De la misma manera, se han aprobado los objetivos de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas que serán del 24,1% para 2018, 23,3% para 2019 y 22,4% para 2020.
A este respecto, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que ha presidido el Consejo junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que este CPFF da continuidad a los celebrados los pasados 29 de junio y 7 de julio y que el establecimiento de los objetivos de déficit y de deuda se enmarca dentro de las medidas que deben adoptarse en relación con las comunidades autónomas como consecuencia de la decisión del Consejo de la Unión Europea del pasado 8 de agosto.
Además, Montoro ha destacado el esfuerzo realizado durante los últimos años por el conjunto de las comunidades autónomas en la reducción del déficit público.
El Ministerio también ha informado del límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el ejercicio 2018 y que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 3 de julio, que queda fijado en 119.834 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.497 millones respecto al techo de gasto de 2017.
Planes Económico-Financieros
El CPFF ha aprobado igualmente los Planes Económico-Financieros (PEF) presentados por nueve comunidades autónomas para los ejercicios 2017 y 2018 como prevé el artículo 23 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las comunidades que han presentado PEF han sido: Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias y Extremadura.
Modificación del cálculo del PMP
Por otro lado, se ha sometido a votación y aprobado el proyecto del Real Decreto en tramitación que modifica la metodología de cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), con el fin de dar claridad al modo en el que se deben computar los días de pago, en consonancia con la directiva comunitaria y la normativa de morosidad y de contratación.
Reordenación del sector público autonómico
Por último, el Ministerio ha informado de los datos correspondientes al último semestre sobre el desarrollo del acuerdo en materia de reordenación y racionalización del sector público autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo.
Así, a 1 de enero de 2017, las comunidades autónomas han llevado a cabo una reducción efectiva de su sector público de 676 entidades, 9 entidades más que las que figuraban en la información publicada en el anterior semestre (julio de 2016), que era de 667. Además, 199 entidades vigentes a esa fecha (mes de enero) se han extinguido con posterioridad a la misma, están en fase de liquidación o han cesado en sus actividades, lo que supone, por tanto, un total de 875 entidades extinguidas o en fases muy próximas a la extinción.
Así pues, los datos no pueden ser más positivos, arrojando un porcentaje de ejecución sobre los compromisos iniciales (adquiridos en 2012) de reducción de entes del 172%, frente al 168% registrado en el informe anterior.