Justicia incrementará su presupuesto para 2016 un 7,24% en su compromiso por la mejora y modernización

El crecimiento presupuestario se produce en todos los programas de actuación del Ministerio salvo la partida de gastos corrientes que se reduce por la aplicación de las medidas CORA, lo que permite un aprovechamiento más eficiente de los recursos de la Administración General del Estado. Con estos presupuestos se cubre en su integridad la cartera de servicios que la Justicia ofrece al ciudadano y se garantiza el ejercicio de los derechos y libertades mediante un sistema de resolución de conflictos rápido, ágil y efectivo.

Los presupuestos se enmarcan en los objetivos del Gobierno de afianzar la recuperación económica y el empleo en nuestro país, continuar con la consolidación fiscal y proseguir en el esfuerzo de saneamiento y renovación de la función pública.

Los objetivos que se fija el Ministerio de Justicia para el próximo año permiten seguir avanzando en el proceso de modernización de esta Administración y en las reformas legislativas y estructurales puestas en marcha para la mejora de la eficiencia del sistema de Justicia. Para ello, los Presupuestos Generales para el 2016 apuestan por la inversión en materia de administración electrónica desde el enfoque de una Justicia digital, abierta e innovadora.

Las líneas de actuación fundamentales que se van a desarrollar a lo largo de 2016 están orientadas a fortalecer la Justicia como un servicio público realista y prioritario y como un elemento vertebrador de la sociedad, con la dotación de más y mejores recursos profesionales, materiales y tecnológicos, y apostando por la mejora de los servicios prestados a colectivos con especial necesidad como víctimas del delito.

Modernización tecnológica de la Justicia

La continuación del Plan para la aceleración de la Justicia en entornos digitales permitirá dotar a la Administración de Justicia y al Ministerio Fiscal de las condiciones necesarias para responder a las demandas de la sociedad. Así, los principales programas de actuación de este plan están orientados a alcanzar el objetivo del papel cero y a impulsar una relación de mayor proximidad, transparencia y apertura con el ciudadano, en la búsqueda de la excelencia en el servicio público de la Justicia.

En el marco de este plan, a partir del 1 de enero de 2016 será obligatorio el uso de medios electrónicos para los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales tanto en la presentación de escritos como en los actos de comunicación procesal. Por su parte, los ciudadanos podrán acceder a través de la sede judicial electrónica a la información que, sobre sus asuntos, se tramiten en los órganos judiciales.

Para acelerar el cambio de modelo de la Justicia hacia entornos digitales, el Ministerio de Justicia destinará 64,62 millones de euros el próximo ejercicio, un 35,7% más que en 2015.

Por otro lado, el desarrollo del Plan de modernización tecnológica de los Registros permitirá la tramitación electrónica de expedientes de nacionalidad así como la transmisión de solicitudes de inscripción de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Este plan está dotado con 11,18 millones de euros, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2015. Con este importe se va a acometer también la interconexión de todos los Registros Civiles de tal forma que será posible consultar las inscripciones de una determinada persona sin tener que acudir necesariamente a cada uno de los registros en los que se practicaron las distintas anotaciones.

Justicia gratuita y asistencia a las víctimas

En el capítulo de gasto social, destaca el incremento de las dotaciones en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano. Para el servicio de asistencia jurídica gratuita, el Ministerio destinará 36,7 millones de euros en 2016, un 5,02% más que en 2015, ya que se ha ampliado el derecho a este beneficio a determinados colectivos. Además, se incrementa en un 54,6% el gasto relacionado con el apoyo a las víctimas mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales psicológicas en los procesos judiciales.

Gastos de personal

Los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016 contemplan unos gastos de personal que se elevan a 1.303,14 millones de euros, lo que supone un incremento de 85 millones de euros (un 7% más que en 2015). De este incremento, 83,3 millones de euros se destinan a la financiación de las retribuciones del personal de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal y 1,73 millones para la creación de 25 nuevas plazas de abogados del Estado. El proyecto de PGE presentado por el gobierno también prevé:

• Convocar durante el próximo ejercicio 100 nuevas plazas de jueces y fiscales, lo que reducirá las cargas de trabajo y mejorará la atención de juzgados y fiscalías.
• Convocar más de 2.000 nuevas plazas para los distintos cuerpos que prestan servicio para la Administración de Justicia, que vendrán a sumarse al esfuerzo en materia de oferta pública de empleo ya realizado en 2015. Todo ello permitirá reforzar el número de efectivos de la Administración de Justicia en todo el país y seguir reduciendo la tasa de interinidad.

Inversiones en infraestructuras y equipamiento del sistema de Justicia

En el capítulo de obras y equipamiento para los órganos judiciales, fiscalías e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), se destinan 19,41 millones de euros, un 3,9% más que en 2015. A lo largo de 2016, estas inversiones se destinarán, a la construcción de nuevos edificios judiciales en Guadalajara, Albacete, Lorca, Badajoz, Segovia, Valladolid e Ibiza, y a la realización de trabajos de rehabilitación y mejoras en las sedes judiciales de Palencia, Trujillo, Soria y Ceuta. También se adquirirán nuevos equipos cromatográficos para el INTCF a fin de renovar y modernizar su actual equipamiento tecnológico.

Asimismo, se asignan 3,75 millones de euros para hacer frente a la construcción del Palacio de la Justicia de La Rioja, gasto derivado de los acuerdos de traspasos en materia de Administración de Justicia.

Organismos públicos adscritos

Los organismos públicos adscritos al Ministerio de Justicia (Centro de Estudios Jurídicos, Mutualidad General Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos) dispondrán el próximo ejercicio de 127,9 millones de euros. El Centro de Estudios Jurídicos contará con un 18,4% más de presupuesto destinado a la formación continua de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados del Estado, médicos forenses y facultativos del INTCF, a la formación inicial de las nuevas promociones que se incorporen a lo largo de 2016, y a la especialización en materia de igualdad y violencia de género.