Llop presenta en el Congreso los presupuestos de Justicia para 2023

La dotación para la política pública de Justicia para 2023 asciende a 2.233,82M€, un 7,7% más que el año anterior, eliminado el efecto de los fondos europeos.

Llop ha puesto en valor "la apuesta del Gobierno y del Ministerio de Justicia para llevar a cabo la modernización y la transformación del sector", con el objetivo de "construir un servicio público fuerte, garante de derechos y promotor de igualdad de oportunidades".

En línea precisamente con este último objetivo, la ministra ha destacado el importe destinado al programa de becas que su gabinete ha puesto en marcha este año, que pasa a duplicarse en 2023, con un total de 3,4M€.

El proyecto de Presupuestos para el próximo año supone, según Llop, "un verdadero paso adelante para crear un servicio de proximidad a la ciudanía y que genere sinergias en términos de cohesión social y territorial". Y para ello, "cuenta con el engranaje perfecto entre los fondos propios y los derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha añadido.

Dotaciones

Del importe global de la política pública de Justicia, los fondos destinados al Ministerio de Justicia, incluido el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), asciende a 2.155,48M€, un 7,9% más que en 2022.

También han aumentado los fondos destinados al Consejo General del Poder Judicial, que alcanzan los 78,33M€ (un 2,98% más).

La accesibilidad y la eficiencia son los dos ejes que vertebrarán la actuación del Ministerio para ejecutar estos fondos, según ha explicado Llop. En relación a la accesibilidad, ha destacado la inversión para la Justicia gratuita, la mejora de las oficinas de víctimas y las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM), que ponen especial atención a las zonas con menor densidad de población.

Pero además de para la ciudadanía, la ministra de Justicia se ha referido también a la mejora de la accesibilidad para los profesionales del servicio público de Justicia, como refleja la "apuesta clara por la formación en materia de transformación digital" o la mencionada dotación para el programa de becas para el acceso a las carreras fiscal y judicial, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.

En relación a la eficiencia, la ministra se ha referido a la transformación de los más de 3.600 juzgados de primera instancia en 431 tribunales de instancia compartiendo los recursos de las oficinas de Justicia.

Asimismo, se promoverá la cultura del acuerdo, la celebración de juicios telemáticos, las declaraciones a distancia o la posibilidad de realizar toda clase de trámites habituales para la ciudadanía desde la OJM, según ha explicado la titular de Justicia.

Dentro de las partidas presupuestarias, Llop ha destacado la destinada a gastos de personal, que supera los 1.786M€, un 77,5% del importe total del Ministerio, y que incluye la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, la creación de 54 unidades de mediación, la creación de 70 unidades judiciales o e incremento retributivo general para todos los empleados públicos, entre otros.

La titular de Justicia también se ha referido a las "mejoras sustanciales" que han recibido los letrados de la Administración de Justicia por parte del Ministerio en 2022, a través del Real Decreto (RD) de retribuciones que promulgó en abril con carácter retroactivo, y también en el ámbito de las intervenciones en entradas y registros, así como de las sustituciones que realizan estos profesionales.

Por último, la ministra de Justicia ha destacado las partidas para la ampliación de 70 nuevas plazas de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal; los 53M€ destinados a infraestructuras, equipamientos y edificios; o los casi 139M€ para la modernización tecnológica.

En relación con los organismos públicos adscritos al Ministerio, el presupuesto para el CEJ alcanza los 19,62M€, un 20,7% más que en 2022; y para la Mutualidad General Judicial, la partida es de 128,17M€, un 2,5% más. Asimismo, Llop ha destacado también el incremento en el presupuesto para la Agencia Española de Protección de Datos para afrontar el incremento de sus funciones.