Los Presupuestos mejoran la dotación para políticas activas de empleo y refuerzan la protección de los desempleados

La Secretaría de Estado de Empleo dispone para el año 2019 de un presupuesto de 25.415,9 millones de euros para la gestión de las políticas de acceso al empleo y la mejora de la protección de las personas desempleadas. El Presupuesto se reparte entre los tres Organismos Autónomos que dependen de ella, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Fondo de Garantía Salarial e Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para los programas que gestionan la Dirección General de Empleo y la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Los Presupuestos del Estado para 2019 recogen medidas para dignificar el empleo, mejorar las perspectivas de futuro de los jóvenes y reforzar la protección de los desempleados. Entre estas políticas se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, un 22,3% más; y medidas para combatir el desempleo juvenil con el Plan de Choque por el Empleo Joven. Además, se refuerza la protección por desempleo y se reduce la edad de acceso de 55 a 52 años para el subsidio por desempleo, incrementándose su duración máxima hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

El Presupuesto mantiene el Plan Integral de Empleo de Canarias, dotado con 42 millones, y se dotan de nuevos planes de empleo a Andalucía (50 millones) y Extremadura (6 millones).

Presupuestos del SEPE

La mayor parte del Presupuesto de esta Secretaría de Estado corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, con cerca de 24.597,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2% (991,18 millones), en relación con el ejercicio anterior. Los presupuestos del SEPE se han elaborado en base a un escenario de más crecimiento económico y más creación de empleo, con salarios más elevados.

Hay que destacar el aumento del gasto en prestaciones a desempleados que sube un 4% hasta alcanzar los 18.102 millones de euros, (no incluye gastos de funcionamiento). Las contributivas se incrementan un 6,9%, y las no contributivas un 13,95%.

El aumento de las prestaciones no contributivas se debe, por un lado, a que los programas PREPARA y PAE se sustituyen por el SED (Subsidio Extraordinario de Desempleo) que se mantendrá en vigor hasta que se lleve a cabo, en los cuatro primeros meses del año, la reordenación del subsidio por desempleo, y por otro, al coste de modificar el subsidio de mayores de 55 años, para que permita el acceso a las personas mayores de 52 años.

Los ingresos procedentes de las cotizaciones por desempleo ascenderán a 21.643 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,74%. Por su parte, los ingresos derivados de las cotizaciones de formación profesional se prevé que alcancen 2.227 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,7% respecto al presupuesto del año anterior.

Al comparar estas cifras con las previsiones de recaudación final por ambos conceptos en 2018 (21.000 millones de euros y 2.150 millones respectivamente), la subida se sitúa en ambos casos en torno al 3%, lo que resulta coherente con las cifras estimadas de crecimiento del empleo y de aumento en los salarios, teniendo en cuenta el incremento del SMI en un 22,3% (900 euros).

Debido a la recuperación del empleo, la recaudación de las cotizaciones sociales ha continuado aumentando. Así, el SEPE ya se autofinancia en su totalidad.

Más gasto en políticas activas de empleo

La inversión en políticas activas de empleo es 5.985 millones de euros, un 4,7% más que en 2018. Un total de 1.565,2 millones de euros se destinarán a financiar programas de fomento del empleo; 2.523 millones de euros a financiar iniciativas de formación profesional para el empleo, y 1.855 millones de euros a bonificaciones para promocionar el empleo estable.

Asimismo, en base a los criterios de distribución adoptados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, las comunidades autónomas percibirán para la ejecución de políticas activas de empleo 2.479 millones de euros, un 16,5% más que en 2018, lo que representa casi el 41% del total destinado a políticas activas. En esta partida se encuentra el presupuesto de 670 millones destinado al Plan de Choque por el Empleo Joven.

Para optimizar la atención a los desempleados 3.000 orientadores reforzarán la atención en los Servicios Públicos de Empleo.

Oportunidades de empleo

En este capítulo se incluyen las actuaciones para incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de puestos de trabajo, especialmente para los colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, como personas con discapacidad o víctimas de la violencia de género, entre otros.

En total el crédito para financiar los servicios y programas incluidos en el eje oportunidades de empleo es de 2.645,2 millones de euros, un 1,3% más respecto al año anterior.

Este eje incluye las bonificaciones de fomento del empleo, cuyo importe es de 1.855 millones de euros. Asimismo contempla el aumento de las partidas destinadas a la contratación de personas con discapacidad: 785 millones para el mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo e incremento del 5% del PROFEA para trabajadores agrarios de zonas rurales deprimidas en Andalucía y Extremadura.

Destaca el importante aumento de la financiación de las políticas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo entre hombres y mujeres, que contará con una dotación de 20 millones de euros, 19,2 millones más que el año anterior.

Asimismo, aumenta la cantidad dedicada a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social que se sitúa en 30,7 millones de euros, un 9,8% más que en el ejercicio anterior.

Otros organismos

El presupuesto total del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es de 720,4 millones de euros, de los cuales 690,7 millones de euros serán para el pago de los salarios pendientes de pago o indemnizaciones en caso de insolvencia o de empresas en situación de concurso. La cantidad presupuestada para el pago de prestaciones es de 528,8 millones de euros.

A la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresa se destina 8,2 millones de euros con el fin de apoyar actuaciones de difusión y promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.

A la Dirección General de Trabajo se destina una dotación de 50,2 millones de euros para apoyar a los trabajadores afectados por los procesos de reestructuración de empresas. A facilitar los procesos de reestructuración de empresas se destina 7 millones de euros y para ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social de trabajadores afectados por procesos de reestructuración, 1,9 millones.

Incluye también ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba a los cambios en sus relaciones laborales como consecuencia de la sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, por un importe de 40 millones de euros.

En el ámbito de la prevención de los riesgos laborales el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo contará con 39,4 millones de euros, un 0,9% más que el año anterior para el desarrollo de acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, así como las derivadas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2015-2020.