Isabel Rodríguez, que ha presidido la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, que ha acordado la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital, ha subrayado que el acuerdo "establece el convenio por el que el País Vasco asume la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad".
Ingreso Mínimo Vital
Cuando se publique el convenio que se establece para que el País Vasco asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno autonómico ejercerá las siguientes funciones: información, iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos sobre al derecho a la prestación; supervisión y control del cumplimiento de requisitos; función interventora; ordenación y pago de la prestación; reintegro de prestaciones indebidamente percibidas; representación y defensa en juicio; y las restantes funciones de carácter ejecutivo atribuidas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre esta prestación.
La Administración General del Estado (AGE) continuará ejerciendo las funciones que corresponden al Estado respecto a la legislación básica y al régimen económico de la Seguridad Social; la gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas; la administración, gestión y mantenimiento del registro y sistema informático que dé soporte a la Tarjeta Social Digital; la garantía de la unidad de criterio mediante la fijación de criterios normativos e interpretativos homogéneos; y la función interventora en la modalidad del control financiero posterior.
En cuanto a obligaciones recíprocas y funciones concurrentes de la AGE y el País Vasco, el convenio establece determinadas previsiones con el fin de garantizar los principios de igualdad y unidad del sistema de Seguridad Social en todo el territorio del Estado, especialmente en materia de actualización del sistema de la Tarjeta Social Digital y del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, control de vivencia, movilidad de los beneficiarios, evaluaciones, seguimiento, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y elaboración de estadísticas.
Desde el punto de vista del régimen financiero, la Comunidad Autónoma dispondrá anualmente del porcentaje correspondiente al índice utilizado para el cálculo del cupo (6,24%), de acuerdo con el Concierto Económico con el País Vasco. Es decir, en 2022 recibirá 188,57 millones de euros, el porcentaje que le corresponde de los casi 3.022 millones de euros de presupuesto del Ingreso Mínimo Vital en el Estado.
Por otro lado, y con el objetivo de garantizar la correspondiente cooperación y el acceso al Ingreso Mínimo Vital y su disfrute por parte de los ciudadanos de forma igualitaria se crea una Comisión de Coordinación y Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, de composición paritaria y constituida por ocho miembros.
Isabel Rodríguez ha subrayado que la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital fue puesta en marcha por el Gobierno para avanzar en la cohesión social y trabajar contra las desigualdades: "Una prestación que ya mejora la vida de muchas personas y que ahora pasará a gestionarse por el País Vasco, donde beneficiará a 18.000 familias y a 33.000 personas, entre ellas, más de 9.000 niños y niñas".
Desarrollo de la Constitución y de todos los estatutos de autonomía
La ministra de Política Territorial ha subrayado que "la trasferencia que culminamos hoy es ejemplo de la voluntad política de este Gobierno y de su compromiso con el Estatuto de Gernika".
Isabel Rodríguez ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo para desarrollar el autogobierno vasco: "Con este Gobierno, el País Vasco ha recibido 11 nuevas competencias, mientras que con el anterior Gobierno el saldo del techo competencial es cero".
La ministra ha asegurado que la voluntad expresada con Euskadi es la que se extiende a todas las comunidades autónomas: "El compromiso del Gobierno de España es desarrollar al máximo el marco constitucional y todos los estatutos de autonomía, con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía y afrontar los retos que tenemos por delante".
Isabel Rodríguez ha defendido "esta manera de trabajar del Gobierno de España", para engrasar mejor nuestra arquitectura territorial "con el convencimiento de que todas las instituciones públicas seremos más útiles a la hora de responder a los retos y necesidades de la ciudadanía, para mejorar la vida de la gente".
Delegaciones de la AGE y del País Vasco en la Comisión Mixta
Junto a la ministra Isabel Rodríguez, que ha presidido la Comisión Mixta de Transferencias, han asistido en representación de la AGE, entre otros, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, y la subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Verónica Ollé.
La delegación del País Vasco ha estado encabezada por el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, acompañado de la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.