La ministra ha querido que su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados fuera ante la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo, "el gran pacto de la democracia", cuya existencia debe ser uno de los principales motivos de confianza de los ciudadanos en el futuro de las pensiones.
"Pasados 20 años de su primera formulación, los principios inspiradores del Pacto de Toledo siguen plenamente vigentes y nos estimulan para refrendar nuevas conclusiones y recomendaciones", ha remarcado Báñez.
La destrucción de 3,3 millones de empleos durante los años de crisis ha provocado un problema coyuntural, que no estructural, en las cuentas de la Seguridad Social que ha coincidido con un momento en el que el sistema ha debido soportar un importante aumento del número de pensionistas, de la cuantía de la pensión y del periodo de pago de la misma, por el aumento de la esperanza de vida.
Así, el 70% del deterioro neto de la salud financiera del sistema durante el periodo 2009-2013 se debe exclusivamente a la reducción de ingresos por cotizaciones derivadas de la importante reducción de empleo producida esos años.
"Y, pese a todo ello, hemos conseguido reducir sustancialmente, casi a la mitad, el ritmo de deterioro medio anual de las cuentas del Sistema, entre 2012 y 2016, respecto al período 2008 - 2011."
La ministra ha señalado que gracias al esfuerzo de todos, se está corrigiendo con intensidad el problema que más impacto ha tenido para explicar el déficit de la Seguridad Social de estos años, la destrucción de empleo.
Hoy ya se han recuperado 1.660.000 puestos de trabajo, la mitad del empleo destruido durante los años de crisis. Nuestro país es capaz de crear más de 500.000 empleos al año y la afiliación crece a un ritmo del 3,44%, por encima incluso del crecimiento económico (3,2%). Así mientras en 2011 por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados, en lo que va de 2016, por cada nueva pensión se crean 7 empleos.
Aval de la Comisión Europea
La ministra ha destacado que España cuenta con un sistema público de pensiones fuerte, sostenible "y más preparado para los retos del futuro que la mayor parte de los países de nuestro entorno".
Así lo refleja la ausencia de Recomendaciones de reformas en el sistema por parte de la Comisión Europea desde hace tres años y, más explícitamente, el Informe "Ageing Report", también de la Comisión Europea, que afirma que gracias a las reformas de los últimos años, nuestro sistema de pensiones se encontrará en una situación más favorable que la mayoría de nuestros socios comunitarios en 2060.
La ministra ha destacado que se han aplicado reformas para mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema garantizando unas pensiones adecuadas.
De esta forma, las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General han alcanzado los 1.049 euros, lo que significa el 93% del salario medio en España.
Así, el sistema concede la segunda mayor tasa de reemplazo de la OCDE, frente al 52% de media de esos países, o el 55% de Francia o el 37% de Alemania.
Además, se han introducido mejoras como el complemento por maternidad para aquellas mujeres con dos o más hijos, una medida que refuerza la contributividad del sistema añadiendo un elemento demográfico y ayuda a corregir una discriminación histórica: la brecha de género en pensiones. De esta medida se benefician ya más de 134.600 mujeres.
Báñez ha incidido en se deben seguir adoptando medidas que permitan mantener la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social en el medio y largo plazo. En este sentido, ha incidido en la "oportunidad" que supone ampliar al 100% la compatibilidad entre salario y pensión. "No tiene sentido limitar la vida activa de millones de españoles", ha señalado.
La ministra ha afirmado que en la actualidad, más de de 31.000 personas compatibilizan el 50% de su pensión con un salario.
Propuesta para el "máximo consenso"
La ministra ha señalado que, ante el reto de garantizar el futuro de las pensiones, es la hora del Parlamento y, también, del Diálogo Social.
Báñez, ha destacado algunos puntos en los que es necesario el "máximo consenso": avanzar en la separación de fuentes de financiación sin que ello signifique cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones; reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes; y transformar las reducciones de cotización en bonificaciones a la Seguridad Social para aliviar las cuentas del sistema, a la vez, que mantenemos como prioridad la creación de empleo de calidad.
"Las medidas han de ser equilibradas y los esfuerzos necesarios adecuadamente distribuidos, para que no se produzcan efectos indeseados ni en el mercado laboral ni en el tejido productivo", ha remarcado la ministra, quien ha apelado al diálogo "con amplitud de miras".
La única garantía de un sistema de pensiones es el crecimiento económico y el empleo, con una distribución de la renta equilibrada para poder realizar las correspondientes aportaciones.
"El Pacto de Toledo está llamado a reforzar y renovar sus recomendaciones con el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales, y atendiendo a las nuevas prioridades sociales; a las nuevas realidades personales y familiares; a las nuevas actividades y formas de trabajo; y a las profundas transformaciones demográficas", ha concluido