La demanda nacional de gas natural cae un 21% con relación a los últimos cinco años

España ha reducido su demanda de gas natural un 21% desde el pasado mes de agosto, en comparación con el nivel de consumo del mismo período en los últimos cinco años; considerando el saldo importador del quinquenio, la reducción de la demanda interna alcanza el 23% en este 2022. La demanda eléctrica, por su parte, ha disminuido un 7,5%. Estas bajadas responden, en buena medida, al Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE): de las 73 medidas que contiene, un total de 44 ya se han implantado o se implementarán en breve, y varias más, de medio y largo plazo, han iniciado ya su desarrollo.

Con la intención de afrontar la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania y el uso en la energía como un arma de guerra, la UE ha aprobado varias normativas para disminuir el consumo de gas y de electricidad de los estados durante este invierno e incrementar la seguridad de suministro del bloque comunitario.

Las últimas de estas medidas extraordinarias se aprobaron en el Consejo Europeo del 19 de diciembre. La primera acelera la tramitación de los proyectos de energías renovables; la segunda desarrolla nuevos mecanismos de solidaridad, incluyendo las compras conjuntas de gas para llenar los almacenes subterráneos; y la tercera establece un tope dinámico a la cotización de gas natural cuando éste supere los 180 €/MWh para prevenir picos de precios y volatilidades excesivas en los mercados derivados de energía, con especial atención al TTF holandés.

Protección social y ahorro de energía

Desde el inicio del mes de agosto el Gobierno ha venido adoptando medidas para cumplir sus compromisos europeos y el pasado 11 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Plan +SE, con tres objetivos principales: aumentar la protección de los consumidores, reducir el consumo energético y reforzar la solidaridad con el resto de la UE, incrementando las exportaciones de gas.

La protección de los consumidores ha conseguido que todos los hogares con calefacción de gas cuenten con tarifas reguladas reducidas -las TUR-, incluidas las comunidades de vecinos, o que los hogares vulnerables paguen hasta una factura eléctrica hasta un 28% menos el pasado 2022 que en 2021, gracias al refuerzo del bono social.

El reciente Real Decreto-ley 20/2022 incluye las últimas tres medidas del Plan +SE: la modernización del marco de Planificación de la red de transporte de electricidad; el PERTE de la descarbonización de la industria, dotado con 3.100 millones de euros; y nuevos apoyos a la industria, con 950 millones para compensar costes de energía a empresas gasintensivas y préstamos de la línea ICO-Ucrania. Este RDL también extendió durante 2023 numerosas medidas de apoyo, como la reducción del 80% de la fiscalidad eléctrica o la limitación de precio de la bombona de butano.

Ahorro de energía y solidaridad

En cuanto a la evolución del consumo energético, desde el 1 de agosto la demanda de gas se ha reducido un 21%, sin considerar las exportaciones, que se incrementa hasta el 23% al tener en cuenta el saldo importador de los cinco años precedentes. La demanda de electricidad, por su parte, ha bajado un 7,5%.

España está actuando solidariamente con el resto de la UE, facilitando que se cubra la demanda de energía de Francia y de Portugal, principalmente. Desde el 1 de agosto, las exportaciones eléctricas a Francia, que tiene una parte muy relevante de su parque nuclear inoperativo, suman 6,7 TWh, frente a unas importaciones medias de 2,1 TWh en el mismo período de los últimos cinco años; en el caso de Portugal, cuya generación hidroeléctrica está muy mermada por la sequía, las exportaciones se han multiplicado por seis, alcanzando los 2,5 TWh.

Por otro lado, el pasado 10 de enero, España remitió a la Comisión Europea su propuesta de reforma del mercado eléctrico comunitario. Basada en contratos por diferencias a largo plazo de energía e incentivos para la capacidad y la flexibilidad, su aplicación permitirá rebajar los precios y reducir la volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando en todo momento la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores.