El Gobierno ingresa los primeros 658 millones a los ayuntamientos afectados por la DANA para reconstruir infraestructuras municipales

El Gobierno de España, a través del Tesoro Público, ha ingresado los primeros 658 millones de euros a 31 de los ayuntamientos afectados por la DANA incluidos en el anexo del Real Decreto Ley 6/2024.

Así, de los 1.745 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática activó el pasado 28 de enero para financiar la totalidad las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales, ya hay orden de pago de cerca de 1.000 millones de euros, de los que se han abonado 658 millones.

Asimismo, próximamente se completará el ingreso en las cuentas corrientes del resto de ayuntamientos incluidos en el RDL, hasta alcanzar los 1.745 millones de euros comprometidos para abordar hasta 500 intervenciones, incluyendo la reparación de infraestructuras como mercados, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, obras en redes viarias, etcétera.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que "frente a quienes difunden bulos o informaciones falsas, la realidad es que las ayudas del Gobierno de España están llegando a los damnificados por la DANA". "En tan sólo 20 días se ha desplegado una respuesta histórica ante una catástrofe en nuestro país, como es asumir el 100% de la reparación e ingresar por adelantado a los consistorios estos costes", ha subrayado el ministro.

Novedades en la financiación de obras

Hasta ahora, el Gobierno de España había asumido, con carácter ordinario, el 50% de los costes de reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales. En la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para las subvenciones por la DANA se establece la financiación del 100% de las obras, con el añadido de que la totalidad de los costes se entregará por adelantado a las entidades locales.

También, por primera vez, se permite que los ayuntamientos firmen un acuerdo con TRAGSA para que sea esta empresa pública la que adjudique y ejecute las obras. Otra novedad de esta orden es que las infraestructuras podrán reubicarse y añadirse en ellas mejoras técnicas que aumenten su resiliencia frente a fenómenos naturales. Asimismo, se amplían los plazos ordinarios en las diferentes fases, para que los ayuntamientos tengan más fácil completarlas.