España celebra el acuerdo para cumplir el objetivo europeo de bajar las emisiones de CO2 un 55% en 2030

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha valorado así el acuerdo durante su intervención en el Consejo Europeo de Medio Ambiente celebrado hasta esta madrugada en Luxemburgo: "los textos aprobados son clave para mandar una señal adecuada a los actores económicos y sociales, para avanzar en la descarbonización de la economía, y para asegurar una transición ecológica justa y beneficiosa para todos".

Los socios comunitarios han aprobado remitir al Parlamento Europeo una batería de expedientes que incluyen la revisión de la Directiva de comercio de derechos de emisión, del Reglamento de reparto de esfuerzos entre los estados miembros, del Reglamento sobre las emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por el uso de la tierra, y del Reglamento de estándares de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros, entre otros. "Para España ha sido básico mantener los mecanismos de protección social ligados a las medidas adoptadas hoy, que permiten reforzar la política climática y asegurar un reparto equitativo de los costes y los beneficios del proceso", ha subrayado Ribera.

Revisión del comercio de derechos de emisión de la UE

El Consejo de Medio Ambiente ha aprobado la revisión de la Directiva 2003/87/CE, reguladora del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, para ajustarla al nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55%. Los estados abogan por eliminar gradualmente la asignación gratuita de derechos a los operadores aéreos y a los sectores sujetos al Mecanismo de Ajuste en Frontera. Igualmente, introducen mejoras en el mecanismo de control de precios del mercado de derechos de emisión para evitar variaciones extremas. Y también abogan por extender el régimen de comercio de emisiones al transporte marítimo, evitando las fugas de carbono a puertos de terceros países.

Pero sobre todo es particularmente relevante la inclusión del transporte terrestre y de la edificación en el comercio de CO2; España ha defendido desde el principio la importancia de asegurar que la inclusión de estos dos sectores no tenga un impacto social indeseado. Este objetivo se consigue con el nuevo Fondo Social para el Clima, que aportará una sólida cobertura a los hogares vulnerables, las Pymes y los usuarios de transporte en zonas rurales y remotas sin acceso a transporte público. "Hemos defendido que este Fondo tenga una dotación económica significativa y un diseño eficaz, que permita responder a las necesidades de los ciudadanos de un modo ágil y efectivo", ha valorado la vicepresidenta.

Emisiones de los vehículos ligeros

Las emisiones del sector del transporte representan una parte muy relevante del total de GEI en la UE y el Consejo Europeo ha propuesto una revisión de los estándares de emisiones para turismos y furgonetas, de modo que a partir de 2035 sólo puedan matricularse vehículos de este tipo que no emitan CO2 al circular. "España ha apoyado el aumento de la ambición y la necesidad de reforzar la contribución del transporte por carretera a la hora de alcanzar los objetivos climáticos, a la par que ha trabajado para facilitar la adaptación de la industria del automóvil e impulsar el sector industrial y de servicios de la movilidad", ha apuntado Ribera.

Para España también es relevante el acuerdo alcanzado con relación a los usos del suelo, cambios en los usos del suelo y la silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés). Se han aprobado nuevos objetivos de absorciones netas de CO2 para 2030 y se reconoce la especial situación de los países más amenazados por el cambio climático, junto con un mecanismo de flexibilidad para paliar los impactos del calentamiento sobre los sumideros de carbono.