Justicia presenta el presupuesto para 2018 que prioriza la calidad del empleo público, el gasto social y la transformación digital

El gasto del Estado en Justicia asciende este año a 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior. Por cuarto año consecutivo el Ministerio de Justicia ve incrementado su presupuesto hasta los 1.754 millones de euros, el 91% del total del gasto de la política de Justicia, mientras que el 9% restante se distribuirá entre el Consejo General del Poder Judicial y los organismos dependientes del Ministerio.

Durante la comparecencia se ha destacado que estos presupuestos permiten avanzar en la seguridad jurídica y en el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho, refuerzan el apoyo a los colectivos más vulnerables y apuestan de manera decidida por los profesionales. En definitiva, una Justicia con más medios, una Justicia para las personas y una Justicia de futuro.

Una Justicia con más medios

El Ministerio de Justicia invertirá en materia de personal 1.382,8 millones de euros, el 78,8% de su presupuesto, un 2,5% más que en 2017, lo que pone de manifiesto la apuesta de este Gobierno por la mejora de la calidad del empleo público y la profesionalización de quienes trabajan al servicio de la Justicia. Esta dotación incorpora un aumento retributivo del 1,75% para el personal de Justicia y una Oferta de Empleo para la Administración de Justicia de 3.759 plazas, de las que 1.087 serán de reposición ordinaria de efectivos y las 2.672 restantes irán dirigidas al personal interino para la reducción de la temporalidad. Además, se ofertarán 300 nuevas plazas para jueces y fiscales, el triple que en 2017, que se distribuirán posteriormente entre las dos carreras.

El presupuesto asignado a obras y equipamientos asciende a 50,1 millones de euros, con un incremento de 16,8 millones de euros con respecto al pasado ejercicio. Cantidad que irá destinada, entre otros conceptos, a la construcción de nuevos edificios judiciales en Baleares (Ibiza, Ciudadela y Manacor), Castilla-La Mancha (Albacete, Casas Ibáñez, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina y Torrijos), Castilla y León (Valladolid, Segovia, Lerma y Vitigudino), Extremadura (Badajoz y Navalmoral de la Mata) y Región de Murcia (Lorca). Además, se realizarán obras de rehabilitación y mejora en las audiencias provinciales de Soria, Salamanca y Toledo, los palacios de Justicia de Palencia y Trujillo, en la sede del Tribunal Supremo, en los edificios judiciales de Manzanares (Ciudad Real), Motilla del Palancar (Cuenca), Puertollano (Ciudad Real), Burgos de Osma (Soria) y en el antiguo edificio del Banco de España en Ceuta.

Dentro de esta partida se contempla una inversión de 6,2 millones de euros para actuaciones de modernización y renovación tecnológica de equipos en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Una Justicia para las personas

En el capítulo de apoyo a las víctimas, se ha puesto de relieve el incremento del 32,66% de la partida para la asistencia jurídica gratuita, a la que se destinarán este año 48,7 millones de euros en concepto de subvenciones a los colegios de abogados y procuradores. Esta actualización de los baremos es un reconocimiento a la labor de los profesionales que a partir del mes de mayo cobrarán este servicio mensualmente y no de forma trimestral como hasta ahora, lo que redundará en una mejora de la prestación.

En este capítulo, se ha hecho referencia a las necesidades de las víctimas de la violencia de género recogidas expresamente en los Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito de la Justicia se contempla una previsión de 58,8 millones de euros destinados a los juzgados de violencia sobre la mujer, las fiscalías especializadas en violencia de género, las unidades forenses de valoración integral y a las oficinas de asistencia a las víctimas del delito que verán este año incrementados sus recursos.

Una Justicia de futuro

Seguir impulsando la transformación tecnológica de la Justicia como pieza clave para un servicio público más ágil y eficiente es otro de los objetivos del presupuesto del departamento para 2018. Con una inversión de 131,3 millones de euros se prevé abarcar proyectos de envergadura como la consolidación y mejora de las funcionalidades del sistema de Justicia digital, la culminación del despliegue de Fiscalía digital en el territorio del Ministerio de Justicia y el desarrollo de un sistema de gestión procesal. Como se ha subrayado esta mañana, gracias al esfuerzo invertido en los últimos años, en la actualidad ya pueden trabajar en formato digital todos los juzgados y tribunales de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Audiencia Nacional en los órdenes social y contencioso-administrativo y el Tribunal Supremo en los órdenes penal y social. En cuanto al sistema de Fiscalía digital, está implantado en 30 fiscalías de las 39 previstas, un proceso que se completará a lo largo de este año.

Otra de las líneas de acción en materia tecnológica en este ejercicio es continuar trabajando en el desarrollo y consolidación del sistema de comunicaciones electrónicas para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitar la incorporación de nuevos colectivos y agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales. Solo en lo que llevamos de año se han realizado entre los juzgados y los operadores jurídicos más de 22 millones de notificaciones a través de LexNET, así como 3,4 millones de escritos de trámite y 700.000 escritos iniciadores de demanda. Para asegurar el buen funcionamiento de éste y de todos los sistemas de la Administración de Justicia se va a poner en marcha un nuevo Centro de Control Tecnológico que hará posible la monitorización en tiempo real.

Además, se van a potenciar los servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos con objeto de avanzar hacia una Justicia abierta que incorpore definitivamente los modos de gestionar los servicios públicos propios del siglo XXI, lo que supondrá añadir nuevas funcionalidades a la Sede Judicial Electrónica y a los portales web de la Administración de Justicia. Durante 2018 se va a trabajar también en el nuevo escritorio de trabajo para el profesional, se renovará el 60% del parque informático del personal al servicio de la Administración de Justicia y se completará la distribución de puestos de trabajo en movilidad.

Durante la comparecencia se ha explicado que la transformación de la Justicia requiere avances tecnológicos y también una organización más efectiva de los juzgados y de los medios personales, lo que se consigue a través de la Oficina Judicial y Fiscal que ha supuesto un éxito en términos de reducción de los tiempos de respuesta allí donde está en funcionamiento. El objetivo es avanzar en esta legislatura en la implantación de este modelo organizativo en el resto de juzgados y fiscalías del territorio del Ministerio.

Un total de 2,1 millones de euros irán destinados al nuevo modelo de registro civil que permitirá a cualquier ciudadano obtener toda la información digitalizada gracias a la interoperabilidad entre todas las oficinas. Asimismo, se está trabajando en un nuevo sistema informático para el Registro de Últimas Voluntades y en la mejora de las aplicaciones para la gestión de los expedientes de nacionalidad de manera que se reduzcan los tiempos de resolución de los expedientes para la adquisición de la misma.

El presupuesto de Justicia en materia tecnológica incluye además partidas específicas para avanzar en materia de ciberseguridad, reforzar el Centro de Atención al Usuario y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista.

En relación a los organismos adscritos al Ministerio de Justicia, el presupuesto de la Mutualidad General Judicial se eleva este año hasta los 104,5 millones de euros, lo que supone una mejora de las prestaciones sociales y sanitarias de los funcionarios de Justicia. Por otro lado, se destinará al Centro de Estudios Jurídicos una partida de 10 millones de euros para la formación del personal de la Administración de Justicia y de la carrera fiscal, incidiendo en actividades de carácter práctico, en materia tecnológica y de formación online. Por lo que respecta a la Agencia Española de Protección de Datos recibirá en 2018 14 millones de euros.