El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia inauguran la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Tal y como ha explicado Catalá, se trata de un instrumento más en la lucha sin cuartel que está desarrollando el Gobierno contra la criminalidad organizada y la corrupción. Para ello y gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y del Código Penal, nace esta Oficina que funcionará como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales y como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con investigaciones patrimoniales.

Hasta ahora, al no existir órganos especializados en la gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas, quedaban a disposición de órganos jurisdiccionales excediendo en muchos casos de sus posibilidades de gestión. De esta manera, un equipo multidisciplinar adoptará las medidas necesarias para la conservación y gestión de estos activos atendiendo a su naturaleza, a las posibilidades reales de venta o adjudicación en el mercado y al coste de su custodia y conservación. Se podrá proceder a la venta anticipada de los bienes sin esperar al final del procedimiento, obteniendo así un mayor rendimiento al evitar su depreciación y al reducir los gastos de conservación.

Todo ello permitirá optimizar los frutos obtenidos del decomiso de manera que con ellos pueda hacerse frente a la restitución pecuniaria de las víctimas abonando las indemnizaciones establecidas en el marco del proceso penal, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.

Esto se conseguirá implicando a distintas instituciones, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado; el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio del Interior, que con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan funciones de localización de activos procedentes de delitos; la Agencia Tributaria y el resto de Administraciones Públicas en su labor de averiguación y gestión de bienes; y el Plan Nacional sobre Drogas con quien se firmarán convenios de colaboración que canalicen las posibles fórmulas de cooperación.

El objetivo último es lograr la satisfacción de las responsabilidades civiles, el apoyo a las víctimas y la lucha contra la criminalidad organizada.