La Conferencia Sectorial de Consumo aborda las consecuencias del Brexit para consumidores y usuarios

"Como responsables políticos y gestores de las políticas de protección del consumidor, tenemos el deber de dar respuesta a los nuevos retos a los que tienen que enfrentarse los usuarios", ha señalado la ministra. Y uno de los retos más próximos es el Brexit.

En el encuentro se ha abordado el impacto que pueda suponer la salida del Reino Unido de la UE en relación con las administraciones de consumo y las consecuencias para los intereses de consumidores y usuarios.

La ministra ha informado de que, a la espera de conocer las circunstancias exactas de la salida del Reino Unido, lo cierto es que desde el instante definitivo de su desconexión se convertirá en un tercer país a la hora de evaluar y vigilar sus productos y servicios puestos a disposición de los miembros de la UE.

Carcedo ha explicado a los representantes de consumo de las comunidades autónomas que el Ministerio ha habilitado un espacio en su página web en el que se ofrece información a la ciudadanía de las materias que requieren medidas en relación al Brexit, entre ellas, las relativas a consumo.

A modo de pregunta/respuesta, el Ministerio aporta información sobre los cambios que la salida del Reino Unido implicará a los intereses de consumidores y usuarios. Por ejemplo, en lo relativo a la compra de bienes en empresas con origen en el Reino Unido, el contrato de servicios o viajes combinados.

Estrategia Marco de Protección del Consumidor

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha propuesto a los responsables de consumo de las comunidades autónomas la elaboración de una Estrategia Marco de Protección al Consumidor 2020-2024. El último plan se aprobó para el periodo 2006-2009.

"Transcurrido un largo periodo sin un marco estratégico de protección a los consumidores, en estos momentos resulta imprescindible su capacidad orientadora", ha expuesto la ministra.

El crecimiento de la digitalización de la economía, la aparición de nuevas formas de comercialización o la transformación de los aspectos medioambientales y sociales en valores de mercado "van a requerir cambios radicales en las formas de gestionar una política orientada a la protección de los consumidores".

IDental

La Conferencia Sectorial de Consumo ha conocido además las diferentes acciones que el Ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, ha realizado en relación a la situación de los afectados por el cierre de las clínicas IDental.

En primer lugar, acciones de coordinación y cooperación con las autoridades de consumo autonómicas.

Además, se han impulsado acciones judiciales como la remisión al Fiscal General del Estado de un dossier con reclamaciones, informes odontológicos de afectados y pruebas periciales de determinadas víctimas.

Asimismo, está en marcha la modificación del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

Por otro lado, en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo de este jueves se han ratificado los acuerdos adoptados por los miembros de la Comisión de Cooperación de Consumo desde el año 2012.

Entre otros, han quedado ratificadas las campañas nacionales de inspección y control de mercado durante el periodo 2012-2020. En este tiempo se han incrementado en un 54% respecto a los periodos anteriores.

En este periodo se han llevado a cabo un total de 246 campañas de vigilancia de mercado a nivel nacional: 97 de productos alimenticios; 84 de productos industriales; y 65 sobre servicios.

Asimismo, la Conferencia Sectorial de Consumo ha ratificado las bases del concurso Consumópolis, que este año celebra su decimoquinta edición.

Consumópolis tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de sus decisiones como consumidores y, en general, impulsar entre los estudiantes el consumo reflexivo, saludable y crítico respetando el entorno medioambiental y social.

La Conferencia Sectorial de Consumo se constituyó formalmente el 12 de enero de 1987 con el objeto de asegurar la necesaria coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de consumo.

Diferentes comunidades autónomas habían solicitado la celebración de esta Conferencia Sectorial de Consumo. Hacía siete años que no se reunía.