Declaración del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la jornada del 9N

"El Gobierno considera que estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática. Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril con el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no haber podido convocar la consulta ilegal que anunció el pasado 12 de diciembre.

España es un régimen democrático consolidado, en el que existe libertad de expresión y manifestación y en el que las consultas populares se rigen por estrictas normas que garantizan la imparcialidad y la neutralidad. Ninguno de esos requisitos se han dado en esta jornada.

El proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico preexistente; no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad, convertidos en juez y parte del proceso y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta.

Estamos pues ante un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos y solo ha servido para exacerbar la división de los catalanes, para tensionar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña.

La Fiscalía General de Estado continua recabando datos en el ámbito de las diligencias de investigación abiertas y, a la luz de estas investigaciones y las múltiples denuncias presentadas ante los juzgados en Cataluña, valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan".