Yolanda Díaz y su homóloga estadounidense se comprometen a combatir el sesgo algorítmico en el trabajo con una pionera Declaración conjunta
Trabajo y Economía Social - 26.2.2024
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y su homóloga estadounidense, la secretaria de Trabajo, Julie Su.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido hoy en Washington DC con su homóloga estadounidense, la secretaria de Trabajo Julie Su, con quien ha suscrito la Declaración sobre el sesgo algorítmico en el mundo del trabajo a fin de evitar que la digitalización del mercado laboral acabe traduciéndose en una vulneración de los derechos sociolaborales de las personas trabajadoras.
Durante la reunión, Su abogó por seguir trabajando para dotar de más derechos a las personas trabajadoras y, en ese sentido, elogió la denominada Ley Rider española señalando que es un referente sobre cómo afrontar las nuevas formas de empleo en plataformas digitales.
Evitar menoscabar derechos
Con esta declaración suscrita hoy se persigue hacer un llamamiento a la comunidad internacional para gestionar de forma adecuada los riesgos perjudiciales que conllevan determinados sistemas automatizados en el mundo laboral.
Díaz ha señalado que los algoritmos no son neutros, que tienen sesgos, como el racismo o el machismo. "Por ello, desde los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar que la transición digital beneficia a las mayorías sociales. Fuimos pioneros, casi tres años atrás, con la Ley Rider, y esta firma corrobora que lo seguimos siendo hoy", ha asegurado tras la firma del documento en el Departamento de Trabajo, en la capital estadounidense.
Transparencia y privacidad
El documento insta a reflexionar sobre las implicaciones éticas y humanas de los algoritmos, así como sobre su transparencia y gobernanza a fin de que evite la discriminación, las violaciones de la privacidad de la persona trabajadora u otras repercusiones negativas en el ámbito laboral.
Con ese objetivo propone la colaboración de los agentes sociales para definir sistemas automatizados y algoritmos que promuevan la equidad en base a principios y marcos ya existentes, así como analizar las bases legales para controlar a las personas trabajadoras mediante sistemas automatizados, examinar si los métodos que se emplean detectan la parcialidad y, en su caso, cómo mitigarla, así como la idoneidad de la toma de decisiones que puedan vulnerar los derechos de las personas trabajadores.
Otro aspecto en el que se fija la declaración es la información que proporcionan estos sistemas automatizados sobre las personas trabajadoras, si cumplen con los requisitos de privacidad y cómo pueden afectar a las condiciones laborales o a sus derechos fundamentales.
España y Estados Unidos piden a la comunidad internacional con esta declaración que evalúen el impacto del uso de estos sistemas en el mundo laboral y proponen una mayor puesta en común de información e intercambios técnicos sobre los planteamientos que se están haciendo en cada país en relación con el uso ético de los sistemas automatizados en el mundo laboral.
Colaboración para promover el trabajo decente
La firma de esta declaración reafirma el compromiso de ambos países con los principios y derechos fundamentales reconocidos en las normas internacionales y en concreto con el trabajo decente, recogido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que promueven ambas administraciones.
La denominada Ley Rider española reconoce a las personas trabajadoras de plataformas digitales a ser informadas de los sistemas de algoritmos que utilizan las empresas y que afectan a sus condiciones laborales.
La firma del documento de hoy es consecuencia, además, de la cooperación en materia sociolaboral entre ambos países a raíz del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Departamento de Trabajo estadounidense y el Ministerio de Trabajo y Economía Social en julio de 2022, en el que se aboga por garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas trabajadoras.
Con este documento "colocamos a nuestro país a la vanguardia de una transición digital justa con los derechos laborales en el centro", ha asegurado la vicepresidenta.