Impulso a la construcción en alquiler asequible y rehabilitación de 1.640 viviendas en 7 comunidades autónomas

En concreto, con estos acuerdos enmarcados en el marco Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se impulsa la construcción de más de 688 viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes en varios municipios de Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra, y la rehabilitación a nivel barrio para regenerar hasta 952 viviendas en diferentes municipios canarios, madrileños y murcianos. Estas subvenciones, según ha apuntado la ministra, "podrán llegar hasta 21.400 euros por vivienda y ser del 100%" en el caso de propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad.

Al acto ha asistido el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga; Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis; Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja, Eva María Hita Lorite; Vicepresidente Segundo y Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos de la Comunidad Foral de Navarra, José María Aierdi Fernández De Barrena; el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y representantes de los ayuntamientos.

Durante su intervención, Raquel Sánchez ha recordado la importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda. "Durante demasiado tiempo se ha mirado hacia otro lado. Se ha evitado enfocar la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Y eso ha provocado que el concepto de vivienda como derecho fuera sustituido por el de vivienda como bien especulativo", ha asegurado.

En este sentido, ha aprovechado para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas. Todo ello dentro de un Plan Estatal de Vivienda que nace con la intención de atender las necesidades más urgentes y que "incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes", ha apuntado.

En palabras de la ministra, "la ausencia de una política de Vivienda digna nos ha conducido hasta aquí y ha propiciado buena parte de los efectos que ahora sufrimos. Hablo de subidas abusivas de precios, de tensiones en determinadas zonas de las grandes ciudades y de una intensa especulación que ha expulsado del mercado a las clases menos pudientes". Para poner coto a esta situación, el Gobierno ha establecido como punto de partida en su plan de acción que el acceso a la vivienda no esté supeditado a los ingresos de las familias ni reste recursos de manera desproporcionada. "Nuestro empeño ha sido asegurar la función social de la vivienda, o lo que es lo mismo, configurarla como un servicio público de interés general".

Foto de familia tras la firma, presidida por la ministra Raquel Sánchez, de los convenios para construir y rehabilitar 1.640 viviendas en siete comunidades autónomas.

327 viviendas sociales y asequibles en Castilla y León

En el acto de hoy, Mitma y la Junta de Castilla y León han firmado tres acuerdos para financiar la construcción de 327 viviendas de protección pública en alquiler social o a precio asequible en edificios energéticamente eficientes. El Ministerio aportará algo más de 14 millones euros con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas viviendas se ubicarán en Salamanca, Valladolid y Miranda de Ebro, se desarrollarán en régimen de promoción pública y suman una inversión total estimada de 38,4 millones de euros.

Más de 130 nuevas viviendas en Extremadura

Por otra parte, con Extremadura, Mitma ha firmado un acuerdo para financiar con 6,5 millones de euros del Plan de Recuperación la promoción de 131 viviendas públicas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes. Este convenio recoge tres actuaciones que desarrollará la Junta de Extremadura a través de la concesión de derechos de superficie, mediante licitación pública en la que se adjudicará la promoción, construcción y posterior gestión de las viviendas, de las que 45 estarán ubicadas en Mérida (Badajoz); 70 en Cáceres y 16 en Montijo (Badajoz). La inversión total estimada en estas promociones es de 16,4 millones de euros.

72 nuevas viviendas en La Rioja

En tercer lugar, el Ministerio ha suscrito un acuerdo con la Comunidad Autónoma de La Rioja para la promoción de 72 viviendas de protección pública en alquiler social, con una aportación por parte del Mitma de 3,4 millones de euros. El texto firmado por las partes contempla ayudas para la promoción de viviendas en tres municipios de La Rioja: Alfaro, Calahorra y Torrecilla de los Cameros, con 40, 8 y 24 viviendas respectivamente. Las promociones serán ejecutadas directamente por la propia comunidad a través del IRVI, en suelos propios o cedidos en convenio por los ayuntamientos. La inversión total alcanzará los 11,4 millones de euros.

Casi 160 viviendas en la Comunidad Foral de Navarra

Por último, Mitma financiará con 6,3 millones de euros de los fondos europeos NextGeneratioNEU la construcción de 158 viviendas de protección pública para alquiler social. En virtud del acuerdo rubricado con la Comunidad Foral de Navarra, 47 de estas viviendas se encontrarán en Pamplona/Iruña; 58 en Barañáin/Barañain; 21 en Altsasu/Alsasua; 20 en Sangüesa/Zangoza; 8 en Bera y 4 viviendas en Garralda. La inversión total estimada en estas promociones es de 36,3 millones de euros.

Los acuerdos con estas cuatro comunidades autónomas se enmarcan en el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El objetivo es financiar la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda en alquiler asequible, durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Para ejecutar este programa, dotado con 1.000 millones de euros de los fondos europeos, Mitma ha trasferido ya a la Comunidad de Madrid más de 70 millones de euros; a la Comunidad Autónoma Baleares,12,3 millones; a la Comunidad Autónoma de Galicia 29,2 millones; estando prevista para todas ellas una transferencia adicional del mismo importe en 2023. La ayuda es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

Todas estas iniciativas se suman al objetivo del Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda digna y accesible. "Hemos querido proteger y ampliar la vivienda pública, el gran agujero negro de nuestro mercado inmobiliario. El parque de vivienda social en alquiler en España ofrecía cobertura únicamente al 1,6% de los hogares frente a las tasas del 15% que exhiben algunos países de nuestro entorno", ha explicado Raquel Sánchez durante su intervención. "Para remediar esta carencia lanzamos el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el que vamos a construir alrededor de 100.000 viviendas", ha concluido.

Ayudas para rehabilitación a nivel de barrio

Asimismo, en el acto que ha presidido hoy la ministra, también se han suscrito acuerdos para acometer actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en localidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Comunidad de Madrid y de la Región de Murcia, en el marco del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales del PRTR. En total, el Ministerio invertirá más de 17,6 millones de euros para rehabilitar entornos residenciales que afectarán a 952 viviendas en distintos municipios.

Rehabilitación de 380 viviendas en Canarias

El primero de estos acuerdos ha sido ratificado por el Mitma con el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Vivienda para la recuperación de 5 entornos residenciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde (Gran Canaria) y Adeje, el Rosario y Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Este acuerdo permitirá la rehabilitación de entornos residenciales que afectarán a unas 380 viviendas y que tienen prevista una inversión total de 16,3 millones de euros, de los que 8,13 millones euros serán aportados por Mitma.

8,3 millones para rehabilitar viviendas en la Comunidad de Madrid

El Ministerio, la Comunidad de Madrid y dos ayuntamientos madrileños (Las Rozas y San Lorenzo del Escorial) también han consensuado hoy actuaciones para la rehabilitación de tres entornos residenciales de rehabilitación programada y que afectarán a 445 viviendas. El importe asciende a más de 13,4 millones de euros, de los Mitma aporta 8,3 millones de euros con cargo a los fondos europeos del PRTR.

En todos los casos, las entidades locales ejecutarán por sí mismos, o a través de sus respectivas empresas municipales, las obras de regeneración urbana y prestarán los servicios de oficina de rehabilitación, que facilite la gestión y ejecución de todas las actuaciones previstas.

Acuerdo con la Región de Murcia

Asimismo, la ministra ha firmado hoy seis acuerdos con la Región de Murcia y los ayuntamientos de Alhama de Murcia, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehegín y San Javier para impulsar la rehabilitación de entornos residenciales que afectarán 127 viviendas, todas ellas de titularidad privada. Las actuaciones suponen una inversión de 2,14 millones de euros, de los que Mitma aportará 1,25 millones de euros con cargo a los fondos europeos del PRTR.

Para todas estas actuaciones, Murcia concederá de forma directa las subvenciones a los ayuntamientos murcianos, de forma que las ayudas para la rehabilitación de edificios serán publicadas y concedidas por estos a los propietarios de las viviendas mediante convocatoria pública en concurrencia simple. También se contempla la creación de una oficina de rehabilitación que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones.