Trabajo y comunidades autónomas acuerdan los criterios de reparto de 687,7 millones de euros destinados a programas de empleo

Una vez recabada la autorización de Consejo de Ministros para la distribución de 687.750.000 euros, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada hoy ha aprobado los criterios de reparto y la distribución resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, tal y como se dispone en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Este importe se suma a los 2.110.827.030,00 euros ya distribuidos en base a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha subrayado la importancia de la Conferencia Sectorial y de la colaboración con las comunidades autónomas ya que "hemos conseguido llegar a acuerdos para acordar los grandes cambios en materia de políticas activas. Pero ahora estamos dando otro paso, el paso de la materialización, estamos pasando de la programación a la ejecución. Convirtiendo en hechos las palabras. Convirtiendo los importantes recursos en acciones públicas eficaces", ha recalcado Yolanda Díaz.

La distribución de fondos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que se realice en 2022 y 2023, quedará supeditada al cumplimiento por las comunidades autónomas de los hitos y objetivos que previstos para todo el Estado.

Las comunidades autónomas han agradecido la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Servicio Público de Empleo Estatal y se han comprometido a cumplir con los hitos y objetivos marcados.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está realizando jornadas de formación para las personas técnicas de las comunidades autónomas que abordan los criterios e instrumento específicos para la gestión de los fondos MRR.

Criterios de distribución de los fondos

El reparto de los fondos cumple el principio de que "el empleo de calidad sea un objetivo central de los fondos europeos, necesitamos aprovechar este esfuerzo para acabar con el principal problema de nuestro país. Y donde el empleo sea, al mismo tiempo, motor de la transformación productiva, afrontando las transiciones ecológica y digital con las garantías que aseguren su interés general y un impacto social positivo", tal y como ha subrayado Yolanda Díaz.

Cada comunidad autónoma recibirá 10.200.000 euros para financiar la creación y la actividad de los nuevos Centros de Orientación y Emprendimiento. En todas las comunidades autónomas deberá existir, al menos, uno de estos centros para constituirse como referencia para el Sistema Nacional de Empleo (SNE). También se distribuirá de manera lineal el importe destinado a financiar un Plan Transversal de Igualdad de Género.

Los importes destinados a la formación permanente del personal del Sistema Nacional de Empleo se distribuyen de manera proporcional al tamaño de las plantillas de los Servicios Públicos de empleo Autonómicos, otorgando un peso ponderado a las plantillas estables.

El importe destinado a financiar programas de formación con compromiso de contratación para las mujeres víctimas de violencia de género u otros colectivos especialmente vulnerables se distribuirá en base al porcentaje de mujeres de este colectivo que hayan participado en algún itinerario formativos o de fomento del empleo en 2019 y 2020.

En el caso de los fondos destinados a financiar programas para formación o fomento de la contratación de personas jóvenes se harán en base al número de potenciales beneficiarios o beneficiarias que consten a 31 de diciembre de 2020.

En este sentido, Yolanda Díaz ha defendido que "los y las jóvenes son nuestra mayor prioridad, estamos abordando de frente la lacra del paro y la precariedad juvenil, debemos erradicar la cicatriz que está marcando el futuro de una generación".

La asignación de financiación para proyectos que favorezcan la transformación productiva en materia de digitalización y de economía verde y también los destinados a colectivos especialmente vulnerables tendrán en cuenta, además del número de demandantes, la dispersión territorial.

A los criterios de reparto se les aplica un coeficiente corrector en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Política de Empleo correspondiente a los años 2019 y 2020.