Constituidos los cinco grupos de trabajo conjuntos Gobierno-Generalitat, en los que toman parte siete ministros y ministras

El comité de crisis reunido bajo la presidencia del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

Estos grupos son los de Sanidad, con la ministra Mónica García; Infraestructuras, con el ministro Óscar Puente; Servicios Sociales y Vivienda, con los ministros Pablo Bustinduy e Isabel Rodríguez; Empleo y Empresa, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, e Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Se trata, por tanto, de cinco grupos de trabajo con siete ministerios implicados, representados en su constitución por sus siete titulares. En función de las necesidades, en estos equipos participará por parte del Gobierno tanto ministros, como secretarios de Estado o demás responsables y técnicos. La prioridad del Gobierno sigue siendo salvar vidas, recuperar los cuerpos de las víctimas mortales y restablecer los suministros y servicios básicos.

Sanidad

En lo relativo al grupo de Sanidad, la ministra Mónica García ha explicado que Ministerio y Consellería "seguimos trabajando desde todos los frentes para proteger a quienes más lo necesitan: víctimas, afectados y voluntarios", y ha añadido que "el principal reto ahora es la vigilancia epidemiológica y la prevención de brotes. Aunque circulan algunos bulos, ahora mismo la Consellería no ha detectado ningún brote por las inundaciones de la DANA". No obstante, "el peligro está ahí y trabajamos para prevenirlo. La prioridad es minimizar los riesgos porque las aguas estancadas pueden ser peligrosas. Hay que reforzar todos los sistemas de alerta y respuesta". Para ello, se están actualizando los protocolos y las instrucciones para intensificar las labores de detección, muestreo, identificación y seguimiento. Se ha enviado a Valencia a la máxima responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, junto a un equipo de profesionales que desde este lunes coordinan en el terreno junto a la Generalitat Valenciana para prevenir brotes. "No bajamos la guardia y redoblamos esfuerzos para actuar antes de que pase más tiempo desde el inicio de la exposición", ha indicado la ministra de Sanidad.

Infraestructuras

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado elaborar un plan global de emergencia para coordinar la recuperación de la movilidad y de las infraestructuras básicas de la provincia de Valencia. En los próximos días el ministro se desplazará a Valencia para continuar con las conversaciones y los trabajos de recuperación de las infraestructuras viarias y ferroviarias. Así se ha acordado en la primera reunión del Grupo de Respuesta Inmediata de Infraestructuras Gobierno-Consell en la que ha participado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. En la reunión se han detallado las actuaciones que ya están realizando las diferentes administraciones en la red de carreteras y ferroviaria y se ha consensuado la constitución de dos subgrupos de trabajo para avanzar en los trabajos y mejorar la coordinación. Una primera estimación provisional cuantifica en 2.600 millones de euros la inversión necesaria para restaurar la zona afectada. Por otro lado, se ha acordado realizar de forma conjunta un plan de transporte para dar una alternativa de movilidad hasta que puedan restablecerse las principales vías de entrada y salida de Valencia y los municipios afectados por las inundaciones.

Servicios sociales y vivienda

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha reunido este lunes de forma telemática con Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, para coordinar medidas de emergencia en servicios sociales y de atención a personas en situación de dependencia que viven en las zonas afectadas.

En este encuentro, Bustinduy ha fijado como prioridad "ser lo más operativos posible" para dar una respuesta eficiente y transparente a las personas afectadas por esta catástrofe. "Estamos trabajando para que las víctimas de la DANA no lo sean también de la exclusión social", ha señalado el ministro. El Ministerio ha propuesto líneas de trabajo para reconstruir los servicios sociales afectados por la DANA y garantizar que haya redes de protección universales. En muchos casos será necesaria la reconstrucción de residencias y los diferentes centros de día e instalaciones desde donde se procura cuidados de cercanía a la población. Derechos Sociales también ha abordado la agilización de otros mecanismos como las Ayudas de Emergencia Social para las personas que se encuentran en una situación de exclusión, de dependencia o sin hogar, así como para personas mayores en situación de soledad y personas con discapacidad. También se ha tratado la necesidad de reforzar la atención en los casos de familias en situación de vulnerabilidad social, así como de ampliar la cobertura de estas ayudas a los casos de vulnerabilidad sobrevenida tras la catástrofe.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, y Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, han constituido el grupo de trabajo para hacer frente a las consecuencias de la DANA en Valencia en materia de vivienda. Ambas han mantenido una primera toma de contacto donde han valorado los posibles daños materiales en las viviendas de las zonas afectadas por la DANA y diferentes vías de ayudas y alternativas habitacionales para las personas que han sufrido estos daños. Han coincidido en que el eje común de todas las ayudas ejecutadas debe ser el de la agilidad y la rapidez, para que lleguen cuanto antes a los afectados. Isabel Rodríguez ha recordado que el Ejecutivo central "pondrá todos los medios necesarios para combatir las consecuencias de la DANA". El Ministerio se ha comprometido a seguir manteniendo estas reuniones para coordinar las actuaciones que tengan que ser llevadas a cabo.

Empleo y empresa

El Gobierno de España y la Generalitat valenciana han celebrado la primera reunión del grupo de trabajo de Empleo y Empresa, en la que han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acompañados de sus secretarios de Estado, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo.

El Gobierno ha trasladado la total disposición para desplegar todas las herramientas disponibles para que se recupere la normalidad en empresas y trabajadores cuanto antes.

Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido con la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, para la constitución del grupo conjunto, en el que han participado también, por parte del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la subsecretaria del departamento, Susana Crisóstomo. El ministro se ha comprometido a agilizar el convenio de policía adscrita de la comunidad autónoma y ha destacado el incremento exponencial del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las comarcas afectadas por la DANA en Valencia, que han alcanzado los 9.267 agentes en esta semana. Grande-Marlaska estudiará también la petición trasladada por la consellera para que agentes de distintas policías municipales puedan desempeñar su actividad fuera de su demarcación para ejercer labores de seguridad ciudadana, durante el periodo de la activación de la emergencia por la DANA. La consellera ha solicitado la revisión y actualización del protocolo para la comunicación de las alertas, una cuestión que el ministro se ha comprometido a llevar al Consejo Nacional de Protección Civil, donde están representadas todas las comunidades autónomas. El ministro ha destacado que esta herramienta de alerta masiva a la población se activó por primera vez en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña en septiembre de 2023 y desde entonces se ha utilizado con eficacia en más de cincuenta ocasiones.