Pilar Llop: "Un ordenamiento jurídico de calidad es la mejor herramienta para garantizar la Justicia social"

El encuentro, coorganizado por el Ministerio de Justicia y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), en colaboración con Cooperación Española, se enmarca en la labor que la OISS realiza en favor de la igualdad de las mujeres en la protección social y en la Seguridad Social desde 2014.

En la clausura, Llop ha destacado que "un ordenamiento jurídico de calidad es la mejor herramienta para garantizar la Justicia social, prevenir la litigiosidad y la judicialización de los conflictos, entre ellos los relativos a la Seguridad Social".

En este sentido, la ministra se ha referido a la protección social como "un instrumento imprescindible para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y promover su bienestar, favorecer un crecimiento equitativo y garantizar la igualdad".

Desigualdad entre mujeres y hombres

La titular de Justicia también se ha referido a las múltiples causas de la desigualdad entre mujeres y hombres, como el acceso a trabajos en peores condiciones, el desempleo o la mayor carga de trabajo cuando se trata del cuidado de menores y personas dependientes.

Todo esto implica, según Llop, "que la brecha de género provoque que la pensión pública media de las mujeres en España sea más de un 30% inferior a la de los hombres". Según los datos de la Seguridad Social española de agosto de 2021, la pensión media de la mujer fue de 833,40 euros al mes, mientras que la del hombre ascendió a 1.257,15 euros al mes, ha expuesto la ministra.

Llop ha explicado que, "para contrarrestar esta realidad compleja, la Justicia tiene mucho que aportar a la protección social". Por ello, la ministra ha indicado algunas de las normas con perspectiva de género que ha aprobado el Gobierno, como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o la Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género.

Colaboración entre administraciones

Además de las medidas legislativas, la titular de Justicia ha indicado la importancia de la colaboración entre Administraciones Públicas y ha destacado la colaboración de Ministerio de Justicia con la Seguridad Social, a través del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, conocido como SIRAJ, que deriva en efectos sobre las pensiones de la Seguridad Social.

Finalmente, Llop ha hecho hincapié en la importancia de la formación de los operadores jurídicos en perspectiva de género. La ministra se ha referido al convenio firmado entre el Centro de Estudios Jurídicos con la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en octubre del 2021, "con el fin de formar a los profesionales de la Administración de la Justicia en esta materia". La ministra ha puesto en valor tanto la formación que se da en el Consejo General del Poder Judicial como la transversalidad del principio de igualdad que aplica la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo desde 2009.

Colectivos vulnerables

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha inaugurado el Encuentro y, además, ha participado en el Panel de experiencias I Avances en la transversalización de la perspectiva de género en la Justicia.

En su intervención, Olmedo se ha referido a la responsabilidad de los poderes públicos "de proteger y eliminar las dificultades que impidan que la igualdad sea real y efectiva".

Según el secretario general, el Ministerio que lidera Llop "dirige sus esfuerzos a aplacar dichas brechas que impiden a la ciudadanía disfrutar de su libertad e igualdad con un armazón legislativo, organizativo y procesal dirigido a la atención de los colectivos más vulnerables".

Olmedo ha matizado que estas tres leyes recogidas en el plan Justicia 2030, que tienen como objetivo transformar la Administración de Justicia, serán impulsadas con la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el encuentro también ha tenido lugar una ponencia marco de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en la que ha destacado las medidas normativas que han contribuido a producir avances significativos en la consecución del objetivo de la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.

En concreto, Castro se ha referido a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a la Ley General de la Seguridad Social, al Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, así como a la Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, entre otras.

Según la abogada general del Estado, en todas estas normas "se han introducido medidas de apoyo económico y de otro tipo que redundan en beneficios respecto a las prestaciones sociales, incluido el desempleo, para las mujeres víctimas de la violencia de género, así como para las y los menores que queden en situación de orfandad por esta causa".

Castro también ha abordado los pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que mejor ejemplifican la incorporación de la perspectiva de género como criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en particular en el ámbito de la Seguridad Social y de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Digitalización

Por otro lado, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ha moderado el taller virtual: Experiencias de transformación digital en el sector de la justicia y en administraciones públicas, en el que se ha abordado el proceso y estado de digitalización de la Seguridad Social en España, los proyectos en curso que se están implementando en el país y la colaboración público/privada para llevarlos a cabo, entre otros temas.

Cubo ha destacado el proceso de transformación digital que se está produciendo en España, "es un proyecto estratégico de país", y ha indicado el impacto positivo que "ya está teniendo en el día a día la ciudadanía" con proyectos como la interoperabilidad, la robotización de la cancelación de antecedentes penales o la cita previa.

En el Encuentro también han participado autoridades del ámbito local y autonómico; del sector tecnológico, empresarial y financiero; así como personalidades de países iberoamericanos como Brasil, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Bolivia, Paraguay o El Salvador.

El objetivo del Encuentro es intercambiar experiencias sobre la transversalización de la perspectiva de género en las decisiones judiciales y en la Administración de Justicia en lo relativo a la protección social y a la Seguridad Social; sensibilizar a los operadores judiciales y miembros del Poder Judicial sobre las desigualdades de género; e impulsar el desarrollo de redes de colaboración para cuestiones de género entre los responsables de entidades de la Seguridad Social y de protección social y órganos del Poder Judicial, entre otros.