Aprobado el primer acuerdo estatal para mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera

Reunión de la conferencia multisectorial.

Mónica García, ministra de Sanidad, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han reunido con los gobiernos autonómicos en una conferencia multisectorial en la que han aprobado, por primera vez, un acuerdo a nivel estatal encaminado a mejorar la atención temprana.

Se trata de un documento que establece un marco referencial de calidad común para asegurar que niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita, con un acceso rápido y equitativo. Por ello, el acuerdo incluye que el plazo para intervenir en atención temprana debería ser de 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo. Este plazo es el que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.

Reducir los tiempos de espera en atención temprana es, por tanto, uno de los objetivos fundamentales del acuerdo que se ha aprobado hoy ya que esta franja de edad, de 0 a 6 años, es una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Este período es clave, señala la evidencia científica, para garantizar un desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia. También para mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas, así como para promover su inclusión social, sus capacidades, sus potencialidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.

Por esta razón, desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad. Consecuencias como ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial. Así mismo, inciden desde ambos ministerios, la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía. Esto, añaden, provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños y niñas, y para sus familias.

Además de mejorar los procesos de detención y reducir los tiempos de espera, el acuerdo aprobado este lunes contempla que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos dispongan de una norma que regule específicamente la materia. En esta normativa deben establecerse los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas. El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc... En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.

Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de cada niña, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. A esto se suma la nueva orientación que apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños y niñas (el hogar, el parque, etc.) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.

El acuerdo incluye también una dotación económica de casi 42 millones de euros (41.874.524,17 euros) que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus, con el objetivo de que todas las niñas y los niños tengan un acceso adecuado a la atención temprana con independencia de su lugar de residencia y de sus circunstancias familiares y sociales. Según GAT, la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 (último año del que hay datos globales) casi 130.000 niños y niñas (129.529) necesitaron atención temprana, lo que supone más de un 5% (5,38%) de la población entre 0 y 6 años.

Líneas de actuación

Los compromisos adoptados en el consenso aprobado se han estructurado en nueve líneas de acción que se concretan en medidas concretas y en 36 estándares de calidad. Las líneas de acción son las siguientes:

1. Planificación, estructuración, organización y financiación de la atención temprana.
2. Mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de atención temprana.
3. Implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa.
4. Implementar procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias.
5. Promoción de la prevención primaria.
6. Facilitar el acceso a la atención temprana en condiciones de igualdad y calidad para todos los niños y las niñas, con reducción de tiempos de espera a un máximo de 45 días.
7. Garantizar la valoración e intervención integral.
8. Equipos profesionales y formación continua de profesionales implicados en la atención temprana.
9. Optimizar los sistemas de información y registro.

A su vez se establecen indicadores del desempeño que permiten evaluar el grado de desarrollo de los compromisos y su adaptación constante a las necesidades del sistema.

Elaboración del documento y plazo de implantación

El documento ha sido desarrollado en el marco del Grupo Técnico de Atención Temprana con la colaboración activa de las Comunidades y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Ha contado también con la participación de agentes de la sociedad civil especializados en infancia y discapacidad, y ha sido coordinado por diversos ministerios: Derechos Sociales, Sanidad, Educación, y Juventud e Infancia. Este documento culmina, además, los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales del Sistema de Atención a la Dependencia, que en una sesión de julio de 2023 dio luz a la aprobación de una hoja de ruta para la mejora de la atención temprana en España sobre un marco común de universalidad, responsabilidad pública, equidad, gratuidad y calidad.

El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030 y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), dado que en el marco de este plan se distribuirán fondos a las Comunidades Autónomas para impulsar la implementación de las medidas contempladas en el Consenso Estatal. Así mismo, el Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un seguimiento bienal de la implantación de las medidas, basándose en la medición de los indicadores previstos. Y será en 2030 cuando se llevará a cabo una evaluación final.

Participantes de la sociedad civil

• Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT)
• Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI)
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
• Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia (AEIPI)
• Plataforma de Infancia
• Consejo General de Colegios de Logopedas
• Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales
• Asociación Española de Pediatras Atención Primaria
• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
• Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)
• Sociedad Española de Rehabilitación Infantil (SERI)
• SERI - Andalucía
• SERI - Galicia
• Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE)
• Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo
• Confederación Autismo España
• Confederación Plena Inclusión España