Trabajo culmina el año marcando un hito en la legislatura: la gran la transformación estructural del mercado laboral

De este modo, se cumple con el acuerdo de Gobierno y con la propuesta de reforma del mercado de trabajo presentada a Bruselas en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una norma que, por primera vez en más de 40 años, ha sido gestada con el aval de los agentes sociales con un histórico acuerdo que se alcanzó este 23 de diciembre.

Esta reforma recupera el papel de la negociación colectiva, la ultraactividad indefinida una vez termine su vigencia y se elimina la prioridad salarial del convenio de empresa, evitando convenios a la baja en materia salarial.

Nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El año se ha visto de jalonado de toda una serie de leyes y propuestas que ahondan el objetivo del Ministerio de Trabajo de Economía Social de mejorar las condiciones laborales de las personas. Así, también previa negociación con los agentes sociales se ha aprobado, con el aval de CCOO y UGT, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros, siguiendo la senda marcada por la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que ha aportado la hoja de ruta para situarlo en el 60% del salario medio a final de la legislatura. Este objetivo es el que mandata la Carta Social Europea suscrita también en el año 2021.

El SMI, que ha demostrado una incidencia efectiva y real en la equidad, en la reducción de la pobreza y de las brechas salariales entre mujeres y hombres, ha subido en España desde 2019 un total de 229 euros, un 31% por ciento.

Aprobadas la Ley de Trabajo a Distancia y la llamada "ley Rider"

En mayo, el Congreso dio luz verde a la nueva legislación que regula el trabajo a distancia y garantiza a las personas que trabajan bajo esta fórmula tengan los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en locales de la empresa.

La normativa, que ha situado a España a la vanguardia del marco europeo en la regulación del trabajo a distancia, se fundamenta la voluntariedad y la reversibilidad de este modelo de organización laboral. Asimismo, refuerza el papel de la negociación colectiva, a través de convenios y acuerdos que determinarán condiciones y aspectos relevantes. Además, la norma protege el derecho a la desconexión.

Esta ley lleva el sello diálogo social y es fruto del acuerdo tripartito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y las empresariales CEOE y CEPYME, al igual que la conocida como "ley Rider", aprobada en el Congreso en julio.

La Ley 12/2021, que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, es una normativa pionera que concilia los efectos de la digitalización con la protección de los derechos laborales al reconocerse la presunción de laboralidad de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

La norma, que ha sido tomada como referente para la nueva directiva europea sobre esta materia, brinda protección a personas trabajadoras que prestan servicios bajo formas de organización y dirección empresarial distintas a las tradicionales, si bien en régimen de dependencia y ajenidad.

La nueva legislación contempla permitir el acceso de la representación de las personas trabajadoras a las reglas de algoritmos o de inteligencia artificial que puedan determinar o incidir en las condiciones laborales.

Plan Garantía Juvenil Plus

Los más jóvenes son una prioridad para el Ministerio de Trabajo y Economía Social que ha puesto en marcha el Plan de Garantía Juvenil Plus.

Tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias a fin de acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se extenderá hasta 2027.

Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de las personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados, una formación centrada en la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación del modelo productivo.

Con el objetivo de reforzar el trabajo decente entre los jóvenes y erradicar la precariedad laboral, la Inspección de Trabajo se ha aliado con el Instituto de la Juventud (INJUVE) para desplegar medidas y acciones conjuntas que supervisen la situación contractual y laboral de las personas jóvenes.

Reforma estructural de las Políticas Activas de Empleo

Las Políticas Activas de Empleo sufren también una gran remodelación con cambios estructurales de calado y son apoyadas por un importante respaldo presupuestario que, en el caso de los fondos transferidos a las CCAA, se ha situado en más de 2.650 millones de euros. Tienen como objetivo central aumentar su eficacia para impulsar el empleo decente. Las medidas incluyen también la modernización de los servicios públicos de empleo e incorporan el seguimiento y evaluación de esas políticas.

Hacia la Agencia Española de Empleo

Con el ambicioso Anteproyecto de Ley de Empleo se han dado los primeros pasos para convertir el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una Agencia Española de Empleo y que todas las instituciones implicadas en las políticas de empleo se doten de unos recursos humanos suficientes y que tengan una formación especializada adecuada a los servicios que prestan. En definitiva, se trata de avanzar para que tener unos servicios públicos de empleo eficaces, a la altura de las demandas de ciudadanos y ciudadanas.

También se ha aprobado la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que conforma el marco estatal de referencia de los servicios públicos de empleo para diseñar y gestionar sus políticas. Constituye un cambio en profundidad, que busca atender las necesidades de los y las demandantes de empleo, con especial atención a los colectivos considerados prioritarios.

En el futuro, los servicios de empleo público ejercerán un papel clave en el acompañamiento en los procesos de recualificación de las personas trabajadoras durante toda su vida laboral.

Esta estrategia, que ha sido elaborada en contacto con los agentes sociales, contiene las tendencias del mercado de trabajo, actuaciones y objetivos estratégicos y estructurales en materia de políticas de activación para el empleo para el Estado, los marcos presupuestarios y de financiación y los criterios de gestión de fondos.

IR!, la herramienta de Igualdad Retributiva

Tras entrar en vigor en abril el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, que incorpora un registro de salarios de las personas trabajadoras, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue firme en su empeño de combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Para respaldar este fin se ha puesto en marcha la Herramienta de Igualdad Retributiva IR!, desarrollada en el marco del diálogo social junto con el Instituto de las Mujeres. Esta aplicación pública permite a las empresas, sin importar su tamaño y de forma sencilla elaborar su registro retributivo para adecuarse al reglamento y poder combatir la brecha salarial.

Refuerzo y modernización de la Inspección de Trabajo

Desde el Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han emprendido campañas para salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras. Así, con una campaña focalizada en las empleadas de hogar, más de 30.000 mujeres que han podido ver regularizados sus salarios.

Con ayuda de las nuevas tecnologías, la Inspección de Trabajo ha conseguido además transformar casi 360.000 contratos temporales en indefinidos.

Se ha aprobado, además, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023, que moderniza el organismo impulsando el big data y el uso de la tecnología más avanzada, a la vez que se dota a la institución de más recursos para que se adapte a los nuevos desafíos laborales del siglo XXI.

Fomento de la Economía Social

En el plano de la Economía Social se ha emprendido una apuesta firme para respaldar el ecosistema de la economía social por su potencial para ser un motor de transformación e impulsar cambios que revaloricen territorios despoblados y recursos disponibles infravalorados.

El presupuesto destinado a las subvenciones que fomentan el trabajo autónomo, la economía social y la responsabilidad social de las empresas ha pasado a 10.438.000 millones de euros este año, tras los 4.380.000 millones de euros con los que contó en 2020.

Un punto de inflexión en este apartado es la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados.

La Carta Social Europea y el Mecanismo de Alerta Social

En el ámbito internacional, se ha ratificado la Carta Social Europea revisada, una normativa que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral.

Además, se ha remitido para su aprobación en las Cortes, los convenios 177 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El primer convenio está relacionado con el trabajo a domicilio, mientras que el segundo se refiere a la eliminación de la violencia y el acoso y la discriminación en el trabajo.

España, junto con Bélgica, está impulsando en la Unión Europea la creación del Mecanismo Social de Alerta, un sistema que busca identificar y corregir los desequilibrios sociales a escala europea y que ya cuenta con el respaldo de diversos estados miembros.

Y todo esto en un año en el que la cifra total de paro registrado se situó en 3.182.687 personas, la más baja en un mes de noviembre desde 2008 y encadena el mayor periodo de descensos mensuales consecutivos, con un total de nueve meses. No obstante, combatir el desempleo y la precariedad continúa siguiendo imprescindible. Avanzar hacia un empleo de calidad es el propósito del Ministerio de Trabajo y Economía Social para el nuevo año.