja en el proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

La nueva línea integrará Almería en la red de alta velocidad, a través del Corredor a Levante; en el Corredor Mediterráneo y en las redes europeas, favoreciendo la vertebración y cohesión de territorios.

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 8 (crecimiento económico y generación de empleo) y 7 (eficiencia energética).

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

Industria y Turismo

SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CARDONA PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Cardona, por importe de 500.000 euros, para la reconversión industrial y social de la localidad mediante la potenciación y mejora de infraestructuras industriales.

Estas actuaciones son de interés público, social y económico dado que es necesario dotar de instrumentos y estructuras que refuercen las capacidades industriales del territorio y potencien la diversificación de su actividad económica, apostando por sectores emergentes de mayor valor añadido que palíen los cierres de minas de sal sódica y potasa que se han producido en los últimos años por falta de competitividad de las explotaciones.

La actividad a financiar comprende una serie de actuaciones a realizar en el Polígono industrial de La Cort I, que incluye el proyecto de mejoras del sistema de captación, tratamiento y bombeo de aguas en la zona industrial; y en el Polígono industrial de La Cort II, actuaciones en las redes de aguas, del alumbrado, gas y telecomunicaciones, así como pavimentación.

Industria y Turismo

SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL ADI-FAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención destinada a la Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD para dar soporte a la industria en la transición hacia una industria más eficiente y sostenible, por importe de 100.000 euros.

La Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD es una asociación sin ánimo de lucro que realiza labores de unión entre el mundo profesional y el mundo industrial, centrándose en el reconocimiento de los productos industriales desde una óptica de sostenibilidad.

Sus actuaciones van encaminadas a fomentar capacidades de ecodiseño que combinen competitividad y sostenibilidad. Ello supone implicar a los sectores manufactureros en la optimización de los procesos de fabricación y en la reducción de residuos industriales a través del diseño, lo cual también supone una mejora de la competitividad.

La presente subvención directa tiene por objeto el desarrollo de una guía que sirva de herramienta a la industria para avanzar en la transición hacia una industria más eficiente, sostenible y por tanto competitiva. Si bien el proyecto abarca toda la industria manufacturera, tendrá una especial relevancia para las PYME industriales, que tienen más limitaciones para abordar esta transición por sí mismas.

La guía estará orientada a sectores estratégicos como la fabricación de vehículos de motor y sus componentes, productos de caucho y plásticos, madera y corcho, muebles o productos metálicos.

Industria y Turismo

MODIFICADOS PLAZOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA AYUDA A LA PALMA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decretopor el que se modifica el Real Decreto 1112/2021, de 17 de diciembre, por el que se aprobó la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de actuaciones en materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la isla de La Palma.

El Real Decreto 1112/2021, de 17 de diciembre, aprobó la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de actuaciones en materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la isla de La Palma, por una cuantía total de 17,6 millones de euros.

Mediante este real decreto, se introducen las siguientes modificaciones:

• Se procede a ampliar el plazo previsto para la ejecución tanto de la Campaña promocional nacional e incentivo con bono turístico (hasta el 30 de abril de 2024) como del festival Starmus (hasta el 30 de abril de 2025).
• Se amplía la cuantía de la línea de apoyo al emprendimiento y a la creación de nuevas empresas en 5 millones de euros.
• Se establece que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda destinar hasta 10 millones de euros de esta línea para crear una línea de ayudas dirigida a compensar las pérdidas soportadas por las pymes y autónomos en la isla de La Palma.

La concesión directa de la subvención responde al interés económico de reactivar la competitividad de la isla de La Palma como destino turístico, así como al apoyo que siguen necesitando las pequeñas y medianas empresas radicadas en esa isla, dado que aún persisten las consecuencias negativas de la erupción volcánica que aconteció en la zona de Montaña Rajada el pasado 19 de septiembre de 2021.

Industria y Turismo

ADENDA AL CONVENIO DE LOS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS AL FUTURO VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS 8X8

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de una sexta adenda al convenio con la Unión Temporal de Empresas denominada Indra Sistemas S.A.- Santa Bárbara Sistemas S.A.- Sapa Operaciones S.L (UTE VCR 8X8) relativo a los Programas Tecnológicos asociados al futuro Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8.

La sexta adenda implica una alteración del importe global del gasto, mediante la reducción de la financiación comprometida, por un importe de 5.342.645 €, de tal forma que el importe máximo del gasto para el actual Ministerio de Industria y Turismo queda fijado en 86.627.035 €.

La devolución al Tesoro Público por la UTE VCR 8x8 de la financiación comprometida se realizará en el año 2024, en una anualidad única, por importe de 86.627.035 €.

Industria y Turismo

ADENDA AL CONVENIO DE LOS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS DE SENSORES EN MÁSTIL Y SCOMBA DE LA FRAGATA F110

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de una tercera adenda al convenio con la Unión Temporal de Empresas Indra Sistemas, S.A. - Navantia, S.A., S.M.E., relativo a los programas tecnológicos de desarrollo e integración de sensores en mástil y Sistemas de Combate de la Armada (SCOMBA) de la Fragata F110.

El Ministerio de Defensa contrató con Navantia en el año 2019 la construcción de cincofragatas F-110. Como fase previa a la contratación de los buques, el Ministerio de Defensa previó la ejecución de programas tecnológicos de investigación y desarrollo asociados a esta Fragata F110, para alcanzar el grado de madurez necesario en determinadas tecnologías previamente a su incorporación a los buques.

Entre estos programas están los destinados al desarrollo e integración de sistemas en mástil y sistema de combate de la Armada (SCOMBA), que están siendo ejecutados por Navantia e Indra.

Esta tercera adenda pretende ajustar el calendario de las devoluciones al Tesoro Público de las ayudas recibidas por estas empresas.

La adenda no implica gasto adicional sobre el anteriormente autorizado (133.346.022 €), ya que simplemente traslada el importe restante por librar (24.314.053 €) a la anualidad de 2024.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CLARIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifican diversos reales decretos para clarificar la aplicación en España de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Las modificaciones se realizan en base a la experiencia adquirida en el primer año de vigencia de la nueva PAC, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, y tienen que ver con aspectos de índole técnica.

Así mismo, se adapta la normativa a los cambios introducidos en la modificación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) de España 2023-2027, que fue aprobada el 30 de agosto de este año 2023, con precisiones y aclaraciones que no alteran los principios de la estrategia de intervención. El objetivo es facilitar una mejor comprensión de las normas y aportar seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos.

En un solo texto se modifican los reales decretos sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (1045/2022), sobre gestión y control de la PAC (1047/2022), de las intervenciones de pagos directos y requisitos comunes del Plan Estratégico de la PAC y la solicitud única (1048/2022), de condicionalidad (1049/2022) y el relativo al Sistema de Información de Explotaciones (SIEX) y el cuaderno digital de explotación (1054/2022); todos ellos de 27 de diciembre.

Ampliación de los plazos de entrada en vigor del cuaderno digital de explotación

Las modificaciones relativas al cuaderno digital dan respuesta a las demandas del sector de disponer de un mayor periodo de adaptación para familiarizarse con las nuevas herramientas y prepararse para su cumplimentación. Así, la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación se amplía al 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones de mayor tamaño y un año más tarde -septiembre de 2025- para las explotaciones pequeñas.

Las explotaciones más pequeñas quedan exentas de su uso, lo que engloba a las que cuentan con una superficie igual o menor a 5 hectáreas, siempre que la superficie de regadío no supere una hectárea, así como aquellas explotaciones que únicamente dispongan de pastos en los que no se realicen aplicaciones de fertilizantes.

Este cambio queda recogido en el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. Además de ampliar los plazos de entrada en vigor del cuaderno digital de explotación y de eximir a las explotaciones más pequeñas de su uso, las modificaciones buscan fomentar la utilización voluntaria del mismo por parte de aquellos agricultores que ya se encuentran preparados para su utilización. Todo ello con el objetivo de garantizar la adecuada implementación de esta nueva herramienta.

Ajustes en la normativa de derechos de ABRS y gestión y control

El Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS) de la Política Agrícola Común, se modifica para recoger un tratamiento especial para el acceso a la reserva nacional de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Además, se limitan los arrendamientos sin tierras y se concretan procedimientos al establecer, con carácter general, la tramitación electrónica de los recursos en relación a las decisiones sobre reserva nacional.

Las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Comúnse derivan fundamentalmente de determinados aspectos recogidos en los planes de control elaborados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las comunidades autónomas y que, por mayor seguridad jurídica, se ha considerado conveniente trasladar a este real decreto.

El impacto de estas modificaciones afecta fundamentalmente a las autoridades competentes para la realización de los controles. Entre los aspectos que afectan a los agricultores, destacan la exigencia de realizar una actividad de producción cuando se declara un recinto inactivo por primera vez, o la necesidad de acreditar la disponibilidad de los recintos improductivos transformados que se declaran por primera vez. Así mismo, se amplía el alcance del cuestionario de responsable de explotación a todos los solicitantes de derechos de la reserva nacional y el preaviso de control de ayudas asociadas a la ganadería a 72 horas, o la realización de controles in situ de conteo de animales en ecorregímenes e intervenciones de desarrollo rural relacionadas con la actividad de pastoreo.

También incluye modificaciones que mejorarán la aplicabilidad de la realización de determinados controles relacionados con las intervenciones sectoriales vitivinícola y de los programas operativos de frutas y hortalizas, así como en las relativas al Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) que no están bajo el Sistema Integrado de Gestión y Control.

En lo que se refiere a la modificación del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control, se clarifican las redacciones de los artículos relativos a la condición de agricultor activo. Respecto al pago redistributivo, se revisa el cálculo para aquellos titulares que tienen más de una región, y se corrigen los importes del segundo tramo de algunas regiones, por haberse detectado un error. Igualmente se recoge la particularidad de las cooperativas de explotación comunitaria de tierras también para el pago complementario a jóvenes.

Facilitar el acceso a ecorregímenes de productores de espárragos y plantas aromáticas

En lo relativo a los ecorregímenes, se prevén nuevos métodos de control en las prácticas ligadas a pastos, para aquellos titulares que no mantengan un cuaderno digital de explotación. Se establecen nuevas posibilidades para que los productores de espárragos y especies aromáticas puedan acceder a las ayudas a estos ecorregímenes y se ajusta la redacción de la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes para explotaciones de menos de 10 hectáreas. Igualmente, se amplía el plazo para el establecimiento de una cubierta inerte en cultivos leñosos, que pasa del 1 de marzo al 15 de abril, y que a su vez puede ser modificado por las comunidades autónomas de forma justificada.

Para las ayudas asociadas, se establece la posibilidad de la autotransformación en la relativa a la producción tradicional de uva pasa y se introduce una excepción para la establecida para el vacuno extensivo de carne para explotaciones que cuenten con varias unidades de producción en distintos sistemas productivos.

Condicionalidad reforzada

Dentro del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), las modificaciones afectan a algunos aspectos relativos a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) al objeto de adaptar las mismas a las últimas modificaciones del Plan Estratégico. Las principales novedades guardan relación con el marco de aplicación de las excepciones en las BCAM 5 y 6 para los cultivos leñosos, y el hecho de que la recolección mecánica nocturna en cultivos que presenten denso follaje donde puedan anidar aves con el fin de protegerlas en periodos de reproducción y cría, pasará a englobarse dentro del Requisito Legal de Gestión 3 relacionado con las obligaciones de la Directiva 2009/147/CE sobre la conservación de aves silvestres, en lugar de dentro de la BCAM 8.

Se ha clarificado el término "desbroce" de la BCAM 2 sobre humedales y turberas que se empezará a aplicar, por primera vez, en 2024. Asimismo, se ha establecido un procedimiento para hacer un seguimiento de las autorizaciones colectivas a la BCAM 5, en las que se permitiría el laboreo en la dirección de máxima pendiente a las superficies de viñedo, siempre que las plantaciones se hubieran realizado antes del 1 de enero de 2023. Por otro lado, se incluyen modificaciones en la BCAM 8 sobre superficies no productivas al objeto de alinear las superficies con las establecidas en el ecorrégimen de espacios de biodiversidad.

En relación con la condicionalidad social, que se empezará a aplicar el 1 de enero de 2024, se clarifica que son los organismos pagadores los responsables de determinar el porcentaje de penalización por incumplimiento de las normas laborales en cuestión. También se introduce una nueva disposición transitoria para regular el régimen transitorio para los beneficiarios del sector vitivinícola.

Agricultura, Pesca y Alimentación

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados, en el que se incluyen todas las líneas cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año 2024. El plan está dotado con una partida presupuestaria de 284,52 millones que se destinarán como subvención al pago de las primas.

El plan recoge la dotación económica y las diversas subvenciones aplicadas y sus porcentajes establecidos para cada una de las líneas. Las nuevas medidas incorporadas al plan priorizan a determinados colectivos y fomenta la adopción de medidas de adaptación frente al cambio climático.

En el ejercicio de 2023, el presupuesto del plan ascendió a 317,7 millones de euros debido al incremento excepcional de 60 millones de euros que, en 2022, acordó el Gobierno entre las medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Si se exceptúa esa aportación extraordinaria puntual, el presupuesto del plan de seguros combinados para 2024 crece en 26,8 millones de euros (10,3 %).

Desde el año 2020 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incrementado de forma paulatina la dotación presupuestaria que ha pasado de los 211,3 millones de euros en el citado año a los actuales 284,5 millones de euros para subvencionar la contratación de pólizas. Además de este presupuesto ordinario, en 2022 y 2023 se aprobó una dotación extraordinaria de 60 millones de euros adicionales y que elevó el presupuesto desde 257,7 a 317,7 millones de euros.

Entre las medidas incorporadas en el nuevo Plan destaca la priorización del apoyo público en terminados colectivos que son fundamentales en la política agraria nacional, como son los jóvenes agricultores, los profesionales, las explotaciones prioritarias o los pertenecientes a una organización de productores. Estos colectivos tendrán 8 puntos porcentuales más de subvención, incremento que alcanzará los 18 puntos en el caso de los jóvenes agricultores.

Igualmente, se ajusta el apoyo en pólizas que presentan una elevada siniestralidad en sus resultados del seguro, para fomentar la adopción de medidas de adaptación por parte de los productores, en sintonía con las necesidades que impone el cambio climático.

El plan también incluye actuaciones para la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de seguros, así como la realización de diversos estudios sobre nuevas coberturas en futuros planes de seguros.

Las indemnizaciones pagadas a los asegurados que sufrieron daño en 2022 alcanzaron los 768 millones de euros, cifra que se estima superará los 1.200 millones en 2023.

El fuerte incremento de los fenómenos naturales adversos durante los últimos años ha ocasionado un desequilibrio entre las primas recaudadas a través del seguro y la siniestralidad, que se ha acentuado de manera extraordinaria en 2023. Estos desequilibrios son compensados por los mecanismos de solvencia que tiene el sistema, las reservas de las entidades aseguradoras y, en especial, mediante el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros. Por ello, es imprescindible adoptar medidas de ajuste para afrontar dichos desequilibrios y garantizar la viabilidad del sistema con la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos públicos.

Política Territorial y Memoria Democrática

CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA EN RELACIÓN CON CONTRATO LICITADO POR EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

El Gobierno contesta al requerimiento, que se fundamenta en la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid (CAM) en su Estatuto de Autonomía en materia de protección y tutela de menores, sosteniendo que el Estado no es competente en el contrato para "Asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación preliminar de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya guarda o tutela la tienen las Administraciones públicas".

La contestación del Gobierno se fundamenta en las siguientes consideraciones:

El Gobierno reconoce y no cuestiona la competencia autonómica en materia de protección y tutela de menores, pero fundamenta la contestación al requerimiento en que hay varios títulos competenciales estatales que no resultan ajenos a la materia e inciden en ella, mediante una pluralidad de competencias normativas y ejecutivas del Estado:

- Artículo 149.1.1ª de la Constitución Española (CE), en relación con las condiciones básicas para la igualdad de todos los españoles en ejercicio de los derechos constitucionales que tiene relación con el artículo 39 CE, en protección de los menores y la familia y, por esa vía, con el principio de interés superior del menor consagrado en la legislación estatal en la materia.

- Artículo 149.1.2ª CE, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de extranjería, lo que afecta también a la situación de los menores extranjeros no acompañados.

- Artículo 149.1.8ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil y le habilita a regular la tutela y la guarda de menores, así como su acogimiento.

- Le corresponde asimismo al Estado impulsar la coordinación pública en las diversas materias, como principio general de actuación. Ello no apareja una facultad directiva estatal sobre las actuaciones autonómicas, pero sí su deber de crear instrumentos de cooperación y articular las políticas de las administraciones públicas competentes en una determinada materia. De acuerdo con ello, en este ámbito, el Estado ha creado la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.

En definitiva, se procede a la contestación del requerimiento no apreciándose una invasión de las competencias autonómicas sobre protección y tutela de menores siempre y cuando el servicio de ámbito estatal que pueda establecerse con base en la asistencia técnica contratada, se lleve a cabo en los términos establecidos en la Medida 7.L.01delFSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra la Pobreza, que motiva el contrato, estableciendo que el servicio lo presta "la plataforma de sensibilización y fidelización de familias", que aparece como un sistema sujeto a una gobernanza compartida y no como un órgano administrativo de titularidad estatal.

El Gobierno da respuesta así al requerimiento de la Comunidad de Madrid, actuando dentro del ámbito competencial reservado al Estado en la ejecución del contrato, con instrucciones precisas al contratista para su correcta ejecución en lo que se refiere al régimen de distribución constitucional de competencias.

Ciencia, Innovación y Universidades

CARÁCTER OFICIAL DE DETERMINADOS TÍTULOS DE DOCTOR/A

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Estos títulos tienen carácter oficial y son válidos en España, cuentan con efectos académicos y administrativos, y en el caso de que así resulte de la normativa aplicable, habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas. Los títulos a los que se refiere el presente acuerdo serán inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

I. Universidades civiles. Relación de Programas de Doctorado ordenados por universidades:

Universidad Politécnica de Cartagena

Programa de Doctorado en Tecnologías de Doble Uso y sus Sistemas de Gestión en Seguridad y Defensa

Universidad Europea del Atlántico

Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte: Riesgos y Beneficios

Universidad de La Laguna

Programa de Doctorado en Derecho

II. Relación de Programas de Doctorado organizados conjuntamente por distintas universidades:

Programa de Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad de Alicante, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de La Laguna y la Universitat de València (Estudi General)

Ciencia, Innovación y Universidades

CARÁCTER OFICIAL DE DETERMINADOS TÍTULOS DE GRADO

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Estos títulos tienen carácter oficial y son válidos en España, cuentan con efectos académicos y administrativos, y en el caso de que así resulte de la normativa aplicable, habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas. Los títulos a los que se refiere el presente acuerdo serán inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por universidades:

CUNEF Universidad

Graduado o Graduada en Filosofía, Política y Economía / Bachelor in Philosophy, Politics and Economics

Universidad Antonio de Nebrija

Graduado o Graduada en Análisis de Negocios

Graduado o Graduada en Criminología y Ciencias Forenses

Graduado o Graduada en Educación Social

Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica

Universidad Camilo José Cela

Graduado o Graduada en Efectos Visuales / Bachelor in Visual Effects

Universidad Católica San Antonio

Graduado o Graduada en Gastronomía

Graduado o Graduada en Veterinaria

Universidad de Alcalá

Graduado o Graduada en Matemáticas y Computación

Universidad de Lleida

Graduado o Graduada en Diseño Digital y Tecnologías Creativas

Universidad de Zaragoza

Graduado o Graduada en Estudios para la Defensa y Seguridad

Universidad Europea de Canarias

Graduado o Graduada en Derecho

Graduado o Graduada en Diseño Gráfico Digital

Universidad Europea de Madrid

Graduado o Graduada en Comunicación y Gestión de Moda

Graduado o Graduada en Diseño y Creación de Moda

Graduado o Graduada en Economía

Graduado o Graduada en Sociología

Universidad Internacional de la Empresa

Graduado o Graduada en Fisioterapia

Graduado o Graduada en Negocios Internacionales / Bachelor in International Business

Universidad Internacional de La Rioja

Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales

Universidad Loyola Andalucía

Graduado o Graduada en Enfermería

Graduado o Graduada en Medicina

Universidad San Pablo-CEU

Graduado o Graduada en Diseño de Interiores / Bachelor in Interior Design

Universitat de les Illes Balears

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Ciencia, Innovación y Universidades

CARÁCTER OFICIAL DE DETERMINADOS TÍTULOS DE MÁSTER

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Estos títulos tienen carácter oficial y son válidos en España, cuentan con efectos académicos y administrativos, y en el caso de que así resulte de la normativa aplicable, habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas. Los títulos a los que se refiere el presente acuerdo serán inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

I. Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por universidades:

Universidad Antonio de Nebrija

Máster Universitario en Administración de Empresas - MBA

Máster Universitario en Análisis de Negocios

Máster Universitario en Bioinformática

Máster Universitario en Ciberdelincuencia

Máster Universitario en Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Interiorismo

Máster Universitario en Gestión Empresarial Global

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Universidad de Alcalá

Máster Universitario en Fisioterapia en Salud de la Mujer y Salud Pélvica

Universidad de Castilla-La Mancha

Máster Universitario en Investigación Musical

Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT)

Máster Universitario en Diseño de Moda

Máster Universitario en Ilustración

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Universidad de Murcia

Máster Universitario en Ciberseguridad / Master in Cybersecurity

Máster Universitario en Ingeniería del Software / Master in Software Engineering

Máster Universitario en Sociedad Digital: Investigación y Análisis de las Transformaciones Sociales

Universidad Europea de Canarias

Máster Universitario en Diseño Urbano y Movilidad Sostenible

Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética de las Organizaciones

Universidad Europea de Madrid

Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos

Máster Universitario en Enfermería Oncológica

Máster Universitario en Gestión Pública

Máster Universitario en Intervención Psicológica en Situaciones de Crisis, Catástrofes y Emergencias

Universidad Internacional de la Empresa

Máster Universitario en Gestión del Entretenimiento

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Universidad Internacional de La Rioja

Máster Universitario en Intervención Psicológica en el Ámbito Educativo

Máster Universitario en Transformación Digital a través de Tecnologías Disruptivas

Máster Universitario en Trastornos de la Conducta Alimentaria

Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda

II. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster organizados conjuntamente por distintas universidades:

Máster Universitario Erasmus Mundus en Law, Data and Artificial Intelligence por la Universidad de León, Dublin City University (Irlanda), Università di Pisa (Italia) y Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Francia).

Ciencia, Innovación y Universidades

ADENDA AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la segunda Adenda al Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la construcción, equipamiento y explotación de la Sede Española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao). En virtud del acuerdo, la Administración General del Estado destinará un máximo de 6,3 millones de euros en el periodo 2024-2027.

La European Spallation Source (ESS) es un acelerador de partículas que permitirá un estudio muy detallado de la estructura de la materia, con gran repercusión en numerosas disciplinas científicas (física fundamental, química, biología, geología, ingeniería, aeronáutica, materiales, etc.) y de aplicación en muy diversas áreas de nuestra vida cotidiana, tales como la sociedad de la información, la salud, la medicina, el patrimonio cultural, los medios de transporte, los nuevos materiales, el medio ambiente, o la alimentación.

Por su parte, el Consorcio ESS Bilbao se constituye como la sede española de European Spallation Source (ESS) y, por otra, como centro de investigación independiente especializado en el desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la aceleración de partículas.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Fiscal general del Estado

D. ÁLVARO GARCÍA ORTIZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (1985-1990). Fiscal de carrera desde 1998, ha desempeñado diversos destinos profesionales, tales como fiscal de la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fiscal Especialista en Medioambiente de la Fiscalía del TSJ, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Ha impartido numerosos cursos, en particular en Derecho Ambiental, entre otras instituciones en la Universidad de Santiago de Compostela, el Centro de Estudios Judiciales e Seguridade Pública de Galicia, la Escola Galega de Administraciones Públicas, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad internacional Menéndez Pelayo o el Centro de Estudios Jurídicos.

Así mismo ha participado en diversas mesas redondas y ponencias internacionales, como el II Seminario hispano-luso sobre tráfico de drogas, el curso de capacitación para jueces y fiscales en Marruecos, el Seminario de investigación medioambiental en Venezuela o la Conferencia internacional sobre cambio climático COP 25 en Chile-Madrid.

Es autor de numerosas publicaciones como en revistas especializadas como la Revista del Ministerio Fiscal o la Revista Galega de Derecho Ambiental, así como de diversos artículos de prensa en medios como La Voz de Galicia, el diario El País, el diario El Mundo, entre otros.

Premio RÍOS VIVOS 2010 a la Fiscalía de Delitos Ambientales del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, medalla al Mérito de la Guardia Civil y al mérito policial del Cuerpo Nacional de Policía. Cruz distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort.

Presidente-Portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de 2013 a 2017 y vocal electivo del Consejo Fiscal para el periodo 2018-2022.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Directora general del Agua

Dª. MARÍA DOLORES PASCUAL VALLÉS

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha ocupado diversos cargos en la Administración como jefa de Gabinete del Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón, secretaria general técnica del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón, secretaria general de la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre otros. Hasta su nombramiento desempeñaba el cargo de presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología

Dª. MARÍA JOSÉ RALLO DEL OLMO

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Economía por la UNED. Además, tiene un Máster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III y ha cursado el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE.

Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, habiendo desempeñado toda su carrera profesional en el actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Desempeñó el cargo de secretaria general de Transportes y Movilidad en ese Ministerio.

Previamente ocupó, entre otros, los puestos de jefa del Gabinete Técnico de la secretaria general de Transporte, subdirectora general de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras y vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.

Comisionado para la Economía Circular

D. ALEJANDRO DORADO NÁJERA

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática. Ha realizado cursos de Unión Europea en la Escuela Diplomática y Legislación Ambiental por la UNED.

Hasta la fecha ha sido asesor del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Fue consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno de La Rioja. Ha trabajado como consultor en varios países africanos (Tanzania, Mozambique, Benín, Cabo Verde, Guinea y Sierra Leona). Entre 2008 y 2012 ejerció como técnico de cooperación para la AECID en las embajadas de España en Malí y en Brasil, y en la sede de Agencia para Etiopía, Sudán y Sudán del Sur.

También ha colaborado con organizaciones como UNESCO y Fundación Biodiversidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Portuguesa

D. JUAN FERNÁNDEZ TRIGO

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona.

Pertenece a la carrera diplomática, donde ha desempeñado diversos cargos como embajador de España en Haití, Paraguay, Cuba y embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Vocal asesor en Gabinete de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores. Secretario de Estado para Iberoamérica, El Caribe y Español en el Mundo.

Ha sido distinguido con condecoraciones como la Orden del Mérito Civil, la Orden de Isabel la Católica o la Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito de Haití.

Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra

D. ANTONIO JESÚS CABRERIZO CALATRAVA

XLIII promoción de la Academia General Militar, teniente de ingenieros. Diplomado en Vías de comunicación y cooperación cívico-militar. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en el Mando de Adiestramiento y Doctrina, la División de Operaciones y la Representación Española ante la Unión Europea en Bruselas.

Ha participado en 4 operaciones internacionales (Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán). Hasta su nombramiento, desempeñaba el cargo de Director de Enseñanza.

Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

D. MIGUEL BALLENILLA Y GARCÍA DE GAMARRA

Doctor en Historia por la Universidad de Almería. Máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional. Diplomado en Estado Mayor. General de División. Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Anteriormente, secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina, coronel jefe del Regimiento de Cazadores de montaña "América" y teniente coronel jefe de la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio.

Ha participado en operaciones internacionales en Bosnia, Irak, Líbano y Afganistán.

Diplomada en Magisterio y Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Oviedo.

Asumió diferentes responsabilidades en la Juventud Obrera Cristiana de España (JOCE) en Asturias y Cantabria, organización juvenil de la que fue presidenta estatal entre 1984 y 1987.

Ha desarrollado diferentes tareas para la Comisión Europea en relación con iniciativas y programas de empleo para jóvenes. Fue directora de Formación en Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.

Asumió la concejalía de Promoción Económica y Hacienda del Ayuntamiento de Avilés. Fue alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, consejera de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias y directora gerente del Servicio Público de Empleo de Asturias, SEPEPA.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Directora general del IMSERSO

Dª. MAYTE SÁNCHEZ CASTIELLO

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense y máster en Gerontología Social por el mismo centro. Durante 30 años ha ejercido como funcionario del IMSERSO y su trayectoria la ha convertido en una de las mayores expertas sobre envejecimiento a nivel internacional. Recientemente, fue elegida por la ONU como una de las 50 líderes mundiales que más han contribuido a transformar la sociedad para envejecer mejor.

Ha sido responsable del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia del Gobierno de España, experta de la OCDE y del Consejo de Europa en Envejecimiento y Protección Social, y miembro del grupo que elaboró la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. También ha sido directora científica de Matia Instituto Gerontológico y directora de Planificación de la Fundación Matia. Así mismo, ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, además de colaboradora de organismos internacionales y del sector público en proyectos sobre cuidados de larga duración y de desinstucionalización.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Director general de Derechos de los Animales

D. JOSÉ RAMÓN BECERRA CAROLLO

Ingeniero técnico Industrial por la Universidad del País Vasco y máster en Prevención y Control de Riesgos Medioambientales y laborales por la UNED. A nivel profesional ha desarrollado casi toda su carrera en la administración pública vasca, asumiendo puestos técnicos y de gestión como la Dirección de Administración Ambiental o la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del gobierno vasco.

Referente nacional en el ámbito animalista gracias al proyecto de ley de Protección de los Animales, aprobada en 2022 en el parlamento vasco, donde coordinó la elaboración, redacción y negociación de la ley.

Su trayectoria profesional, tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas, ha estado siempre relacionada con la gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad, así como la lucha contra la violencia de género.

Fue designada Diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, cargo que ocupo simultáneamente con el de concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia).

Como Diputada creó la Red de Municipios contra la violencia de género de la provincia de Valencia y el Feminario de Valencia, espacio de debate feminista de ámbito nacional, así como el Congreso Internacional de Mujeres y Deportes.

Tras su paso como asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ejerce como consultora de políticas de Igualdad en el sector privado desarrollando proyectos en diferentes ámbitos y sectores.

Ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo, entre otros: el Premio Va de Dona de la Federación de Pilota Valenciana 2022; la Medalla e insignia de bronce al mérito deportivo 2019 en la categoría Personalidades de la Federación Española de Balonmano; el Premio Meninas 2018, concedido por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por la lucha contra la violencia machista.