Catalá confía en los nuevos presupuestos para satisfacer las demandas de los profesionales de la Justicia

Desde ese punto de vista, el ministro de Justicia señala que el mensaje reivindicativo lanzado por los principales agentes implica en su responsabilidad compartida a los poderes ejecutivos con políticas activas en la materia, al poder judicial con su función de garantizar la independencia de los jueces y al poder legislativo como encargado de identificar y priorizar las reformas necesarias.

Así, Catalá ha reivindicado la cultura del consenso, a la vez que ha denunciado cómo después de haberse alcanzado un compromiso firme en el seno de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, algunas formaciones abandonaron las conversaciones en una actitud que dista mucho del diálogo.

No obstante, el ministro de Justicia se ha mostrado plenamente convencido de que en España tenemos una buena Justicia, impartida por profesionales competentes, que se sustenta en diferentes y prestigiosos informes internacionales que destacan la alta calidad de nuestras instituciones y las garantías de los derechos y libertades que ofrecen, como el estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), cuyos datos utiliza la Comisión Europea para llevar a cabo su informe anual Marcador de la Justicia que se ha conocido hoy.

Sin embargo, Catalá asume la necesidad de afrontar nuevos desafíos para mejorar la Justicia de calidad de la que ya disfrutamos, poniendo en valor para ello la importancia de los nuevos recursos disponibles en los presupuestos que se están tramitando en el Parlamento. Estos, que son los cuartos presupuestos que crecen de manera consecutiva para el departamento de Justicia, suponen además un crecimiento consolidado y sostenido del 20% respecto a 2014 y certifican el interés del Ejecutivo nacional en una mejora decidida de esta área.

En cuanto a los profesionales, se mejorarán las retribuciones como respuesta a las demandas del sector. En este contexto, el ministro ha avanzado su voluntad de que la mesa de retribución se reúna en la primera quincena del próximo mes de junio. Además, se incrementarán los recursos con 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y 3.759 para distintos cuerpos de la Administración de Justicia. Como medios materiales, durante 2018 se destinarán un 50% más de recursos para infraestructuras y equipamientos judiciales, lo que supondrá un total de 50 millones de euros.

Con el interés de perseguir una Justicia más accesible a los ciudadanos, los nuevos presupuestos destinarán un total de 49 millones a la asistencia jurídica gratuita (un 33% más que el año anterior), incrementando los baremos de indemnización del servicio. Igualmente, con el fin de conseguir una Justicia más cercana a las personas se destinarán 59 millones (casi 14 millones más que en 2017) para combatir la violencia de género y cumplir las previsiones del Pacto de Estado.

Catalá ha destacado que este esfuerzo presupuestario ha contemplado la necesidad de completar la transformación tecnológica que ha conseguido ya a día de hoy un sistema generalizado de comunicaciones electrónicas entre los profesionales de la Justicia y que en todo el territorio gestionado por el Ministerio la tramitación judicial sea completamente electrónica. Actualmente, todos los órganos unipersonales, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de Justicia están totalmente digitalizados.

A los nuevos retos tecnológicos se destinarán 131 millones de euros para culminar la implantación digital en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y fiscalías, la puesta en marcha de nuevos servicios a profesionales y ciudadanos, la mejora de la calidad del servicio, la renovación de las salas de vistas, nuevas aplicaciones de Justicia y Fiscalía digital y un decidido avance en la construcción del nuevo Registro Civil digital.

Las medidas no se limitan al ámbito presupuestario, ya que el Ministerio atenderá las reivindicaciones del sector basadas en la necesidad de mejoras organizativas, entre las que destaca la implantación definitiva de la Oficina Judicial y Fiscal.

Igualmente, Catalá ha incidido en la necesidad de reformar el proceso penal, atendiendo así al clamor unánime de los profesionales y sus asociaciones. La respuesta se encuentra en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los tiempos de respuesta y sea más eficaz en la persecución del delito, permitiendo la plena convivencia con el modelo de Fiscalía Europea. También se contempla la creación de un nuevo Estatuto Fiscal, básico para las necesidades formativas, operativas y profesionales del cuerpo.

En relación con la percepción de la independencia de la Justicia, Catalá está convencido de que tenemos un Estado de derecho que funciona, donde jueces y fiscales realizan su labor sin dejarse intimidar y donde la independencia e imparcialidad están aseguradas, por lo que responsabiliza a quienes hablan de la politización de la Justicia de dañar su credibilidad. No obstante, para reforzar esa percepción de independencia, el ministro propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en línea con las reclamaciones de las asociaciones judiciales, incrementar la objetivación en nombramientos discrecionales y suprimir el magistrado de designación autonómica.