Raquel Sánchez pide al sector inmobiliario que camine hacia un modelo sostenible y sea consciente de la realidad económica y social del país

Así lo ha expresado la responsable de Mitma ha intervenido hoy en la jornada inmobiliaria 'Transformación y Oportunidades del Sector Inmobiliario'. A su juicio, esta transformación es inseparable de los llamados criterios ASG: ambientales, sociales y de buen gobierno para lograr una economía verde, competitiva y climáticamente neutra para 2050.

Para Raquel Sánchez, la transformación del sector es imprescindible y puede acometerse en este momento favorable marcado tanto por la buena tendencia de los últimos años como por los fondos europeos que se destinarán a la rehabilitación de vivienda y a la regeneración urbana.

Según ha enfatizado, los datos confirman el buen momento del sector, todo a pesar del contexto económico derivado de la pandemia. En este sentido, aunque la ministra ha dicho que las incertidumbres se han acrecentado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y sus repercusiones económicas, ha asegurado que eso no ha impedido que la tendencia siga siendo favorable en estos meses de 2022.

En todo caso, la ministra ha apelado a la responsabilidad del sector inmobiliario debido a que su actividad gira en torno al eje central del Estado del Bienestar porque la vivienda es el pilar sobre el que se asienta la dignidad de las personas. Así pues, ha abogado por un crecimiento del mercado inmobiliario sano y equilibrado, con un nivel de transacciones estable.

Política de Vivienda del Gobierno

En este contexto, Raquel Sánchez ha detallado las medidas puestas en marcha por el Gobierno para impedir las tensiones de precios que provocan graves dificultades en el acceso a la vivienda especialmente para los jóvenes y los colectivos más vulnerables, y también ante un espiral inflacionista actual que golpea con más fuerza a las familias con menos recursos.

En concreto, se ha referido a la extensión hasta el 31 de diciembre de la limitación extraordinaria que afecta a la actualización anual de los alquileres, así como a la ampliación hasta final de año la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos.

Tal y como ha defendido la ministra, los inquilinos no pueden ser víctimas de variaciones de precios que no obedecen a elementos propios del arrendamiento de viviendas sino a un contexto internacional marcado por la guerra desencadenada por Rusia.

En este escenario, además, la ministra ha reclamado al sector inmobiliario que sea consciente de la realidad económica y social de España. En su opinión, la vivienda ha de recuperar su función social y dejar de ser un mero instrumento de inversión.

10.000 millones de euros para Vivienda

Para revertir esta concepción, la ministra ha defendido la puesta en marcha de una política de vivienda que tiene como reflejo presupuestario la mayor partida de la historia: una inversión para los próximos cuatro años de 10.000 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo ha lanzado el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con 100.000 viviendas que tendrá como principales beneficiarios a los jóvenes y a la población más vulnerable. Según ha matizado, de ellas, más de 10.000 ya están habitadas y otras 60.000 están en marcha.

La ministra también ha mencionado el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros. Además, ha recordado la puesta en marcha, con efectos desde el 1 de enero, del Bono Joven al Alquiler, una ayuda de 250 euros al mes destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que trabajen y tengan unos ingresos inferiores a 24.318 euros al año.

También ha hecho hincapié en que el Gobierno ha llevado a las Cortes la primera ley de Vivienda de la democracia, que actualmente está en trámite parlamentario. Esta norma, según ha asegurado, supondrá el marco definitivo para resolver situaciones de vulnerabilidad y fomentar el acceso al alquiler de vivienda en condiciones asequibles, al tiempo que protege el parque público de viviendas, entre otras cuestiones.

Por otro lado, la ministra ha defendido que la llegada de los fondos europeos ha abierto una oportunidad a este sector para rehabilitar el parque edificatorio y regenerar las ciudades, y para cumplir con la exigencia de reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes.

Plan de Recuperación y Rehabilitación

En este punto, Raquel Sánchez ha remarcado los 6.820 millones de euros del Plan de Recuperación que se destinarán a rehabilitación de vivienda y regeneración para la ejecución de la Agenda Urbana. De esos 6.820 millones, el Ministerio gestiona directamente 5.520 millones.

A su juicio, la rehabilitación es una actividad con un enorme potencial. De hecho, ha apostillado que la previsión es que el impacto de esta componente del Plan de Recuperación se traduzca en más de 188.000 puesto de trabajo, con una aportación al Producto Interior Bruto de 13.500 millones de euros.

En todo caso, ha aseverado que el objetivo final es que los fondos europeos permitan intervenir en unas 355.000 viviendas y de haber alcanzado una reducción media de consumo de energía primaria no renovable superior al 40%.

Por otra parte, la ministra ha defendido las ventajas de la colaboración público-privada en el ámbito del alquiler. En este contexto, ha recordado que se ha reforzado el papel de SEPES, entidad pública empresarial del suelo, para desplegar nuevos desarrollos, dando cabida en el proceso al sector privado.

Tal y como ha manifestado Sánchez, hay que avanzar en la creación de un marco jurídico adecuado para los promotores y gestores de vivienda en alquiler a precios asequibles y profesionalizar una actividad de arrendamiento que se realiza de forma muy mayoritaria por particulares. La ministra ha asegurado, además, que se está explorando la colaboración con grandes tenedores para que se conviertan en actores de este tipo de mercado.